Cuestiones políticas, económicas, sanitarias, democráticas y éticas
Por Sezin Topçu
La Fondation de l’Ecologie Politique – FEP Note n°8 – Mai 2016
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Dentro de decenas de miles de años, nuestros descendientes tendrán que lidiar con los desechos nucleares que producimos hoy. |
Minimizar el impacto catastrófico de un accidente nuclear se está convirtiendo en un clásico de nuestro tiempo, no sólo en los países donde hay un gran número de instalaciones nucleares, como Francia, o en los países que ya han sufrido un accidente, como Japón o Bielorrusia, sino también en los países donde no las hay. Esta minimización, que parece imponerse, se debe a la «resiliencia» de la industria nuclear, es decir, de los industriales, los Estados nucleares y ciertos organismos reguladores nacionales e internacionales.
¿Cómo ha conseguido la industria nuclear trivializar hasta tal punto los daños radiactivos? ¿Con qué medios, estrategias y consignas han conseguido los organismos reguladores enmarcar el problema en términos de métodos de evacuación, o incluso de su legitimidad, cuando lo que deberíamos estar discutiendo colectivamente es la legitimidad de seguir utilizando unas instalaciones que tienen un potencial inigualable para transformar y destruir la tierra, los recursos naturales, las especies vivas y los cuerpos humanos?
A partir de estas preguntas, esta nota [de la Fondation de l’Ecologie Politique] pretende contribuir al debate político y cívico, pendiente desde hace tiempo, sobre la cuestión de los territorios contaminados en caso de accidente nuclear.
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¿Three Mile Island? Los responsables nucleares franceses lo descalificaron inmediatamente como «incidente» o «fallo técnico». ¿Chernobil? En 1996, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo contabilizó 32 muertos. ¿Fukushima? Paradójicamente, la catástrofe aceleró la ofensiva exportadora de la industria nuclear japonesa. En caso de accidente, ningún otro sector provoca una polémica tan viva y permanente (con peritajes, pruebas/no pruebas, observaciones y evaluaciones tan contrastadas y antinómicas) sobre las repercusiones sanitarias que sufren las poblaciones afectadas.
Además de las gravísimas consecuencias para la salud de las personas, difíciles de demostrar o reconocer debido al periodo de latencia necesario para que se manifiesten las enfermedades inducidas por la radiación y al secretismo o la fabricación activa de ignorancia que a menudo las rodea, un accidente nuclear significa también el sacrificio de territorios enteros.
El reto de la industria nuclear, al menos desde los años 90, ha sido minimizar este sacrificio ante la opinión pública. Conseguir que no se ceda el terreno, o que sólo se ceda temporalmente. Utilizar el sufrimiento de los evacuados, que es muy real pero en absoluto único, para hacer creer que los que permanezcan en sus tierras, aunque ya no ofrezcan condiciones de vida suficientemente sanas, no sufrirán nada. Pretender que se puede muy bien «aprender a vivir» con la radiactividad ambiental.
La primera parte de esta nota traza la génesis de los debates de expertos, de los dispositivos jurídicos y de los instrumentos de gestión relativos a la gestión de las zonas contaminadas. Se trata de señalar que el carácter inmanejable de los daños causados por un accidente nuclear grave fue reconocido por los expertos nucleares ya en los años 50, lo que ha condicionado históricamente la doctrina, hoy dominante, según la cual las medidas posteriores al accidente (incluido el abandono de las zonas contaminadas) serán necesariamente limitadas, e incluso deberán optimizarse. La segunda parte del documento analiza cómo se trataron realmente las zonas contaminadas en los periodos post-Chernobyl y post-Fukushima. Se analizan aquí los criterios socioeconómicos y geopolíticos que influyen en la forma de concebir el futuro de las zonas evacuadas, su estatus y su imposible «vuelta a la normalidad». En la parte final del documento se subraya la importancia de las estrategias oficiales destinadas a psicologizar las catástrofes para minimizar el abandono de los terrenos contaminados, pero también para relegar a un segundo plano la perspectiva de una evaluación justa de los daños sanitarios causados en caso de accidente.
I. Gestionar lo inmanejable.
El nacimiento de las «zonas» como herramienta de gestión
De las «zonas de exclusión» a las «zonas de evacuación
Las consecuencias catastróficas de un accidente nuclear fueron ampliamente estudiadas por los expertos nucleares ya en los años 50, mucho antes de que la energía nuclear se desarrollara industrialmente. En aquella época, los expertos coincidían en que, en caso de accidente grave, vastas extensiones de terreno quedarían contaminadas durante cientos o incluso miles de años. También se daba por sentado que, en teoría, habría que evacuar a un gran número de personas. Esta evidencia también desempeñó un papel importante en la elección de los emplazamientos y las políticas urbanísticas asociadas. En 1950, un comité de expertos de la Comisión de Energía Atómica (AEC) de Estados Unidos llegó a proponer una «zona de exclusión» para los emplazamientos nucleares, es decir, aislarlos completamente dentro de un gran perímetro, del orden de 30 km para una potencia de 1.000 MWe [1] (el tamaño del perímetro debía aumentar en función de la potencia instalada). Sin embargo, ante las reticencias de la industria, que veía en esta medida una fuente de inquietud y de rechazo público hacia las centrales nucleares, la AEC optó en 1956 por establecer «zonas de evacuación» en caso de accidente, en lugar de «zonas de exclusión» de facto [2].
