GMWatch, 2 de octubre de 2012
El profesor Séralini ya había realizado anteriormente investigaciones sobre la influencia de los transgénicos en la salud, o de herbicidas utilizados en este tipo de cultivos, como el glifosato, principio activo de Roundup de Monsanto. Véase:
http://www.docstoc.com/docs/20623777/%E2%80%9CEl-glifosato-estimula-la-muerte-de-las-c%C3%A9lulas-de
NOTA: Cualquier persona puede firmar esta Carta Abierta mediante el uso del correo electrónico, enviando un mensaje a isneditor@boscienceresoruce.org con el asunto “Carta Séralini”, dando su apoyo a la misma, si así lo desea.
Independ Science News, 2 de octubre de 2012
http://independentsciencenews.org/health/seralini-and-science-nk603-rat-study-roundup
Un nuevo estudio del grupo de investigación francés dirigido por Gilles-Eric Sérallini describe los efectos nocivos sobre las ratas alimentadas con dietas en las que está presente el maíz modificado genéticamente (variedad NK603), con o sin la presencia del herbicida Roundup, así como solamente Roundup. Este estudio revisado por pares ( Seralini et al, 2012), ha sido criticado por algunos científicos, cuyas opiniones han sido ampliamente difundidas por la prensa ( (Carmen, 2012; Mestel, 2012; Revkin, 2012; Worstall, 2012). La investigación de Séralini amplía el trabajado realizado en otros estudios que demuestran los efectos tóxicos o la alteración del sistema endocrino por Roundup ( (Gaivão et al., 2012; Kelly et al., 2010; Paganelli et al., 2010; Romano et al., 2012), revisado por Antoniou y al. (2010).
La publicación de Séralini y la atención prestada en los medios, nos habla de los retos fundamentales a los que se enfrenta la Ciencia en un mundo cada vez más dominado por la influencia de las Empresas. Estos retos son muy importantes para todas las ciencias, pero rara vez se discuten en el ámbito científico.
1) Historia de los ataques contra los estudios que encuentran riesgos. Séralini y sus colegas han presentado el último de una serie de estudios cuyos hallazgos han provocado una campaña de acoso. Ejemplo de ellos son los de Ignacio Chapela, profesor asistente en Berkeley, que reveló la contaminación transgénica del maíz tradicional mexicano ( Quist y Chapela, 2001), desatando una intensa campaña de desacreditación a través de Internet. Esta campaña fue preparada según se informa por el Grupo Bivings, una empresa de relaciones públicas especializada en el marketing viral, frecuentemente contratada por Monsanto (Delborne, 2002).
La carrera del distinguido bioquímico Arpad Pusztai llegó a su fin cuando intentaba informar de las conclusiones de su investigación con las patatas transgénicas ( Ewen y Pusztai, 1999a). Un silencio forzado, retiro, confiscación de datos, acoso por parte de la Real Sociedad Británica, todo ello se ha utilizado para evitar que continúe con sus investigaciones ( Ewen y Pusztai, 1999b; Laidlaw, 2003). Incluso amenazas de violencia física, como más recientemente le ocurrió a Andrés Carrasco, profesor de Embriología en la Universidad de Buenos Aires, cuya investigación (Paganelli et al. 2010) identificó los riesgos sanitarios por el uso del glifosato, ingrediente activo de Roundup ( Amnistía Internacional, 2010).
No es de extrañar por tanto, que cuando en 2009 un grupo formado por 26 entomólogos decidieron escribir directamente a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para quejarse de las trabas que la Industria ponía a la investigación de los cultivos transgénicos. La carta fue enviada de forma anónima (Pollack, 2009).
