por Cyril Mychalejko, 21 de marzo de 2012
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Un nuevo informe revela la responsabilidad de la minería canadiense en la discordia social y las políticas ambientales destructivas que se están llevando a cabo en la región de la Patagonia de Chile.
“Allá lejos, en el cono sur de América, en la Patagonia chilena, existe uno de los más bellos y vírgenes territorios de la Tierra. Allí se está llevando a cabo una intensa lucha de la que los canadienses nunca han oído hablar, pero de la que son responsables la minería canadiense y el Gobierno canadiense, así como varios millones de jubilados canadienses e inversionistas”, señala el Presidente de Council of Canadians , Maude Barlow, en la introducción del Informe.
En el Informe Chilean Patagonia in the Balance: Dams, Mines and the Canadian Connection, se afirma que la industria minera canadiense, líder mundial en inversión minera, con más de la mitad de sus activos en América Latina, representa 33 por ciento de la demanda de electricidad en Chile, mientras que ejerce una gran influencia en la política del Gobierno chileno.
El informe se centra en la región de Aysén, que ha visto aumentar las protestas y el enfrentamiento social por el anuncio de un plan para el desarrollo hidroeléctrico. El proyecto afectará a 12 de los principales ríos de Aysén y la construcción de 5 presas en los ríos Baker y Pascua.
El proyecto, que también incluye la construcción de líneas eléctricas de la región de Aysén a Santiago de Chile, supondrá la “ deforestación de 23.000 hectáreas y afecta a 6 parques nacionales, con daños en 11 reservas nacionales”, según informó The Guardian. La Agencia ambiental sin ánimo de lucro International Rivers también dijo que el proyecto desplazaría a muchas familias de sus hogares e inundaría muchas de las mejores tierras agrícolas y ganaderas de la zona, poniendo en peligro a especial animales raras.
El informe dice:
“Transelec, la única compañía de transporte de energía que actualmente opera en Chile, que ni remotamente es capaz de construir enlaces entre HidroAysén y los mercados energéticos, es propiedad de un consorcio liderado por Brookfield Asset Management, en colaboración con Canada Pension Plan Investment Board y otro inversores del sector público, el grupo British Columbia Investment Management Corporation. El capital canadiense es fundamental en el desarrollo del proyecto Aysén y lo hace posible.”
Nada menos que 50.000 personas se manifestaron en oposición al proyecto en mayo de 2011, mientras que el diario La Tercera informaba que el 74% de los chilenos se oponen al proyecto.
La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto HidroAysén (EIA) fue aprobado el 9 de mayo de 2011, es objeto de fuerte controversia. Según el Diputado del Partido Demócrata Cristiano de Chile, Sergio Ojeda, presidente de una Comisión del Congreso encargada de analizar la EIA, dice que está plagado de defectos.
“Nos parece que el proyecto HidroAysén no debía haber sido aprobado”, dijo Ojeda al diario El Mercurio. “Es evidente que la Evaluación de Impacto Ambiental adolece de una serie de defectos que permite que este proyecto de HidroAysén no haya sido evaluado con demasiado rigor”.
Los movimientos sociales de la región y a nivel nacional, se han movilizado mediante manifestaciones, bloqueos de carreteras el mes pasado, no sólo para protestar contra el proyecto, sino para exigir reformas que hagan frente a los problemas sociales y de infraestructuras.
“Hemos iniciado un proceso permanente de movilizaciones a largo plazo para provocar un cambio en el desarrollo regional, que hasta ahora se había centrado esencialmente en beneficiar los intereses de aquellos que no viven en la región de Aysén”, escribió uno de los líderes de los diversos grupos que conforman el Movimiento Social par la Región de Aysén en una carta dirigida al Gobierno, según informaba el Santiago Times.
Las protestas derivaron en violencia y represión, lo que llevó a Amnistía Internacional a solicitar una investigación sobre los informes que hablaban de “un uso excesivo de la fuerza policial, con el lanzamiento indebido de gases lacrimógenos, uso de piezas de metal y posibles detenciones arbitrarias”, de acuerdo con la BBC. Mientras tanto, el Presidente chileno, Sebastián Piñera, amenazó con aplicar una dura ley antiterrorista contra los manifestantes.
“Al investigar los vínculos entre Hidroeléctrica de la Patagonia, el transporte de electricidad y el sector minero, esperamos que los canadienses se detengan y piensen sobre las implicaciones de estas inversiones en el extranjero, y consideren cuáles son sus obligaciones para que las inversiones sean socialmente y ecológicamente sostenibles”, afirma el informe de Council of Canadians.
Social y ecológicamente sostenible, es algo con lo que las prácticas empresariales de la industria canadiense siempre ha tenido problemas.
En julio de 2011, Greenpeace afirmaba que las operaciones de Barrick Gold en el norte de Chile, a lo largo de la frontera con Argentina, eran responsables de una disminución significativa de tres pequeños glaciares, pero importantes para los agricultores de la región. Barrick Gold, que inicialmente quería remover los glaciares, tuvo que desistir debido a la oposición generalizada, por las obvias preocupaciones ambientales por este plan. Sin embargo, el Centro para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, una organización no gubernamental de Argentina, informó que se había contaminado el suministro local de agua como fruto de las actividades desarrolladas por Barrick Gold.
“Los medios de comunicación de Canadá silencian todas estas protestas que se están sucediendo en Chile, a menos que se trate de alguna noticia importante. He hablado con algunos periodistas que han admitido que les llegan tantas informaciones sobre el conflicto minero que apenas las tratan ya como noticia… Es un gran ejemplo de cómo el cinismo promueve una injusticia sistemática”, dijo Sakura Saunders, editor de ProtestBarrick.net, un sitio web que proporciona servicios de investigación e informa sobre temas en torno a la minería. El sitio se centra en la compañía minera canadiense Barrick Gold.
El Informe de Council of Canadians también señala que en 2010 se produjeron “5 asesinatos como resultado de los conflictos en torno a proyectos mineros canadienses en El Salvador, Guatemala y México”. Parte del problema, dice el informe, se debe al Gobierno canadiense, al que le falta voluntad para que la industria extractiva canadiense se ajuste a las normas básicas de los Derechos Humanos y ambientales en sus actividades internacionales.
Una modesta pieza de legislación habría otorgado al Gobierno federal la facultad de investigar las denuncias de abusos contra los Derechos Humanos y el Medio Ambiente y permitiría castigar a las empresas declaradas culpables por la retención de fondos, fue rechazada por los legisladores canadienses, incluso después de conocer distintos testimonios de que mujeres habían sido violadas en una mina canadiense en Papúa Nueva Guinea.
“Tenemos que construir una cultura de resistencia y de conciencia frente a los abusos de la minería. Tenemos que rechazar estos abusos de forma enérgica y exigir cambios. Debemos investigar nuestro régimen de pensiones y los fondos de inversión, saber en qué se invierten, y tratar de retirar las inversiones de empresas mineras como Barrick y Goldcorp”, añadió Saunders. “Tenemos que compartir los recursos que tenemos (vídeos, libros, artículos) con nuestros vecinos y amigos, para que no se dejen engañar por las promesas de las empresas en su Responsabilidad Social Corporativa”.
Cyril Mychalejko es editor de UpsideDownWorld.org. Pueden ponerse en contacto con él en: Cyril@upsidedownworld.org.