En 1957, un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Brookhaven encargado por la AEC elaboró los primeros escenarios de evacuación de personas en caso de accidente. Sus cálculos eran extremadamente alarmantes: un fallo grave en un reactor de 500 MWe causaría alrededor de 3.400 muertos y no menos de 40.000 irradiados; obligaría a evacuar una enorme región de 240.000 km2, más de un tercio de la superficie de Francia; y su coste financiero (daños territoriales y sanitarios) rondaría los 7.000 millones de dólares [3].
Las repercusiones políticas de este estudio fueron inmediatas. Para proteger a la industria nuclear de esos riesgos financieros, el gobierno estadounidense, seguido rápidamente por otros estados nucleares, limitó drásticamente la responsabilidad civil de los operadores nucleares en caso de accidente (Ley Price Anderson de 1957, Convenio de París de 1960, Convención de Viena de 1966) [4]. Así pues, ante riesgos tan excepcionales, el dispositivo jurídico y de seguros establecido por los gobiernos para la industria era excepcional. Este marco jurídico no ha cambiado mucho desde entonces. EDF, por ejemplo, ve limitada su responsabilidad civil a sólo 91 millones de euros en caso de accidente grave en uno de sus reactores. Se trata de una suma muy insignificante en comparación con el coste real de un accidente: las estimaciones del coste de Fukushima oscilan entre 250.000 y 500.000 millones de euros; los cálculos de costes presentados por las autoridades públicas francesas sitúan el coste medio de un accidente grave en Francia en torno a 430.000 millones de euros [5] (760.000 millones de euros, según un escenario «en el peor de los casos»).
En consonancia con el carácter altamente simbólico de las responsabilidades financieras impuestas a los operadores, la necesidad de clasificar los daños, jerarquizar las indemnizaciones y controlar la percepción pública de los riesgos y daños también se hizo patente a partir de los años sesenta. En este contexto se consolidó una importante doctrina: la evacuación total de las zonas contaminadas en caso de accidente grave es imposible (en términos técnicos, económicos y de aceptabilidad social), del mismo modo que es imposible compensar totalmente los daños causados a las personas y los bienes. Por ello, los expertos nucleares decidieron que tanto la evacuación como la indemnización debían «optimizarse». Esta convicción allanó el camino para la aparición de una importante herramienta de gestión: la zonificación.
El sistema de zonificación: asunción de riesgos con geometría variable
El sistema de zonificación ya se había esbozado en el estudio de Brookhaven mencionado anteriormente, conocido como «Informe Wash 740». Se concibió un sistema de cinco zonas: una primera zona de evacuación urgente (realizada en las primeras 12 horas tras el accidente); una segunda zona de evacuación, para la que se consideró necesario un tiempo adicional; una zona 3 que implicaba la evacuación temporal y restricciones a la agricultura; una zona 4, que exigía la destrucción de los cultivos y restricciones a la agricultura; y finalmente una última zona, sin restricciones pero sujeta a controles radiológicos periódicos [6]. Estos criterios de zonificación inspiraron en gran medida los que se aplicaron varias décadas después, primero en Chernóbil y después en Fukushima.
El sistema de zonificación pretendía transmitir a los gobiernos un doble mensaje. En primer lugar, podían afirmar que el problema estaba (o iba a estar) localizado, rodeado, y que la amenaza estaba por tanto bajo control. En segundo lugar, y de forma más sutil, la «zonificación» de los daños permitía introducir diferencias en los niveles en los que se consideraría que habían sufrido las personas afectadas o víctimas de la radiactividad: la experiencia personal de los daños sufridos tendría que ponerse necesariamente en perspectiva con los daños sufridos por los demás, y su tratamiento dependería también de su gravedad relativa.
II. De Chernóbil a Fukushima: zonas en movimiento
De las zonas evacuadas a los terrenos recuperados
Tras el accidente de Chernóbil, al igual que tras los de Fukushima, la «zona de evacuación» se decretó inicialmente de forma más o menos arbitraria: se trazó un círculo alrededor de los reactores dañados, dentro del cual se decidió una evacuación urgente. El radio de evacuación era de 30 km en el caso de Chernóbil y de 20 km en el de Fukushima. En Francia, los planes de emergencia actuales prevén generalmente la evacuación de la zona alrededor de los emplazamientos nucleares en un radio de 10 km; Estos planes han sido criticados por la insuficiencia de la mayoría de las medidas previstas, incluida la ineficacia de los sistemas de información que deben activarse en caso de emergencia, la incoherencia de los cálculos relativos al número de personas que debían protegerse mediante evacuación o refugio, la ausencia de planes precisos de traslado, acogida o cuidado de los evacuados, y la cicatería, por no decir otra cosa, de los planes de distribución de yodo estable [7].