2) El papel de los medios científicos. Un aspecto importante, pero a menudo inadvertido de estas intimidaciones es que se producen con frecuencia en concierto con los medios científicos (Ermakova, 2007; Heinemann y Traavik, 2007; Latham y Wilson, 2007). En los medios de comunicación, como el New York Times, New Scientist y el Washington Post critican la investigación, con una cobertura mínima de los apoyos a Séralini (Carmen, 2012; Enserink de 2012; MacKenzie, 2012; Pollack, 2012). Sin embargo, otros medios con menos recursos, como el Daily Mail del Reino Unido no tuvo problemas en encontrar un dictamen científico positivo hacia el estudio (Poulter, 2012).
3) Los medios presentan informes que llevan a confusión. Un patrón que se suele encontrar en aquellas críticas contra las investigaciones que encuentran riesgos es que a menudo dan pistas falsas o llevan al engaño. Así, hablan de una metodología considerada como mala ciencia si es utilizada por el equipo de Séralini, pero cuando la misma es utiliza por la Industria, entonces ( ver las referencias anteriores y Science Media Centre, 2012) sí son válidas. El uso de la táctica de los arenques rojos ( N. del T.: el de la distracción con argumentos inconsistentes) sólo tienen la intención de sembrar la duda y la confusión entre las personas no expertas. Por ejemplo, Tom Sanders, de Kings College, Londes decía: “La cepa de ratas empleadas es muy propensa al desarrollo de tumores de mama, sobre todo cuando no se restringe la ingesta de comida” (Hirschler y Kelland, 2012). No debía de estar al tanto de que la mayoría de los estudios de alimentación realizados por la Industria han utilizado el mismo tipo de ratas, Sprague-Dawley (por ejemplo, Hammond et al, 1996, 2004, 2006,.. MacKenzie et al, 2007). En otros estudio de la Industria (por ejemplo Malley et al. 2007), el consumo de alimento estaba restringido, pero se trataba de una respuesta orquestada al estudio de Séralini por parte de Centros de Medios de Comunicación de la Real Sociedad Británica. The Science Media Centre tiene una larga historia para sofocar las controversias en torno a los transgénicos y entre los que la financian se encuentran las empresas que producen transgénicos y pesticidas. ( Véase: https://noticiasdeabajo.wordpress.com/2012/09/23/respuestas-del-equipo-de-seralini-a-las-criticas-realizadas-a-su-estudio-sobre-el-maiz-transgenico/)
4) Culpabilidad de los organismos reguladores. En nuestra opinión, una gran parte de la acritud de estas controversias se debe a las agencias de regulación. Los organismos reguladores, como la EFSA ( Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y la EPA ( Agencia de Protección Ambiental) y la FDA ( Administración de Alimentos y Medicamentos) de los Estados Unidos, han establecido protocolos con poca o ninguna posibilidad de detectar efectos adversos de los transgénicos ( (Schubert , 2002; Freese y Schubert, 2004; Pelletier, 2005).
Los organismos transgénicos se someten a pocos estudios para su comercialización, y son realizados únicamente por el solicitante o sus agentes. Por otra parte, los actuales protocolos son muy simplistas y se basan en supuestos (RSC, 2001), que por su diseño la mayoría no detectan los cambios en la expresión génica, a parte de los rasgos objetivos, inducida por el proceso de inserción del transgén ( Heinemann et al, 2011;. Schubert , 2002).
Puzstai (2001) y otros han argumentado que los ensayos de alimentación bien realizados es una de las mejores formas de detectar cambios impredecibles. Sin embargo, las pruebas de alimentación no son obligatorias para su aprobación por parte de los organismos de regulación y la credibilidad científica de los que han sido publicados hasta ahora se ha puesto en cuestión ( (Domingo, 2007; Pusztai et al, 2003;.. Spiroux de Vendômois et al, 2009). Por ejemplo, Snell y al. (2012) evaluaron 12 estudios multigeneracionales, y concluyeron: “Los estudios revisados están vinculados muy a menudo a un inadecuado diseño experimental que tiene unos efectos adversos sobre el análisis estadístico… las insuficiencias más importantes no sólo incluyen la falta de líneas isogénicas, sino también se subestima el poder estadístico y la ausencia de repeticiones…”.
