La Unión Europea promueve una privatización de los servicios públicos en los países en desarrollo, una desregulación de los Servicios Financieros y disposiciones en contra del desarrollo. Tal acuerdo antidemocrático no debe apresurarse en su aprobación.
Por Deborah James, 15 de octubre de 2016
El pasado viernes WikiLeaks publicó las pretensiones de la UE para establecer una lista de sectores de servicios y disposiciones para la privatización y desregulación incluidas en el tratado TISA, incluyéndose los servicios públicos en los países en desarrollo. A mediados de la década del año 2000, cuando activistas europeos filtraron peticiones similares por parte de las Corporaciones para incluir en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, la UE se vio obligada a dar marcha atrás en muchas de esas peticiones. Las presiones de la Unión Europea sobre los países en vías de desarrollo fueron ampliamente condenadas por la gente, y revelaron los esfuerzos de las Corporaciones, en contra del desarrollo, tal y como de nuevo se reveló el pasado viernes.
Federaciones mundiales de sindicatos, incluyendo la Internacional de Servicios Públicos (PSI), la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), Trabajadores del Transporte (ITF), UNI Global Union y la Internacional de la Educación (IE), así como las federaciones europeas, incluyendo la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) y UNI Europea, que por primera vez se unieron para hacer un llamamiento de suspensión de las conversaciones, que se puede consultar aquí [pdf].
Adalides de la globalización se están lamentando por la mayoritaria oposición a los tratados comerciales. Pero lo que no dicen es que la gente no rechaza el comercio entre países, sino que lo que rechaza es el mayor control que las Corporaciones perpetran sobre nuestras vidas. La gente quiere vivir en Democracia, quiere unos servicios públicos asequibles y de calidad, un sector financiero bien regulado, un empleo digno para todos, es decir, lo opuesto a la desregulación, la privatización, medidas en contra del desarrollo, todo ello incluido en las negociaciones secretas del TISA que el pasado viernes se filtraron.
Dada la oposición pública en Europa a las propuestas de la UE y de los Estados Unidos a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), cuyas negociaciones se encuentran actualmente en punto muerto, y la creciente oposición a la Asociación Transpacífico (TPP), las Corporaciones y los Gobiernos han puesto sus esperanzas en poder aprobar el tratado TISA antes de que se produzca el relevo en la Administración de los Estados Unidos. Pero esta farsa corporativa no debe acelerar sus negociaciones antes de que el Presidente Obama deje su cargo, pues la gente tiene derecho a saber qué se negocia y debatir sus pros y sus contras.
Los negociadores están siendo presionados para decidir si se cederá a las demandas o se aprueba una política de reserva de espacio para empresas nacionales de sectores de la UE que puedan promover un mejor empleo y un crecimiento económico. Se han fijado un plazo hasta el 21 de octubre, a lo que seguirá otra ronda de negociaciones del 2 al 10 de noviembre y tienen la intención de finalizar el acuerdo (que se ha negociado casi por completo a puerta cerrada, con un conocimiento público muy escaso de lo negociado, con la casi única asistencia de los asesores corporativos, a pesar de la creciente resistencia a estos acuerdos comerciales a nivel mundial) los días 5 y 6 de diciembre de 2016 en una reunión de Ministros.
Las filtraciones de las demandas de la UE solicitan que los servicios de Costa Rica y Perú se sujeten a las normas de liberación establecidas en el TISA. A menos que la UE pueda demostrar que todos los servicios que se ofrecen en todos los municipios de estos países estén ya abiertos a la gestión de proveedores extranjeros, se trataría de demandas que pretenden privatizar los servicios públicos a nivel local y abrir esos servicios públicos a la competencia de los proveedores extranjeros de servicios, lo cual la UE ha afirmado de manera reiterada que nunca ha pedido.
La exigencias de la UE también incluyen el acceso a los servicios postales de Chile, Costa Rica, México, Pakistán, Panamá, Perú y Turquía, y en otros países desarrollados que participan en las conversaciones. Muchos países mantienen programas de ayuda, lo que permite que estos servicios lleguen a las zonas rurales. Si los países se comprometen en este sector, deberían de dar las mismas subvenciones a las Corporaciones extranjeras, como lo hacen con sus empresas nacionales, y no se podría volver a nacionalizar el sector en el caso de que se compruebe que la privatización ha tenido efectos adversos.
