Genocidio por prescripción (y III)

Una “Historia Natural” del declive de la clase obrera blanca en los Estados Unidos

Por James Petras y Robin Eastman-Abaya, 11 de julio de 2016

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Parte 1, Parte 2

Número de muertes por la prescripción de analgésicos opiáceos en los Estados Unidos
Número de muertes por la prescripción de analgésicos opiáceos en los Estados Unidos

 

El aumento de la adicción a los opiáceos no se debe a una “elección personal”, ni es el resultado de los cambios culturales. Si bien entre las víctimas hay personas de todas las clases y diferentes niveles educativos, la mayoría son jóvenes de la clase obrera, blancos y pobres. Las hay también de otros grupos de edad, incluidos adolescentes que se recuperan de lesiones deportivas, así como ancianos con dolores articulares y de la espalda. El aumento de la adicción es el resultado de los grandes cambios en la economía y la estructura social. Las zonas más afectadas por muertes por sobredosis son aquellas que se encuentran en franco declive, prolongado y permanente, incluyendo las antiguas zonas del “Cinturón del Óxido”, pequeñas ciudades manufacturas de Nueva Inglaterra, el norte de Nueva York, Pensilvania y el sur rural, así como las regiones agrícolas, mineras y forestales del Oeste.

En paralelo al aumento de la adicción a los opiáceos, se ha producido un astronómico aumento en la prescripción de medicamentos analgésicos y antidepresivos, todo ello muy rentable para las Grandes Farmacéuticas.

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A tales personas, a menudo con prestaciones por desempleo o inscritos en Medicaid (es un programa de seguros de salud del Gobierno de Estados Unidos para la gente necesitada), se les somete a un régimen de hasta nueve medicamentos al día, además de medicamentos analgésicos contra el dolor, para así hacer frente a un mundo que se desmorona.

Se trataría más bien de decisiones ejecutivas privadas para (1) deslocalizar las empresas productivas de Estados Unidos al extranjero o zonas distantes, donde apenas existe una fuerza sindical; (2) forzar a los empleados anteriormente bien remunerados a aceptar salarios más bajos; (3) sustituir a los trabajadores estadounidenses cualificados y no cualificados por inmigrantes o empleados temporales mal pagados; (4) recortar las pensiones y los seguros sociales, y (5) introducir nuevas tecnologías, incluyendo robots, que reducen la mano de obra, convirtiendo a los trabajadores en innecesarios. Estos cambios en la relación entre el Capital y el Trabajo han generado enormes beneficios para los ejecutivos y los inversores, mientras que también ha dado lugar a la aparición de una fuerza excedente de trabajo, lo que aumenta la presión sobre los trabajadores y en primer lugar entre los más jóvenes y los empleados de mayor antigüedad. No se han llevado a cabo programas de creación de empleo para abordar las décadas de descenso del empleo bien remunerado. Los trabajos de antes se han visto sustituidos por otros con un salario mínimo, o empleos basura del sector servicios o trabajos temporales en las fábricas, mal pagados, sin protección ni prestaciones sociales. A través de todo este núcleo devastado, las grandes y caras campañas publicitarias, como “Start-Up New York”, han fracasado en crear puestos de trabajo decentes, mientras que se gastan cientos de millones de dinero público para ensalzar las políticas del Estado.

La epidemia de adicción a las drogas ha sido precisamente más letal en aquellas zonas donde se ha producido mayor pérdida del tejido industrial y han disminuido los salarios, así como en sectores deprimidos, otrora protegidos, como el agrícola y procesamiento de alimentos, donde los trabajadores sindicados han sido reemplazados por inmigrantes que cobran el salario mínimo. La pérdida de estabilidad en el empleo se ha visto acompañada de una reducción radical de los servicios sociales y tremendos recortes en las prestaciones, cuando, por el contrario, esos servicios se debieran de haber visto reforzados.

Precisamente porque el llamado “problema de las drogas” está relacionado con importantes cambios demográficos como resultado de los cambios de la dinámica Capitalista, nunca ha sido una cuestión prioritaria del Gobierno y las Corporaciones dirigidas por la élite, a diferencia de su fijación en la “radicalización” de los musulmanes o “las tendencias de la delincuencia urbana”. Las investigaciones se ocupan de las minorías o simplemente de la periferia del actual fenómeno. Unos buenos estudios y la obtención de datos habrían proporcionado una base para llevar a cabo una serie de programas públicos dirigidos a proteger la vida de los trabajadores blancos marginados y revertir esta mortal tendencia. La ausencia de investigaciones y de datos sobre este fenómeno ha dado al traste con una respuesta gubernamental efectiva. En este caso, el descuido no ha sido benigno.

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En paralelo al aumento de la adicción a los opiáceos, se ha producido un astronómico aumento en la prescripción de medicamentos analgésicos y antidepresivos, todo ello muy rentable para las Grandes Farmacéuticas. El patrón de prescripción es contundente, con medicamentos potencialmente peligrosos, que alteran el estado de ánimo, tratando las ansiedades y reacciones ante el deterioro de las condiciones materiales, lo cual está teniendo enormes consecuencias. A tales personas, a menudo con prestaciones por desempleo o inscritos en Medicaid (es un programa de seguros de salud del Gobierno de Estados Unidos para la gente necesitada), se les somete a un régimen de hasta nueve medicamentos al día, además de medicamentos analgésicos contra el dolor, para así hacer frente a un mundo que se desmorona.

