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marzo 28th, 2010 — Régimen político y económico
Extraído del libro de:
Vicenç Navarro
Juan Torres López
Alberto Garzón Espinosa
¿Están en peligro las pensiones públicas? (I)
¿Están en peligro las pensiones públicas? (II)
¿Están en peligro las pensiones públicas? (III)
¿Están en peligro las pensiones públicas? (IV)
Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías.
Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces.
Parte 5:
¿Con qué argumentos se critica al sistema público de pensiones?
¿Cuál es el argumento demográfico que se utiliza para justificar la privatización de las pensiones?
Desde hace años se viene insistiendo en que la evolución demográfica va a ser muy negativa para la suficiencia financiera del sistema porque las estimaciones demográficas más aceptadas anuncian que la evolución de las tasas de natalidad y mortalidad llevará consigo un aumento de la población de más edad en el conjunto de la población. Según esas hipótesis, se producirá entonces un incremento sustancial de la población jubilada, mientras que será cada vez menor la proporción de los ciudadanos en edad de trabajar. En consecuencia, se deduce que la relación entre pensionistas y cotizantes (la llamada tasa de dependencia) tenderá a aumentar, lo que provocará que haya recursos insuficientes para financiar las pensiones públicas.
¿Qué es la tasa de dependencia?
La tasa de dependencia es un indicador estadístico que puede calcularse de diferentes formas según el propósito para el que se utilice. Para lo que aquí pretendemos podemos definirla como la relación entre la cantidad de personas que reciben pensiones y las que cotizan.
¿Cómo influye el envejecimiento de la población en la tasa de dependencia?
El envejecimiento de la población supone un incremento en la tasa de dependencia porque aumenta el número de pensionistas en relación con el de cotizantes. Si se reduce el número de cotizantes y se amplía el número de personas que tienen derecho a pensiones, entonces cada trabajador que cotiza está sufragando las pensiones de cada vez más gente. O, dicho de otra forma, aumentan los gastos (pensiones satisfechas) y se reducen los ingresos (cotizaciones efectuadas).
¿Es verdad que el envejecimiento afecta negativa e inevitablemente al sistema de pensiones?
El envejecimiento de la población no tiene por qué significar necesariamente que se produzca un desequilibrio entre los ingresos y los gastos en el sistema público de pensiones porque al mismo tiempo que aumenta el número de pensionistas pueden modificarse otros factores de los que depende el equilibrio entre ambos.
¿A qué se le llama equilibrio financiero del sistema de pensiones?
Se llama equilibrio financiero del sistema de pensiones a la situación en la que los recursos generados por el propio sistema de pensiones son suficientes para hacer frente al montante de pensiones que hay que satisfacer. Es decir, se alcanza el equilibrio financiero cuando las cotizaciones sociales en un determinado momento son suficientes para hacer frente a las pensiones de ese mismo momento.
Sin embargo, para poder decir si se puede alcanzar este equilibrio o no (como quieren demostrar los que proponen la privatización) hay que determinar cuáles son todos los factores de los que depende el equilibrio y qué problemas le pueden afectar.
¿De qué variables depende el equilibrio financiero?
La cantidad de ingresos que proceden de las cotizaciones depende lógicamente de las cotizaciones mismas, pero éstas dependen a su vez de una gran cantidad de variables a tener en cuenta.
Por lo tanto, para que la financiación del sistema llegue a desequilibrarse no basta con que la población envejezca y aumente el gasto, sino que deberían darse otras circunstancias que tienen que ver con las fuentes capaces de generar los ingresos de donde salen las cotizaciones sociales.
Los factores más importantes que hacen que pueda aumentar o disminuir el volumen de las cotizaciones sociales son los siguientes:
– El empleo y desempleo existentes.
– El nivel salarial.
– El volumen de actividad económica y su evolución a lo largo del tiempo, es decir, la tasa de crecimiento económico.
– La distribución de la renta.
– La calidad del empleo.
– La productividad del trabajo.
– La extensión de la economía sumergida.
– La tasa de actividad y de empleo femenina.
Solo cuando, además del envejecimiento, todos estos factores evolucionaran negativamente podría aventurarse que habría problemas financieros para el sistema público de pensiones.
¿Cómo afecta el paro al equilibrio financiero del sistema de pensiones?
Los altos niveles de desempleo, especialmente en la población más joven y en el paro de larga duración, reducen la cantidad de ingresos en el sistema de pensiones porque, lógicamente, los desempleados no pueden cotizar y, de esa forma, no pueden destinar recursos a los fondos de pensiones.
En cambio, si estuviesen trabajando se incrementaría notablemente la cantidad de ingresos y se podría mantener con mayor facilidad el equilibrio financiero del sistema de pensiones.
¿Qué papel desempeña la mayor o menor capacidad de generar actividad económica sobre el sistema de pensiones públicas?
Cuando el nivel de actividad de una economía es más alto, las cotizaciones sociales suelen ser también más elevadas. Por tanto, incluso en condiciones de alto envejecimiento, el sistema de pensiones público puede ser completamente viable si la economía es capaz de mantener ritmos adecuados de progreso de la actividad económica.
Sin embargo, es importante señalar que la mera existencia de tasas positivas de crecimiento económico no garantiza por sí sola ni la viabilidad del sistema ni el alcance de un mayor progreso económico y social. Si el crecimiento económico se mide exclusivamente con variables como el Producto Interior Bruto (PIB), que no tienen en cuenta ni la calidad de la actividad, ni las actividades no monetarias, ni los daños al medio ambiente, ni el despilfarro de recursos, entre otras cosas, el crecimiento puede ser realmente un proceso de destrucción de recursos y de deterioro económico.
Eso indica que los análisis de los defensores de la privatización basados solamente en hipótesis (ya de por sí infundadas) sobre la evolución del PIB no pueden ser consideradas ni creíbles ni rigurosas ni, como la experiencia ha demostrado, capaces de proporcionar previsiones realistas.
¿Cómo influye la distribución de la renta en la inviabilidad del sistema?
La desigual distribución de la renta afecta muy negativamente al mantenimiento del equilibrio financiero de las pensiones. Y no es para menos: la tendencia a la disminución de los salarios reales, o la tónica de distribución privilegiada a favor de los beneficios, merma gravemente el volumen recaudado de cotizaciones sociales.
Y en un país como el nuestro, en donde la participación de los salarios en la renta ha descendido más de diez puntos porcentuales en los últimos treinta años, este es un verdadero factor de distorsión en dicho equilibrio financiero
¿Y cómo influye la calidad del empleo?
La extensión generalizada del empleo precario o de baja calidad también afecta muy negativamente al equilibrio financiero del sistema de pensiones porque implica salarios más reducidos, lo que a su vez supone un menor nivel de cotizaciones sociales.
¿Qué ocurre cuando hay altos grados de economía sumergida?
Cuando una gran parte de la actividad económica está fuera de la ley, como ocurre con la llamada economía sumergida, no se generan cotizaciones sociales y, por lo tanto, no se contribuye al desarrollo del sistema público de pensiones.
¿Cómo influye sobre las pensiones la escasa participación femenina en el mercado de trabajo?
Como hemos señalado, los ingresos necesarios para financiar las pensiones o vienen de las cotizaciones sociales de los trabajadores empleados o de los impuestos, que podrán proporcionar una mayor recaudación cuanto más empleo haya en la economía. Por eso es muy importante que el empleo femenino sea el mayor posible. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social. Mientras que tener una tasas de actividad y empleo femeninas mucho más bajas que las de los países de nuestro entorno significa renunciar a una gran fuente de ingresos.
Por eso, una vía fundamental para garantizar el futuro de las pensiones es acabar con las dificultades que encuentran las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo. Y para ello es preciso fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para que no sean solamente éstas las que se hagan cargo del trabajo doméstico, e invertir en escuelas de infancia y en servicios domiciliarios.
La integración de las mujeres en el mercado de trabajo es una inversión pública de gran calado que es una estrategia fundamental para garantizar el futuro de las pensiones públicas.
¿Cómo es que los análisis que defienden la privatización no tienen en cuenta estas variables?
Es muy significativo que no contemplen este tipo de variables y que, como hemos dicho, se centren en establecer hipótesis (que nunca resultan acertadas) sobre la evolución del PIB. Ello demuestra que su intención no es la de establecer previsiones objetivas sino justificar sus propuestas privatizadoras que han establecido con anterioridad a la realización de los análisis.
¿Cómo habría que razonar entonces para poder establecer hipótesis sobre el equilibrio financiero de las pensiones y cómo actuar para alcanzarlo?
Habría que considerar todas esas variables y no solo las demográficas y la evolución del PIB. Si se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema lo que habría que hacer sería incidir sobre todas estas variables arriba descritas.
Por ejemplo, impulsar políticas que tengan como objetivo generar actividad productiva y la creación de empleo decente, aumentar la masa salarial y su participación en el conjunto de las rentas, mejorar la distribución de la renta, mejorar la calidad en el empleo, incrementar la productividad mediante inversión en I+D+i, facilitar la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, o luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida para integrar en el sistema una gran cantidad de recursos y rentas que hoy en día permanecen en la ilegalidad y no se traducen en más ingresos del sistema de la seguridad social.
¿Justifica el aumento de la esperanza de vida el alargamiento en la edad de jubilación?
Uno de los errores más extendidos entre los defensores de la privatización es que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, lo que les permite obviar que hay otras medidas socialmente más beneficiosas para fortalecer el sistema de pensiones públicas.