En los días, semanas e incluso meses siguientes a las catástrofes de Chernóbil y Fukushima, los perímetros de evacuación se revisaron y ajustaron a medida que se elaboraban y afinaban progresivamente los mapas de la contaminación real. Este reajuste de las zonas de evacuación (o restricción) llevó no menos de nueve meses en el caso de Fukushima, y varios años en el de Chernóbil. La evacuación inicial afectó a unas 70.000 personas en Japón, y a 90.000 en la antigua URSS. Con el tiempo, el número de evacuados aumentó hasta 200.000 en Japón y 350.000 en la antigua URSS (algunos tras la caída del régimen soviético).
El tratamiento de las zonas evacuadas fue diferente. En el caso de Chernóbil, ni Moscú ni, a partir de 1991, las repúblicas postsoviéticas se plantearon realmente el retorno de la población a esas zonas. Tal perspectiva sólo ha sido objeto de debate recientemente, sobre todo en Ucrania. En Fukushima, en cambio, desde principios de 2012, los políticos insisten en la necesidad de «recuperar» lo antes posible la mayor parte de las zonas evacuadas. En consecuencia, se emprendieron ingentes trabajos de descontaminación para lograr esta supuesta vuelta a la normalidad. La eficacia e idoneidad de estos trabajos, cuyo coste se estima en unos 50.000 millones de euros, sigue siendo cuando menos incierta, dado el movimiento incontrolable de los radioelementos de un lugar a otro, bajo el efecto del viento, la lluvia, en los cursos de agua, etc., pero también por el carácter superficial de las medidas emprendidas (de las que se han excluido en gran medida los bosques), así como por el punto muerto al que se ha llegado en la cuestión de los residuos radiactivos recogidos en cantidades muy importantes y de los que no se sabe qué hacer.
En Chernóbil, la zona de evacuación abarcaba una ciudad (Pripyat, de 50.000 habitantes) y varias decenas de pueblos. En Fukushima, la zona de evacuación abarcaba inicialmente cinco pequeñas ciudades (Namie, Futaba, Okuma, Tomioka, Naraha), partes de una ciudad (Tamura city) y un pueblo (Kawauchi). Desde entonces, Naraha, Tamura y Kawauchi han sido recategorizados como habitables. De hecho, el gobierno japonés tiene previsto levantar la orden de evacuación de la zona evacuada antes de marzo de 2017, con la excepción de una pequeña área conocida como zona de «difícil retorno», donde los niveles de dosis superan los 50 mSv (los niveles autorizados son de 20 mSv en Japón y de 1 mSv en Francia y Europa). También está previsto que las indemnizaciones dejen de pagarse al año siguiente [8].
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Medición de la exposición humana a las radiaciones ionizantes producidas por la radiactividad
El Sievert (Sv) es la unidad utilizada para evaluar el impacto de la radiación en los seres humanos. 1 milisievert (mSv) equivale a 1 milésima parte de un Sievert.
La radiactividad natural media en Francia es de 2,4 mSv por persona y año. Una radiografía de los pulmones expone a una dosis de 0,4 mSv. (Fuente: CEA, Léxico del Comisariado para la Energía Atómica y las Energías Alternativas, http://www.cea.fr )
El límite de dosis autorizado para la exposición del público a las radiaciones artificiales (es decir, excluyendo la exposición natural y médica) en Francia es de 1 mSv por persona durante un período variable de 12 meses (Código de Salud Pública francés, artículo R1333-8).
El límite de dosis autorizado para los trabajadores en Francia es de 20 mSv por persona durante un periodo variable de 12 meses (Código de Trabajo francés, artículo R231-76 y normativa europea).
Tras el accidente de Fukushima, el gobierno japonés, con el aval del OIEA, elevó las dosis aceptables para los trabajadores del sector nuclear a 100 mSv por año e incluso hasta 250 mSv por año en determinados casos. El límite de dosis autorizado para el público en general se ha elevado a 20 mSv al año.
(Fuente: C. Asanuma-Brice, «Fukushima, balance de una situación sanitaria preocupante», Simposio Internacional Ciudadano-Científico sobre Protección Radiológica, 19 de octubre de 2015).
