Por Carey Gillam, 31 de enero de 2017
Una realidad alternativa. Menos de dos semanas después de la toma de posesión de Donald Trump parece que estamos viendo el inicio de una nueva época de verdades tergiversadas, noticias falsas y Ciencia selectiva. Eso debería ser una buena noticia para los comentaristas políticos que están enfrascados en una campaña para tratar de combatir las preocupaciones en torno al mayor destructor de hierbas de todo el mundo.
Que las Corporaciones se revuelvan no es nada nuevo. Ya sabemos de los casos del tabaco y las bebidas azucaradas: las empresas que hacen caja con estos productos emplean una amplia variedad de estrategias para ocultar los efectos negativos y destacar los positivos. Algunas incluso mienten. Pero las tácticas empleadas por Monsanto para defender al glifosato, el ingrediente activo del herbicida Roundup de Monsanto y clave para el desarrollo de los cultivos modificados genéticamente, son dignas de mención dada la magnitud de la mentira.
Pues bien, la última de sus tácticas es la de formar un grupo llamado “Campaña para la Precisión en la Investigación en Salud Pública” (CAPHR), que tiene como propósito justamente lo contrario de lo que su nombre pudiera parecer. Formado este mes de enero por el Consejo Americano de Química, entre los que se encuentran Monsanto y otros grandes de la Industria Química, tiene como propósito expreso el de desacreditar a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), una sección de la Organización Mundial de la Salud formada por científicos independientes. Un equipo científico de la IARC clasificó el pasado mes de marzo de 2015 al glifosato como probablemente carcinógeno para los seres humanos después de revisar un amplio cuerpo de investigaciones publicadas sobre el tema. Desde entonces, Monsanto y sus compinches han estado hostigando a la IARC mediante una serie de demandas, amenazas y maniobras legales, incluyendo grupos de presión en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para intentar recortar la financiación de la IARC.
La nueva campaña pretende ir más lejos. En la nueva cuenta de Twiter del grupo, creada el pasado 25 de enero, el CAPHR ha ido desgranando una serie de descalificaciones contra los científicos de la IARC, acusando a prestigiosos expertos de “hacer afirmaciones sensacionalistas”, obteniendo conclusiones en las que “no se puede confiar” y utilizando “metodologías cuestionables”.
De creer a la CAPHR, no debemos confiar en los legisladores, ni en las Agencias de Regulación ni en los expertos en epidemiología, toxicólogos y otros científicos que integraron el grupo de trabajo de la IARC, que estuvo liderado por un prestigioso experto del Instituto Nacional de Cáncer. No, según ellos, deberíamos buscar la información sobre la seguridad del producto en la información de la propia Industria, esa que mueve miles de millones de dólares. Los responsables de la Industria Química insisten en que debemos confiar en las personas que ganan dinero por la venta de productos químicos antes que en los científicos que han estudiado las causas del cáncer.
La razón de esta campaña mediática está clara: no se trata de proteger la salud pública, sino de proteger los beneficios empresariales. Monsanto ya lo dijo la semana pasada en un Tribunal de California, donde trató de bloquear la decisión del Estado sobre la inclusión de una advertencia sobre el uso de Roundup. El abogado de Monsanto, Trenton Norris, argumentó ante el Tribunal que las etiquetas de advertencia perjudicarían los ingresos de la Compañía porque muchas personas dejarían de comprar Roundup. Todavía falta el veredicto, pero quizás California pueda obligar a Monsanto a que ponga una advertencia en el herbicida Roundup como una posible amenaza de cáncer.
Proteger al glifosato es una prioridad para Monsanto y otros gigantes de la Industria Química. No sólo venden grandes cantidades de glifosato en todo el mundo, sino que la Industria ha desarrollado nuevos cultivos transgénicos diseñados para ser tratados con una combinación de glifosato y otros herbicidas similares. Monsanto ha desarrollado cultivos modificados genéticamente para que soporten el tratamiento con glifosato y dicamba, mientras que Dow AgroSciences ha desarrollado cultivos tolerantes a un nuevo herbicida en cuya composición hay glifosato y 2,4-D. Los nuevos cultivos tecnológicos se basan en la tolerancia al glifosato: el maíz, la soja, el algodón, la colza y otros cultivos.
Pero a medida que la Industria avanza en una tecnología basada en el glifosato, esta sustancia química está siendo reevaluada tanto por la Unión Europea como por la Agencia de Protección Ambiental. Y se están realizando repetidos llamamientos para que este producto químico sea prohibido o restringido su uso debido a las preocupaciones en torno al cáncer y otra serie de preocupaciones en la salud y el medio ambiente.
Y también está de por medio la no tan nimia cuestión de la docena de demandas presentadas contra Monsanto que alegan que la Compañía ha sabido desde hace mucho tiempo que Roundup causa cáncer, pero lo ha mantenido oculto a la opinión pública. Esos casos, presentados por personas de los Estados Unidos que tienen cáncer o han perdido un ser querido por cáncer en la Corte Federal de San Francisco, donde el proceso está en curso. Monsanto ha entregado más de 7 millones de documentos a lo largo de este proceso.
Los registros del Tribunal muestran que los abogados de los demandantes están armando la acusación en torno a la clasificación de la IARC, mientras que Monsanto cuenta con el respaldo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que ha declarado que no cree probable que el glifosato sea carcinógeno para los seres humanos. Esta es la razón por la cual Monsanto está tratando de echar abajo a la IARC, los demandantes tratando de desacreditar las conclusiones de la EPA diciendo que Monsanto ha mantenido una influencia indebida en esta Agencia. El mismo día que la Industria Química lanzó su campaña contra la IARC, el juez de distrito Vince Chhabria ordenó a cada una de las partes en litigio que presentase informes sobre si el trabajo de la IARC y de la EPA era o no relevante para el desarrollo del caso. Las sesiones informativas pueden celebrarse hasta el día 8 de febrero.
Evidentemente, no contentos con permitir que el Tribunal decida sobre el glifosato, la Industria Química también ha iniciado una campaña de promoción a favor del glifosato #glyphosateisvital, con avisos en los que proclama que el exterminador de las hierbas adventicias es esencial para asegurar la producción y una comida asequible. “El tiempo se agota para salvar al glifosato”, afirma otra publicación. La campaña aparece en la cuenta de Twiter @glyphosate, creada inmediatamente después de la clasificación del glifosato por parte de la IARC.
Formando parte de las tácticas de la Industria, tratando de desacreditar a cualquier personas que dé crédito a las investigaciones que muestren problemas con el glifosato, o los transgénicos, diciendo que van en contra del conocimiento científico. Es un esfuerzo por crear una realidad paralela y desvirtuar la investigación científica, realmente son los partidarios de la Industria Química los que rechazan la investigación independiente y revisada por pares.
“La Industria de los plaguicidas reconoce que está a la defensiva”, dijo el abogado sobre temas ambientales Charlie Tebbutt. “Están haciendo todo lo posible por modificar la realidad”.
A medida que el equipo de Trump de la post-verdad parece dispuesto a desmantelas las regulaciones ambientales y las protecciones a la salud pública, es probable que la Industria Química sólo siga viendo una realidad alternativa. Todos tendremos que trabajar más duramente para intentar que la Industria no de la vuelta a las cosas una vez más.
Pueden seguir a Carey Gillan en su cuenta de Twiter: www.twitter.com/careygillam
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