Es también un error porque del aumento de la esperanza de vida promedio en España (que ha pasado de 76 a 80 años entre 1980 y 2005) se deduce que el ciudadano medio español vive ahora cuatro años más. Lo cual no es cierto. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino hay también dos ciudadanos: uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vidaes de 20 más 80 dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato de esperanza de vida dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas, sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito.
Todos los documentos que defienden la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, como hemos visto, no es así. Y por tanto, alargar la edad de jubilación con esta interpretación errónea es evidentemente un error.
¿Cuál es la consecuencia de este error?
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el anciano viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años.
La mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no es de cuatro años más que en 1980.
Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven.
marzo 28th, 2010 — Régimen político y económico
por Robert Jensen / 26 de marzo de 2010
Hay considerable atención en los Estados Unidos ( y también en el nuestro) por el colapso del periodismo – tanto en términos de la desaparición del negocio para las empresas siguiendo el modelo de los medios de comunicación comerciales, y los cada vez más superficiales, poco profundos, sin sentido, con contenidos inadecuados para los ciudadanos preocupados con la auto – gobernanza. Este colapso se debe en parte a las grandes crisis en las esferas política y económica, y en las crisis arraigada en la incompatibilidad entre la democracia y el capitalismo. Nuevos vehículos para la información periodística se necesitan desesperadamente.
Se ha debatido mucho sobre de la necesidad de un nuevo periodismo, el reto de contar la historia de un mundo que se enfrenta a múltiples crisis en los ámbitos de la justicia social y la sostenibilidad. Este colapso de los sistemas de base política y económica del mundo moderno, con consecuencias dramáticas en los frentes humano y ecológico, exige no sólo una información mediante nuevos vehículos, sino también una nueva historia.
En este ensayo quiero repasar el fracaso de los sistemas existentes y sugerir ideas para pensar en algo radicalmente diferente, a través de la óptica de la labor de los periodistas. La frase «cómo pensar» no debe interpretarse en el sentido de «proporcionar un plan bien desarrollado para lo que no tengo respuestas mágicas para estas difíciles preguntas. La primera tarea es hacer frente al hecho de que todos los problemas a los que nos enfrentamos no tienen necesariamente una solución que podamos identificar, o incluso imaginar, de momento, pero que los sistemas actuales de identificación no lo hayan hecho no quiere decir que no tengamos la capacidad para diseñar nuevos sistemas que tengan éxito.
Esta es una actitud realista, no derrotista. La falta de una garantía de éxito no significa la inevitabilidad de un fracaso, que no nos absuelve de nuestra responsabilidad de tratar de comprender lo que está sucediendo y actuar como agentes morales en un mundo difícil. De hecho, creo que ese realismo es necesario para intentos serios de configurar una respuesta a la crisis. Las soluciones posibles pueden venir de marcos tan diferente de nuestra comprensión actual que aún no podemos ver ni siquiera sus contornos, y mucho menos los detalles. Este es un momento que debe centrarse en «cuestiones que van más allá de las respuestas disponibles», para usar una frase de la agricultura sostenible del investigador Wes Jackson.
La historia de siempre
Antes de asumir este reto, quiero identificar la historia que domina nuestra época, lo que podríamos llamar la historia del progreso perpetuo y la expansión sin fin. En la narrativa cultural más amplia, se ofrecen historias específicas que aparecen en los puntos de venta periodísticos. Trazar la historia de esta historia está más allá del alcance de este ensayo, así que me limitaré a la era post-Segunda Guerra Mundial en la que he vivido, cuando este progreso ha dominado la historia de esta expansión no sólo en los Estados Unidos, sino en otros países desarrollados de la mayor parte del mundo.
Esta historia es como sigue: En el mundo moderno, los seres humanos han extendido dramáticamente nuestra comprensión de cómo funciona el mundo natural, lo que nos permite no sólo controlar y explotar los recursos del mundo no humano, sino también encontrar la manera de distribuir esos recursos en un mundo más justo y de manera democrática. La historia de esta expansión supone que tenemos conocimiento, – o la capacidad de adquirir conocimiento – y que es el adecuado para dirigir el mundo de manera competente, que con la aplicación de ese conocimiento se produce una recompensa de una nueva expansión que, en teoría, se puede ofrecer a todos.
Los dos grandes sistemas de la era post-Segunda Guerra Mundial que estaban en conflicto directo – el Occidente capitalista liderado por los Estados Unidos y el Oriente comunista encabezado por la Unión Soviética – compartieron la fidelidad de esta historia, que los seres humanos tenían la capacidad para comprender y controlar , para dar forma al futuro, para convertirse en una especie de dioses en algún sentido. Incluso en los lugares marginales con una cierta independencia en la Guerra Fría, como la India, está dominada por la misma filosofía, evidenciada con mayor claridad en los proyectos hidroeléctricos y el modelo de la Revolución Verde de uso intensivo del agua, y la agricultura química.
El hecho de que tras el desafío comunista se dijera que era «el final de la historia», un punto donde lo único que quedaba era la aplicación de nuestros conocimientos técnicos a los problemas que persisten dentro de un sistema de capitalismo global y de democracia liberal. Incluso con el aumento de la desigualdad y las amenazas claras para el ecosistema por la intervención humana, el progreso o la historia de expansión continúa dominando, impulsado por un fundamentalismo tecnológico muy extendido (más sobre esto más adelante).
La etiqueta adhesiva de esta filosofía: cuanto más grande mejor, para siempre.
Pero hay un pequeño problema: Si seguimos creyendo esta historia, la de basar las decisiones individuales y colectivas sobre las políticas, se acelerará dramáticamente la reducción del capital ecológico del planeta, acelerando el momento en el que el ecosistema no podrá sostener la vida humana tal como la conocemos en este nivel. Es el proceso que podemos esperar, más desigualdad, pero en tiempos de una intensa competencia por los recursos, un aumento dramático en los conflictos sociales.
Esta crítica no se puede calificar de histérica, sino que es un criterio razonable, teniendo en cuenta todas las pruebas. El progreso nos ha dejado con unos elevados niveles de desigualdad humana que violan nuestros principios morales y amenazan con socavar toda la estabilidad social, y un ecosistema en peligro de extinción que amenaza nuestra supervivencia. Los sistemas e instituciones que ideemos deben sustituir a los ya existentes para atajar estos problemas: el modelo de progreso tiene que cambiar.
marzo 24th, 2010 — Régimen político y económico
Te prometieron que si estudiabas una carrera tendrías un buen trabajo, y ahora encadenas contratos temporales de mil euros.
Te aseguraron que comprar una vivienda era la opción sensata, y ahora tienes una deuda para los próximos 30 años más cara que tu casa.
Te dijeron que si trabajabas para una gran empresa, y eras fiel y cumplidor, harías carrera, y esa empresa te ha dejado en paro.
Ahora que sabes que todo lo que te dijeron que tenías que hacer para tener una vida próspera y tranquila era mentira, ¿qué vas a hacer?
Puedes lamentarte de tu mala suerte.
Puedes culpar a los empresarios, al gobierno, a los especuladores, al capitalismo, a los sindicatos, al sistema…
Puedes insistir en hacer lo mismo, pero con más ahínco: estudiar un master además de la carrera, buscar un trabajo en una empresa más grande, jugar mejor al juego de las propiedades inmobiliarias.
O puedes tomar las riendas de tu vida y decidir que si las reglas antiguas no valen para los otros tampoco valen para ti.
No suplicar que te den un trabajo, sino crear tus propias fuentes de ingresos.
No estudiar una carrera, sino aprender y practicar tu pasión hasta conseguir que otros paguen por lo que realmente vales, sin obligarte a competir con miles de licenciados indistinguibles entre sí.
Aprender a manejar tu dinero, sin fiarte a ojos ciegos de los consejos de personas que han vivido en otro siglo en el que las reglas y las oportunidades eran otras.
Nadie te avisó de que las reglas habían cambiado, pero ahora ya lo sabes.
Ahora solo tú eres responsable de tu futuro.
http://desencadenado.com/2010/03/te-han-enganado-en-todo.html
marzo 23rd, 2010 — Régimen político y económico
por John Walsh / 23 de marzo de 2010
Que no haya dudas al respecto: la reforma de la Ley de Asistencia Sanitaria votada en el Congreso el domingo pasado es una capitulación que dejará a 30.000.000 de estadounidenses a merced de las compañías de seguros, precisamente lo contrario de lo que se pretendía.
Los defensores de la reforma legislativa y los que firmaron por lealtad a sí mismos y sus carreras políticas en el Partido Demócrata, como el narcisista Dennis Kucinich, se quedaron con sólo este argumento. ¿Cómo se puede dar la espalda a 30 millones de personas que quedan sujetas al control de las aseguradoras privadas? La respuesta más breve fue la que dio Ralph Nader en una entrevista conjunto con el traidor Kucinich, que se derrumbó cuando llegó la hora del voto, pudiendo haber detenido esta atrocidad legislativa.
Para Nader el argumento principal es el cuidado de la salud. Para Kucinich su atención es Kucinich.
La respuesta de Nader:
“En primer lugar, la aplicación de la legislación aprobada no se iniciará hasta el año 2014, después de que hayan muerto 180.000 estadounidenses (El número de muertes producidas en un periodo de tres años por la ausencia de seguro). En segundo lugar, no hay ninguna garantía. Las compañías de seguros no pierden con este sistema: se les ofrece nuevas oportunidades, está lleno de ambigüedades, e incluso puede que el sistema sea aún peor que el anterior.
