Por Germán Gorraiz López, 29 de mayo de 2020
El establishment del Estado español estaría formado por las subélites financiero-empresariales, políticas, militares, de la jerarquía católica, universitarias y de los medios de comunicación del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían englobado todas las esferas de decisión (según la lectura del libro «Oligarquía financiera y poder político en España» escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Sin embargo, estas subélites sólo serían satélites que orbitan en la esfera de influencia del Opus Dei, la élite Alfa que habría engullido a todas las subélites del establishment y que habrían iniciado una estrategia de acoso y derribo del gobierno de Sánchez.
La primera fase de esta operación incluiría una ofensiva mediática para convertir al gobierno central en el único culpable de «la pésima gestión ante la crisis sanitaria». La segunda fase consistiría en la negativa del PP y Vox a implementar nuevas prórrogas del Estado de Alarma por ser «una dictadura constitucional que restringe las libertades individuales», intento que fracasó debido al cambio de actitud de Ciudadanos al apoyar al Gobierno de Sánchez en las dos últimas prórrogas. La tercera fase de la operación «Acoso y Demolición» tratará de aprovechar la incomodidad de amplios sectores de la ciudadanía durante el tiempo que dure el confinamiento así como la situación de deterioro de los autónomos y pequeños empresarios para iniciar «una Revolución Patriótica o Rojigualda» que a través de «cacerolas y escraches» desafiará al Gobierno al no cumplir con las restricciones incluidas en el actual Estado de Alarma.
En la actualidad, estamos asistiendo al inicio de la cuarta fase que consiste en la «judicialización de la política o activación de las querellas judiciales». Con este término nos referimos al «abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un rechazo popular contra un opositor manteniendo una apariencia de legalidad» que tendría su expresión en el juicio abierto por la nueva estrella mediática del firmamento judicial, la juez Carmen Rodríguez-Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, una ofensiva legal que continuaría con la presentación de una denuncia penal por homicidio imprudente contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pero que tendría poca probabilidad de seguir adelante.
En caso de fracasar las fases anteriores, el establishment mantendría en su cámara la quinta fase conocida como «Ave Fénix» que intentará reeditar el Tejerazo de 1981, en el que los dirigentes políticos confinados en el Congreso fueron «invitados» a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraba intocable el statu quo dominante (establishment) asociado al sistema monárquico (Felipismo), el sistema político bipartidista, el eurocentrismo y la defensa de la «unidad indisoluble de la nación española». Así, tras el «golpe suave» y la disolución del Gobierno de Sánchez, asistiremos a la convocatoria de nuevas elecciones de las que surgirá un Gobierno de Salvación que procederá a adoptar medidas de austeridad siguiendo los dictados de la Troika europea. Estas medidas se traducirán en una drástica reducción de las prestaciones sociales que afectará a la duración y cuantía de las prestaciones por desempleo, pensiones de jubilación y viudedad, así como en una severa reducción de los salarios de los funcionarios, lo que supondrá de facto un retorno a los escenarios económicos. de la posguerra.
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