Por Stéphane Horel y Stéphane Foucart, 17 de noviembre de 2017
Nota de los editores: Este mes Le Monde ganó el Premio Varenne Presse quotidienne nationale (Premio Varenne a la prensa diaria nacional) por su serie Monsanto Papers, una investigación sobre la guerra que la corporación Monsanto ha iniciado para salvaguardar el glifosato, publicada originalmente en el mes de junio.
Abajo está la segunda parte, publicada originalmente el 2 de junio de 2017.
————————
Conflictos de intereses
El «trabajo» de Zaruk también fue citado en la revista Forbes en un artículo de opinión firmado por un biólogo afiliado a la Hoover Institution, un grupo de expertos próximo al partido republicano. Su nombre aparece en los archivos desclasificados de la Industria Tabacalera. En ese momento, este hombre se ofrecía para escribir artículos o hacer su aparición en los medios de comunicación para «informar sobre riesgos y Ciencia». Tarifas entre 5.000 y 15.000 dólares.
Los ataques del bloguero de Bruselas también tuvieron eco en sitios web de propaganda muy conocidos, como el American Council on Science and Health y el Proyecto de Alfabetización Genética. Con el apoyo de personas vinculadas a las industrias de pesticidas y de Biotecnología, este último publicó un artículo sobre Christopher Portier y la IARC firmado por Andrew Porterfield, quien se describe a sí mismo simplemente como un «consultor de comunicaciones para la Industria Biotecnológica».
¿Y qué pasa con la sugerencia de que Portier tiene conflictos de interés? ¿El Fondo de Defensa Ambiental -a través de Portier- influyó en favor de la decisión de la IARC de clasificar el glifosato como «probable carcinógeno»?
«Debido a que tenía vínculos con esta organización, Portier tenía el estatus de’ especialista invitado’, explica Kathryn Guyton, científica de la IARC a cargo de la «Monografía 112”. «Esto significa que fue consultado por el grupo de trabajo, pero no contribuyó en la decisión de clasificar el producto químico en una categoría u otra”. Sin embargo, existen conflictos de de interés, pero en otros ámbitos.
En mayo de 2016, mientras que la prensa y la blogosfera revelaban sospechas de mala conducta en la IARC, fue el turno para otro grupo de expertos de la ONU que dio a conocer su opinión. La Reunión Conjunta sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR), un grupo conjunto de la OMS y la FAO que regula los riesgos relacionados con los alimentos (y no con la exposición por inhalación, contacto con la piel, etc.) dio vía libre al glifosato.
Casi un año antes, una coalición de ONG advirtieron a la OMS sobre los conflictos de intereses dentro de la JMPR. Tres de sus miembros colaboran con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), un grupo de presión financiado por las principales agroempresas, biotecnologías e industrias químicas (desde Mars a Bayer y desde Kellogg a Monsanto).
Importantes alegaciones
El toxicólogo Alan Boobis (Imperial College, Reino Unido) fue copresidente de la JMPR, pero también presidente del consejo de administración de ILSI. Angelo Moretto (Universidad de Milán, Italia) fue ponente en la JMPR, al tiempo que actuaba como consultor industrial y miembro del consejo de administración de una estructura creada por ILSI. Vicky Dellarco, también miembro de la JMPR, era consultor industrial y miembro de varios grupos de trabajo de ILSI.
Se supone que los expertos de la JMPR están supuestamente sujetos a las mismas normas de independencia -entre las más estrictas del mundo- que las aplicadas en la IARC, a saber, las normas de la OMS. Dado que puede alterar la credibilidad de la institución y sus decisiones, un aparente conflicto de intereses es tan grave como un conflicto de intereses real.
Sin embargo, interrogada por Le Monde, la OMS confirma que «no se consideró que ningún experto hubiera tenido un conflicto de intereses que impidiera su participación en la JMPR».
Esta respuesta dejó a Hilal Elver y Baskut Tuncak insatisfechos; son respectivamente el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos.