Hay más personas cubiertas ¿no?. Hay una obligación de adquirir una póliza chatarra de seguro. No hay ninguna regulación en los precios de los seguros. No se hace ninguna regulación de las leyes antimonopolio al respecto. Todo por lo que Dennis venía luchando se ha venido abajo. No hay un reglamento que impida a las Compañías de Seguros hacer de este proyecto un rebujo y prenderle fuego, como si de nada sirviese. Nada ha cambiado. No hay posibilidad de crear una organización nacional que vigile por la salud de los consumidores, que se ha propuesto muchas veces pero que los Demócratas ignoran, con el fin de dar voz a las personas…
Es realmente un desastre.”
Este proyecto de ley abre las puertas a la industria del seguro, que ha estado inusualmente tranquila durante el periodo de debate sobre la atención sanitaria. Vemos a Obama en un lacayo de los intereses creados en torno a los sectores de las finanzas, puesto que la ley se extiende a más gente en el ámbito de “los sistemas de seguros privados”. Dicho en otras palabras, más personas serán cubiertos por seguros de mierda llenos de letra pequeña. En definitiva, seguirán pagando los mismos.
Hay tres características esenciales de los seguros privados de salud que los hacen despreciables e inhumanos:
— En primer lugar, el uso de las primas de seguros “para hacer cumplir la desigualdad en la atención sanitaria”, como hace notar el doctor David Himmelstein. Pues bien, el nuevo sistema no es igualitario, de modo que la salud no se convierte en un derecho, sino que depende cada vez más del poder adquisitivo de cada uno.
— En segundo lugar, las aseguradoras laborales pueden aumentar sus beneficios y sus jefes vivir como reyezuelos. Estos parásitos se refieren al mínimo “indice de siniestralidad”, como lo llaman, que es el empleo de una mínima parte a la atención real. Para ellos esto es una “pérdida”.
— Por último, se convierte en una fuente de chantaje para las aseguradoras. Es decir, si usted desea una atención sanitaria debe pagar quizás para no recibir nada, porque ellos se pueden negar a algunos tipos de atención.
Esto es lo que llama Obama nuestro sistema de seguros privados, y que refleja lo más característico de nuestra economía, donde el parasistismo del capital financiero, que crece cada día más, exige de medidas especiales, ya sean de salud, de pensiones, de educación, en la vivienda, o en una vida digna. Una nación tan rica como la nuestra no tiene elementos esenciales para una vida decente.
Ha sido una cruzada que ha sucumbido a las presiones. Como la cesión de Dennis Kucinich, parecida a aquella otra traición de Kerry a favor de la guerra en el año 2004, o la del mismo Obama en 2008. No hay una evidencia más poderosas que la del Partido Demócrata convirtiéndose en algo ya sin valor para forzar un cambio, como cuando no hace mucho tiempo, aunque parezca ya tanto, todavía existía un sueño de los progresistas y el Congreso sobre el tema de la Asistencia Sanitaria. Y encima surgen los Kuciniches que miran más por su carrera que por la salud de los estadounidenses.
http://dissidentvoice.org/2010/03/americans-to-die-for-the-sake-of-the-insurance-execs/
marzo 21st, 2010 — Régimen político y económico
por C. Ford Runge
Yale Environment 360
Sábado, 20 de marzo de 2010
A pesar de todo lo que se ha dicho sobre la intensificación de cultivos para la producción de etanol, el perjuicio que causa en el ambiente y los problemas que crea a los pobres del mundo la administración Obama sigue respaldando las subvenciones y programas para que la mitad de la cosecha de maíz de Estados Unidos se utilice para su transformación en biocombustibles. Pues bien, los biocombustibles no son energía verde.
Es grande la evidencia de que el cultivo de maíz, de soja y otros cultivos alimentarios para la producción de etanol ejercen una pesada carga sobre el medio, aumentando el precio de los productos básicos en la alimentación, perjudicando a los que menos tienen. Hay un hecho sorprendente: este año, más de 1/3 de la cosecha récord de los 335 millones de toneladas de maíz se utilizarán para producir etanol. Es más, dentro de 5 años se prevé que el 50% de la cosecha de maíz de EE.UU se convertirá en biocarburantes.
Hay otro hecho preocupante. A pesar del alto déficit en EE.UU, y a pesar del apoyo que el presidente Obama ha dado a las energías renovables, también ha apostado por el etanol producido a partir de maíz, otorgando subsidios, manteniendo los precios, todo con la idea de que sigan alimentando a nuestros vehículos. A principios de febrero, el presidente lanzó nuevas iniciativas para impulsar la producción de etanol a partir de productos alimentarios y otros, siguiendo el mandato del Congreso, que pedía se triplicara la producción de biocombustibles a 36 millones de galones para 2022 (1 galón= 3,785 litros).
El Congreso y la administración Obama están pagando miles de millones de dólares a los productores de biocombustibles, previendo aumentar las subvenciones de forma gradual hasta 2022, o quizás hasta 2030. Los productores dicen que es una “energía verde”, pues nos hace menos dependientes de la utilización del petróleo, y también un impulso para los agricultores, pues obtienen precios más altos por sus productos agrícolas.
Sin embargo, si echamos un vistazo a su impacto en los productos alimentarios y el medio ambiente, produciendo una eutrofización del agua de nuestras zonas húmedas por la presencia de los fertilizantes, el monocultivo y las emisiones de gases de efecto invernadero, sugiere que lo vemos no tiene nada de verde. El Congreso y la Administración tienen que reconsiderar si están tirando el dinero de mala manera. El camino abierto por los biocombustibles demuestra que el pensamiento ecológico también va unido a un pensamiento más lógico.
Las inversiones en biocombustibles han crecido rápidamente en la última década, acelerándose sobre todo en los países en vías de desarrollo y en Brasil, cuando los precios del petróleo comenzaron a subir por encima de los 25 dólares el barril, alcanzando un máximo de 120 dólares por barril en el año 2008. Entre 2001 y 2008, la producción mundial de etanol se ha triplicado, pasando de los 4,9 millones de galones a 17 millones de galones, mientras que la producción de biodiésel ha aumentado de los 264 millones de litros a 2,9 millones de galones. Juntos, Los EE.UU y Brasil producen la mayor parte del etanol mundial. El biodiésel, otro de los biocombustibles, se produce principalmente en la Unión Europea, cinco veces más que en los EE.UU. En la Unión Europea, se prevé que aumente la producción de etanos y biodiésel a partir de las semillas de plantas oleaginosas, trigo y maíz, que desde un uso insignificante pasará a 21, 17 y 5 millones de toneladas en 2016, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.
¡Perdone, pero lo necesito para hacer funcionar mi coche!
EE.UU, que es un exportador de grano y semillas oleaginosas para la alimentación, aumenta su producción de biocombustibles incluso cuando la demanda mundial de alimentos sigue siendo muy alta, con los precios en aumento. El apoyo del Gobierno a la industria de los biocarburantes ha ido en aumento y actualmente se hace de forma masiva por un programa federal que puede ser positivo para los Estados agrícolas, pero negativo para el conjunto de los contribuyentes.
Estos apoyos mediante subsidios son un testimonio del poder de los grupos de presión y su influencia en el Congreso de los EE.UU. El nivel de precios alcanzado fomenta la producción de maíz y soja como materia prima, pero hay otras formas por las que el Gobierno es generoso: una de ellas son las llamadas “normas de combustibles renovables”. En los EE.UU, en 2007, la legislación energética planteaba una producción en biocarburantes de 36 millones de galones para el año 2022. Esto produjo la llegada de inversiones en estos combustibles, con una garantía de demanda segura, pero generando un exceso de oferta.
Por otra parte, están las ayudas directas a la producción de biocombustibles, que elevan los precios de las materias primas, con un aumento del precio del maíz, Se están pagando 45 centavos por galón de incentivo fiscal para el etanol, lo que equivale a 200 dólares por acre de tierra ( 0,40 hectáreas) , que ya no produce alimento, sino que llena los depósitos de los coches. También paga una cantidad de 1 dólar por galón a las plantas de biodiésel y etanol.
Por último, son 54 centavos por galón los aranceles que ponen a la importación de biocombustibles para proteger la producción nacional de la competencia, especialmente de Brasil, que lo obtiene a partir de la caña de azúcar (que es producido a menos costo que lo obtenido en EE.UU a partir del maíz). Estas subvenciones permiten a los productores de etanol pagar más por las material primas, lo que se observa en los precios registrados en 2008 para el maíz, la soja y el trigo. Todo indica que irá subiendo, de mantenerse los rendimientos actuales.
El rápido aumento de los precios de los cereales y semillas oleaginosas debido a la expansión de los biocarburante ha producido un shock en los consumidores de todo el mundo, especialmente durante 2008 y principios de 2009. De enero de 2005 a 2008, el precio mundial del trigo aumento un 143%, el maíz un 105%, el arroz un 154%, el azúcar un 118% y las semillas oleaginosas un 197%. En 2006-2007, este ritmo de crecimiento acelerado, según el Departamento de Agricultura de los EE.UU, es “debido a la continua demanda de biocombustibles y por la sequía en los países productores” El aumento en los precios desde entonces se ha moderado, pero muchos creen que puede ser algo temporal, habida cuenta de su mayor utilización en las producción de combustibles.
