Por Miguel Amorós
Ruinas modernas, una topografía de lucro.
| “Ir por el campo, hoy, es como pasar por un viejo barrio en demolición”
– Guido Ceronetti, El Silencio del Cuerpo |
Antes que nada quiero hacer un inciso respecto a la expresión “urbanismo sostenible”, que los políticos de la “izquierda” han sustraído del lenguaje ecologista para calificar así un crecimiento urbano menos destructivo a corto plazo y más rentable a largo. El término se aplicaba al funcionamiento de un sistema en circuito cerrado, generando su propia energía y eliminando sus propios residuos, hechos incompatibles con la expansión inherente al capitalismo, basada en la especialización de las actividades y la deslocalización productiva. Los proyectos alternativos de esa “izquierda” pintada de verde, ni pretenden limitar el frenesí de la economía, ni cuestionan el sistema capitalista y su sagrada idea de progreso. Además, resulta más que evidente el hecho de que no existe un modelo capitalista que se sostenga. Hablar de sostenibilidad bajo estas condiciones es una estupidez, o peor, un engaño, ya que no existe un capitalismo “limpio”, capaz de comerse sus marrones.
Hay un construir que es muchísimo más vandálico que un destruir. Esa es la impresión inevitable que cualquiera puede sacar, por ejemplo, de un paseo por la costa mediterránea, especialmente la valenciana. Por doquier contemplaremos grúas, edificios y autovías, tras los que adivinamos la obra de innumerables alcaldes, banqueros y constructores, invadiendo el territorio, destrozando el paisaje, malbaratando recursos, acumulando basuras, contaminando el ambiente, poniendo en peligro la seguridad y la salud de los habitantes, arruinando los lugares uno tras otro en una loca carrera por la urbanización total. Desde luego, las fuerzas constructivas son fuerzas destructivas. La oposición campo-ciudad ha sido superada con la abolición completa de uno de los términos: las hortalizas se han cambiado por ladrillos. Decir que el hormigón y el asfalto son el rasgo característico de la nueva civilización es poco: son lisa y llanamente la nueva civilización. Eso, yendo a la raíz de la cuestión, significa que la vida de todos se halla en manos de tecnócratas y promotores, oscilando entre automóviles e inmobiliarias. ¿Cómo hemos ido a parar aquí?
Indudablemente, la expansión urbana descontrolada arranca de la fase desarrollista ligada al proceso industrializador tutelado por el franquismo. Esa fase termina con fenómenos aparentemente contradictorios como el derrumbe industrial, el “boom” de las segundas residencias y los pelotazos financieros, lo que revela la recaída de la crisis económica sobre los trabajadores sin afectar apenas a las clases medias y menos aún a la burguesía.
Eso explica en parte que las luchas de resistencia a la crisis de los años ochenta fueran contenidas y canalizadas sin alterar la estabilidad del sistema, y que el movimiento obrero, con la dirección secuestrada por una burocracia sindical y política institucionalizada, compuesta por enemigos de clase, se disolviera sin pena ni gloria. Los nuevos dirigentes políticos, en cuyas manos recaía la regulación del crecimiento urbano, se dieron cuenta de las grandes posibilidades económicas de la urbanización, y lejos de impedir su progreso, se dedicaron a fomentarlo con toda la mejor voluntad.
La financiación espuria de los partidos o las fortunas personales de los intermediarios fueron sólo el principio. Políticos y empresarios eran conscientes de que la ciudad era una máquina de acumulación de capital y poder, y que la función del urbanismo no era otra que la de engrasarla. La fórmula consistía en una colaboración más profunda entre los ayuntamientos y los empresarios, aplicada por primera vez en las remodelaciones de los años cincuenta de ciudades como Pittsburgh, Filadelfia o Boston. Una elite compuesta por una coalición de políticos tecnocráticos, promotores y constructores se adueñó de las ciudades, tomando el relevo de la elite anterior, y, gracias a una sabia combinación de dinero público y privado, las convirtió en herramientas para ganar dinero a espuertas.