«Hacemos un respetuoso llamamiento a la OMS para que explique cómo se llegó a la conclusión de que los vínculos de los expertos con la industria no presentaban un conflicto de intereses aparente o potencial bajo sus propias reglas» es la reacción de estos dos expertos cuando fueron interrogados por Le Monde.
«Para la integridad del sistema son esenciales unos procesos seguros, claros y transparentes en relación con los conflictos de intereses», dijeron antes de «alentar» a las organizaciones de las Naciones Unidas a «examinarlos».
Estos dos expertos, escribieron en su informe sobre el derecho a la alimentación, que existen «algunas afirmaciones muy serias» de que los científicos han sido «comprados» para expresar de nuevo los puntos de vista de la Industria.
El informe, que fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2017, también subrayó que: «Los esfuerzos de la Industria de los plaguicidas… han obstruido las reformas y paralizado las restricciones globales a los plaguicidas en todo el mundo».
Desprestigiar a la IARC, a los expertos de su grupo de trabajo y a la calidad del trabajo científico realizado, estos «esfuerzos» son de importancia estratégica, incluso de vital necesidad, para Monsanto.
Casos judiciales en curso en los Estados Unidos
Siguiendo los pasos de Monsanto hay varios bufetes de abogados estadounidenses que representan a víctimas o familiares de víctimas que han muerto de linfoma no Hodgkin (LNH), un raro cáncer que afecta a los glóbulos blancos y que ellos atribuyen a la exposición al glifosato.
Para sus abogados, la Monografía 112 de la IARC constituye una prueba esencial. Para Monsanto, la Monografía 112 podría pesar mucho en los veredictos finales. Según los documentos legales, la cantidad de daños y perjuicios y otras indemnizaciones en los EE. UU. podrían ascender a miles de millones de dólares para los 800 demandantes -un número que «probablemente» aumentará a 2.000 para finales de año, según Timothy Litzenburg, abogado de la firma Miller.
Memorandos confidenciales, hojas de cálculo y resúmenes internos: en total, diez millones de páginas extraídas de las cajas de los archivos de Monsanto y de las entrañas de sus ordenadores. Esta es la cantidad de documentos que la empresa se ha visto obligada a entregar al tribunal hasta la fecha. En los Estados Unidos, un procedimiento llamado «descubrimiento» permite este tipo de incursión en los documentos del contrario.
De la gran cantidad de documentos escaneados, liberados poco a poco, los que se denominados los «Papeles de Monsanto», surge el plan de respuesta de la multinacional. Tomemos este documento «confidencial» de PowerPoint del 11 de marzo de 2015, con diapositivas que desarrollan una estrategia de influencia en forma de «Proyectos Científicos». Entre otras ideas, se menciona una «evaluación exhaustiva del potencial cancerígeno» del glifosato por «científicos creíbles» y «posiblemente a través del concepto de panel de expertos». Eso es lo que se planeó.
En septiembre de 2016, una serie de seis artículos apareció en la revista científica Critical Reviews in Toxicology. Exoneraron al glifosato. Pero, como la publicación fue abiertamente «patrocinada y apoyada» por Monsanto, ¿habría sido posible algo diferente a esto?
Los autores fueron los dieciséis miembros del «panel de expertos en glifosato» a los que Monsanto confió la tarea de «revisar la monografía sobre glifosato de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC)».
Su contratación fue delegada a Intertek, una consultoría especializada en la producción de material científico para empresas que se enfrentan a dificultades regulatorias o legales relacionadas con sus productos. Monsanto y sus aliados también recurrieron a los servicios de Exponent y Gradient, otras dos empresas dedicadas a la «defensa de productos».
«Grupo de trabajo del glifosato»
El PowerPoint de gestión de crisis también preveía la publicación de un artículo sobre la IARC: «Cómo se formó, cómo funciona, su ostracismo, que es arcaica y que no es precisa ahora».