Es en los países pobres donde el aumento de los precios supone una amenaza directa a la renta de que se dispone y la seguridad alimentaria. La subida de los precios en estos países ha sido nefasta para los más de 1.000 millones de pobres, que padecen inseguridad alimentaria crónica. Los agricultores pobres de Bangladesh apenas obtienen para su subsistencia y no tienen ningún excedente de producción para vender, lo que indica que no se benefician de los precios más altos del maíz y el trigo. Y los habitantes de barrios pobres de Lagos, Calcuta, Manila o Ciudad de México, no producen alimentos y tienen que emplear hasta el 90% de sus ingresos para obtener alimentos.
Pero lo más preocupante de las recientes críticas que se han hecho de los biocombustibles se refieren a su impacto en el medio. En EE.UU, las enormes cantidades de agua que se necesitan para el proceso de transformación de lo granos o el azúcar en etanol, ya es un problema, pero también se gasta mucho en el riego de los cultivos. Sembrar maíz para producir etanol, según un estudio realizado en 2007 por la Academia Nacional de las Ciencias de EE.UU, consumo 200 veces más agua que la utilizada en el proceso de transformación del maíz en etanol.
Otro problema más grave puede surgir: la superficie cultivada de maíz, que se expandió más de un 15% en 2007 en respuesta a las demandas de etanol, requiere la utilización de fertilizantes, añadiendo nitrógeno y fósforo, que se filtra en lagos y ríos, entrando en la cuenca del río Mississippi. Se ha agravado por los sistemas empleados en los cultivos, que transportan el agua contaminada por medio de zanjas de drenaje hacia las cuencas hidrográficas locales. Como resultado, la presencia de nitrógeno y fósforo en el Mississippi y el Golfo de México fomenta el crecimiento de las algas, y los organismos presenten en el agua carecen del oxígeno necesario, provocando una rápida hipoxia, zona muerta, en el Golfo.
Todo ello para alimentar a la bestia de los biocombustibles. Un estudio de 2007 publicado en Science señalaba que sólo producir el 10% del combustible necesario en los EE.UU requeriría el cultivo del 43 % de las tierras cultivables. Nuevas tierras se pondrán en cultivo, provocando daños ambientales y favoreciendo la desaparición de bosques y otras tierras hasta ahora no utilizadas, al igual que en otras partes del mundo.
Otros dos estudios de 2008, se centraron en las emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso de la tierra para la producción de biocombustibles. Si las selvas tropicales, las turberas, la sabana o las praderas se convierten en tierras productoras de biocombustibles, se va a producir un aumento neto de las emisiones de efecto invernadero.
Un tercer estudio del Premio nobel de Química Paul Crutzen de 2007, hizo hincapié en el impacto de las enormes cantidades de nitrógeno que harían falta para hacer crecer los cultivos de maíz y colza. El nitrógeno necesario para que crezcan los cultivos provoca una emisión de Óxido Nitroso a la atmósfera, un gas de efecto invernadero 296 veces más perjudicial que el CO2, contribuyendo más al calentamiento global que la utilización de los combustibles fósiles.
Así que visto lo visto, los biocombustibles más que un combustible verde es marrón. Es una ironía, pero lo que parecía una alternativa que daba recursos a los agricultores, se ha vuelto en contra de la mayoría.
Habría que congelar los excesos de inversión, reducir los créditos, sobre todo cuando el maíz tiene un precio alto, recortar las protecciones arancelarias, para fomentar una reducción de costes en los productores de los EE.UU. El alto coste humano y ambiental por la utilización del maíz, la soja y otros cultivos alimentarios para producir biocombustibles, debe llevar a los gobiernos al empleo de otras alternativas energéticas, renovables y sostenibles, como la eólica, la solar, o quizás los biocombustibles obtenidos a partir de algas, cultivadas en las plantas de tratamiento de residuos.
Sin embargo, lamentablemente, como ocurre en todos los ámbitos, los Gobiernos compensan la ineficiencia y buscan el fácil camino de una rentabilidad política.
http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_58981.shtml
marzo 20th, 2010 — Régimen político y económico
por Julio Alonso, 19 de marzo de 2010
El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley de Economía Sostenible y de anunciar que lo envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Todavía habrá que agradecerles que no lo aprueben por la vía rápida mediante un Decreto-Ley. Han transcurrido tres meses y medio después de que el lobby internacional del copyright introdujese, en un Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que nada tenía que ver con la propiedad intelectual, una ominosa Disposición Final Primera destinada a cerrar impunemente páginas web sin intervención judicial. En el camino queda una fuerte movilización en internet, falsas promesas de volver a ser recibidos para consultas, las críticas de varios de los organismos pertinentes consultados sobre la misma y unas pequeñas modificaciones cosméticas en el texto que no varían en absoluto el alcance y espíritu de las medidas.
En síntesis lo que tenemos es un proyecto de ley que, salvo que algo cambie radicalmente, será aprobado sin modificaciones o con cambios mínimos por el parlamento, y que permitirá a una comisión administrativa dependiente del ministerio de cultura cerrar las páginas web que le parezca pertinente. Para empeorar todavía más el asunto, la composición de dicha comisión no se establece en la ley ni se conoce, aunque todo apunta a que en ella estarán presentes las entidades de gestión. Una vez decidido el cierre, un juez revisará que no se vulneran la libertad de expresión o de información, pero no entrará en el fondo de la cuestión. No revisará si efectivamente hubo o no una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Ante este cierre, cabrá recurrir por la vía ordinaria y ver si después de unos años la justicia te da la razón y puedes volver a abrir tu web. Eso sí, incluso si al final ganas, olvídate de que alguien te vaya a compensar. Es, con toda claridad, una justicia paralela. Una justicia que no es justicia.
La defensa de la propiedad intelectual se convertirá así en la gran excusa para censurar y controlar internet. Cualquier página web es susceptible de estar infringiendo derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los interesados, que serán muy probablemente los que controlen la comisión. Se impondrá la interpretación de que enlazar a contenidos protegidos equivale a publicarlos, aunque los jueces se empeñen en decir lo contrario. Y con ello todas las webs con enlaces, y la estructura misma de Internet estarán en peligro. Así, se podrán cerrar páginas molestas de todo tipo. Es más, si funciona como pretenden sus impulsores, ni siquiera esto hará falta. Habrán creado un régimen de autocensura suficiente para que la gente no se atreva a publicar según qué cosas. O para que una simple amenaza de denuncia ante la comisión baste para que se retiren los contenidos o críticas no deseados.
El envío al parlamento del proyecto de ley en estos términos, y más en las circunstancias en las que se ha hecho (sin dar a conocer el texto, sin mencionarlo en rueda de prensa, sin mencionarlo en un dossier de más de 60 páginas, sin permitir que hubiera preguntas sobre el tema en la misma), viene a consumar una importante brecha digital entre la sociedad en internet y nuestra clase política, con el gobierno al frente.
Internet se ha convertido en una plataforma de comunicación, de expresión, de información y de innovación sin precedentes en la historia de la humanidad. Es, sin duda, un elemento clave para el progreso de las sociedades modernas. Es a la sociedad del siglo XXI lo que la electricidad fue a la de finales del XIX. La base sobre la que se construye la sociedad del futuro, sobre la que se cimientan todas las demás innovaciones. Pretender impulsar la economía sostenible y la innovación de espaldas a internet es no haber entendido nada. Es condenar a España a perderse la revolución digital, de la misma forma que nos perdimos la revolución industrial.
La clase política, con la complicidad de buena parte de los medios tradicionales, ha calculado que la protesta de internet no iría a más. Que estaba hecha de gaseosa. Que con manejar bien los mensajes, como han hecho siempre, bastará para que el asunto se olvide, para que no haya movilización ni contestación, para que se quede en unos pocos protestando en el vacío, sin ninguna repercusión en el mundo físico. Ellos están organizados. Saben cómo moverse, como influir. Saben cómo hacer para que un asunto pase inadvertido, para que no se pregunte por él. Y piensan que, esta vez también, van a salirse con la suya.
Yo creo que no. Que hemos traspasado ya un umbral invisible pero importante. Que el número de personas que están en internet, que la usan todos los días y que la valoran como algo realmente imprescindible en sus vidas es mucho más alto de lo que los políticos se imaginan. Somos muchos los que consideramos que el tratamiento que se haga en política de internet es un asunto clave. Capaz de cambiar nuestro voto. Capaz de hacer que nos movilicemos y nos organicemos. Si nos atacan, nos defenderemos. En nuestro terreno encontraremos medios tecnológicos para esquivar sus intentos de control y de censura. En el suyo poco a poco iremos ganando espacios. Iremos organizándonos, iremos actuando.
Sé que no somos decenas de millones. Pero también sé que cada día somos más. Y que cada día tomamos más conciencia de nuestro número y de nuestro poder para cambiar las cosas. No será cosa de unos días. Puede que no consigamos parar esta ley. Pero estamos creciendo, estamos haciéndonos más fuertes. Y estamos tomando nota.
http://www.noalcierredewebs.com/
marzo 20th, 2010 — Régimen político y económico
por Anthony Lawson / 19 de marzo de 2010
No es una teoría, sino un hecho, bien conocido por el movimiento 9 / 11 Truth: la Comisión del 11 S no pudo asegurar que los organismos gubernamentales, como la NTSB, el FBI o la CIA, se hubiesen encargado de identificar a los aviones que estuvieron involucrados en los sucesos del 11 de septiembre de 2001.
No se necesita estar graduado en Harvard para saber que el primer requisito y más importante en cualquier investigación criminal es determinar la causa de la muerte, lo que obliga a localizar e identificar el lugar del suceso, el arma utilizada, o en el caso del 11S las armas. No hay ninguna duda de que cada uno de los cuatro aviones que fueron secuestrados la mañana del 11S fueron utilizados como un arma homicida, tal y como presentaron los hechos el gobierno de los EE.UU y la Comisión del 11S, pero la verdad es que no hay nada que una a los cuatro aviones supuestamente secuestrados con los lugares donde se produjeron los impactos.
No es descabellado sugerir que si un abogado, incluso menos importante que Alan Dershowitz, se comprometió a defender a las empresas de seguridad de los aeropuertos que supuestamente permitieron el paso por todos los controles y llegar hasta los aviones a los 19 árabes, inmediatamente pediría la anulación de dicha prueba, porque los aviones que presuntamente impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el otro se estrelló cerca Shanksville, nunca fueron identificados como los aviones que al parecer habían sido secuestrados esa misma mañana.
la asimetría del 2º avión no encuentra parecidos con ningún otro avión de línea existente. Menos aún con un Boeing 767 de American Airlines.
Y esto no puede ser negado, como explicaré a continuación
Se dice que los aviones en cuestión fueron los siguientes: vuelo 11 de American Airlines (número N334AA), que se estrelló contra la Torre Norte; vuelo 175 de United Airlines (N612UA), contra la Torre Sur; vuelo 77 de American Airlines (N644AA), contra el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines (N591UA), que supuestamente se estrelló cerca de Shanksville, Pennsylvania. Pero la verdad es que podrían haber sido otros aviones que llegaron de lugares muy diferentes, ya que los restos recuperados en los cuatro lugares de los impactos nunca fueron objeto de un análisis forense para relacionarlos con los aviones que despegaron del aeropuerto Internacional Logan de Boston, Internacional Dulles de Washintong y Newark Internacional, en Nueva Jersey, y que fueron secuestrados poco después. Por lo tanto no hay vínculos, y sí dudas razonables, sobre una infracción a las normas de seguridad de los aeropuertos.
Es una ironía, una circunstancia única en los anales de la jurisprudencia estadounidense, si los supuestos motivos utilizados para iniciar guerras contra dos naciones soberanas, así como la denominada guerra contra el terror, no se utilizaron como prueba en un procesamiento criminal o en un pleito por daños civiles en los tribunales de justicia norteamericanos.
Siempre que se produce un accidente aéreo se realizan investigaciones por la NTSB, una oficina de investigación aérea, que emite un informe detallado de las causas de los accidentes. En estas investigaciones, aparecen los números de serie de las piezas recuperadas para ser cotejadas con las de la compañía aérea, que recibieron al comprar los aviones y como registro de mantenimiento. Se trata así de determinar la causa del accidente, como sospecha de un fallo mecánico como posible causa.
Podríamos citar los testigos del enviado de Fox News al World Trade Center, quien aseguró que no se trataba de un avión de línea, pues no tenía ventanillas, era completamente gris y presentaba una escrita azul en la parte delantera. Otros testigos afirmaron que era un bimotor gris y que "no era un vuelo de American Airlines
Sin embargo, la NTSB confirmó, por primera vez desde su creación en 1967, después de haber investigado más de 124.000 accidentes de aviación, que no participó en la investigación de los accidentes aéreos del 11S. Así que es cuestión de fe, y de los que nos dicen los medios oficiales, de que los cuatro aviones fueron secuestrados por terroristas árabes, algunos de los cuales siguen vivos.
Lo que es más inquietante es que la documentación existente, disponible en Internet, demuestra que el FBI, respaldado por una carta del Departamento de Justicia, se ha negado a revelar información sobre cualquier resto recuperado del lugar del accidente, incluyendo la Caja Negra, que es donde se registraron los datos de vuelo, y que fue encontrada cerca del accidente del vuelo 93 de United Airlines. Una transcripción hecha desde la grabación fue la base para varios dramas televisivos, obteniendo galardones de la Academia.
También una parte del motor a reacción de unos de los aviones, se observa en varios vídeos como cae por la cara norte de la Torre Sur del WTC, afectando a un edificio en su caída, siendo fotografiado y grabado en vídeo en el lugar del impacto, en el cruce de la calles Church and Murray, antes de que se enterrasen como relleno en Staten Island. Los investigadores de los asesinatos deben estar preocupados por la falta de custodia y de preservación de importantes pruebas, en espera de su identificación.
Se trata de un avión militar del ejército de EE.UU.. El que aparece en la foto presenta 4 motores, pero el modelo E-10 presenta 2 motores, como el avión que se estrelló en la Torre Sur.
Los acontecimientos de 11S tuvieron más consecuencias que la destrucción de vidas y bienes en los EE.UU, fue la razón para el inicio de tres guerras. Es obvio que un influyente editorialista del The Wasington Post no podía detenerse en investigar un asunto de tanta relevancia, que personas con muchos menos recursos han hecho, pero que sí ha lanzado un duro ataque a un miembro del Parlamento japonés y al movimiento World-Wide 9 / 11 que ponían en duda la versión oficial.
Es un hecho que la Comisión del 11S no hizo bien su trabajo, lo cual no es excusa para que los periodistas no hagan bien el suyo. Periódicos como el New York Times, Rhe Wall Street Journal, The Washington Post y Los Angeles Times, están jugando un papel importante dentro de una campaña que trata de impedir que se conozcan todos los sucesos de aquel día. Editores y propietarios de los periódicos son también responsables de un delito de encubrimiento.
La falta de identificación de los aviones no es la única razón por la que habría que declarar nulas las conclusiones de la Comisión del 11S, y sus miembros declararlos culpables, al menos por la omisión de graves irresponsabilidades en la recolección de pruebas que se utilizarían para la redacción del informe final. Incluso una mirada superficial al colapso del World Trade Center y las Torres del WTC 7, ponen en cuestión los resultados que los expertos del Instituto Nacional de Estándares Y Tecnología, NIST, divulgaron.
La no identificación de las armas utilizadas en los atentados rompe todas las reglas del libro más elemental sobre el arte de enseñar a resolver crímenes.
http://dissidentvoice.org/2010/03/a-little-known-fact-about-the-911-planes/
marzo 19th, 2010 — Régimen político y económico
¿Están en peligro las pensiones públicas? (I)
¿Están en peligro las pensiones públicas? (II)
¿Están en peligro las pensiones públicas? (III)
Extraído del libro de:
Vicenç Navarro
Juan Torres López
Alberto Garzón Espinosa
Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías.
Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces.
Parte IV:
¿Llevan razón quienes afirman que el sistema público de pensiones es inviable? ¿Hay consenso sobre ello?
¿Qué argumentos dan los defensores de la progresiva privatización?
Aunque fueron muy dispares pueden sintetizarse en los siguientes:
– La evolución demográfica hará que cada vez haya más personas jubiladas y menos trabajando, de modo que será imposible que haya recursos suficientes para financiar las pensiones.
– Las tasas de desempleo tenderán a aumentar y, por tanto, habrá menos cotizantes y, en consecuencia, también menos recursos para financiarlas.
– La edad de incorporación al primer empleo tiende a retrasarse. Como eso acorta la vida activa, disminuye el período en que se puede estar cotizando y habrá menos fondos para financiar las pensiones.
– La vida activa también se acorta porque igualmente se tiende a la reducción de la edad de jubilación, ya sea porque esto se potencia para luchar por el desempleo o porque los sistemas vigentes incentivan la jubilación al ofrecer pensiones atractivas.
¿Qué dicen que habría que hacer entonces?
Los defensores de la privatización argumentan que como consecuencia de esas circunstancias van a generarse menos recursos. Además, se dice que las alternativas posibles para mantener las pensiones públicas tales como aumentar las cotizaciones sociales, incrementar la aportación del Estado a la financiación del sistema, o elevar la presión fiscal global, no son factibles. De ahí que concluyen que la única alternativa posible es avanzar cuanto antes en la dirección privatizadora que acabamos de apuntar.
¿Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de abandonar o de privatizar el sistema público de pensiones porque éste sea inviable?
Los defensores de la privatización afirman que sus propuestas responden a un consenso unánime entre los expertos. Pero eso no es cierto. De ninguna manera existe tal consenso porque son muchos los expertos que han demostrado claramente lo contrario y que la privatización total o parcial de la seguridad social es innecesaria, salvo si se quiere beneficiar a los grandes capitales financieros.
Son muchos los economistas, incluso premios Nobel de economía como Joseph Stiglitz , conocedores de la experiencias internacionales llevadas a cabo a nivel mundial como Mesa Lago , expertos en España como Adolfo Jiménez, Camila Arza, Felipe Serrano, Ignacio Zubiri, Vicenç Navarro entre otros, que han demostrado en repetidas ocasiones y por diferentes vías, que las tesis neoliberales de privatización de las pensiones carecen de fundamento y rigor científico . Importantes instituciones como la Organización Internacional del Trabajo o el Consejo de Europa han mantenido posiciones críticas respecto a las propuestas el Banco Mundial. Incluso algunos líderes políticos como la Presidenta del Gobierno chileno, la Sra. Bachelet, que gobernó un país donde tiene vigencia desde la dictadura un sistema de pensiones privado (que poco a poco se pretende revertir) han afirmado claramente a raíz de su propia experiencia, que el sistema privado que se pretende imponer manifiesta grandes deficiencias.
¿Quiénes ponen en cuestión la viabilidad del sistema?
