“Las modificaciones propuestas impulsan un modelo de privatización por medio de patentes y obtención de derechos, para así privar a los agricultores de sus esfuerzos de siglos en el desarrollo de las semillas”.
Las organizaciones de pequeños agricultores de México lograron una victoria frente a las corporaciones multinacionales que persiguen monopolizar las patentes de semillas y alimentos. Cuando las empresas iniciaron el proyecto de modificación de la Ley Federal de Variedades Vegetales a través de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de México el 14 de marzo, las organizaciones de agricultores de todo el país levantaron la voz de alarma. Se organizaron de forma rápida, presionaron a los legisladores y lograron un acuerdo con la Comisión Legislativa para eliminar el proyecto de ley del suelo.
Lo que está en juego es el acceso libre y abierto a la diversidad biológica y vegetal en la agricultura. Las modificaciones propuestas impulsaban un modelo de privatización por medio de patentes y obtención en exclusiva de derechos, para así privar a los agricultores de sus esfuerzos durante siglos para el desarrollo de las semillas. Los pequeños agricultores que han trabajado para crear esta base de la agricultura moderna nunca cobraron derechos por su uso.
Aunque la actual ley está en vigor desde 1996, donde se presta poca atención a los derechos de los pequeños agricultores, con la nueva ley aún sería peor. La actual ley tiende a beneficiar al sector privado que desarrolla nuevas variedades de plantas, permitiendo monopolios en la obtención de ganancias exclusivas por la venta de semillas y otros productos vegetales durante un máximo de 15 años, o de 18 en el caso de plantas ornamentales, forestales, de huerto, incluso cuando las plantas que se utilizasen para desarrollar nuevas variedades fuesen de dominio público.
La reforma legislativa pretende dar derechos exclusivos en la venta de material reproductivo por períodos de 25 años. Además, se pretende restringir los derechos de los agricultores para almacenar o utilizar para su propio consumo una parte de la cosecha obtenida a partir de semillas o material reproductivo adquirido a los que ostentan los derechos.
La propuesta de ley también incluye a los organismos modificados genéticamente (OGM) en lo que se refiere a las variedades de plantas, en convergencia con la llamada Ley Monsanto ( Ley de Bioseguridad y de Organismos Modificados Genéticamente). Incluir a estas plantas es absurdo, ya que los organismos modificados genéticamente son creados introduciendo material genético de especies no vegetales.
Los organismos modificados genéticamente no pueden ser considerados una variedad distinta, ya que no derivan de la variabilidad genética que subyace en la selección natural. Son el resultado de la manipulación a través de la biotecnología que salta las barreras entre especies y reinos. Otro absurdo es la apropiación de la información genética de los seres vivos, incluso de aquellos que han sido alterados con genes de otras especies.
La modificación propuesta de la ley crearía una especie de “Policía de Monsanto”, dando al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas la facultar de ordenar y llevar a cabo inspecciones, investigar presuntas infracciones administrativas, medidas de prevención y realizar detenciones por violación de los derechos exclusivos, imponiendo sanciones administrativas. Una agencia del Gobierno defendería los derechos exclusivos en poder de personas naturales o jurídicas.
Los titulares de los derechos obtendrían la propiedad exclusiva para comercializar determinadas variedades de plantas y otros productos vegetales para su propagación. El proyecto de ley extendería esos derechos en exclusiva a todos los productos vegetales resultantes de la utilización de las variedades de plantas sujetas al monopolio, de forma que, por ejemplo, se debería obtener una licencia especial para utilizar tal variedad en los alimentos para el consumo humano o para uso industrial.
Los agricultores ganan una batalla, pero continúa la ofensiva
Ahora que el período ordinario de sesiones ha concluido y el proyecto de ley no fue presentado, habrá que esperar al reinicio de las sesiones. La retirada del proyecto de ley fue una victoria para las organizaciones sociales frente al proyecto de ley auspiciado por las corporaciones multinacionales, y en particular, por Monsanto.
Se ha ganado una batalla, pero el proyecto de ley sigue pendiente, ya que Monsanto y otras corporaciones están a la espera que un momento más propicio. Con las elecciones mexicanas a sólo unos meses, esperan que el coste político de estas medidas que perjudican los derechos de los agricultores no tengan repercusiones electorales.
La reforma permitiría reforzar las bases legales para el saqueo perpetrado por el Congreso mexicano tras la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), que ya ha entrado en vigor. Las reformas derivan directamente de los acuerdos de propiedad intelectual que figuran en el anexo 1701.3 del TLCAN.
En el año 2005, la Ley Monsanto abrió el camino a la utilización de las semillas modificadas genéticamente en México. Las semillas son propiedad de las corporaciones multinacionales que también producen los productos químicos usados en los transgénicos, para su propio beneficio en detrimento del suministro de alimentos, la salud y el bienestar económico del pueblo mexicano.
Cuando las reformas pasaron por el Senado y la Comisión de la Cámara, los miembros del Congreso mexicano, con excepción de los miembros del Partido de la Revolución Democrática, olvidaron el principio de precaución e hicieron caso omiso de las advertencias de los científicos no pagados por las corporaciones. Decidieron olvidarse de los pequeños agricultores y de los pueblos indígenas, de sus prácticas ancestrales de cultivo, de selección, del libre intercambio de semillas, que son los que han creado las variedades existentes de plantas y que son los verdaderos dueños de la riqueza agrogenética del país.
Las organizaciones de pequeños agricultores se opusieron, debido a que las reformas propuestas profundizaban la crisis de la agricultura mexicana y aumentaba la dependencia alimentaria y la pobreza, que ha subido de manera alarmante con la actual administración.
Las organizaciones presentaron un documento a los líderes de todos los partidos políticos de la Cámara de Diputados para que devolviesen el proyecto de ley a la Comisión. Exigieron que se abriese un debate sobre la inconveniencia de continuar con la privatización de los medios de producción de alimentos, debido a la obligación del Gobierno mexicano de defender el derecho a la alimentación.
El derecho a la alimentación fue aprobado recientemente como una reforma de la Constitución. El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, anticipó el debate haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer el marco legal para oponerse a la reforma de la Ley de Variedades Vegetales ya aprobada por el Comité del Congreso.
En el informe final de su visita a México, presentado hace unas semanas, el funcionario de la ONU dijo que México debe aprobar una ley que establezca un marco para el derecho a la alimentación, declarar una moratoria sobre la siembra de maíz modificado genéticamente, y adoptar medidas contra el acaparamiento en la producción de semillas.
Además, los agricultores sostienen que el país necesita bancos comunitarios de semillas y programas descentralizados y participativos para conservar la biodiversidad agrícola. Las organizaciones se están preparando para ampliar el debate y poner en marcha acciones legales contra el proyecto de ley, tales como un requerimiento de inconstitucionalidad, puesto que el artículo 27 de la Constitución Mexicana protege la diversidad genética de las especies como parte del patrimonio nacional.
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