Un trabajo digno con un salario decente sería el modo de tratar con eficacia la desesperación de los trabajadores marginados, sin efectos secundarios desagradables o peligrosos; sin embargo la comunidad médica ha puesto de manera sistemática a sus pacientes en brazos de las Grandes Farmacéuticas. Los análisis toxicológicos post mortem a menudo descubren la presencia de muchos medicamentos analgésicos y antidepresivos, además de narcóticos, en los casos de muerte por sobredosis de opiáceos. Si bien esto puede parecer que exime de responsabilidad a los proveedores de servicios médicos a los pacientes, más bien se trataría de la absoluta impotencia de la comunidad médica para hacer frente a la descomposición social, como ha ocurrido en las comunidades marginadas donde se concentran las muertes por sobredosis de drogas.

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Los estudios demográficos, como mucho, identifican a las víctimas de la adicción a las drogas. Sin embargo, la consideración de su desesperación como un problema individual se produce en un contexto específico inmediato, pasando por alto las mayores estructuras políticas y económicas, que ponen el escenario para una muerte prematura.

Economía Política de las muertes por sobredosis

Cuando el cadáver de una víctima de sobredosis, un joven de la clase obrera, se deposita en la morgue, su muerte se etiqueta como un “accidente” por sobredosis voluntaria de opiáceos y la maquinaria del encubrimiento se pone en marcha: el camino que ha conducido hasta la muerte es un misterio, sin tratar de comprender los factores socioculturales y económicos que subyacen. En su lugar, se culpa a la víctima de acabar de esta manera, sin ver el resultado final de una compleja cadena de decisiones económicas de las élites capitalistas y de maniobras políticas, de modo que la muerte prematura de un trabajador es un mero daño colateral. La comunidad médica se ha limitado a hacer de correa de transmisión de este proceso, en lugar de actuar como un agente de servicio público.

Una larga lista de profesionales de alto nivel, entre ellos médicos y otros proveedores, como patólogos y forenses, guardan con celo la verdadera causa, aquella que han establecido las Corporaciones, con el fin de protegerse frente a represalias en caso de que las empresas den la voz de alarma. Detrás de la fachada científica subyace un Darwinismo social que pocos están dispuestos a denunciar.

La gran mayoría de las muertes por sobredosis son, en realidad, víctimas de decisiones y pérdidas que escapan a su control. La adicción ha acortado sus vidas, pero también ha empañado la comprensión de los acontecimientos y socavado su capacidad para participar en la lucha de clases y revertir esta tendencia. Es la solución perfecta ante los previsibles problemas demográficos generados por un Neoliberalismo brutal en los Estados Unidos.

Wall Street y Washington han diseñado un modelo macroeconómico que ha eliminado los puestos de trabajo dignos, ha reducido los salarios y ha recortado las prestaciones. Como resultado, millones de trabajadores marginados y desempleados están sometidos a una tremenda presión y recurren a soluciones farmacológicas para soportar el dolor y la falta de organización. El protagonismo histórico de las organizaciones sindicales y de la comunidad ha sido arramblado. En lugar de ello, los trabajadores que han perdido sus empleos pagan a las Grandes Empresas Farmacéuticas para cavar su propia tumba, y los líderes de clase están en paradero desconocido.

En segundo lugar, el lugar de trabajo se ha vuelto más peligroso en el marco del Nuevo Orden Económico. Los responsables de la empresa ya no temen a los sindicatos, ni atienden a las normas de seguridad: muchos trabajadores resultan lesionados por el acelerado ritmo de trabajo y cada vez realizan más horas, tienen un defectuosa capacitación y hay una falta de supervisión federal de las condiciones de trabajo. Los trabajadores que resultan con lesiones, carecen de todo, de protección judicial y sindical, y temen represalias por informar de sus lesiones, de modo que cada vez recurren más a los analgésicos prescritos con receta para hacer frente a los dolores agudos o crónicos, sin dejar de trabajar.

Cuando los empleadores permiten que los trabajadores informen de sus lesiones, se produce generalmente una escasa cobertura y un tratamiento muy limitado, lo que provoca que los médicos se excedan en la prescripción de analgésicos que pueden interactuar con otros medicamentos potencialmente peligrosos. Muchas clínicas del dolor, contratadas por los proveedores de servicios médicos, están deseosas de beneficiarse de los pacientes lesionados, mientras que las Empresas Farmacéuticas promueven activamente potentes analgésicos sintéticos.