Es fácil comprobar que los defensores de la privatización más o menos encubierta de las pensiones públicas son los grandes empresarios que desean dejar de pagar cotizaciones sociales, los bancos que pretenden gestionar los ahorros ahora en manos del sector público, o economistas que están en su nómina o seducidos por la fe ciega en el libre mercado y su mano invisible. Además, los políticos de ideología liberal o incluso algunos de adscripción formalmente socialdemócrata que aplican, en la práctica, los principios neoliberales.
¿Aciertan en sus previsiones quienes constantemente auguran la inviabilidad del sistema público de pensiones?
También es fácil comprobar que los “expertos” que vienen insistiendo en que el sistema público de pensiones está condenado a la quiebra se equivocan continuamente en sus predicciones.
El caso español es esclarecedor. Para argumentar sus propuestas privatizadoras todos ellos habían previsto primero que en el emblemático año 2000 se produciría un importante déficit del sistema, como anticipo de su deterioro venidero. Y lo mismo vaticinaron más tarde para 2005.
Herce aseguraba en junio de 2009 que “el sistema público de pensiones español entrará en déficit en torno al año 2020”, una predicción ampliamente difundida por los medios y que lógicamente conllevaba la natural preocupación a los ciudadanos. Pero este mismo autor había pronosticado en un trabajo publicado en 1995 que la Seguridad Social tendría un déficit del 0,62% del PIB en 2000 y del 0,77% en 2005; en otro trabajo de 1996 que el déficit sería del 1,37% del PIB en 2000 y del 1,80% en 2005; en otro estudio con J. Alonso que sería del 0,96% del PIB en 2000 y del 1,17% en 2005 y en su último estudio de 2000 que sería del 0,16% del PIB en 2005 y del 0,03% en 2005 .
Sin embargo, lo cierto fue que que al finalizar el año 2000 la Seguridad Social no registró déficit como Herve había pronosticado sino un superávit del 0,4%, y del 1,1% en 2005.
También erraron otros defensores de las tesis liberales como Piñera y Weinstein (1996) que habían pronosticado un déficit del 0,42% del PIB para 2000 y del 0,75% para 2005, Barea y otros investigadores que afirmaron sería del 1,61% del PIB en 2000 e incluso el Ministerio deTrabajo y Seguridad Social (1995) que estimó un déficit del 0,10% del PIB en 2000 y del 0,40% para 2005 .
¿Por qué fallan tanto las predicciones de quienes vaticinan que el sistema público se hundirá sin remedio?
La mayoría de estos análisis están ideologizados, en el sentido de que parten de supuestos que responden a preferencias y que no son científicos. Las hipótesis de las que parten se establecen a propósito para que se puedan alcanzar los resultados que se buscan.
Así, J.F. Jimeno, para poder afirmar que el sistema de pensiones públicas es insostenible supone que hasta 2050 habrá una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto del 1,5% anual y de un 3,22% de la pensión, lo que en opinión de Felipe Serrano y otros expertos son dos ritmos de crecimiento “incompatibles para cualquier distribución de la renta entre remuneración de asalariados y excedente empresarial incluso en un escenario de pérdida de población en edad de trabajar” .Aveces, como también han puesto de manifiesto Felipe Serrano y sus coautores, los defensores de las tesis catastrofistas hacen vaticinios con presupuestos e hipótesis que contradicen los establecidos solo unos pocos meses antes. Son fácilmente rebatibles científicamente, pero los daños que produce el “ruido” que consiguen hacer cuando trasladan sus conclusiones a la sociedad es casi siempre inevitable.
¿Hay previsiones más acertadas por parte de quienes defienden el sistema público?
Los expertos que defienden el sistema público de pensiones, como Adolfo Jiménez y su equipo en la Secretaría General de la Seguridad Social, predijeron correctamente que no habría tal colapso en los años noventa, alcanzando superávit en los 2000 tal como ocurrió. Un saldo positivo que incluso se mantuvo en un año muy negativo como 2008, cuando registró de nuevo un superávit equivalente al 1,31% del PIB. También son mucho más realistas y acertados los análisis realizados por los equipos de estudios de los sindicatos o por los autores que acabamos de citar en la nota anterior.
¿Es excesivo entonces, como dicen los informes liberales, el coste del sistema público de pensiones?
Algunos autores liberales como Taguas y Sáez han denunciado que el coste de la seguridad social en España amenaza con destruir las bases mismas del sistema de pensiones. Según ellos, el coste pasaría de ser el 7,7% del PIB en 2004 a un 17,9% del PIB en 2059, algo que consideran excesivo a pesar de que no es mucho más alto del porcentaje que actualmente dedican a pensiones países de nuestro entorno como Italia (14%). Este error lo ha hecho también el Banco de España y la Comisión Europea.
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en los informes del Banco de España y de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas. En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado .
¿Están los ciudadanos de acuerdo con mantener un sistema público de pensiones?
El aprecio que la ciudadanía de los países europeos tiene a los diferentes Estados del Bienestar es bien conocido por multitud de encuestas. Y también que los ciudadanos son conocedores de que el precio a pagar por mantenerlos y mejorarlos está medidos por la presión fiscal que han de soportar.
Una reciente encuesta revelaba que un 57,8% de la población española prefiere pagar impuestos altos con tal de mantener un amplio sistema de seguridad social. La misma encuesta también mostraba que el 75,1% de los españoles considera que el Estado tiene que tener la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadanos frente a un 21,0% que considera que esa responsabilidad descansa en uno mismo.
Sobre las pensiones, el estudio indicaba que un 75,0% de los españoles considera que el Estado tiene “mucha” responsabilidad a la hora de asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas, frente a un 22,4% que considera que tiene “bastante” responsabilidad y un insignificante 2,6% que considera que tiene “poca” o “ninguna” responsabilidad .
Es preciso, pues, que se sepa que las propuestas liberales, además de estar infundadas científicamente, están en contra la los deseos de la inmensa mayoría de la población.
Si la mayoría de la población está a favor de un sistema público de pensiones ¿debemos temer que este sistema no se privatice parcial o totalmente?
Es un error pensar que la clase política no se atreverá a privatizar un sistema tan apreciado por los ciudadanos, puesto que son muchos y muy cuantiosos los intereses en juego. De hecho, los analistas liberales conocen perfectamente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el sistema público de pensiones y son sabedores de que en caso de llevar a cabo una privatización parcial o total del mismo tendría lugar una gran oposición popular.
Precisamente por ello, estos mismos analistas han desarrollado diferentes estrategias para evitar dicho enfrentamiento, que van desde la sutil desinformación y propaganda acerca de los planes de pensiones privados hasta el descarado intento de procurar aprobar las reformas privatizadoras en órganos poco democráticos como la Unión Europea.
¿Qué papel tiene la Unión Europa respecto al sistema de pensiones?
La forma escasamente democrática en que se toman las decisiones en la Unión Europea hace que pueda ser utilizada para imponer medidas poco populares.
Si las reformas privatizadoras se impusieran desde arriba, esto es, desde la Unión Europea, los partidos políticos españoles no asumirían el coste electoral al quedar desvinculados del proceso mismo de privatización. En ese caso, aunque los ciudadanos protestasen ante los políticos españoles, éstos no tendrían más que mirar para otro sitio o echar balones fuera.
¿Cómo se utiliza la Unión Europea para aprobar las reformas privatizadoras?
Los grandes banqueros y los lobbies de los empresarios pueden presionar a la Unión Europea para que lleve a cabo las reformas que en ningún país se atrevería a tomar la clase política local por el coste político y electoral que conllevaría. Esta es la opinión explícita de Vincenzo Galasso, un analista liberal en cuyo informe aseguraba lo siguiente:
“Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea -y muy en especial a la Comisión Europea lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U.E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera ésta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido”
marzo 17th, 2010 — Régimen político y económico
por MediaLens / 17 de marzo de 2010
El 11 de enero de 2010, se envió una noticia a los medios de comunicación: ¿ Fueron ejecutados los niños afganos por las fuerzas lideradas por Estados Unidos? ¿Por qué no dijeron nada los medios de comunicación?
Según informes creíbles las tropas encabezadas por los Estados Unidos sacaron a los niños afganos de sus camas y les dispararon durante una incursión nocturna en la provincia de Kunar, al este de Afganistán, el pasado 27 de diciembre de 2009. Diez personas murieron, ocho de ellas eran los niños en edad escolar de una familia. Pues bien, esta atrocidad ha sido ignorada por todos los medios corporativos, incluyendo la BBC.
Dos meses después de estos hechos, las denuncias salen a la luz, gracias al que el corresponsal del Times Jerome Starkey buscó a las padres cuyos hijos y otros familiares habían sido asesinados. Starkey se llevó a estos padres a Kabul, en donde:
“ Los padres enseñan las fotos de sus hijos muertos, el bosquejo de un mapa donde sucedieron los hechos y las copias de unos formularios en los que solicitan una indemnización firmada por los funcionarios locales, detallándose los nombres de sus hijos, de sus familiares y su situación en la escuela. Pues bien, estos hechos fueron apoyadas por fuentes militares occidentales.”
Después de los primeros intentos vergonzosos de negar su culpabilidad en estos hechos, ahora la OTAN afirma que la incursión se había realizado sobre la base de unas informaciones que no eran ciertas y que nunca debieron ser autorizadas: “Sabiendo lo que ahora sabemos, probablemente no era un ataque justificado…”
El corresponsal de The Times recogió el testimonio de Mohammed Taleb Abdul Ajan, padre de los tres muchachos que fueron asesinados:
“Cuando entré en la habitación vi a cuatro personas apiladas”, dijo Taleb. “Les sacudí, grité sus nombres, pero no me respondieron. Algunos tenían un disparo en la cabeza, otros tenían un disparo en el pecho”.