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Cabe señalar que, en Japón, ni siquiera la denominada zona de difícil retorno se considera definitivamente abandonada. Ya en agosto de 2013, el gobierno japonés descartó de hecho la categoría de zona «restringida» o «prohibida». Aunque sigue habiendo lugares a los que se prohíbe el acceso, ya no se etiquetan como tales porque ya no se consideran definitivamente abandonados. Rebautizadas como «zonas a las que los residentes difícilmente podrán volver en mucho tiempo», todo indica que también serán objeto de estrategias para normalizarlas o, al menos, revalorizarlas a medio o largo plazo. En otras palabras, su ineludible contaminación con radioelementos, algunos de los cuales tienen una vida media superior a decenas de miles de años, no se considera un factor relevante en la carrera por generalizar los terrenos contaminados.
También en Chernóbil, los esfuerzos de «rehabilitación» se centraron en las zonas prohibidas, pero de forma diferente, es decir, sin la perspectiva de repoblarlas (mediante el retorno de los residentes). En cuanto a la sacrificada ciudad de Pripyat y sus alrededores, se exploraron varias vías. El turismo nacional e internacional del «recuerdo» se desarrolló allí, con visitas colectivas a distancia al sarcófago. La AIEA también presionó para que se introdujera el turismo científico. La zona prohibida se comercializó intensamente desde finales de los años 90: los expertos de la AIEA difundieron la idea de que la zona de exclusión de Chernóbil, a menudo llamada «zona muerta», no estaba muerta en absoluto; que la prohibición de toda actividad humana la había convertido en un «santuario único para la biodiversidad», que ahora alberga un gran número de nuevas especies vegetales y animales [9]. Sin embargo, no se menciona el hecho de que estas especies han sufrido importantes mutaciones genéticas, o incluso que algunas especies vegetales están literalmente congeladas [10].
El «rompecabezas» de las evacuaciones voluntarias
Además de las zonas evacuadas (temporal o permanentemente) por orden gubernamental, las llamadas «zonas de evacuación voluntaria» tienen la misma importancia estratégica para la industria nuclear. Esta categoría se acuñó a principios de los años 90 y se incorporó a la nueva legislación adoptada por los nuevos Estados independientes (Ucrania, Bielorrusia, Rusia). Por regla general, estas zonas no figuran entre las más contaminadas, pero sus niveles de contaminación pueden superar en algunos lugares los límites autorizados (existencia de puntos calientes). Se considera entonces que los habitantes/víctimas son «libres» de irse o quedarse. Obviamente, en la práctica, la libertad se puede comprar, en el sentido de que sólo se van los que pueden permitírselo, mientras que los demás están y estarán condenados a vivir con la contaminación radiactiva para siempre.
Tras el accidente de Chernóbil, se hicieron y se siguen haciendo grandes campañas de comunicación para convencer a los habitantes de esas zonas de que se queden. En Japón, todos los que se marcharon por orden del gobierno o por voluntad propia son ahora objeto de esos intentos de persuasión. Son especialmente agresivos con los que se marcharon por voluntad propia. Debido a su negativa (tendencia mayoritaria en la actualidad) a regresar a su territorio de origen, la mayoría de las veces son estigmatizados por expertos gubernamentales o por personas que no son víctimas como individuos «cobardes e irresponsables» que obstaculizan el esfuerzo nacional de reconstrucción tras Fukushima [11].
Los retos políticos y económicos de la normalización de las zonas contaminadas
Así pues, las zonas se han concebido, sobre todo en los últimos tiempos, como dispositivos sociotécnicos cambiantes, diseñados para permitir una gestión tanto autoritaria como flexible de los territorios, las poblaciones y la salud pública. Como sus límites no son rígidos, están sujetas a una recategorización constante. En Fukushima, además, las zonas no sólo son muy «dinámicas», ya que cambian rápidamente de estatus como consecuencia de la descontaminación, sino que también, a ojos de los responsables, están destinadas a desaparecer en algún momento en el futuro [12]. En Chernóbil, el regreso a las zonas evacuadas o su eliminación no fue una prioridad desde el principio; después de 1991, las evacuaciones incluso se prorrogaron por iniciativa de los gobiernos bielorruso y ucraniano. No obstante, a partir de la segunda mitad de los años 90, sobre todo en Bielorrusia, donde el 23% del territorio está contaminado, una gran parte de las zonas evacuadas se fueron recategorizando como habitables.
Desde los años 90, organismos internacionales como la AIEA, la OCDE y el Banco Mundial han condenado regularmente la tendencia postsoviética a «evacuar demasiado», considerando que una «evacuación excesiva» no sólo es poco realista, sino también perjudicial para la economía y la estabilidad política de un país, e incluso para la salud psicológica y mental de su población. Para los industriales y muchos expertos occidentales, era necesario, en cambio, trabajar por la «normalización» de las zonas, lo que se consideraba crucial tanto en términos políticos (porque es una cuestión de credibilidad de un Estado restablecer la vida «normal», sobre todo si, a pesar de la catástrofe, no se ha decretado el abandono de la energía nuclear) como económicos (porque va de la mano de la reducción, o incluso eliminación, de las indemnizaciones y ayudas a las víctimas). La vuelta a la normalidad de las zonas contaminadas también era esencial para garantizar el propio futuro de la industria nuclear a escala internacional. Las evacuaciones demasiado extensas tanto en el espacio como en el tiempo debían evitarse, y siguen evitándose a ojos de la industria nuclear, porque hacen «demasiado visible» el carácter inaceptable de los riesgos que entrañan.
