Una “Historia Natural” del declive de la clase obrera blanca en los Estados Unidos
Por James Petras y Robin Eastman-Abaya, 11 de julio de 2016
Magnitud y alcance de las muertes producidas por las drogas
En las últimas dos décadas, cientos de miles de trabajadores estadounidenses han muerto a causa de las drogas. La falta de datos concretos es un auténtico escándalo. La escasez de datos se debe a lo fragmentado del sistema, su incompetencia y la deliberada e incompleta ausencia de registros médicos y certificados de defunción, especialmente en las zonas rurales más pobres y en las pequeñas ciudades, donde prácticamente no hay ningún tipo de apoyo para crear y mantener unos registros de calidad. Esta ausencia de datos tienen múltiples facetas y está obstaculizada por los regionalismos y la falta de una dirección clara en la política de salud pública del Gobierno.
Al principio de esta crisis se intentó que los profesionales médicos y los forenses la ocultasen, certificando como naturales estas muertes debido a unas condiciones preexistentes, a pesar de las abrumadoras evidencias de que se había producido una prescripción excesiva por parte de la comunidad médica local. Hace quince o veinte años, las familias de las víctimas, aisladas en sus pequeños pueblos, pudieran haber incluso sentido un cierto consuelo al considerar la muerte como natural tras la muerte prematura de su ser querido. Es comprensible que un diagnóstico de la muerte por sobredosis de drogas supondría una enorme vergüenza social y personal de las familias rurales y de las pequeñas ciudades, cuando tradicionalmente se han asociado los narcóticos con una minoría urbana y la población penal. Se creían inmunes a los problemas de la gran ciudad. Confiaban en su médico, que a su vez confiaba en las Grandes Farmacéuticas, de modo que los nuevos opioides sintéticos no eran adictivos y por tanto se podían prescribir en grandes cantidades.
A pesar de la creciente percepción de este problema por parte de la comunidad médica local, apenas hubo intentos por parte de las administraciones públicas para educar a la población en situación de riesgo y, aún menos, intentos para frenar a la comunidad médica en su sobreprescripción y las clínicas privadas de tratamiento del dolor. Ellos, y los profesionales de enfermería y auxiliares, no aconsejaron a los pacientes de los grandes peligros de la combinación de opiáceos y el alcohol o los tranquilizantes. Muchos, de hecho, ni siquiera eran conscientes de los medicamentos que otros proveedores prescribían a sus pacientes. Es bastante corriente ver a adultos jóvenes y sanos con varias recetas extendidas por varios proveedores.
En las últimas décadas, bajo el Neoliberalismo, los presupuestos de los Departamentos de Salud de las zonas rurales se han sido fuertemente recortados debido a los programas de austeridad. Si bien, el Gobierno federal ordenó que se aplicasen caros y absurdos planes para hacer frente al bioterrorismo. A menudo, los Departamentos de Salud carecían del presupuesto necesario para pagar análisis toxicológicos forenses requeridos en la documentación para determinar los niveles de fármacos en los casos de sospecha de sobredosis entre la población.
Agravando aún más la falta de datos de calidad, no se han dado orientaciones o no ha existido coordinación entre el Gobierno federal y el estatal o la DEA regional (Administración para el Control de Drogas) en relación con una sistemática documentación y la creación de una base de datos útil para analizar las consecuencias de la excesiva prescripción de narcóticos legales. Al principio de la crisis apenas recibió la atención por parte de estos organismos.
Todos los organismos oficiales se preocuparon únicamente de la “Guerra contra las drogas”, ya que se libra contra los más pobres y las poblaciones urbanas minoritarias. Los pueblos pequeños, donde los médicos que prescriben en exceso constituyen los pilares de las iglesias locales o los clubes de campo, sufrían en silencio. Pero la mayoría de la gente seguía en calma, recibiendo una información errónea por parte de los medios de comunicación, de modo que pensaron que la adicción y las muertes relacionadas con ella era un problema interno de las ciudades, esa consideración racista de que las cárceles están llenas de jóvenes negros e hispanos por pequeños delitos o posesión de drogas.
