Por Michael Eisen, 5 de enero de 2012
En el año 2008, bajo la presión de ambos partidos del Congreso, se aseguró que todos los estadounidenses podrían acceder a los resultados de las investigaciones biomédicas financiadas por los contribuyentes, de modo que los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH) aplicaron una política de acceso público a la información:
“ La política de acceso público de los NIH permite que las personas tengan acceso a los resultados publicados de las investigaciones financiadas por los NIH. Esto implica que los investigadores presenten sus trabajos revisados por pares financiados por los NIH al archivo digital de PubMed Central para que sea aceptada su publicación. Para ayudar al desarrollo de la ciencia y la mejora de la salud humana, esta política requiere que estos documentos sean accesibles al público en PubMed Central como mucho 12 meses después de su publicación.”
Esta política ha facilitado el acceso de médicos y pacientes, profesores y estudiantes, a políticos y el público en general a cientos de miles de estudios financiados por los contribuyentes, que de otro modo habría estado limitado su acceso bajo pago, disponible sólo para una pequeña parte de investigadores de elite y universidades ricas.
Esta política ha sido muy popular -especialmente entre los grupos de defensa de los pacientes que luchan porque estos puedan tomar decisiones de asistencia médica y entre profesores que educan a la próxima generación de investigadores y terapeutas.
Pero esta política ha sido muy impopular entre los carteles de las publicaciones de amplia difusión, que se empeñan en negar el acceso a los contribuyentes de los Estados Unidos y a las ventajas de las investigaciones a las que ellos financiaron para que se llevaran a cabo. Esta industria ya tiene generosas ganancias con los pagos que realizan universidades y hospitales para acceder a las investigaciones biomédicas que publican. Pero insatisfechos de lo que reciben de las arcas públicas (la mayor parte de los ingresos de los editores biomédicos, estimados en 10 mil millones de dólares, proceden de fondos públicos) pretenden que los enfermos de cáncer y los estudiantes de las escuelas secundarias paguen 25 dólares adicionales cada vez que quieran leer el último trabajo de los científicos estadounidenses.
Incapaces de convencer a los NIH para que apoyasen sus planes, los lobbys de los poderosos grupos editoriales – Asociación de Editores de Estados Unidos (AAP)- pidieron ayuda al Congreso. En 2009, la AAP ya indujo al representante de Michigan John Conyers a que se introdujese el “Fair Copyright in Research Works Act”, que habría terminado con la política de Acceso Público de los NIH, incluso antes de que fuese aplicada. Afortunadamente, ese proyecto de ley no fue aceptado por el comité.
Pero han vuelto de nuevo. Un nuevo respaldo de la AAP al proyecto de ley “Research Works Act”, que acaban de introducir los Representantes Carolyn Maloney (D-NY) y Darrel Issa (R-CA). El texto es simple y detestable:
“Ninguna Agencia Federal puede adoptar, poner en práctica, mantener, continuar, o tomar parte en cualquier política, programa o actividad que:
-
cause, permita o autorice la difusión de cualquier trabajo de investigación realizado en el sector privado sin el consentimiento previo del editor del trabajo; o
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requiera que cualquier autor actual o potencial, o empleador de dicho autor actual o potencial, el asentimiento para su difusión por la red de un trabajo de investigación realizado en el sector privado.
Este proyecto de ley no sólo terminaría con la política de Acceso Público de los NIH, sino que prohibiría cualquier intento por parte de los organismos para garantizar el acceso de los contribuyentes a los trabajos financiados por el Gobierno federal.
¿Por qué no preguntar a Carolyn Maloney, representante de un distrito de la ciudad de Nueva York, que es lugar de muchas instituciones de investigación, el motivo por el cual patrocina una ley tan reaccionaria que sólo beneficia a los grupos de editores ricos financiados por los estadounidenses? ¿No tendrá algo que ver con el hecho de que ella ha recibido las mayores contribuciones para su campaña de parte del negocio editorial?
De acuerdo con MapLight, que rastrea las contribuciones políticas, la editorial holandesa Elsevier y sus directivos hicieron 31 contribuciones a los miembros de la Cámara en 2011, de las cuales 12 fueron para la representante Maloney, incluidas las contribuciones de 11 altos ejecutivos o socios, de los cuales sólo uno reside en su distrito.
No hay excusa para que una idea tan simple, que a ningún norteamericano se le niegue el acceso a la investigación biomédica que paga con sus impuestos, pueda ser cercenada por un codicioso editor que intenta el bloqueo comprando a un miembro del Congreso.
Así que les animo a que llamen, escriban, envíen un email o Tweet, a la representante Maloney y decirle que apoye el acceso de los contribuyentes a los resultados de las investigaciones biomédicas. Pregúntenle si ella cree que los pacientes de cáncer han de pagar 25 dólares a Elsevier por acceder a artículos que ya han pago. Y que retire el proyecto de ley H.R 3699.
Representante Maloney:
Twitter: @RepMaloney @CarolynBMaloney
Phone: 202-225-7944
FAX: 202-225-4709
Correo electrónico: Use este formulario
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ACTUALIZACIÓN
Varias personas han comentado que en el proyecto de ley se habla de una “obra del sector privado”, pensando que se refiere a trabajos no financiados por el Gobierno de Estados Unidos. Este término se define en el proyecto de ley de la siguiente forma:
“El término “trabajo de investigación del sector privado” significa que el artículo tuvo la intención de publicarse en una publicación académica o científica ( como se define en el artículo 101, título 17, del Código de los Estados Unidos), describiendo o interpretando la investigación financiada en parte o en su totalidad por una Agencia Federal, y a la que un editor comercial o sin fines lucrativos, ha hecho o ha llegado a un acuerdo para hacer una contribución de valor añadido, incluyendo una revisión por pares o corrección. Dicho término no incluye informes sobre el progreso o los datos iniciales que rutinariamente son necesarios para se presentados a una agencia de financiación en el curso de una investigación.”
Están utilizando intencionadamente un lenguaje engañoso para distinguir las obras financiadas por el gobierno, pero llevadas a cabo por organismos no gubernamentales, y ser calificadas como de “investigación en el sector privado”. Por lo tanto, bajo esta ley, las obras financiadas por los NIH, pero realizadas por una Universidad serán “investigaciones del sector privado”.
Este lenguaje se expresa así porque la US Copyright Act niega específicamente la protección de los derechos de autor a las obras llevadas a cabo por las Agencias federales, y los autores de este proyecto de ley no quieren que sean vistos como los que han modificado la Ley de Propiedad Intelectual, algo que les habría garantizado su derrota.
http://www.michaeleisen.org/blog/?p=807&cpage=1#comment-52104