Se trata de un círculo vicioso: la producción en grandes cantidades de analgésicos por parte de la Industria Farmacéutica que ha sido uno de sus productos más rentables. Las farmacias corporativas expiden los medicamentos prescritos por miles de proveedores de servicios médicos (doctores, dentistas, enfermeras y asistentes médicos) que sólo tienen una cantidad muy limitada de tiempo para examinar a un trabajador lesionado. Las deterioradas condiciones de trabajo produce lesiones y los trabajadores se convierten en consumidores de los milagrosos analgésicos producidos por la Industria Farmacéutica, Oxycontin y sus primos, los cuales los representantes de los productos farmacéuticos han vendido como no adictivos. Una larga lista de profesionales de alto nivel, entre ellos médicos y otros proveedores, como patólogos y forenses, guardan con celo la verdadera causa, aquella que han establecido las Corporaciones, con el fin de protegerse frente a represalias en caso de que las empresas den la voz de alarma. Detrás de la fachada científica subyace un Darwinismo social que pocos están dispuestos a denunciar.

Sólo recientemente, debido al increíble número de hospitalizaciones y muertes por sobredosis, el Gobierno federal ha comenzado a destinar fondos para la investigación. Los investigadores médicos han empezado a recoger y hacer públicos datos sobre la creciente epidemia de muertes por opiáceos, ofreciendo así unos impactantes mapas de las zonas más afectadas. Se unen al coro para instar a las Agencias federales que apliquen las panaceas de costumbre: “educación y prevención”. Pero parece que esta frenética actividad ha llegado demasiado tarde y huele a cinismo.

Las subvenciones para la investigación de este fenómeno posiblemente no dé lugar a ningún programa eficaz para hacer frente a estas pequeñas “crisis del Capitalismo” que se dan en la comunidad. No hay ninguna Institución dispuesta a destapar la verdadera causa: la devastación de las relaciones laborales en unos Estados Unidos postmilenio, el carácter corrupto de las relaciones entre la Industria Farmacéutica y el Estado y su carácter caótico, impulsando unas enormes ganancias del sistema médico privado. Muy pocas personas han hablado de un Sistema Nacional de Salud de un único pagador podría haber evitado desde el principio esta epidemia.

Conclusión

¿Por qué las élites capitalista, estatal y farmacéutica mantienen un proceso socioeconómico que está produciendo un gran número de muertes entre los trabajadores y sus familiares de las zonas rurales y pequeñas ciudades de los Estados Unidos?

Nuestra hipótesis es que la moderna dinámica de las ganancias de las élites corporativas están provocando como resultado un cambio demográfico por sobredosis.

Las Corporaciones ganan miles de millones de dólares por el “declive natural” de los trabajadores innecesarios: recortando servicios sociales y prestaciones laborales, tales como seguros de salud, en pensiones, en vacaciones, en programas de formación laboral, permitiendo que los empleadores aumenten sus beneficios, plusvalías, sobresueldos de los ejecutivos… Se eliminan servicios públicos, se reducen impuestos y los trabajadores, cuando se considera necesario, se pueden importar desde el extranjero para crear un mercado de trabajo temporal en un “mercado libre de trabajo. “.

Los Capitalistas obtienen aún más ganancias por la introducción de nuevas tecnologías, como robots, automatización, etc, sin que eso suponga sin embargo una reducción en el número de horas trabajadas o un incremento en los días de vacaciones como resultado de un incremento de la productividad. ¿Por qué no repartir esas ganancias por una mayor productividad con los trabajadores, cuando lo que se hace simplemente es eliminarlos? Estos trabajadores insatisfechos lo que parece es que recurren a la solución de la pastilla, en lugar de organizarse para retomar el control de sus vidas y de su futuro.

Expertos en elecciones y en política afirman que los trabajadores estadounidenses blancos rechazan a los principales partidos del Sistema, provocando su enfado y cayendo en actitudes racistas. Estos son los trabajadores que ahora recurren a un Donald Trump. Pero un análisis más profundo revelaría el rechazo racional a unos líderes políticos que se han negado a condenar la explotación capitalista y hacer frente a esta epidemia por sobredosis.

Hay una base de clase para explicar este genocidio por narcóticos que se está dando entre los trabajadores blancos y los desempleados de las zonas rurales y pequeñas ciudades de los Estados Unidos: es la solución perfecta de las Corporaciones frente a los excedentes en la fuerza de trabajo. Es hora de que los trabajadores y sus líderes despierten ante este hecho cruel y se resistan a esta guerra unilateral de clases, y que no sigan simplemente llorando más muertes prematuras en su propio silencio entumecido por los fármacos.

Y es hora de que la comunidad médica exija un sistema público que prime la atención al paciente, el servicio por encima de los afanes de lucro y la responsabilidad por encima de la silenciosa complicidad.

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James Petras, ex profesor de Sociología de la Universidad de Binghamton, Nueva York, lleva 50 años en el asunto de la lucha de clases; es asesor de los Campesinos sin Tierra y sin trabajo en Brasil y Argentina, y coautor de Globalización desenmascarada (Zed Books), siendo su libro más reciente Sionismo, Militarismo y la Decadencia del Poder estadounidense (Clarity Press, 2008).Robert Eastman-Abaya es un médico defensor de los derechos humanos en Filipinas durante últimos 29 años.

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Procedencia del artículo:

http://dissidentvoice.org/2016/07/genocide-by-prescription/

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