La ciudad, a los ojos de los ediles democráticos y las Cámaras de Comercio, no era sino un inmenso mercado de suelo edificable. El modelo valenciano que desde 1994 conforma una Ley Reguladora de la Actividad Urbanística es particularmente ilustrativo de la simbiosis entre política y empresa. Este sistema supera en audacia al modelo mixto barcelonés, pues mediante la figura del “agente urbanizador”, es decir, del promotor, el ayuntamiento, previo trámite, cede el proceso urbanizador a la iniciativa privada. Y de esta manera, o sea, colocando por ley al urbanismo en manos de los empresarios, se suprimen olímpicamente las ingerencias empresariales en las políticas urbanísticas locales. Lo público puede se gestionado por lo privado, o lo que es lo mismo, no queda nada que sea realmente público.
El paso de una economía nacional estructurada a través de un sistema bancario cerrado a una economía globalizada encontró su marco ideal: una nueva clase dirigente muy receptiva a las directrices del mercado mundial y una casi nula conflictividad social. Se iniciaron entonces mediante leyes apropiadas, los procesos que acompañaban a la mundialización: colonización tecnológica de cualquier tipo de actividades, precarización del mercado laboral, planificación urbana expansiva, especulación inmobiliaria, deslocalización de industrias, industrialización de la agricultura, construcción de grandes infraestructuras de transporte, motorización general de la población, constitución de un mercado internacional del agua y de la energía, etc.
Las ciudades en poder de los nuevos dirigentes se terciarizan y se convierten en centros de ocio y consumo, suministradoras de servicios. Las grandes tratan de situarse en las redes de poder internacionales y las pequeñas intentan convertirse en sus satélites.
Por su parte, los servicios generan multitud de trabajos malpagados y efímeros, con lo que la joven población trabajadora es obligada a vivir en zonas alejadas, donde los alquileres o los precios de los pisos son más asequibles. El centro se vacía y museifica, llenándose de áreas comerciales, oficinas y hoteles. La ciudad se orienta hacia el turismo y los negocios (Valencia tuvo cerca del millón de visitantes en 2001), mientras que la periferia se rellena y se expande, vertical y horizontalmente. A pesar de la apertura de nuevas líneas públicas de transporte, el vehículo privado es la principal conexión.
La urbanización avanza como una mancha de aceite consumiendo territorio. Todos los estilos de vida ligados a una ocupación no capitalista del territorio desaparecen o están a punto de desaparecer. Asistimos a una reordenación del territorio a través de corredores o ejes que unen las áreas metropolitanas, donde se concentra la actividad financiera internacional y se ubican los tecnopolos. Nuevas regiones son definidas en base al potencial económico de sus metrópolis y la abundancia de infraestructuras y servicios, como por ejemplo, la Eurorregión del Arco Mediterráneo, que abarca Aragón, el País Valencià, Cataluña, las Baleares y el sur de Francia.
Las nuevas batallas políticas tienen como trasfondo los vuelos transoceánicos, las ampliaciones de puertos o el TAV, más que las diferencias aducidas entre “modelos de gestión”. Se trata pues, de una zonificación de nuevo tipo, de una división del trabajo a nivel mundial, facilitada por las telecomunicaciones y las grandes autopistas.
Dentro del mercado global, potentes áreas económicas intentan constituirse y adquirir una posición privilegiada, bien sea como mercado de servicios financieros, o bien como cantera de mano de obra dócil y numerosa. Unas –las que acaban de llegar– siguen basando su poder en el producto industrial, mientras que las pujantes lo hacen en los procesos (transacciones financieras, promoción publicitaria, venta por teléfono, asesoría, márketing, elaboración de proyectos, diseño, etc.).
La urbanización total del territorio, o lo que es lo mismo, su destrucción planificada, es la consecuencia más directa de la nueva etapa capitalista. El modo de vida urbano, sin raíces, consumista y depredador, es ya el único posible.
Desde los años sesenta, momento en que aparecieron el negocio turístico y la demanda de segundas residencias anulando el comercio y las industrias locales, el desplazamiento de la población a la costa ha experimentado una fuerte aceleración. En 2001 el 60% de la población vivía en el litoral, que suponía sólo el 30% del territorio del Estado. Este fenómeno de relocalización poblacional lleva el nombre de “litoralización”. Como consecuencia, los municipios costeros se han colmatado, creándose un continuum urbano a lo largo de la costa que ahora crece hacia el interior, arrasando los espacios naturales de la segunda línea como antes hiciera con los de la primera. En los últimos diez años, el suelo urbanizado ha crecido un 60% en el País Valencià (un 77% en la provincia de Alicante), aunque no en todas partes por igual: la mitad del crecimiento corresponde a 30 de los 542 municipios valencianos (los costeros).
La sobreexplotación de la franja marítima ha agotado el espacio y ha producido por todas partes un paisaje banal y monocorde, al que los proyectos de “calidad” no hacen sino añadir una sobrecarga de vulgaridad en forma de campos de golf, puertos deportivos y complejos residenciales de “lujo” estándar. Además, la costa mediterránea y las islas no sólo son un lugar de ocio veraniego, sino que se han convertido en la segunda residencia de muchos europeos, generándose una fuerte demanda de casas para extranjeros y doblándose las inversiones de fuera en el sector inmobiliario (de 3000 a 6040 millones de euros entre 1999 y 2002).
El fenómeno, sin embargo, no basta para explicar por si sólo la enorme actividad constructora de los últimos diez años. El precio del metro cuadrado se duplicó entre 1997 y 2001. Resulta que comprar vivienda se ha vuelto una forma de inversión más rentable que la Bolsa y una salida segura al dinero negro, con lo que muchas casas se compran no para habitar, sino para especular y “lavar”. Los bancos hacen su agosto: el mercado español de renta fija es el segundo de Europa en cédulas hipotecarias y bonos de titulación, activos que los bancos utilizan para financiar la compra de pisos. Además esos activos representan el 56% de todas las emisiones lanzadas en España.
La vivienda es espacio privado y el espacio, una forma de capital. Entre 1971 y 2001 el número de pisos en España ha doblado, llegando a los 21 millones. Cada año se construyen más de medio millón, y en el 2003 fueron más de 650.000, lo que equivale a la construcción de Alemania y Francia para el mismo año. No obstante, aparte de los especuladores, solamente los compran las familias con capacidad de endeudamiento, es decir, las clases medias. La oferta de vivienda protegida es prácticamente nula y el precio ha crecido 35 veces más que el salario neto entre 1995 y 2003. Así pues, el 58% de las personas entre 25 y 30 años, y el 25% de las personas entre 30 y 34 años, todavía no se han emancipado y viven en casa de sus padres, mientras que en España hay tres millones de viviendas vacías (solamente en la isla de Mallorca hay 90.000; en el País Valencià el 20% de las viviendas están desocupadas).
La urbanización galopante representa el otro lado de la desaparición del mundo rural, integrado en la naturaleza y viviendo de la comercialización de sus excedentes. La masa forestal de los bosques –que ya no se trabajan– se ha compactado, multiplicando el peligro de incendios, los acuíferos se han salinizado o agotado por sobreexplotación, los pantanos han secado los ríos, los hábitats litorales y las montañas han sido destruidas por carreteras y urbanizaciones, y con ellas los caminos, las acequias, las balsas, los marjales y las fuentes. El paisaje está salpicado de grúas y líneas eléctricas. Ya no quedan actividades tradicionales ligadas a formas de vida no urbana, pero en cambio, abundan los vertederos y los automóviles.
Hoy la agricultura es un subsector de la industria agroalimentaria, no dependiendo para nada de los usos del suelo ni de la gente del lugar; la producción agrícola sólo depende de la maquinaria y de los abonos, siendo, como cualquier producción industrial, gran consumidora de agua y energía y gran engendradora de residuos contaminantes. La actividad agraria se concentra en lugares concretos, para la explotación a gran escala, abandonándose la mayoría del territorio rural al turismo y a la segunda residencia. Un ejemplo; en los últimos 13 años la superficie dedicada a hortalizas ha disminuido el 60% en el País Valencià, pero no por ello los pueblos rurales han perdido población, sino que sus habitantes son más numerosos; sólo que ahora se dedican a la construcción y al equipamiento. El precio de la naranja lleva años estabilizado, sucumbiendo los labradores a las tentadoras ofertas de los compradores de terrenos, vueltos de la noche a la mañana urbanizables por los promotores y los concejales. A veces, como ocurre en la ciudad de Alicante, el alcalde es también un promotor.