Normas sanitarias anormales para zonas que deben «normalizarse»
En consonancia con estas preocupaciones políticas y económicas, es importante subrayar que tras los accidentes de Chernóbil y Fukushima no todos los habitantes que, según las normas de protección radiológica vigentes, deberían haber sido trasladados fuera de las zonas contaminadas lo fueron. Esto fue posible gracias a una revisión al alza de las normas sanitarias. En Francia, los escenarios oficiales se basan en la misma hipótesis. Un estudio realizado por el Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) unos años antes de Fukushima (publicado en 2013) sostenía que, dada la extensión del terreno que quedaría contaminado en caso de accidente grave en Francia, las medidas adoptadas para evacuar a la población y más allá resultarían necesariamente «subóptimas» [13]. Más concretamente, un accidente en uno de los reactores de la central utilizada en el escenario, Dampierre, requeriría teóricamente la evacuación de más de 2,5 millones de personas, pero en la práctica las autoridades públicas sólo evacuarían a 25.000 personas, es decir, 1 de cada 100 que teóricamente habría que alejar de las zonas contaminadas. Los expertos del IRSN también calcularon que se provocarían otros 17.500 cánceres como consecuencia del carácter subóptimo de las medidas adoptadas (debido a la no evacuación).
Después de Fukushima, para limitar las evacuaciones, el Gobierno japonés multiplicó por 20 la dosis máxima anual admisible, pasando de 1 mSv (la norma vigente en Francia y Europa durante el funcionamiento «normal» de las centrales) a 20 mSv (el nivel máximo fijado para los trabajadores del sector nuclear en Francia y Europa). Por su parte, desde 2011 las autoridades japonesas consideran que, por debajo del umbral de 100 mSv, el riesgo de desarrollar cáncer inducido por la radiación es casi nulo (el tabaquismo y la obesidad, dicen, son problemas más graves). Con ello ignoran el consenso científico establecido internacionalmente desde hace décadas sobre los efectos para la salud de las «dosis bajas», un modelo lineal según el cual no puede determinarse ningún umbral por debajo del cual estos efectos se consideren nulos. En Chernóbil, la dosis máxima admisible también fue revisada al alza y fijada en 5 mSv por la URSS tras la catástrofe, antes de volver a 1 mSv a partir de 1991. En la práctica, un gran número de personas siguieron viviendo en zonas donde el nivel de radiactividad superaba 1 mSv, ya que los Estados bielorruso y ucraniano se mostraron incapaces de realojarlas en otro lugar. Según datos de la AIEA [14], 15 años después de la catástrofe, no menos de 4,5 millones de personas seguían viviendo en zonas contaminadas, y el número total de víctimas oficialmente reconocidas ascendía a 7 millones.
Guías de «rehabilitación participativa»: o cómo aprender a vivir en un mundo contaminado
Para los evacuados que regresan (o que son llamados a regresar) a sus hogares, además de normas sanitarias excepcionales, también actúa la gestión por normas o directrices (consejos) blandas. Las zonas evacuadas inicialmente se normalizaron o «limpiaron» no sólo gracias a las labores de descontaminación, sino también a la voluntad de las personas de obedecer las órdenes gubernamentales. La mayoría de las veces, se pide a los evacuados que vuelvan a sus casas, y éstos deciden hacerlo, a pesar de la persistencia de la contaminación radiactiva, atenuada pero constante. Las llamadas guías de «rehabilitación participativa» desempeñan aquí un papel fundamental. Su objetivo es formar a las víctimas para que ajusten y optimicen su alimentación, sus prácticas y sus movimientos cotidianos, de modo que incorporen el menor número posible de radioelementos. La hipótesis de los expertos es que si las personas que han vuelto a casa siguen viviendo como antes (y, por tanto, si no prestan atención al nuevo estado -radiactivo- de su entorno), su territorio ya no puede considerarse «normal», puesto que probablemente enfermarán algún día. Si, por el contrario, adoptan medidas «sencillas» (como si pudiera ser fácil calcular los pros y los contras de cada acción cotidiana…), si actúan como ciudadanos responsables con una «cultura radiológica práctica», dejarán de ser víctimas (o enfermos) para convertirse en habitantes en control de su entorno. En consecuencia, las zonas contaminadas a las que regresen estas personas también conservarán su «normalidad».