“ Recé para que los que estaban en la habitación de al lado estuviesen vivos, pero cuando entré vi que todos habían muerto. Tenían sangre en el cuello. Enloquecí. No recuerdo lo que sentí.”
Sin embargo, un editorial del Times retrata esta atrocidad en el contexto de lo que debe ser una “guerra justa”. “La legitimidad de la causa en Afganistán se pone en tela de juicio por la constante muerte de civiles. El conflicto tiene que respetar a la población de la zona.”
Los objetivos declarados como aceptables por los gobiernos occidentales tienen que serlo de toda confianza; el gobierno soviético nos hizo creer que su invasión de Afganistán en 1979 era un acto de intervención humanitaria, a petición del gobierno afgano. El objetivo de la ocupación era, según se aseguró al pueblo soviético, “prevenir el establecimiento de un régimen terrorista…. y la protección del pueblo afgano de un genocidio”, y también para proporcionar “ ayuda en la estabilización de la situación y evitar la posibilidad de una agresión externa.”
La última línea de The Times podría haber sido la de una editorial de Pravda de hace 30 años:
“Con el fin de derrotar a nuestros enemigos, debemos ser vistos como mejor que ellos.”
Mientras tanto, el resto de medios de comunicación miraron hacia otro lado evitando ver los cuerpos ensangrentados de los escolares afganos.
El mito del equilibrio maloliente de la BBC
En diciembre, la BBC había publicado dos breves noticias sobre estos sucesos:
“En Afganistán mataron a varios niños durante una operación de Occidente”, el 28 de diciembre de 2009, y “ El MP afgano acusa a las tropas de EE.UU de matar a niños en edad escolar”, el 30 de diciembre de 2009.
En el primero de estos informes, la BBC decía:
“ La OTAN dijo que no tenía noticias de las operaciones ni de que hubiese habido muertes en la zona” y “Peter Greste corresponsal de la BBC en Kabul, dice que en la remota provincia de Kunar, nevada y dominada por los talibanes, se investigaba un presunto incidente ocurrido el pasado sábado, pero que resultaría muy difícil.”
En el segundo de los informes se comentaba:
Peter Grestel, corresponsal de la BBC en Kabul, dice que es imposible realizar una comprobación de los hechos. Que es posible que sean correctos, pero que en todo caso las víctimas, estudiantes en edad escolar, habrían ayudado a la insurgencia.”
Cuando Media Lens cuestionaron el fracaso de la BBC en informar sobre el tema, la respuesta de la corporación fue insufrible:
“ Hay que señalar que las circunstancias del incidente no están todavía resueltas, a diferencia de otros hechos anteriores en los que las fuerzas de la coalición asesinaron a civiles. El gobierno afgano y las Naciones Unidas creen que los civiles murieron como resultado de una operación de EE.UU en Kunar. La OTAN no lo acepta y sostiene con firmeza que duda que los EE.UU matasen a los insurgentes.”
La evidencia de la masacre es ahora más fuerte que entonces, a pesar del tiempo transcurrido. Y sin embargo, no hemos oído las disculpas posteriores de la BBC por la falta de honestidad en sus informaciones.
El 27 de febrero, nos pusimos en contactos con los directivos de la BBC: Helen Boaden, directora de noticias de la BBC y Steve Herrmann, responsable de las noticias de la BBC online. Hemos dicho que Jerome Starkey de The Times había verificado los informes en los que se decía que los escolares afganos habían sido matados por disparos durante una incursión de las fuerzas de EE.UU. Pedimos entonces a los editores de la BBC a la luz de los informes de The Times:
¿Qué harán ustedes y otros periodistas para seguir las noticias dadas en los informes?
Con los recursos que la BBC tiene a su disposición ¿por qué lo que puede hacer el Sr. Starkey no lo pueden comprobar ustedes, el asesinato de los escolares afganos?
¿Cómo van a afectar estas revelaciones obtenidas ahora con las informaciones que dé la OTAN en un futuro?
No hemos obtenido ninguna respuesta por parte de Helen Boaden o Steve Herrmann.
Hemos enviado por correo electrónico las mismas preguntas al periodista de la BBC Peter Greste.
En un correo electrónico de fecha 2 de marzo, nos dijo que “él estaba trabajando ahora en Kenia, que había estado cubriendo Afganistán durante Navidad y Año Nuevo, y abandonado Kabul a principios de enero. Paso la información a nuestro editor de la BBC en Kabul.”
“Como ustedes comprenderán no es factible para la oficina en Kabul entablar un diálogo con las personas que están allí. Si desean presentar una queja, deben hacerlo a través del formulario web en: www.bbc.co.uk/complaints “.
Las quejas de la BBC son una herramienta corporativa para desviar la atención, asegurándose de que en nada quede lo que se denuncia.
Comentarios finales
Mientras tanto, la muerte, y la campaña de propaganda, continúa. La semana pasada, Starkey informó que otro ataque nocturno llevado a cabo por las fuerzas de EE.UU en Afganistán acabaron con las vida de dos mujeres embarazadas, una adolescente y dos funcionarios locales; otra atrocidad de la OTAN, que también trató de tapar.
A la familia se les ofreció una compensación por parte de América, 2.000 dólares por cada una de las víctimas. “La vida humana no tiene precio”, dijo Bibi Sabsparie, madre de dos de los muertos. “Mataron a nuestra familia, luego volvieron y nos trajeron dinero. El dinero no nos devolverá a nuestros familiares.”
Esta última atrocidad ha vuelto a enterrar la verdad, como los mismos muertos y puesto en evidencia a los medios de comunicación,
Los empleados de la BBC que reciben las quejas del público dicen que la información que se ha dado ha sido imparcial. Sin embargo, sus noticias han sido breves, no ha habido ningún estudio en profundidad, siendo como es una televisión vista por millones de personas. Nada debe cuestionar la ideología del Estado, mientras que los asesinatos son errores y los objetivos del Gobierno benévolos.
http://dissidentvoice.org/2010/03/natos-fire-sale-one-dead-afghan-child-2000/
Estos versos, que describen el enorme horror de la conquista española en Latinoamérica, sirven también para esta otra guerra que sufre el pueblo en sus entrañas. Los versos lo dicen:
Todo eso hicieron con nosotros.
Lo vimos y no comprendemos.
Ese fue nuestro triste destino,
que ahora es lamento y angustia.
Esparcidos los dardos rotos,
revueltos nuestros cabellos,
las casas sin techumbre,,
las paredes ensangrentadas,
los gusanos que se arrastran
por calles y plazas,
y en los muros los sesos ya secos.
Rojas las aguas, teñidas de sangre,
que al beberla
se hace salitre en la garganta.
Deshicimos los muros de adobe,
y fue nuestra herencia
vacío y abandono.
De nada sirvieron nuestros escudos,
de nada sirvieron,
salvo para sostener la soledad.
Hemos comido la simiente del cardo,
masticado la grama salitrosa,
el polvo del adobe,
la carne de la lagartija,
de ratón, de gusanos con sabor a arcilla.
Y si carne había
sobre el fuego dispuesta,
vinieron a arrebatarla
y allí mismo se la comían.
Pusieron precio a nuestras vidas:
la del joven, la del sacerdote y la doncella,
por el pobre, dos puñados de maíz,
o diez tortas de mosco,
era el miserable precio
de veinte tortas de grama envenenada.
El oro, el jade, las ricas mantas,
las plumas de quetzal,
todo lo que era precioso,
nada de esto respetaron.
Anónimo Tlatelolco, de 1528,
recogido en: Miguel León Portilla. Visión de los Vencidos. UNAM. México, 1982, p. 116.
marzo 17th, 2010 — Régimen político y económico
¿Están en peligro las pensiones públicas? (I)
¿Están en peligro las pensiones públicas? (II)
Extraído del libro de:
Vicenç Navarro
Juan Torres López
Alberto Garzón Espinosa
Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías.
Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces.
Parte III:
¿Qué se quiere decir cuando se habla de
“crisis” de las pensiones públicas?
¿Por qué se habla de crisis del sistema público de pensiones?
Como hemos señalado, los sistemas modernos de pensiones se consolidaron en la fase de expansión posterior a la segunda guerra mundial, en la época que se ha llamado la “época dorada del capitalismo”.
Durante esta época, hubo un pacto social entre el mundo del trabajo, por un lado, y el mundo del capital por el otro. En este pacto, los trabajadores y sus sindicatos aceptaron el derecho a la propiedad por parte de los empresarios a condición de que estos aceptaran la expansión de los derechos laborales y sociales del mundo del trabajo y de las clases populares. Fue durante este periodo cuando en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado se establecieron y desarrollaron sus estados del bienestar, incluyendo sus sistemas de protección social. En los años setenta, sin embargo, el mundo empresarial se rebeló y rompió el Pacto Social, y bajo la dirección del Presidente Reagan en EEUU y la Sra. Thatcher en la Gran Bretaña, se comenzaron a aplicar una serie de políticas públicas, llamadas neoliberales, que redujeron tales derechos laborales y sociales, privatizando la Seguridad Social .
Para justificar la menor transferencia de los estados a los sistemas de pensiones públicas se comenzaron a difundir tesis catastrofistas afirmando que sería imposible financiarlos, que entrarían en una crisis inevitable y que, en consecuencia, sería más conveniente sustituirlos por otros sistemas privados.