Al parecer, estos problemas en el diseño experimental y el análisis planteado no parecen preocupar a sus críticos cuando los estudios no identifican riesgos, de modo que las autoridades toman decisiones en base a unas informaciones insuficientes. Se trata de un importante problema para la sociedad y la ciencia cuando los protocolos actuales de regulación aprueban cultivos transgénicos basándose en poca o ninguna información útil que sirva para evaluar su seguridad.
5) Ciencia y Política. Los Gobiernos se han habituado a utilizar la Ciencia como un campo de juego político. Por ejemplo, en un estudio realizado por la Royal Society de Canadá, a petición del Gobierno de Canadá, se detectaron numerosas deficiencias en la regulación de los productos transgénicos en Canadá (RSC, 2001). El fracaso del Gobierno de Canadá para responder de manera efectiva a los cambios recomendados fue detallado por Andree (2006). Del mismo modo, las recomendaciones en el Informe de los expertos de la comunidad internacional IAASTD, elaborado por 400 investigadores durante más de 6 años, decían que los transgénicos son inadecuados para el desarrollo de la agricultura mundial, siendo algo ignorado por las autoridades. Así, que mientras se proclama que las decisiones se toman en base a hechos, los Gobiernos utilizan con frecuencia la Ciencia según mejor les conviene.
6) Conclusión. Cuando los que tienen intereses creados intentan sembrar la duda en torno a unos resultados que nos les resulta convenientes, o cuando los Gobiernos aprovechan las oportunidades políticas eligiendo determinados datos científicos, se pone en peligro la confianza del público hacía los métodos científicos y las instituciones, y también se pone en riesgo a las mismas personas. Las pruebas de seguridad y la regulación, y el mismo proceso científico, dependen fundamentalmente de una confianza generalizada en un cuerpo de científicos dedicados al interés público y a su integridad profesional. Si por el contrario, el punto de partida de una evaluación científica es producto de un proceso de aprobación amañado, obstaculizando el trabajo de los científicos independientes que trabajan en interés público, entonces no puede haber un debate honesto, racional y científico.
Autores: Susan Bardocz (4, Arato Street, Budapest, 1121 Hungary); Ann Clark (University of Guelph, ret.); Stanley Ewen (Consultant Histopathologist, Grampian University Hospital); Michael Hansen (Consumers Union); Jack Heinemann (University of Canterbury); (Jonathan Latham (The Bioscience Resource Project); Arpad Pusztai (4, Arato Street, Budapest, 1121 Hungary); David Schubert (The Salk Institute); Allison Wilson (The Bioscience Resource Project)
Firmantes: Brian Wynne (Professor of Science Studies, UK Economic and Social Research Council (ESRC) Centre for Economic and Social Aspects of Genomics, Cesagen, Lancaster University); Irina Ermakova, Dr of Biology, Russian Academy of Sciences; Jo Cummins (Professor Emeritus University of Western Ontario); Michael Antoniou, (Reader in Molecular Genetics; his university (King’s College, London) has a policy not to allow Dr Antoniou to use this affiliation here); Philip L. Bereano (Professor Emeritus University of Washington & Washington Biotechnology Action Council); Dr P M Bhargava (Former and Founder Director, Centre for Cellular & Molecular Biology, Government of India); Carlo Leifert (Professor for Ecological Agriculture Newcastle University); Peter Romilly (formerly University of Abertay, Dundee); Robert Vint (FRSA); Dr Brian John (Durham University, UK, retired); Professor C. Vyvyan Howard, University of Ulster); Diederick Sprangers (Genethics Foundation); Mariam Mayet (African Centre for Biosafety, South Africa); Eva Novotny (ret. University of Cambridge); Ineke Buskens (Research for the Future); Hector Valenzuela (Professor, University of Hawaii); Ronald Nigh, (Centro de Investigaciones y Estudio Superiores en Antropología Social, Chiapas, Mexico).