Estas guías de «rehabilitación participativa» fueron diseñadas por el equipo Ethos, un grupo de expertos franceses dirigidos por organizaciones estrechamente vinculadas a la industria nuclear [15], y financiadas por las autoridades públicas francesas y la Comisión Europea a partir de finales de los años noventa. Se probaron por primera vez en Bielorrusia, en la región de Brest (antigua Brest-Litovsk). En aquella época, la individualización de la gestión de los riesgos de radiactividad se promovía como una forma de capacitación de las víctimas, a las que se pedía que se convirtieran en ciudadanos responsables e informados. Los esfuerzos realizados por los individuos para adaptarse a las nuevas -y excepcionales- condiciones de vida (en Japón, los habitantes de las zonas pueden considerarse ahora, en función de las dosis de radiación recibidas, «trabajadores nucleares») debían servir también para renormalizar, en el pleno sentido de la palabra, los territorios afectados por la radiactividad, haciéndolos de nuevo acogedores y productivos en términos económicos. En otras palabras, gracias a la cooperación de las víctimas, el sacrificio territorial y el abandono de vastas zonas ya no eran una opción. Sin embargo, nadie pensó ni estudió realmente el posible sacrificio biológico (es decir, el riesgo para la salud de los retornados) que ello implicaba.
Por ello, el proyecto Ethos y otros que le siguieron (como el programa Core y el proyecto Sage) o se inspiraron en él (como los proyectos financiados por la AIEA y la FAO, por ejemplo) también exploraron formas de reabrir a la agricultura las tierras bielorrusas contaminadas, con el objetivo de rehabilitar económicamente las zonas contaminadas, no sólo en regiones relativamente «no contaminadas» (Brest), sino también en otras zonas altamente radiactivas (Gomel y Mogilov). Estas estrategias de adaptación a la vida contaminada se han exportado desde entonces a la región de Fukushima, por iniciativa de expertos franceses y otros. Aunque no cabe duda de que hay que ayudar a las víctimas a informarse y a tomar medidas para hacer frente a los riesgos radiactivos que las amenazan, el problema de estas iniciativas es que son promovidas por expertos o instituciones nucleares, que las utilizan para afirmar ante la opinión pública nacional e internacional que las graves consecuencias de un accidente nuclear están bajo control, o incluso que vivir en zonas contaminadas no es realmente un problema siempre que se aprenda a ser «resiliente». Este es el núcleo de una estrategia doble: una que explota la ayuda técnica y humanitaria a la que naturalmente tienen derecho las víctimas en nombre del mantenimiento de la industria nuclear; y otra que trivializa y desprecia los derechos de todos los seres humanos a vivir en un medio ambiente sano. Para ello, se movilizan importantes medios propagandísticos, que van desde las reuniones públicas de «información» que se celebran muy regularmente en Japón, pasando por las declaraciones de «expertos» en los medios de comunicación instando a la población a no tener miedo de las «zonas», hasta la difusión de películas y documentales en las principales cadenas de televisión.
III. ¿Hacia la desaparición de las «zonas» en la era post-Fukushima?
De la gestión de los daños materiales a la administración de la psicología social
Desde finales de los años ochenta, expertos de la OMS y de la AIEA, así como de la OCDE y del Banco Mundial, han criticado regularmente la gestión postsoviética de las consecuencias del accidente de Chernóbil. Lo que se critica no es que Ucrania y Bielorrusia no hayan garantizado la evacuación y el realojamiento prometidos a muchas de las víctimas, condenadas de facto a permanecer en las zonas contaminadas. Por el contrario, los expertos occidentales deploraron que hubieran prometido y querido hacer «demasiado». Los informes de los expertos dirigidos por estos organismos internacionales fueron casi unánimes al juzgar que las normas de evacuación e indemnización adoptadas por estos países postsoviéticos eran demasiado cautelosas, económicamente insostenibles, políticamente contraproducentes y, de hecho, perjudiciales para su voluntad de hacer la transición hacia una economía de mercado (neoliberal).
En 2002, por ejemplo, los expertos de la AIEA sugirieron:
«Abrir las tierras contaminadas a la explotación económica sería un poderoso marcador en el proceso de vuelta a la normalidad, tanto para los inversores potenciales como en términos de la psicología de las comunidades afectadas. La cuestión debe ser estudiada detenidamente por estas comunidades, que deberían trabajar en colaboración con los especialistas pertinentes y los organismos gubernamentales locales y nacionales. En la medida de lo posible, hay que considerar que la población local tenga la opción de vivir y trabajar donde quiera, siempre que se pueda velar adecuadamente por los intereses de las personas vulnerables, incluidos los niños.» [16]
Los expertos internacionales también han criticado la ayuda prestada a las víctimas tras Chernóbil. En concreto, consideran que el deseo «excesivo» de ayudar y compensar a las víctimas ha dado lugar al establecimiento permanente de un sistema de asistencia y a una fuerte dependencia de los ciudadanos respecto al Estado. También sostienen que esa gestión ha provocado la devaluación de demasiadas tierras y recursos, que en su opinión han sido calificados injustamente de contaminados en su conjunto. También se ha acusado a las políticas soviética y postsoviética de haber provocado demasiada ansiedad social: se dice que las evacuaciones desproporcionadas causaron miedo, ansiedad, traumas, depresión e incluso problemas de salud mental entre las poblaciones afectadas. Los efectos sanitarios se minimizaron, mientras que los psicológicos se maximizaron.
En resumen, para las agencias nucleares internacionales, el mayor daño del accidente de Chernóbil fue psicológico. También en el Japón posterior a 2011, los daños psicológicos se consideran fundamentales. Por ello, el comité japonés encargado de gestionar las indemnizaciones por daños nucleares ha creado una nueva categoría de daños, denominada «daños por rumores». Se ha definido como el daño causado por «la preocupación por el riesgo de contaminación radiactiva de productos o servicios, generada por la información ampliamente difundida en los medios de comunicación o por las principales organizaciones de consumidores o comerciales, y que conduce a la negativa a comprar o a la interrupción de la venta de un producto o servicio» [17].
De hecho, los textos oficiales precisan que el propio reconocimiento por el Estado de este tipo de daños está impregnado de ambigüedad, dado que tal categorización influye inevitablemente en la existencia misma de estos daños, reforzando así su impacto. Esta es la razón por la que tanto los «daños causados por rumores» como los «daños a la salud mental» (frecuentemente mencionados en el caso de las poblaciones evacuadas) se clasifican como «temporales». No es casualidad que una parte muy importante del presupuesto de indemnización se destine a los «daños causados por los rumores» [18]. Ni el coste de la contaminación extensiva del suelo ni los costes sanitarios se consideran tan importantes como estos daños.
Así, desde las primeras etapas tras el accidente, la lucha contra los rumores ha sido objeto de esfuerzos políticos sostenidos, que van desde la presión para que los próximos Juegos Olímpicos se celebren en Tokio, pasando por «campañas de solidaridad con Fukushima» (que invitan a los japoneses a comprar y consumir prioritariamente productos de la región de Fukushima para combatir los rumores), hasta métodos más duros como el refuerzo del secretismo y el control de los medios de comunicación, en cualquier tipo de publicación relacionada con las consecuencias de Fukushima.
Conclusión
Tal vez animado por la audacia del gobierno japonés, fue nada menos que el director del Instituto de Protección contra las Radiaciones y Seguridad Nuclear (IRSN), próximo a jubilarse, quien declaró muy recientemente a la prensa [19] que las evacuaciones debían reducirse al máximo, enseñando al mismo tiempo a las víctimas a adaptarse a su nuevo entorno contaminado, lo que en su opinión evitaría el «estrés» de las salidas forzosas.
¿Evitar el estrés (que sin duda es real)? ¿O se trata más bien de evitar la visibilidad de los daños causados por un accidente, para permitir a la industria nuclear anunciar mejor su «renacimiento»? Como hemos visto, las estrategias destinadas a minimizar las evacuaciones y a «normalizar» las zonas contaminadas (mediante normas sanitarias anormales, guías para «aprender a vivir con ello» o cualquier otro arreglo), aunque nunca puedan volver a ser normales en el verdadero sentido de la palabra, son en realidad una forma que tiene la industria nuclear de asegurar su supervivencia, de seguir difundiendo el mito de la energía nuclear «limpia» y de hacer invisibles los daños realmente causados en caso de accidente. El hecho de centrarse únicamente en el trauma de los evacuados, gracias a los enormes presupuestos dedicados al estudio del fenómeno desde los años 90, sirve para hacer deliberadamente inaudible el sufrimiento no menos importante de aquellos que no fueron o no pudieron ser evacuados, y que por tanto siguen condenados a vivir en un mundo contaminado. Paradójicamente, sin embargo, este sufrimiento no interesaba a los científicos y expertos designados por los poderes públicos o las agencias nucleares internacionales. Ha sido silenciado por segunda vez por la opinión, ahora dominante, de que la gente puede aprender a vivir felizmente con la contaminación radiactiva. Todo ello plantea graves problemas éticos y democráticos, en la medida en que subordina el futuro de nuestras sociedades a visiones fatalistas que distorsionan el concepto mismo de los derechos humanos básicos, incluido el derecho fundamental de las personas a vivir en un medio ambiente sano.
