Por Carey Gillam, 13 de febrero de 2017
Ahora es cuando esta cuestión tiene un mayor interés.
Una nueva demanda judicial presentada en nombre de varias decenas de personas que afirman que el herbicida Roundup de Monsanto les causó cáncer, incluye información sobre los supuestos esfuerzos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para preservar los intereses de Monsanto y ayudar de esta manera a la Industria Agroquímica.
La documentación, presentada a última hora del viernes por los abogados de los demandantes, recoge la correspondencia de la EPA durante 30 años, acusando al responsable de alto nivel Jess Rowland de llevar a cabo “maniobras políticas en connivencia con la Ciencia” para favorecer a los fabricantes de herbicidas, como Monsanto. Rowland supervisó la evaluación del glifosato y su relación con el cáncer por parte de la EPA. El glifosato es el ingrediente activo de ciertos productos fabricados por Monsanto para eliminar las plantas adventicias. Y Rowland fue así mismo el autor principal de un Informe en el que decía que el glifosato no es carcinógeno. Pero en la correspondencia, la toxicóloga de la EPA Marion Copley cita algunos estudios llevados a cabo con animales y escribe: “Se ha comprobado que el glifosato causa cáncer”.
Los abogados de los demandantes se negaron a decir cómo obtuvieron dicho correo, que tiene fecha de 4 de marzo de 2013. La fecha del correo es posterior al abandono de la EPA por parte de Copley en el año 2012 y poco antes de morir de cáncer de mama a la edad de 66 años, en enero de 2014. Acusa a Rowland de intimidar al personal para modificar los Informes y así favorecer a la Industria, y escribe que la investigación sobre el glifosato, el ingrediente activo de Roundup, muestra que este herbicida debiera clasificarse como “probablemente carcinógeno para los seres humanos”. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), una sección de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como posible carcinógeno para los seres humanos en marzo de 2015 tras revisar múltiples estudios científicos. Monsanto ha rechazado esta clasificación y ha emprendido una campaña para desacreditar a los científicos de la IARC.
El correo, de ser fidedigno, podría ser una importante baza en el litigio con más de 60 demandantes de todo los Estados Unidos, acusando a Monsanto de encubrir pruebas de que el herbicida Roundup puede causar cáncer. Los demandantes, que sufren de linfoma no Hodgkin (LNH) o perdieron a un ser querido de LNH, han afirmado ante los tribunales que Monsanto ejerció una significativa influencia en la Oficina de Programas de Plaguicidas de la EPA (OPP), señalando en concreto a Rowland, quien hasta el año pasado fue Subdirector de la división de la sección de efectos en la salud de la OPP. Rowland dirigió el trabajo de los científicos que evaluaron los efectos en la salud humana por la exposición a plaguicidas como el glifosato y presidió el Comité de Revisión de la Evaluación del Cáncer (CACR) de la EPA, que determinó que el glifosato “probablemente no sea cancerígeno para los seres humanos”. Rowland dejó la EPA en 2016, poco después de que una copia del Informe del CACR fuese filtrado y utilizado por Monsanto como evidencia de que la clasificación realizada por la IARC era incorrecta.
Los abogados de los demandantes quieren que el juez federal del caso levante los impedimentos para que se conozca el contenido de una serie de documentos que detallan las relaciones de Monsanto con Rowland respecto a la evaluación de seguridad del glifosato por parte de la EPA y su relación con el cáncer. Monsanto envió los documentos, pero llevan el sello de “confidenciales”, una singularidad que creen los abogados de los demandantes es impropia. También quieren la destitución de Rowland, pero tanto Monsanto como la EPA se oponen a esta solicitud, como aparece en los documentos judiciales. No nos pudimos poner en contacto con Rowland para que nos comentase su parecer.
“Los demandantes necesitan con apremio que el testimonio del Sr. Rowland confirme su relación con Monsanto y el significativo papel de la EPA en la protección de los intereses del Demandado. El Sr. Rowland actuó bajo la influencia de Monsanto para que las posiciones de la EPA y las publicaciones apoyasen los intereses de Monsanto”, dijeron los abogados de los demandantes en la presentación del litigio en varios distritos el pasado 10 de febrero.