Las exigencias de la UE también incluyen el acceso a los servicios de saneamiento, alcantarillado y otros servicios ambientales, que se administran a menudo desde el ámbito local; las telecomunicaciones (incluida la radiodifusión); servicios de venta al por menor y distribución; los servicios de envío; el transporte aéreo y marítimo; los servicios de energía y minería ( algo particularmente sensible en toda América Latina); y otros. Además la UE también solicita más compromisos sobre los servicios financieros en casi todos los países.
Las demandas de nuevos servicios financieros que deben incluirse en la lista es algo especialmente problemático dada la nueva versión actualizada del anexo sobre servicios financieros, también dada a conocer el pasado viernes.
De acuerdo con el análisis realizado por la profesora de Derecho Jane Kelsey, de la Universidad de Auckland, según el tratado TISA los Gobiernos “no podrían restringir el tamaño de las instituciones financieras, no se permitirían muros cortafuegos para disminuir los riesgos en los seguros, y no se evitaría que la banca de inversión y la banca al por menor emplease los fondos de los depositantes para operaciones especulativas en todo el mundo, tampoco se prohibirían los servicios financieros y productos tóxicos, incluyendo productos desarrollados en un futuro, se establecen severas restricciones al control de los capitales, las empresas financieros tendrían derecho a intervenir en los procesos de formulación de las políticas de los legisladores, y en muchas áreas se les permitiría una autorregulación, incluso si hubiesen dem0strado una incapacidad para hacerlo”.
Además, no se permitiría que los Estados restringiesen la transferencia de información de servicios financieros sensibles a otros países cuando las empresas decidieran hacerlo. Esto se está convirtiendo en un tema candente en los Estados Unidos, que exige una transferencia de datos sin restricciones, y sin embargo la UE emitió el pasado 11 de octubre una norma sobre la privacidad, que contradice la posición de los Estados Unidos.
Las revelaciones también incluyen disposiciones en contra del desarrollo en el anexo de disposiciones de localización. Localización hace referencia a las normas que los países más desarrollados han utilizado para su desarrollo ayudando a las empresas locales hasta que estuviesen listas para competir en el mercado internacional. Se incluyen requisitos para la transferencia de tecnología, la contratación de personal local, la contratación de gestores locales para que adquieran conocimientos sobre cómo dirigir una empresa, requisitos sobre el capital para garantizar los depósitos locales y el uso de los productos locales.
De hecho, se trata de los mismos mecanismos por los cuales los defensores del TISA argumentan que supondrá beneficios para los países en desarrollo por la presencia de Corporaciones extranjeras. Sin embargo, el anexo de Localización restringe a los miembros firmantes del TISA la exigencia de esos mecanismos, incluso van tan lejos como la de restringir que una empresa tenga una presencia local (como una sucursal) con el fin de prestar servicios fuera de sus fronteras. En esencia, eso significa que los aspectos relacionados con el desarrollo están protegidos por una hoja de parra, ya que están restringidos por el mismo acuerdo.
Además del texto central y los anexos sobre cuestiones sistémicas, el TISA incluiría una “lista de compromisos” por parte de cada país en la que se enumeren los sectores que estarían dispuestos a permitir el acceso a mercados específicos del TISA, y qué sectores se excluirían de las normas nacionales de tratamiento del TISA. Se trata de negociaciones donde los países hacen ofertas y sus socios de negociación hacen solicitudes, es decir, piden más sectores que deben incluirse y que las exclusiones se limiten.
La combinación de las exigencias de la UE respecto a los servicios públicos y privados, incluidos los servicios financieros, los aspectos de desregulación del anexo de servicios financieros, así como las disposición de Localización, las filtraciones del pasado viernes exponen la naturaleza fundamentalmente en contra del desarrollo del TISA.