Notas al pie
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Los científicos estadounidenses que publican estudios que encuentran efectos ambientales adversos son frecuentemente atacados con vehemencia por otros científicos protransgénicos. En un informe de la revista Nature, que recoge numerosos ejemplos, se dice: “Los documentos que sugieren que los cultivos transgénicos pueden dañar el medio ambiente trae consigo una gran cantidad de abusos por otros científicos. Detrás de estos ataques se encuentran los científicos que están decidios a evitar que estos documentos influyan en las decisiones de los responsables políticos. En cuanto aparece un problema, reaccionan con prontitud, criticando el trabajo en los foros públicos, escribiendo cartas de refutación, enviándolas a los responsables políticos, a los organismos de financiación y a los editores de revistas (p. 27 en Waltz. 2009a). De hecho, cuando uno de nosotros escribió un comentario en Nature Biotechnology hace diez años, llamando la atención sobre los efectos de la mutagénesis de inserción, recibimos un aluvión de respuestas, y un administrador del Salk Institute llegó a decir que la publicación “ponía en peligro la financiación de su institución” (ver Waltz, 2009a).
Ataques similares han recibido otros estudios sobre los efectos nocivos de la toxinas Bt en las larvas de mariquita y crisopas verdes, que fueron utilizados por las autoridades alemanas para prohibir el maíz transgénico MON810, una variedad de maíz BT ( (ver:. Hilbeck et al 2012A, b, respectivamente). En 2009, un grupo de 26 entomólogos del sector del maíz envió una carta a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, declarando que “ninguna investigación verdaderamente independiente puede resolver muchas de las dudas relacionadas con este cultivo ( a causa de la restricciones impuestas por la Empresas) (pág. 880 en Vals, 2009b). No fue una sorpresa que esta carta fuese enviada de forma anónima, ya que los científicos temían represalias por parte de las empresas que financiaban su trabajo (Pollack, 2009). Además, es tal el control que ejerce la Industria que los resultados adversos pueden ser efectivamente invalidados. Por ejemplo, Pioneer desarrolló una toxina Bt, Cry34Ab1/Cry35Ab1, contra el gusano de la raíz del maíz. En 2001, Pioneer contrató a algunos laboratorios universitarios para probar los efectos no deseados sobre las mariquitas. En los laboratorios, el 100% de las larvas del escarabajo morían después de 8 días de alimentación. Pioneer prohibió a los investigadores publicar los datos. Dos años más tarde, Pioneer recibió la aprobación para una variedad de maíz Bt con Cry34Ab1/Cry35Ab1, presentando estudios que las larvas alimentadas durante 7 días no resultaban perjudicadas. A los científicos no se les volvió a permitir realizar el estudio después de que fuese comercializado este maíz (Waltz, 2009b).
En otro ejemplo, Dow AgroSciencies amenazó aun investigador con acciones legales si publicaba información recibida de la EPA de Estados Unidos. Como señala el artículo, “ se refería a una variedad resistente a los insectos del maíz, conocido como TC1507, fabricado por Dow y Pioneer. Las empresas suspendieron la venta de TC1507 en Puerto Rico tras descubrir en 2006 que una larva había desarrollado resistencia al mismo. Tabashnik pudo examinar el informe de las compañías que presentaron ante la EPA, mediante la presentación de una solicitud recogida en la Ley de Libertad de Información. “Me dirigí a a un empleado de la empresa (Dow) par apublicar los datos, pero me dijo que como mucho sólo los podía citar”, dijo Tabashnik. “Me dijo que si publicaba la información me vería envuelta en acciones legales por parte de su Compañía”. “Este tipo de declaraciones son escalofriantes” (pg. 882 en Vals, 2009b).
Referencias
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Fuente: http://www.gmwatch.org/latest-listing/51-2012/14252-seralini-and-science-an-open-letter