por Adnan Al-Daini, 26 de julio de 2012
La explotación y la opresión vienen dándose desde los albores de los tiempos: los fuertes explotan a los débiles, los hombres a las mujeres, los ricos a los pobres. Una medida de las sociedades civilizadas es su eficacia para mitigar y controlar dichas prácticas desleales e injustas.
Las leyes y reglamentos que limitan su alcance se ha ganado a base de una lucha constante y el sacrificio de muchos, dirigidos por individuos notables a los que debemos estar agradecidos. Se pusieron de pie frente a la tiranía y la ortodoxia de la época. Sin ellos, por ejemplo, las mujeres no podrían votar, y la esclavitud todavía no habría sido abolida.
No es casual que la explotación de los trabajadores por parte de las Corporaciones y de los ricos es peor en los países en desarrollo. Allí se dan las condiciones para la explotación: inexistencia de sindicatos para proteger a los trabajadores; no hay leyes de salud y seguridad, un desempleo crónico, no hay seguridad social que cubra a los desempleados, a los discapacitados, a los más vulnerables, y hay una corrupción endémica entre los políticos y los funcionarios.
La respuesta en algunos países europeos y en los Estados Unidos a la recesión económica de 2008 se caracteriza por la presión ejercida por las Corporaciones, a través de los lobbies, la aprobación de leyes que les dan más derecho frente a los trabajadores, desmantelando las leyes y reglamentos que les protegían. Alto desempleo, la seguridad social bajo ataque, con unos medios de comunicación que actúan como pregoneros de las Corporaciones y de la elite.
Además, el proceso democrático está viciado por la influencias del dinero en las elecciones, a través del financiamiento de los partidos por empresas e individuos poderosos.
Las puertas giratorias están a la orden del día entre los políticos y altos funcionarios que luego pasan a ocupar lucrativos puestos en los Bancos y las Corporaciones, pero para ellos no es motivo de preocupación. Los poderosos se inmiscuyen en las decisiones políticas, excluyendo al resto de la sociedad, por lo que se trata de una negación del proceso democrático.
Los políticos, por supuesto, no sienten que estén haciendo nada malo, y son felices y están convencidos de que las acciones promovidas por los poderosos son por el interés del país. No oyen otra cosa. El hecho es que también puedan enriquecerse una vez que abandonan el Gobierno o estar en la oposición se ve como una ventaja añadida.
El colapso económico está siendo utilizado por los políticos de derecha, con la complicidad de los medios de comunicación, con algunas notables excepciones, para que se creen las condiciones que permitan una mayor explotación de los trabajadores y de las personas más vulnerables de la sociedad, aún no llegando a los niveles del mundo en desarrollo, pero que va encaminado a ello.
La crisis económica no está causada por los trabajadores, porque tengan demasiado poder, o mucha cobertura sanitaria o que exijan una normativa de seguridad asfixiante. No, ni siquiera hay un Estado de bienestar generoso. Países como Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia demuestran que justicia social y una buena gestión económica van de la mano. El colapso es el resultado de un sistema financiero desregulado, por la avaricia y la usura de un mercado nada libre y manipulado.
La leyes y reglamentos que limitan el poder del sector financiero y de las empresas es lo que se necesita, no el desmantelamiento de las leyes y prácticas que protegen a los trabajadores frente a la tiranía y la explotación.
El Dr. Adnan Al-Daini ((PhD Universidad de Birmingham, Reino Unido) es un ex profesor de la Universidad de Ingeniería. Es ciudadano británico nacido en Irak. Escribe de forma regular sobre cuestiones de justicia social y sobre Oriente Medio.
Fuente del artículo: http://dissidentvoice.org/2012/07/workers-rights-are-fundamental-human-rights/