¿Están en peligro las pensiones públicas?(IV)

Extraído del libro de:

Vicenç Navarro

Juan Torres López

Alberto Garzón Espinosa

Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías.

Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces.

Parte IV:

¿Llevan razón quienes afirman que el sistema público de pensiones es inviable? ¿Hay consenso sobre ello?

¿Qué argumentos dan los defensores de la progresiva privatización?

Aunque fueron muy dispares pueden sintetizarse en los siguientes:

– La evolución demográfica hará que cada vez haya más personas jubiladas y menos trabajando, de modo que será imposible que haya recursos suficientes para financiar las pensiones.

– Las tasas de desempleo tenderán a aumentar y, por tanto, habrá menos cotizantes y, en consecuencia, también menos recursos para financiarlas.

– La edad de incorporación al primer empleo tiende a retrasarse. Como eso acorta la vida activa, disminuye el período en que se puede estar cotizando y habrá menos fondos para financiar las pensiones.

– La vida activa también se acorta porque igualmente se tiende a la reducción de la edad de jubilación, ya sea porque esto se potencia para luchar por el desempleo o porque los sistemas vigentes incentivan la jubilación al ofrecer pensiones atractivas.

¿Qué dicen que habría que hacer entonces?

Los defensores de la privatización argumentan que como consecuencia de esas circunstancias van a generarse menos recursos. Además, se dice que las alternativas posibles para mantener las pensiones públicas tales como aumentar las cotizaciones sociales, incrementar la aportación del Estado a la financiación del sistema, o elevar la presión fiscal global, no son factibles. De ahí que concluyen que la única alternativa posible es avanzar cuanto antes en la dirección privatizadora que acabamos de apuntar.

¿Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de abandonar o de privatizar el sistema público de pensiones porque éste sea inviable?

Los defensores de la privatización afirman que sus propuestas responden a un consenso unánime entre los expertos. Pero eso no es cierto. De ninguna manera existe tal consenso porque son muchos los expertos que han demostrado claramente lo contrario y que la privatización total o parcial de la seguridad social es innecesaria, salvo si se quiere beneficiar a los grandes capitales financieros.

Son muchos los economistas, incluso premios Nobel de economía como Joseph Stiglitz , conocedores de la experiencias internacionales llevadas a cabo a nivel mundial como Mesa Lago , expertos en España como Adolfo Jiménez, Camila Arza, Felipe Serrano, Ignacio Zubiri, Vicenç Navarro entre otros, que han demostrado en repetidas ocasiones y por diferentes vías, que las tesis neoliberales de privatización de las pensiones carecen de fundamento y rigor científico . Importantes instituciones como la Organización Internacional del Trabajo o el Consejo de Europa han mantenido posiciones críticas respecto a las propuestas el Banco Mundial. Incluso algunos líderes políticos como la Presidenta del Gobierno chileno, la Sra. Bachelet, que gobernó un país donde tiene vigencia desde la dictadura un sistema de pensiones privado (que poco a poco se pretende revertir) han afirmado claramente a raíz de su propia experiencia, que el sistema privado que se pretende imponer manifiesta grandes deficiencias.

¿Quiénes ponen en cuestión la viabilidad del sistema?

Es fácil comprobar que los defensores de la privatización más o menos encubierta de las pensiones públicas son los grandes empresarios que desean dejar de pagar cotizaciones sociales, los bancos que pretenden gestionar los ahorros ahora en manos del sector público, o economistas que están en su nómina o seducidos por la fe ciega en el libre mercado y su mano invisible. Además, los políticos de ideología liberal o incluso algunos de adscripción formalmente socialdemócrata que aplican, en la práctica, los principios neoliberales.

¿Aciertan en sus previsiones quienes constantemente auguran la inviabilidad del sistema público de pensiones?

También es fácil comprobar que los “expertos” que vienen insistiendo en que el sistema público de pensiones está condenado a la quiebra se equivocan continuamente en sus predicciones.

El caso español es esclarecedor. Para argumentar sus propuestas privatizadoras todos ellos habían previsto primero que en el emblemático año 2000 se produciría un importante déficit del sistema, como anticipo de su deterioro venidero. Y lo mismo vaticinaron más tarde para 2005.

Herce aseguraba en junio de 2009 que “el sistema público de pensiones español entrará en déficit en torno al año 2020”, una predicción ampliamente difundida por los medios y que lógicamente conllevaba la natural preocupación a los ciudadanos. Pero este mismo autor había pronosticado en un trabajo publicado en 1995 que la Seguridad Social tendría un déficit del 0,62% del PIB en 2000 y del 0,77% en 2005; en otro trabajo de 1996 que el déficit sería del 1,37% del PIB en 2000 y del 1,80% en 2005; en otro estudio con J. Alonso que sería del 0,96% del PIB en 2000 y del 1,17% en 2005 y en su último estudio de 2000 que sería del 0,16% del PIB en 2005 y del 0,03% en 2005 .

Sin embargo, lo cierto fue que que al finalizar el año 2000 la Seguridad Social no registró déficit como Herve había pronosticado sino un superávit del 0,4%, y del 1,1% en 2005.

También erraron otros defensores de las tesis liberales como Piñera y Weinstein (1996) que habían pronosticado un déficit del 0,42% del PIB para 2000 y del 0,75% para 2005, Barea y otros investigadores que afirmaron sería del 1,61% del PIB en 2000 e incluso el Ministerio deTrabajo y Seguridad Social (1995) que estimó un déficit del 0,10% del PIB en 2000 y del 0,40% para 2005 .