El científico que fue sugerido como posible autor no ha publicado nada sobre el tema hasta ahora.
Sin embargo, un artículo que encaja perfectamente con las características de hostilidad fue publicado en una revista menor en octubre de 2016. El sistema de clasificación de la IARC se ha vuelto «anticuado» y «no sirve ni a la ciencia ni a la sociedad», escribieron los 10 autores.
«Así que carne procesada puede caer en la misma categoría que el gas mostaza.» El enfoque de la IARC, dijeron, está en el origen de «los temores de salud, los costes económicos innecesarios, la pérdida de productos beneficiosos, la adopción de estrategias con mayores costes de salud y la desviación de fondos públicos hacia investigaciones innecesarias».
Era un tono muy inusual para una revista científica. Esto se debe quizás a que la Regulatory Toxicology and Pharmacology es un tipo especial de publicación. Su consejo editorial no sólo incluye a numerosos representantes y consultores de la industria, sino que además su editor jefe, Gio Gori, es una figura muy conocida en la historia de la industria tabacalera.
Propiedad del poderoso grupo editorial científico Elsevier, esta es la revista oficial de una sociedad supuestamente científica, la International Society of Regulatory Toxicology & Pharmacology (ISRTP). No hay información importante sobre la sociedad en su sitio web y ni Gori ni ISRTP ni Elsevier respondieron a las preguntas de Le Monde. Por lo tanto, ni siquiera ha sido posible identificar a los responsables, por no hablar de sus fuentes de financiación. Sin embargo, la última vez que el ISRTP publicó la lista de sus patrocinadores, en 2008, incluía a Monsanto.
En cuanto a los 10 autores del artículo, algunos de ellos han trabajado o están trabajando actualmente para el grupo suizo Syngenta, miembro del «grupo de trabajo del glifosato» de los agentes industriales que venden productos a base de glifosato. Algunos son consultores privados. Otros son científicos académicos y participan en las actividades de la organización científica ILSI. Entre ellos se encuentran Samuel Cohen, profesor de oncología de la Universidad de Nebraska; Alan Boobis, copresidente de la JMPR, y Angelo Moretto, ponente de la misma.
«Tácticas de choque»
Estos tres científicos siguieron el rastro. Pocos meses después, publicaron en el sitio web de propaganda llamado Proyecto de Alfabetización Genética, que había difundido los ataques personales contra Christopher Portier, un texto afirmando que la IARC «debería ser eliminada».
La agencia fue acusada de fomentar la «quimiofobia» entre la gente. Si no se reforma, escribieron, la IARC «debería ser relegada al museo de las Agencias de Regulación, que es donde debería estar, junto con otros artefactos históricos, como el Ford Modelo T, el biplano y el teléfono de marcación rotativa».
En los círculos científicos, las convenciones sostienen que el autor del primer borrador de un texto asume la responsabilidad de cualquier modificación hasta las últimas correcciones. ¿Cuál de los autores escribió estos dos textos -publicados por la revista científica y en el sitio web del Proyecto de Alfabetización Genética? «No puedo recordar«, respondió Alan Boobis cuando le preguntó Le Monde, explicando «fue todo un proceso«, y que la escritura había «sufrido un proceso de afinación a lo largo del año«.
Esto es «un poco la táctica de choque», reconoció Boobis. Cuando se le preguntó por qué el artículo fue publicado en este sitio web, Boobis admitió que el Proyecto de Alfabetización Genética no era famoso por su rigor, pero explicó que el texto fue rechazado por una revista científica.
Sus argumentos son idénticos a los de Monsanto y sus aliados. «Esta es una posición muy extraña y hemos llegado a la conclusión de que cualquier relación con la industria se considera inmediatamente como una indicación de parcialidad, corrupción, confusión, distorsión o lo que sea», respondió Boobis.
¿Es lo que Monsanto quiere, la «desaparición de la IARC? La corporación no quiso responder a las preguntas de Le Monde.
—————————————–