Teniendo en cuenta lo que está en juego, ¿realmente preferirían los franceses, a toda costa, quedarse en su ciudad/pueblo de origen en caso de contaminación radiactiva permanente, para evitar el estrés de tener que mudarse, y/o para que sus bienes no pierdan demasiado valor, en detrimento de su salud? Aunque los responsables de la energía nuclear afirmen que sí, y los expertos oficiales hayan hecho de ello su suposición implícita a la vez que romántica (el desarraigo sería lo más insoportable que podría ocurrirle a un individuo), ningún sondeo de opinión encargado por los órganos de decisión, ningún grupo de expertos responsables de psicología social, ningún barómetro del IRSN, ha considerado la cuestión digna de interés. Así pues, la cuestión sigue abierta, y de hecho debería ser objeto de una amplia consulta pública, o incluso de un amplio debate europeo (la nube radiactiva no conoce fronteras), dado que los expertos más oficiales reconocen ahora que un accidente grave es posible, incluso probable, en Francia, y que podría contaminar irreversiblemente todo el país.
Sezin Topçu es doctora en sociología de la ciencia y la tecnología, investigadora en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y profesora en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS).
Es autora de Francia nuclear. El arte de gobernar una tecnología impugnada (Le Seuil, 2013) y coeditora de Otra historia de las Tres Glorias. Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre (con Christophe Bonneuil y Céline Pessis, La Découverte 2013).
Principales siglas de organizaciones :
AEC: Atomic Energy Commission (Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos)
AIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica
ANCCLI: Asociación Nacional de Comités y Comisiones Locales de Información (National Association of Local Information Committees and Commissions)
CEA: Comisariado para la Energía Atómica (Comisión de Energía Atómica, convertida en Comisariado para la Energía Atómica y las Energías Alternativas en 2010).
CEPN: Centro de estudios sobre la evaluación de la protección en el ámbito nuclear ( Centro de Estudios sobre la Evaluación de la Protección Nuclear).
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
IRSN: Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear.
OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
[1] El símbolo «MWe» significa «megavatio eléctrico». Es la unidad de medida utilizada para describir la potencia máxima producida en forma eléctrica por las centrales eléctricas.
[2] C. Foasso, Historia de la seguridad de la energía nuclear en Francia (1945-2000): técnicas de ingeniería, procesos de peritaje, cuestiones de sociedad, tesis doctoral en Historia, Universidad Lumière Lyon II, 2003, pp. 80, 86, 87.
[3] Informe WASH-740, » Posibilidades teóricas y consecuencias de los accidentes graves en las grandes centrales nucleares «, Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, 1957.
[4] S. Topçu, «¿Organizar la irresponsabilidad? Le gestión (inter)nacional de los daños de un accidente nuclear como régimen discursivo», Ecologie et politique n°49, p. 95-114.
[5] Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear, » El coste económico de dos escenarios de accidente «, 3 de marzo de 2013.
[6] Informe WASH-740, op.cit, apéndice D.
[7] ANCCLI, » Seguridad nuclear: ¿cuál es el precio a pagar?», dossier de prensa, 5 de abril de 2016.
[8] Para más detalles, véase D. Boilley, » El retorno a la anormalidad «, Informe para Greenpeace Bélgica, 2016.
[9] Organismo Internacional de la Energía Atómica, » El legado de Chernóbil: impactos sanitarios, medioambientales y socioeconómicos», abril de 2006.
[10] R. Loury, «Chernobyl: los ecosistemas pagan un alto precio», Journal de l’Environnement, 26 de abril de 2016.
[11] R. Hasegawa, » Regreso a casa tras Fukushima. Desplazamiento por una catástrofe nuclear y directrices internacionales para los desplazados internos», Migración, medio ambiente y cambio climático: serie de informes sobre políticas, 4, 1, 2015, pp. 1-8.
[12] C. Asanuma-Brice, «Fukushima: tiempos del fin contra el fin de los tiempos», Sciences et Avenir, marzo de 2016.
[13] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, » Examen del método de análisis coste-beneficio para la seguridad», Informe DSR nº 157, 2007.
[14] Organismo Internacional de la Energía Atómica, Consecuencias humanas del accidente de Chernóbil. A Strategy for Recovery, 2002, p. 32.
[15] Ethos está dirigido por Mutadis (consultoría especializada en la gestión de riesgos sociales, especialmente en el ámbito nuclear) en colaboración con el Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN). Este centro de estudios tiene estatuto de asociación según la ley de 1901, pero sólo cuenta con cuatro miembros: EDF, Areva, la CEA y el Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Véase : S. Topçu, Francia nuclear. El arte de gobernar una tecnología impugnada, París, Le Seuil, 2013, capítulo 7.
[16] Organismo Internacional de la Energía Atómica, 2002, op. cit, p. 13.
[17] OCDE/AEN, «Japan’s Compensation System for Nuclear Damage. As Related to the Tepco Fukushima Daichi Nuclear Accident», Informe de la Oficina de Asuntos Jurídicos, 2012, p. 57.
[18] Ibídem, p. 59.
[19] R. Loury & V. Laramée de Tannenberg, «»Jacques Repussard vous salue bien», Journal de l’environnement, 18 de febrero de 2016.
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