Ecologistas en Acción, Nota de prensa, 29 de febrero de 2012

Ecologistas en Acción denuncia el trato de favor de la Junta de Castilla y León a Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, a las que se perdonan 21 millones de euros en los nuevos impuestos

La publicación hoy en el BOCyL de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, aprobada por las Cortes de Castilla y León, incluye en opinión de Ecologistas en Acción algunas iniciativas lesivas para el medio ambiente regional, en materia de energía y residuos, que benefician exclusivamente a las grandes compañías eléctricas, en especial a Endesa e Iberdrola.

La omisión más destacable es la exención del nuevo impuesto a la producción eléctrica a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que a pesar de las declaraciones de la Consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, se libra de tener que aportar a la caja común 15 millones de euros anuales de sus enormes beneficios (estimados en 100 millones de euros cada año), al haber rechazado el Grupo Popular la enmienda en este sentido del Grupo Socialista en las Cortes. De esta manera, el Partido Popular confirma su incansable labor en defensa de los intereses económicos de Endesa e Iberdrola, copropietarias de esta central nuclear, al tiempo que exige todo tipo de sacrificios a los ciudadanos de Castilla y León.

Pero no es el único regalo a las grandes compañías eléctricas. Además de librar de tributación a las centrales eléctricas más contaminantes, las cuatro grandes térmicas de León y Palencia, o a las plantas de cogeneración de Iberdrola en Aranda de Duero y Valladolid, también por iniciativa del Grupo Popular se ha eximido a Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa del abono del impuesto a la eliminación de residuos en vertedero, lo que supondrá para estas compañías un ahorro de otros 6 millones de euros al año, por los vertederos de las centrales térmicas de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión, mientras los ciudadanos y las restantes empresas de Castilla y León sí deberemos asumir el nuevo impuesto por nuestros residuos.

Para los ecologistas, es un escándalo que, en un momento de gran dificultad para las cuentas autonómicas, la Junta de Castilla y León y el Grupo Parlamentario Popular beneficien de esta manera a las grandes compañías eléctricas, con sobrada capacidad económica para contribuir a sostener los servicios públicos regionales, eximiendo a sus actividades más contaminantes de los nuevos impuestos “medioambientales”.

Es un sarcasmo que, mientras los cuatro reactores de la central de Fukushima I en Japón continúan emitiendo radiactividad un año después del segundo mayor accidente de la industria nuclear, la Junta de Castilla y León salga en auxilio un día sí y otro también de los intereses económicos de los propietarios de la central nuclear más antigua del parque eléctrico español, gemela de los reactores siniestrados, atacando además a los parques eólicos de su entorno con un discriminatorio impuesto por su “afección medioambiental”.

Ecologistas en Acción también lamenta que el impuesto a la eliminación de residuos en vertedero no se haya ampliado a las instalaciones de incineración de residuos, tal y como funciona en Cataluña, para evitar desviar a hornos incineradores los desechos urbanos e industriales. Y deplora la recuperación de la deducción fiscal a la compra de vivienda nueva, que supondrá transferir cuantiosos fondos públicos a los promotores inmobiliarios al tiempo que se recortan servicios públicos esenciales, intentando resucitar la economía del ladrillo que tantos daños ambientales y sociales ha causado en Castilla y León y España en la ultima década.

Finalmente, los ecologistas denuncian que, aprovechando el cajón de sastre de la Ley de Medidas, la Junta de Castilla y León ha aprovechado para incluir algunas iniciativas lesivas para el medio ambiente, que han pasado totalmente desapercibidas, como la supresión en la Ley del Ruido de Castilla y León de la distancia mínima de 25 metros entre nuevos bares y discotecas, que pretendía evitar la acumulación de contaminación acústica, o la derogación “de facto” del valor límite de emisión de ruido para cualquier actividad, que hasta ahora era de 95 decibelios. La reducción a 10 días de la información pública de las licencias ambientales, promovida por el Grupo Popular, medida que limita severamente la participación pública, es simplemente inconstitucional al contravenir el plazo mínimo de 20 días establecido por la legislación básica del Estado.