¿Por qué fallan tanto las predicciones de quienes vaticinan que el sistema público se hundirá sin remedio?

La mayoría de estos análisis están ideologizados, en el sentido de que parten de supuestos que responden a preferencias y que no son científicos. Las hipótesis de las que parten se establecen a propósito para que se puedan alcanzar los resultados que se buscan.

Así, J.F. Jimeno, para poder afirmar que el sistema de pensiones públicas es insostenible supone que hasta 2050 habrá una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto del 1,5% anual y de un 3,22% de la pensión, lo que en opinión de Felipe Serrano y otros expertos son dos ritmos de crecimiento “incompatibles para cualquier distribución de la renta entre remuneración de asalariados y excedente empresarial incluso en un escenario de pérdida de población en edad de trabajar” .Aveces, como también han puesto de manifiesto Felipe Serrano y sus coautores, los defensores de las tesis catastrofistas hacen vaticinios con presupuestos e hipótesis que contradicen los establecidos solo unos pocos meses antes. Son fácilmente rebatibles científicamente, pero los daños que produce el “ruido” que consiguen hacer cuando trasladan sus conclusiones a la sociedad es casi siempre inevitable.

¿Hay previsiones más acertadas por parte de quienes defienden el sistema público?

Los expertos que defienden el sistema público de pensiones, como Adolfo Jiménez y su equipo en la Secretaría General de la Seguridad Social, predijeron correctamente que no habría tal colapso en los años noventa, alcanzando superávit en los 2000 tal como ocurrió. Un saldo positivo que incluso se mantuvo en un año muy negativo como 2008, cuando registró de nuevo un superávit equivalente al 1,31% del PIB. También son mucho más realistas y acertados los análisis realizados por los equipos de estudios de los sindicatos o por los autores que acabamos de citar en la nota anterior.

¿Es excesivo entonces, como dicen los informes liberales, el coste del sistema público de pensiones?

Algunos autores liberales como Taguas y Sáez han denunciado que el coste de la seguridad social en España amenaza con destruir las bases mismas del sistema de pensiones. Según ellos, el coste pasaría de ser el 7,7% del PIB en 2004 a un 17,9% del PIB en 2059, algo que consideran excesivo a pesar de que no es mucho más alto del porcentaje que actualmente dedican a pensiones países de nuestro entorno como Italia (14%). Este error lo ha hecho también el Banco de España y la Comisión Europea.

Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en los informes del Banco de España y de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas. En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado .

¿Están los ciudadanos de acuerdo con mantener un sistema público de pensiones?

El aprecio que la ciudadanía de los países europeos tiene a los diferentes Estados del Bienestar es bien conocido por multitud de encuestas. Y también que los ciudadanos son conocedores de que el precio a pagar por mantenerlos y mejorarlos está medidos por la presión fiscal que han de soportar.

Una reciente encuesta revelaba que un 57,8% de la población española prefiere pagar impuestos altos con tal de mantener un amplio sistema de seguridad social. La misma encuesta también mostraba que el 75,1% de los españoles considera que el Estado tiene que tener la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadanos frente a un 21,0% que considera que esa responsabilidad descansa en uno mismo.

Sobre las pensiones, el estudio indicaba que un 75,0% de los españoles considera que el Estado tiene “mucha” responsabilidad a la hora de asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas, frente a un 22,4% que considera que tiene “bastante” responsabilidad y un insignificante 2,6% que considera que tiene “poca” o “ninguna” responsabilidad .

Es preciso, pues, que se sepa que las propuestas liberales, además de estar infundadas científicamente, están en contra la los deseos de la inmensa mayoría de la población.

Si la mayoría de la población está a favor de un sistema público de pensiones ¿debemos temer que este sistema no se privatice parcial o totalmente?

Es un error pensar que la clase política no se atreverá a privatizar un sistema tan apreciado por los ciudadanos, puesto que son muchos y muy cuantiosos los intereses en juego. De hecho, los analistas liberales conocen perfectamente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el sistema público de pensiones y son sabedores de que en caso de llevar a cabo una privatización parcial o total del mismo tendría lugar una gran oposición popular.

Precisamente por ello, estos mismos analistas han desarrollado diferentes estrategias para evitar dicho enfrentamiento, que van desde la sutil desinformación y propaganda acerca de los planes de pensiones privados hasta el descarado intento de procurar aprobar las reformas privatizadoras en órganos poco democráticos como la Unión Europea.

¿Qué papel tiene la Unión Europa respecto al sistema de pensiones?

La forma escasamente democrática en que se toman las decisiones en la Unión Europea hace que pueda ser utilizada para imponer medidas poco populares.

Si las reformas privatizadoras se impusieran desde arriba, esto es, desde la Unión Europea, los partidos políticos españoles no asumirían el coste electoral al quedar desvinculados del proceso mismo de privatización. En ese caso, aunque los ciudadanos protestasen ante los políticos españoles, éstos no tendrían más que mirar para otro sitio o echar balones fuera.

¿Cómo se utiliza la Unión Europea para aprobar las reformas privatizadoras?

Los grandes banqueros y los lobbies de los empresarios pueden presionar a la Unión Europea para que lleve a cabo las reformas que en ningún país se atrevería a tomar la clase política local por el coste político y electoral que conllevaría. Esta es la opinión explícita de Vincenzo Galasso, un analista liberal en cuyo informe aseguraba lo siguiente:

“Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea -y muy en especial a la Comisión Europea lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U.E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera ésta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido”