Extraído del libro de:

Vicenç Navarro

Juan Torres López

Alberto Garzón Espinosa

¿Están en peligro las pensiones públicas? (I)

¿Están en peligro las pensiones públicas? (II)

¿Están en peligro las pensiones públicas? (III)

¿Están en peligro las pensiones públicas? (IV)

Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías.

Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces.

Parte 5:

¿Con qué argumentos se critica al sistema público de pensiones?

¿Cuál es el argumento demográfico que se utiliza para justificar la privatización de las pensiones?

Desde hace años se viene insistiendo en que la evolución demográfica va a ser muy negativa para la suficiencia financiera del sistema porque las estimaciones demográficas más aceptadas anuncian que la evolución de las tasas de natalidad y mortalidad llevará consigo un aumento de la población de más edad en el conjunto de la población. Según esas hipótesis, se producirá entonces un incremento sustancial de la población jubilada, mientras que será cada vez menor la proporción de los ciudadanos en edad de trabajar. En consecuencia, se deduce que la relación entre pensionistas y cotizantes (la llamada tasa de dependencia) tenderá a aumentar, lo que provocará que haya recursos insuficientes para financiar las pensiones públicas.

¿Qué es la tasa de dependencia?

La tasa de dependencia es un indicador estadístico que puede calcularse de diferentes formas según el propósito para el que se utilice. Para lo que aquí pretendemos podemos definirla como la relación entre la cantidad de personas que reciben pensiones y las que cotizan.

¿Cómo influye el envejecimiento de la población en la tasa de dependencia?

El envejecimiento de la población supone un incremento en la tasa de dependencia porque aumenta el número de pensionistas en relación con el de cotizantes. Si se reduce el número de cotizantes y se amplía el número de personas que tienen derecho a pensiones, entonces cada trabajador que cotiza está sufragando las pensiones de cada vez más gente. O, dicho de otra forma, aumentan los gastos (pensiones satisfechas) y se reducen los ingresos (cotizaciones efectuadas).

¿Es verdad que el envejecimiento afecta negativa e inevitablemente al sistema de pensiones?

El envejecimiento de la población no tiene por qué significar necesariamente que se produzca un desequilibrio entre los ingresos y los gastos en el sistema público de pensiones porque al mismo tiempo que aumenta el número de pensionistas pueden modificarse otros factores de los que depende el equilibrio entre ambos.

¿A qué se le llama equilibrio financiero del sistema de pensiones?

Se llama equilibrio financiero del sistema de pensiones a la situación en la que los recursos generados por el propio sistema de pensiones son suficientes para hacer frente al montante de pensiones que hay que satisfacer. Es decir, se alcanza el equilibrio financiero cuando las cotizaciones sociales en un determinado momento son suficientes para hacer frente a las pensiones de ese mismo momento.

Sin embargo, para poder decir si se puede alcanzar este equilibrio o no (como quieren demostrar los que proponen la privatización) hay que determinar cuáles son todos los factores de los que depende el equilibrio y qué problemas le pueden afectar.

¿De qué variables depende el equilibrio financiero?

La cantidad de ingresos que proceden de las cotizaciones depende lógicamente de las cotizaciones mismas, pero éstas dependen a su vez de una gran cantidad de variables a tener en cuenta.

Por lo tanto, para que la financiación del sistema llegue a desequilibrarse no basta con que la población envejezca y aumente el gasto, sino que deberían darse otras circunstancias que tienen que ver con las fuentes capaces de generar los ingresos de donde salen las cotizaciones sociales.

Los factores más importantes que hacen que pueda aumentar o disminuir el volumen de las cotizaciones sociales son los siguientes:

– El empleo y desempleo existentes.

– El nivel salarial.

– El volumen de actividad económica y su evolución a lo largo del tiempo, es decir, la tasa de crecimiento económico.

– La distribución de la renta.

– La calidad del empleo.

– La productividad del trabajo.

– La extensión de la economía sumergida.

– La tasa de actividad y de empleo femenina.

Solo cuando, además del envejecimiento, todos estos factores evolucionaran negativamente podría aventurarse que habría problemas financieros para el sistema público de pensiones.

¿Cómo afecta el paro al equilibrio financiero del sistema de pensiones?

Los altos niveles de desempleo, especialmente en la población más joven y en el paro de larga duración, reducen la cantidad de ingresos en el sistema de pensiones porque, lógicamente, los desempleados no pueden cotizar y, de esa forma, no pueden destinar recursos a los fondos de pensiones.

En cambio, si estuviesen trabajando se incrementaría notablemente la cantidad de ingresos y se podría mantener con mayor facilidad el equilibrio financiero del sistema de pensiones.

¿Qué papel desempeña la mayor o menor capacidad de generar actividad económica sobre el sistema de pensiones públicas?

Cuando el nivel de actividad de una economía es más alto, las cotizaciones sociales suelen ser también más elevadas. Por tanto, incluso en condiciones de alto envejecimiento, el sistema de pensiones público puede ser completamente viable si la economía es capaz de mantener ritmos adecuados de progreso de la actividad económica.

Sin embargo, es importante señalar que la mera existencia de tasas positivas de crecimiento económico no garantiza por sí sola ni la viabilidad del sistema ni el alcance de un mayor progreso económico y social. Si el crecimiento económico se mide exclusivamente con variables como el Producto Interior Bruto (PIB), que no tienen en cuenta ni la calidad de la actividad, ni las actividades no monetarias, ni los daños al medio ambiente, ni el despilfarro de recursos, entre otras cosas, el crecimiento puede ser realmente un proceso de destrucción de recursos y de deterioro económico.

Eso indica que los análisis de los defensores de la privatización basados solamente en hipótesis (ya de por sí infundadas) sobre la evolución del PIB no pueden ser consideradas ni creíbles ni rigurosas ni, como la experiencia ha demostrado, capaces de proporcionar previsiones realistas.

¿Cómo influye la distribución de la renta en la inviabilidad del sistema?

La desigual distribución de la renta afecta muy negativamente al mantenimiento del equilibrio financiero de las pensiones. Y no es para menos: la tendencia a la disminución de los salarios reales, o la tónica de distribución privilegiada a favor de los beneficios, merma gravemente el volumen recaudado de cotizaciones sociales.

Y en un país como el nuestro, en donde la participación de los salarios en la renta ha descendido más de diez puntos porcentuales en los últimos treinta años, este es un verdadero factor de distorsión en dicho equilibrio financiero

¿Y cómo influye la calidad del empleo?

La extensión generalizada del empleo precario o de baja calidad también afecta muy negativamente al equilibrio financiero del sistema de pensiones porque implica salarios más reducidos, lo que a su vez supone un menor nivel de cotizaciones sociales.

¿Qué ocurre cuando hay altos grados de economía sumergida?

Cuando una gran parte de la actividad económica está fuera de la ley, como ocurre con la llamada economía sumergida, no se generan cotizaciones sociales y, por lo tanto, no se contribuye al desarrollo del sistema público de pensiones.

¿Cómo influye sobre las pensiones la escasa participación femenina en el mercado de trabajo?

Como hemos señalado, los ingresos necesarios para financiar las pensiones o vienen de las cotizaciones sociales de los trabajadores empleados o de los impuestos, que podrán proporcionar una mayor recaudación cuanto más empleo haya en la economía. Por eso es muy importante que el empleo femenino sea el mayor posible. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social. Mientras que tener una tasas de actividad y empleo femeninas mucho más bajas que las de los países de nuestro entorno significa renunciar a una gran fuente de ingresos.

Por eso, una vía fundamental para garantizar el futuro de las pensiones es acabar con las dificultades que encuentran las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo. Y para ello es preciso fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para que no sean solamente éstas las que se hagan cargo del trabajo doméstico, e invertir en escuelas de infancia y en servicios domiciliarios.

La integración de las mujeres en el mercado de trabajo es una inversión pública de gran calado que es una estrategia fundamental para garantizar el futuro de las pensiones públicas.

¿Cómo es que los análisis que defienden la privatización no tienen en cuenta estas variables?

Es muy significativo que no contemplen este tipo de variables y que, como hemos dicho, se centren en establecer hipótesis (que nunca resultan acertadas) sobre la evolución del PIB. Ello demuestra que su intención no es la de establecer previsiones objetivas sino justificar sus propuestas privatizadoras que han establecido con anterioridad a la realización de los análisis.

¿Cómo habría que razonar entonces para poder establecer hipótesis sobre el equilibrio financiero de las pensiones y cómo actuar para alcanzarlo?

Habría que considerar todas esas variables y no solo las demográficas y la evolución del PIB. Si se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema lo que habría que hacer sería incidir sobre todas estas variables arriba descritas.

Por ejemplo, impulsar políticas que tengan como objetivo generar actividad productiva y la creación de empleo decente, aumentar la masa salarial y su participación en el conjunto de las rentas, mejorar la distribución de la renta, mejorar la calidad en el empleo, incrementar la productividad mediante inversión en I+D+i, facilitar la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, o luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida para integrar en el sistema una gran cantidad de recursos y rentas que hoy en día permanecen en la ilegalidad y no se traducen en más ingresos del sistema de la seguridad social.

¿Justifica el aumento de la esperanza de vida el alargamiento en la edad de jubilación?

Uno de los errores más extendidos entre los defensores de la privatización es que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, lo que les permite obviar que hay otras medidas socialmente más beneficiosas para fortalecer el sistema de pensiones públicas.

Es también un error porque del aumento de la esperanza de vida promedio en España (que ha pasado de 76 a 80 años entre 1980 y 2005) se deduce que el ciudadano medio español vive ahora cuatro años más. Lo cual no es cierto. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino hay también dos ciudadanos: uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vidaes de 20 más 80 dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato de esperanza de vida dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas, sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito.

Todos los documentos que defienden la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, como hemos visto, no es así. Y por tanto, alargar la edad de jubilación con esta interpretación errónea es evidentemente un error.

¿Cuál es la consecuencia de este error?

Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el anciano viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años.

La mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no es de cuatro años más que en 1980.

Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven.