Por Nick Dearden, 17 de abril de 2015
Otra semana más, y otra victoria de las Grandes Empresas sobre un Gobierno, algo decidido por un pseudotribunal secreto. En esta ocasión es el turno para la empresa de gestión de los servicios de agua Suez, que demandó a Argentina por revertir la privatización del suministro de agua en la ciudad de Buenos Aires.
No importa que el país se encontrase con una grave crisis económica cuando se nacionalizó el servicio y el Gobierno entendió que no eran posibles aumentos en el precio del agua del 60%. No importa que durante el tiempo que la Empresa gestionó el servicio no cumpliese con los objetivos establecidos. En el mundo de tribunales corporativos, lo único que importa es el derecho de los inversionistas a obtener ganancias.
Sin embargo, es precisamente este sistema, lo que se ha denominado Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS), lo que se pretende firmar con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido como TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones). Los Ministros del Gobierno repiten una y otra vez que no debemos tener ningún tipo de temor, que nada que se recoja en el TTIP impedirá el funcionamiento de los servicios públicos de la forma que el país elija.
Pues bien, que se lo digan a Argentina, que ahora debe 405 millones de dólares, de acuerdo con el Tribunal Corporativo, en estrechas relaciones con el Banco Mundial, que acaba de pasar a ser también accionista de la Empresa de gestión del agua Suez.
Esta historia comenzó cuando un Gobierno liberal privatizó el servicio de agua de Buenos Aires en 1993, presionado por el Banco Mundial. Fue una concesión por 30 años a un grupo encabezado por la Empresa Suez, que se comprometió a hacer universal el acceso al agua, mejorar la calidad del agua para cumplir las normas internacionales, manteniendo unas tarifas razonables.
Desde el principio no cumplieron con los objetivos, mientras que aumentaba el precio del agua y los indicadores de rendimiento fueron renegociados. En el año 2002, las tarifas habían aumentado un promedio del 88%, mientras que la inflación sólo lo había hecho en un 7%. Las inversiones fueron inferiores a las prometidas, la deuda se disparó, pero no dejaron de aumentar sus ingresos.
En 2001/2002 Argentina atravesó una graves crisis, agravada por los prestamistas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, lo que provocó un empobrecimiento de la población. Se aprobaron algunas leyes de emergencia para evitar mayores privaciones por parte de las personas. Como la Empresa privada subía los precios, el Gobierno de Néstor Kirchner aprobó una ley de emergencia para que la gestión del agua fuese de nuevo pública.
Argentina ya se ha visto acosada por casos como éste desde su crisis económica, debido a que el Gobierno argentino tomó una serie de medidas para poner los Derechos Humanos por encima de los intereses corporativos, señalando que las grandes empresas no pueden aprovecharse de las situaciones de miseria. En algunos casos Argentina ha tenido que pagar, en otras se ha resistido, convirtiéndose en deudas que los fondos de alto riesgo ( conocidos como fondos buitre) utilizan para amenazar actualmente al país.
En este caso particular se ha aplicado un acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Francia. Pero el mecanismo central es el mismo que se propone bajo el TTIP y otro tratado que la UE está a punto de ratificar con Canadá ( conocido como CETA). Estos acuerdos permitirán de miles de empresas puedan acudir a los pseudotribunales secretos para ejercer acciones contra los Gobiernos europeos.
Argentina tiene pendientes unos 20 casos más, derivados casi todos ellos de los intentos de regular los precios de la energía y del agua, que es exactamente lo que el Partido del Trabajo prometió en la campaña de las próximas elecciones generales.
Estos Tribunales Corporativos tienen un enorme impacto en la voluntad de los Gobiernos, impidiendo representar los intereses de su país, como dice el abogado Toby Landau: “Ningún Estado quiere ser llevado ante un Tribunal Internacional. Esto tiene consecuencias sobre las relaciones internacionales, y sobre la concesión de créditos… Como abogado, le puedo decir que ahora los Estados buscan el asesoramiento antes de la aprobación de políticas concretas con el fin de saber si existe riesgo de una demanda entre Inversionistas y Estado”.
El Parlamento Europeo realizará la votación sobre el TTIP en el mes de junio. Se debe dejar claro a los eurodiputados que el sistema ISDS debe ser una línea roja que no debe cruzarse por parte de aquellos Partidos Políticos a los que les preocupe la Democracia.
Hoy, 18 de abril, gentes de todo el mundo participarán en más de 550 acciones de protesta contra el TTIP y otros acuerdos comerciales peligrosos. Puede encontrar las acciones que se llevarán a cabo en su país aquí. [ No al TTIP]
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Nick Dearden es el Director de Justicia Global Ahora y ex Director de Jubilee Debt Campaign.
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