Las Naciones Unidas acaban de advertir sobre otra inminente crisis financiera. Sin embargo, la extensas exigencias de la UE para una mayor liberalización de los servicios públicos que se recogen en el TISA, los países en vías de desarrollo se estarían exponiendo a los efectos de esa crisis financiera, con una incapacidad para responder a una potencial crisis aumentando el acceso público a los servicios…
Antecedentes
Estas filtraciones suponen una advertencia para la sociedad civil sobre el impacto de la privatización y la potencial desregulación establecida en el TISA, ya desde septiembre de 2013, cuando fue aprobada la iniciativa para llegar a un acuerdo por parte de 354 organizaciones de todo el mundo. Ya en ese momento, la red Nuestro mundo no esta en venta (OWINFS) argumentó:
“Las negociaciones del TISA siguen las directrices de las Corporaciones, obligando a los países a una liberalización y desregulación extremas con el fin de garantizar los mayores beneficios empresariales a costa de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medio ambiente. El acuerdo propuesto es el resultado directo de la promoción sistemática de las empresas transnacionales en sectores de servicios de banca, energía, seguros, telecomunicaciones, transporte, agua, trabajando por medio de los grupos de presión, como la Coalición estadounidense de industrias de Servicios (USCSI) y el Foro Europeo de Servicios (FSE)”.
Las revelaciones del pasado viernes prueban que los argumentos de esta red están más allá de cualquier sombra de duda.
Las filtraciones del pasado viernes siguen a otras que ya se han hecho, como un Informe de junio de 2014, que hacía referencia a un versión anterior de un texto mantenido en secreto sobre servicios financieros; las filtraciones de diciembre de 2014, que hacía referencia a una propuesta de los Estados Unidos sobre flujo de datos más allá de las fronteras nacionales, transferencia de tecnología y neutralidad de la red (disponible en inglés y español), lo que aumentó las preocupaciones sobre la protección de la privacidad de datos a raíz de las revelaciones de Snowden; el 5 de febrero de 2015, nuevas filtraciones de un documento sobre la promoción del turismo de salud (disponible en inglés, francés, alemán y español); y en junio de 2015, WikiLeaks publica 17 documentos sobre el TISA, junto con un análisis del contenido; en julio de 2015 se publica una actualización de los textos, incluyendo un texto básico y acompañando un análisis; las filtraciones de diciembre de 2015 sobre documentos relacionados con los servicios de energía y medio ambiente; las filtraciones de 2016 revelan nuevos capítulos sobre las empresas estatales y las disposiciones de localización, entre otros; en septiembre de 2016, se publica un anexo sobre servicios energéticos y otros documentos por parte de Greenpeace; y en ese mismo mes se publican actualizaciones del texto básico y nuevas propuestas sobre disposiciones institucionales y solución de controversias (los enlaces están disponibles en el texto original en inglés).
El TISA se está negociando actualmente entre 50 países ( o 23 partes, si consideramos a la UE como uno solo) con el objetivo de ampliar la cobertura del ámbito del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. Sin embargo, incluso peor que las opacas conversaciones en la OMS, las negociaciones del TISA se llevan en absoluto secreto. La Federación Sindical Internacional de Servicios Públicos (PSI) lanzó las primeras críticas en “TISA vs. Servicios Públicos” en marzo de 2014 y la PSI y OWINFS publicaron conjuntamente “Las buenas amistades de los Acuerdos Transnacionales”, un Informe sobre la reglamentación nacional, de septiembre de 2014. Una hoja informativa sobre el TISA se puede encontrar aquí y más información sobre el TISA en este otro lugar.
Deborah James es la Directora de Programas Internacionales del Centro Económico e Investigación Política, con sede en Washington, y coordina la campaña de la red OWINFS. Con anterioridad fue directora del Programa de Vigilancia Pública del Comercio Internacional, donde trabajó para informar a la sociedad civil y los Gobiernos sobre los impactos potencial de la OMC tras la reunión de Doha. También fue Directora Económica de Cambio Global, donde hizo un trabajo similar sobre las áreas de Libre Comercio en América.
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