Las coronas agrícolas de las ciudades hace tiempo que sucumbieron y a cada paso conspiran las hormigoneras, creándose esa clase de riqueza que engrasa la cuenta de unos centenares de miserables y degrada la vida de cuantos se ven forzados a disfrutarla.
Si recordamos que el litoral valenciano ha sido siempre deficitario en agua, concluiremos que el agua es un serio obstáculo para el crecimiento urbano costero. Los intereses turísticos e inmobiliarios necesitan agua con que regar los campos de golf y las zonas ajardinadas de las urbanizaciones, agua para llenar las piscinas y las cisternas, agua corriente para los miles de pisos que se construyen. No hay especulación urbanística sin agua, por eso el Plan Hidrológico Nacional, sea el de los trasvases o el de las desaladoras, es vital para el desarrollo ilimitado de la construcción. La solución más acorde con los tiempos es la de la constitución de un mercado del agua.
El agua es un bien escaso y por eso tiene todo lo necesario para ser una mercancía. La alternativa al mercado del agua no puede ser una “nueva cultura del agua” porque el aprovechamiento racional del agua es incompatible con la urbanización ilimitada del territorio. Se nos dirá que la nueva cultura del agua ha de ir acompañada de una “nueva política del suelo” o de una “cultura pública del suelo”, o incluso de la “regulación del sector de la construcción” (como propone con cierta timidez la Assemblea d’Okupes de Barcelona), etc.
La retórica de la nueva cultura vale para todo: lo mismo se aplicará a la energía como al transporte, igual a las basuras que al ocio. Eso no es más que un eslógan para reivindicar una mayor presencia de las plataformas ciudadanas o las asociaciones de vecinos en la administración y un mayor control estatal y autonómico de los procesos urbanizadores. Pura cháchara ciudadanista empleada para enmascarar las verdaderas soluciones. El fallo de toda esa política consiste en no reconocer que la urbanización destructiva es la forma lógica con que el capital modela el planeta. La sociedad urbanizada es la sociedad capitalista moderna y no puede haber otra.
Si se quiere liberar el territorio, sus habitantes habrán de librarlo del capitalismo. Cualquier política que respete al capital, que admita el mercado, se encamina hacia la gestión más o menos pausada de la destrucción territorial, no a ponerle fin.
La resistencia a la degradación urbanizadora ha de levantar miras y apuntar lejos. No solo ha de elaborar estrategias que paralicen el mercado, sino que ha de alumbrar modos de vida opuestos al modelo urbano. Se ha de fomentar la descentralización, el autoabastecimiento, la autonomía y, por encima de todo, el ágora, la asamblea. Medidas como por ejemplo, las ocupaciones, los huertos urbanos, los mercadillos de trueque, la vuelta al campo, etc., están bien para empezar, en tanto que expulsan al capital de espacios usurpados y actividades colonizadas; mejores son la municipalización, es decir, la propiedad pública del territorio gestionado en asamblea o la supresión del transporte privado, aunque a nadie escapan las enormes dificultades que tendrá su implantación.
Sin embargo, las soluciones “verdes”, “sostenibles” o neoculturales son mucho menos realistas. Por ese camino seguro que no se va a conseguir nada; a lo sumo, un sindicalismo del hábitat practicado por una burocracia ambientalista institucionalizada encargada de administrar el territorio fijando las tasas de degradación permisibles. La libertad no puede fructificar ni en el territorio urbano “sostenibilizado” ni en el paisaje protegido, porque ambos únicamente ofrecen espacio esclavo. Un paliativo, y, al cabo de cierto tiempo, de vuelta al principio.
Por otra parte, hablar de equilibrio territorial, o de territorio liberado, no tiene sentido sino bajo la perspectiva de la desurbanización. Quien ha de hablar primero ha de ser la piqueta. El territorio no recuperará su equilibrio ni la humanidad su sensatez hasta que el último capitalista sea enterrado en las ruinas de la última aglomeración urbana.
La reapropiación del espacio para un modo de vida libre y comunitario ha de nacer inmersos en una gran operación de desmantelamiento, o no nacerá.
Miguel Amorós
Reelaboración de la conferencia-coloquio del 7 de abril de 2004 en el centro social La Mistelera de Dènia (Alacant).
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