¿Quiénes difundieron esas ideas y qué proponían exactamente?
Inicialmente se propuso directamente la privatización de los sistemas públicos de reparto y su sustitución por otros de capitalización. Así se hizo en las primeras experiencias neoliberales que se dieron en dictaduras como la chilena de Pinochet (quien, por cierto privatizó todas las pensiones menos las de la policía y del ejército). Pero pronto se pudo de manifiesto que eran muy inestables, poco eficaces y muy costosos.
¿Qué consecuencias tenía este tipo de reforma radical?
El sistema de pensiones privado pasaba a ser gestionado por el sistema financiero (es decir, de los bancos) que tenía como objetivo aumentar los ingresos y beneficios del capital financiero, a costa de los intereses de la ciudadanía, incluyendo aquella que dependía de sus pensiones privadas. De esa forma se dinamitaba también el régimen tradicional que había gobernado el sistema de pensiones prácticamente en todos los países. Sustituir el sistema de reparto por otro de capitalización llevaba consigo echar por tierra el contenido redistribuidor y solidario que hasta entonces había estado implícito en la existencia de pensiones. Sustituir la gestión pública de los fondos por la privada implicaba también renunciar a gestionar el ahorro de los trabajadores mediante criterios políticos, lo que podía permitir no dar cuentas a la población de su utilización y evitar ser censurados en caso de que ésta no responda a las preferenciales ciudadanas.
En el sistema de capitalización, el criterio era la rentabilidad de las empresas financieras, independientemente del beneficio que ello supusiese al pensionista. En la Gran Recesión que hemos estado experimentando hemos podido ver como las compañías de pensiones privadas (incluyendo los bancos) han antepuesto sus intereses a las de sus usuarios, práctica generalizada y que adquiere dimensiones dramáticas en situaciones de crisis como la actual. El aseguramiento privado es, además de altamente arriesgado, sesgado a favor del banco y en contra del beneficiario.
¿Qué dificultades conlleva poner en marcha la privatización de las pensiones?
En el sistema de reparto las generaciones que trabajan financian las pensiones de los que no trabajan. Pero en el sistema de capitalización, no hay tal transferencia intergeneracional. Entonces, la pregunta que debe hacerse es quién paga las pensiones de aquellos que se están jubilando y se estarán jubilando durante varios años. La respuesta es, el Estado. Pero ello significa unos costes enormes, unos costes de transición muy elevados, tanto desde el punto de vista puramente económico como administrativo. Por otro, se trata de un proceso muy difícilmente asumible socialmente, que necesariamente
abriría un debate social tanto más amplio en la medida en que la propuesta fuese más radical. Y las debilidades intrínsecas a ese debate son muy grandes debido a que no hay en modo alguno razones definitivas para probar la conveniencia de la propuesta.
Además, cualquier proceso hacia la privatización de las pensiones es contemplado socialmente como una pérdida de beneficios, lo que obliga a darle una suficiente cobertura de legitimación que garantice el convencimiento y la aceptación. Pero experiencias como la chilena mostraban que eso iba a ser muy difícil porque sus costes sociales eran muy evidentes, el número de personas que se quedaban sin pensión o que perdían sus derechos era muy alto y eso advertía de los riesgos de todo tipo que habría que correr si la opción se aplicaba sin más en otros países. Eso llevó a que los organismos internacionales, la patronal y los gobiernos neoliberales optaran por una estrategia menos radical y más disimulada.
¿Cuál fue la propuesta inicial de reforma del Banco Mundial?
La propuesta que realizó el Banco Mundial (1994) consistía en establecer dos pilares básicos: uno de pensión mínima para “aliviar la pobreza en la ancianidad” gestionado por el sector público y otro de gestión privada basado en la capitalización.
¿Qué proponía en España la patronal?
Prácticamente lo mismo:
– Nivel básico o mínimo predominantemente público, aunque no exclusivamente.
– Segundo nivel, profesional, con predominio de la iniciativa privada compatibilizada con la presencia de instituciones públicas.
– Nivel complementario, libre e individual, exclusivamente gestionado por el sector privado.
¿Y cómo se llevó a cabo este proceso?
Una modificación de esta naturaleza era menos problemática que la radical pero también era dificultosa porque debilitaba inevitablemente un sistema que la población apreciaba y había hecho suyo.
Para poner en marcha la estrategia se avanzó en dos direcciones:
a) Justificar la necesidad de sustituir progresivamente el sistema de pensiones públicas y para ello nada mejor que tratar de demostrar su inviabilidad financiera a medio
plazo. Eso dio lugar a una ingente producción académica de trabajos e investigaciones financiada en su inmensa mayoría por bancos e instituciones financieras y dirigida a mostrar que el sistema de pensiones públicas estaría en quiebra en unas pocas decenas de años y que, por lo tanto, había que reformarlo y sustituirlo por otro diferente.
b) Aplicar reformas parciales que, por un lado, fuesen menguando la cobertura y la capacidad protectora del sistema público y, paralelamente, que fuesen fortaleciendo el sistema complementario de gestión privada.
¿Qué medidas y reformas parciales se han ido adoptando con la excusa de la inviabilidad futura del sistema público de pensiones?
Las medidas propuestas incluyen:
– Reducción progresiva de las prestaciones del sistema público.
– Modificación de los sistemas de cálculo, aumentando los años necesarios para acceder a las prestaciones y los tenidos en cuenta para calcular el montante de las pensiones.
– Aumento de la edad de jubilación.
– Adopción de mecanismos de indiciación que limitaran la posibilidad de mejora sustancial de las pensiones recibidas.
– Apoyo fiscal muy generoso a los fondos de pensiones privados.
¿Qué consecuencias han tenido todas estas reformas?
Al disponer de menos fondos, al disminuir sus cuantías y al ser más favorable el ahorro privado, los ciudadanos han percibido que efectivamente había una “crisis” del sistema de pensiones públicas y han tratado de destinar una parte de sus ahorros (quienes han podido hacerlo) a fondos privados que es, en definitiva, lo que iban buscando los bancos y las entidades financieras como explicaremos más adelante.
¿Cuál es la situación en España? ¿Qué es el Pacto deToledo?
El llamado Pacto de Toledo se presentó en 1995 en España como la fórmula que podría permitir evitar que el debate de las pensiones quedara sometido a las idas y venidas de la coyuntura política, planteándose como una “cuestión de Estado”. Posiblemente, fue el resultado de que ninguna de las partes implicadas estaba en condiciones de imponer su alternativa: optar claramente y sin fisuras por un sistema público basado en el principio de solidaridad como deseaban las izquierdas o por uno de capitalización o de predominante gestión privada como pedían sectores próximos a la Banca.
¿Qué aspectos positivos incluye el Pacto de Toledo?
El Pacto de Toledo contiene propuestas que pueden considerarse muy positivas desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema público:
– el acuerdo para que las pensiones no contributivas pasen a ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
– los compromisos de mantenimiento del poder adquisitivo, la creación de un fondo de reserva y el compromiso por aumentarlo, y
– los compromisos de adopción de medidas orientadas a ampliar las prestaciones y el alcance del sistema en algunos ámbitos como la conciliación laboral, la inmigración, situaciones de dependencia y discapacitados, entre otros.
¿Y qué aspectos negativos conlleva?
El Pacto de Toledo admitía la posibilidad y conveniencia de los sistemas complementarios privados e incluso la de los seguros de dependencia igualmente privados, lo que ha resultado en una expansión de estos sectores. También acentúa el principio de contribución a costa del principio de solidaridad, diluyendo el compromiso con la universalización de los beneficios. Además establece una desconexión entre la situación financiera de la Seguridad Social y el tipo de políticas económicas que se aplican y que marcan la posibilidad de alcanzar unos u otros ritmos de crecimiento.
¿Protege entonces el Pacto de Toledo el sistema público de pensiones?
El Pacto de Toledo constituye una afirmación institucional del deseo de mantener las pensiones públicas pero ni en su letra ni en su desarrollo se encuentran medidas que lo apuntalen definitivamente.
Por eso es muy importante que los defensores del sistema público fortalezcan constantemente sus posiciones en la negociación que se pueda ir realizando al respecto, sobre todo, combatiendo las informaciones inadecuadas e interesadas que a veces se difunden para confundir a la población, haciéndole creer que su desmantelamiento y sustitución por la iniciativa privada es más conveniente y favorable para todos, cuando en realidad eso solo beneficia a las entidades financieras y a las clases adineradas.
¿Es inevitable entonces ir hacia la privatización del sistema público de pensiones?
En este documento mostraremos que el interés en cambiar el sistema de pensiones público por uno privado no responde a necesidades reales y técnicas sino más bien a las necesidades económicas de los bancos y otras entidades financieras que harían un negocio muy lucrativo si ese cambio se llevara a cabo. Además, veremos que el deterioro del sistema de pensiones públicas conlleva igualmente el deterioro de las condiciones de vida de la población y, especialmente, de aquellas personas en peor situación económica.
Por tanto, no se puede considerar que la privatización completa o progresiva del sistema de pensiones públicas sea inevitable, como nada lo es en la historia de los seres humanos. Mientras que las clases populares y sus representantes políticos y sindicales tengan el poder suficiente, podrán evitar que los grandes grupos financieros lleven a cabo unos cambios que solo se dirigen a que ellos puedan apropiarse más cómodamente de los recursos sociales.
