La asociación muestra su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.
FACUA-Consumidores en Acción considera indignante que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy haya decidido autorizar la firma del CETA (Acuerdos Económico y Comercial Global y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea, por sus siglas en inglés). Resulta alarmante que un Ejecutivo en funciones tome una decisión tan comprometida como esta, que tendrá una fuerte repercusión en la vida diaria de la ciudadanía, sin el respaldo del Parlamento, sin que haya habido ni un solo debate en la Cámara sobre la cuestión y después de que varios parlamentos autonómicos (Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña) se hayan opuesto al tratado tras debatirlo y votarlo.
La autorización del Gobierno, aprobada en Consejo de Ministros el pasado viernes 14 de octubre, se produjo un día antes de las masivas manifestaciones que han congregado a miles de personas en decenas de ciudades españolas contra este y otros tratados similares, el CETA, TTIP y TISA, por anteponer el negocio de las multinacionales a los derechos de las personas y por profundizar en las grandes desigualdades económicas en la población.
La asociación muestra su más profundo rechazo al CETA, un tratado de libre comercio que la Unión Europea ha negociado en secreto con Canadá entre 2009 y 2014 y que ahora debe ser aprobado por los miembros de la UE, que con la excusa de eliminar aranceles esconde una rebaja en los estándares de calidad y la merma en la soberanía popular, que reside en los gobiernos locales, autonómicos y nacionales.
Tanto el CETA como el TTIP (que la UE negocia con EE UU) pretenden una rebaja sin precedentes en los estándares para los productos comercializados, además de una disminución de la capacidad de los órganos legislativos de los países (locales, regionales y nacionales) para proteger los intereses de la ciudadanía.
FACUA insiste en que estos tratados, que se han negociado en secreto, no buscan beneficiar a la población, sino que tienen como objetivo impulsar la actividad de las grandes multinacionales a través de una menor regulación y con más poder para incluso demandar a los Gobiernos que tomen medidas que ellas consideren que dificulta su beneficio económico.
La asociación considera escandaloso que las partes que negocian el TTIP y el CETA, esto es, la Comisión Europea y los Gobiernos de EE UU y Canadá respectivamente, valoren que las garantías y protección de los derechos de los usuarios y el medio ambiente son trabas al comercio y no elementos esenciales para asegurar el bienestar de la ciudadanía.
Desregulación, pollos bañados en cloro, carnes hormonadas, etc
Lo que buscan los nuevos tratados de libre comercio es fundamentalmente armonizar legislaciones entre los bloques que los negocian, dado que los aranceles actualmente ya son lo suficientemente bajos como para permitir el libre comercio de mercancías. El principal problema está en que los estándares de calidad de los productos son mucho más altos en la UE que en Canadá o EE UU, por lo que una estandarización a la baja supondría la pérdida de calidad de muchos de los productos a los que acceden los ciudadanos, valora FACUA.
Así, si el CETA sale adelante, se permitirá limpiar el pollo o la ternera en cloro antes de ponerlos a la venta, con el consiguiente riesgo para la salud. También se permitiría el uso de hormonas de crecimiento en animales para consumo humano (cerdo, ternera, etc) que actualmente están prohibidas en la UE. Además, se abriría la veda en el uso de Organismos Genéticamente Modificados, los llamados transgénicos, en los productos agrícolas que provocan una alteración de todo el ecosistema en el que interactúan.
Otro ejemplo de lo que puede cambiar con el CETA es la limitación que se impondría a los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales, de género, etc en las licitaciones de prestaciones de servicios públicos. Estas licitaciones pasarían a regirse por criterios únicamente economicistas, que no contemplen otros aspectos a tener en cuenta como los mencionados anteriormente. No se podría fomentar tampoco el desarrollo local favoreciendo a pequeñas empresas o cooperativas locales tampoco, dado que estas tendrían que competir directamente con las multinacionales que por su volumen pueden ofrecer precios más bajos.
Además, igual que ocurre en el TTIP, el CETA contempla también la creación de un tribunal de arbitraje ajeno a los sistemas judiciales estatales, para resolver disputas entre las empresas y los Estados. Esto significa que las grandes empresas tendrán derecho a denunciar a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus intereses y estos se enfrentarían a pagar multas millonarias por leyes aprobadas o cualquier proyecto de ley que esté tramitando y no retire. Estos tribunales permitirían a las empresas evitar los tribunales ordinarios de cada país.
La aprobación del CETA, el 27 de octubre
Al CETA aún le queda recorrido para entrar en vigor. Además del visto bueno del Gobierno español, todos los Gobiernos de la UE deben aprobar el tratado para que pueda hacerse efectivo. En este sentido, el próximo 18 de octubre tendrá lugar una reunión en Bratislava en el que los Ejecutivos deben dar su voto. De momento, el Parlamento de Valonia (una de las tres regiones que conforman Bélgica) ha rechazado el CETA y por lo tanto desautorizado al Gobierno belga para votar a favor, lo que deja en el aire su aprobación.
Si finalmente sale adelante en la reunión del próximo 18, la Comisión Europea quiere firmar el tratado el 27 de octubre, aprovechando la visita a Bruselas de del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Después, tendrá que ser ratificado por el Europarlamento y los parlamentos nacionales, un proceso que podría alargarse durante años. Sin embargo, mientras se ratifica, el acuerdo se podría aplicar provisionalmente.
Por este motivo, FACUA reclama a los partidos políticos que aspiran a conformar gobierno que muestren su rechazo al CETA y TTIP y defiendan los derechos de la ciudadanía frente a los intereses de las grandes multinacionales.
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