700.000 niños de Argentina en riesgo por las fumigaciones con plaguicidas

El Anexo del Congreso Nacional lucía atípico. Banderas de “Monsanto fuera de América latina”, “Paren de fumigarnos”, eran algunas de las banderas que sobresalían en el tercer piso. “Estamos hablando de 700 mil niños en riesgo por fumigaciones. En la última campaña se usaron 317 millones de litros de productos tóxicos”, abrió la audiencia el diputado Antonio Riestra (bloque Unidad Popular) y lamentó la ausencia de los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud.

Leandro García Silva, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó que el organismo acaba de publicar un documento que solicita la reclasificación de los agroquímicos y que se tenga en cuenta los efectos crónicos, la necesidad de tomar medidas precautorias y avanzar en un modo de producción sin químicos.

Elisa Lofler, docente de Coronel Suárez, recientemente jubilada, en 2011 conoció los agroquímicos de la peor manera: fumigada, con los chicos en clase. Mostró fotos de los tractores a metros de niños de guardapolvo blanco. “Los nenes gritaban y nos encerramos en el aula”, recordó. Las denuncias nunca prosperaron. En 2012 enfermó. Los análisis confirmaron que tiene endosulfán en sangre. “No se respetan los derechos y la dignidad de los chicos”, lamentó.

Leonardo Moreno, docente de Luján, detalló que los fumigaron cuando estaban en clase. Explicó que denunciaron ante el Poder Judicial, pero que el fiscal archivó la causa. El municipio ni los atendió. Ofelia Montañana, docente rural de Concepción del Uruguay denunció ante la Ufima (Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) fumigaciones sobre los alumnos en 2012. Recién en agosto de 2014 los llamaron para tomar testimonio. “No estamos en contra del trabajo de nadie, sí por la salud de los niños”, aclaró.

La única voz oficial fue Olga Zattera, coordinadora del Área de Educación Rural de Nación. Precisó que en Argentina existen 10.200 escuelas rurales, el 55 por ciento del total de los establecimientos, y representan el 13 por ciento de la matrícula. Precisó que existe una “mesa federal” de educación rural, trabajan para “superar el aislamiento” de las escuelas, difunden información, realizan encuentros, confeccionan un banco de datos y, precisó, trabajan con el documento del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad).

Marta Verniau, escuela 24 del departamento de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) lamentó no tener apoyo de sus superiores cuando denunció las fumigaciones con agrotóxicos sobre los niños. “Tengo cuatro hijos y seis nietos. Me duele ver a los gurises intoxicados. Mientras discutimos si 100 metros o 500 metros, los niños enferman y mueren por este modelo”, lamentó.

La audiencia se realizó el 28 de octubre, la sala estaba repleta (más de 150 personas de organizaciones sociales y escuelas) y fue convocada por el bloque de Unidad Popular (UP), Antonio Riestra, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. También estuvo presente Pablo López, del Frente de Izquierda.

Jorge Bevacqua, de la Campaña Paren de Fumigar Escuelas y de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, fue uno de los gestores de instalar carteles blancos de “no fumigar” en escuelas entrerrianas e informar para que no se fumigue. Le habló directo a la funcionaria nacional. “Si nosotros que somos pocos pudimos, ¿cómo no va poder el Ministerio de Educación?”. Miryam Gorban, nutricionista de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, explicó que los transgénicos afectan a todos mediante los alimentos.

El diputado Víctor De Gennaro (UP) propuso un proyecto de ley para prohibir las aspersiones a 1000 metros de las escuelas y una ley de soberanía alimentaria. Y reconoció las limitaciones: “Hay muchos legisladores que votan las leyes de negocio y muerte, y rechazan los proyectos de solidaridad y vida como los que estamos presentando”.

Marta Maffei, ex legisladora e histórica referente de Ctera, cuestionó que el Ministerio de Educación tome como referencia el manual del Senasa. “Fue escrito por las empresas”, denunció y puntualizó la violación de la Ley de Educación: “No se cumple el artículo 89 de educación ambiental, el 126 que obliga a proteger a los alumnos de cualquier agresión y tampoco se cumple la obligación de escuelas seguras porque están siendo inundadas de veneno. El responsable es el Ministerio de Educación”.

Coronel Suárez (suroeste bonaerense) es el único lugar del país en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente local realizó un detallado informe que revela que existen 41 establecimientos afectados. Por esas denuncias, echaron al funcionario (Emanuel Garrido) que realizó el estudio.

“Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala y confirma la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista. Realizó recomendaciones a las autoridades municipales y provinciales: “Proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa rural y fijar una franja de 2000 metros.