La EPA ha estado evaluando el perfil de seguridad sanitaria y ambiental del glifosato a medida que ha aumentado en todo el mundo la controversia en torno a este producto químico. La Agencia tenía previsto terminar su evaluación de riesgos del glifosato en el año 2015, luego dijo que lo haría en 2016, y últimamente decía que estaría terminada en el primer trimestre de 2017. Pero recientemente ha vuelto a modificar las fechas: dice que no estará terminada hasta finales del tercer trimestre de 2017.
MONSANTO QUIERE QUE LOS DOCUMENTOS SIGAN SIENDO CONFIDENCIALES
Los abogados de Monsanto solicitaron al juez federal que bloquee la petición de los abogados de los demandantes, de modo que el contenido de los documentos presentados ante el tribunal no pueda ser conocido ni por los medios de comunicación y el público. Aducen que los abogados de los demandantes están tratando de que este caso “sea sometido a la opinión pública”, de manera injusta.
Monsanto se quejó en concreto de la organización US Right to Know, que estaría tratando de conseguir documentos confidenciales para así informar al público. La Empresa dijo que los informes sobre “documentos escogidos de manera selectiva” podrían ser “potencialmente perjudiciales” para sus intereses y para el desarrollo del litigio, con un jurado potencialmente contaminado. “Los juicios en la prensa no son de interés público”, declaró Monsanto.
La Empresa pidió al juez Vince Chhabria que custodiara los documentos para que no fuese posible su exhibición pública.
Durante el desarrollo del juicio, Monsanto también dijo que no había pruebas de que Roundup y otros herbicidas con glifosato fuesen “unos productos deficientes o extremadamente peligrosos”, señalando que todos estos productos cumplían con “todas las normas de seguridad aprobadas por el Gobierno”. No hay evidencias de carcinogenicidad en el glifosato o Roundup, afirmó Monsanto en su declaración.
En otra declaración escrita presentada por Monsanto el pasado 8 de febrero, argumentaba que la clasificación del glifosato como probablemente carcinógeno para los seres humanos no es algo de relevancia sobre si Roundup ha causado o no cáncer en los demandantes. El enfoque de la IARC es “menos rigurosa” que la evaluación científica de la EPA, y las conclusiones de la IARC son “científicamente poco fiables”, según el documento. Monsanto dijo al Tribunal que ni las opiniones de la IARC ni de la EPA son necesariamente relevantes para la consideración general del litigio, porque los demandantes tendrán que presentar testimonios de expertos que muestren que los productos fabricados por la Empresa les ha provocado cáncer.
A medida que el litigio avanza, la legislación actual podría beneficiar a Monsanto y a otras muchas empresas que se enfrentan a demandas colectivas por partes de los consumidores. La “Fairness in Class Action Litigation Act of 2017” (H.R. 985) fue introducida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Bob Goodlatte (Richmon, Virginia). Esta ley defiende los intereses empresariales, reduciendo el número de demandas inconsistentes y aseguraría además que la indemnización la recibiesen los demandantes en lugar de enriquecer a los abogados que presentan tales demandas. Pero los que oponen a esta ley dicen que sería casi imposible para las personas con escasos recursos económicos desafiar a las poderosas Corporaciones en los Tribunales. El proyecto de ley se aplicaría tanto a las demandas colectivas pendientes como a las futuras y a los litigios que se desarrollan en varios distritos.
“El proyecto de ley esta pensado para que no se puedan presentar demandas colectivas o litigios por parte de nadie”, dijo Joanne Doroshow, Directora Ejecutiva del Centro para la Justicia y la Democracia. “Eliminaría los derechos civiles, de antimonopolio, de los consumidores, esencialmente cualquier tipo de denuncia en los Estados Unidos”.
[Los enlaces en el artículo original]
Carey Gillam es Directora de Investigación de Us Right to Know, un grupo de educación para los consumidores sin ánimo de lucro. Twitter: www.twitter.com/careygillam
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