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Es el prototipo de una epidemia que está provocando estragos. En todo el país estos casos están en aumento. En algunas zonas rurales la proporción de recién nacidos adictos de madres adictas está abrumando sus sistemas hospitalarios, que no están preparados para ello. Y las páginas necrológicas locales publican un número creciente de nombres y rostros jóvenes, además de los de edad avanzada, sin señalar ninguna causa en la muerte prematura de estos jóvenes, mientras que dedican algunos párrafos a los difuntos octogenarios. |
Pero dentro de este vacío, los niños blancos de la clase trabajadora estaban empezando a marcar el 112… porque “Mami no se despierta…”. La madre con sus “parches de fentanilo prescritos” tomó una pastilla de Xanax y devastó a toda una familia. Es el prototipo de una epidemia que está provocando estragos. En todo el país estos casos están en aumento. En algunas zonas rurales la proporción de recién nacidos adictos de madres adictas está abrumando sus sistemas hospitalarios, que no están preparados para ello. Y las páginas necrológicas locales publican un número creciente de nombres y rostros jóvenes, además de los de edad avanzada, sin señalar ninguna causa en la muerte prematura de los adultos jóvenes, mientras que dedican algunos párrafos a los difuntos octogenarios.
Las recientes tendencias muestran que las muertes por consumo de drogas (tanto por sobredosis de opiáceos como por la fatal interacción entre otras drogas y el alcohol) han tenido un importante impacto en la configuración de la mano de obra local, de las familias, de las comunidades y los barrios. Esto se ha visto reflejado en la vida misma de los trabajadores, cuya vida personal y su empleo se han visto considerablemente alterados por la deslocalización de las industrias, la reducción de personal, el recorte en los salarios y de los seguros sociales. Los sistemas de apoyo tradicionales, que proporcionaban a los trabajadores perjudicados por la nueva situación, tales como sindicatos, los servicios sociales y los profesionales de salud mental, han sido incapaces de intervenir antes o después de que el flagelo de la adicción a las drogas se hubiese desencadenado.
Dinámica Demográfica de las muertes inducidas por las drogas
Casi todos los informes que se han publicado ignoran el impacto demográfico y las diferencias de clase de las muertes provocadas por las prescripciones de medicamentos. La mayoría de las muertes por el consumo de drogas ilegales han sido debida a una adicción provocada por la prescripción de narcóticos legales por parte de los médicos. Sólo cuando se produce la muerte de una persona célebre por sobredosis se convierte en noticia.
La mayoría de las víctimas han sido obreros de raza blanca de bajos salarios, con todos sus miembros en paro o subempleados. Es decir, sus perspectivas de futuro eran aciagas. Cualquier sueño de tener una familia con un salario digno en el “Corazón de América” se ha convertido en una burla. Se trata de un grupo muy numeroso dentro de la población nacional, que ha experimentado un fuerte descenso en sus niveles de vida debido a la desindustrialización. Las mayoría de las muertes por sobredosis fatales son hombres en edad de trabajar de raza blanca, pero también hay una alta proporción de mujeres de la clase trabajadora, a menudo madres con niños. Poco se ha discutido sobre el impacto en la familia numerosa por la muerte por sobredosis de una mujer en edad de trabajar. Estas familias suelen dar cobijo a las abuelas, con tres generaciones bajo el mismo techo. En este grupo demográfico, las mujeres a menudo proporcionan la cohesión y la estabilidad fundamental durante varias generaciones en situación de riesgo, incluso aunque hayan estado tomando “Oxy” para su dolor crónico.
Al parecer, las poblaciones minoritarias de los Estados Unidos han escapado hasta ahora de esta epidemia. Los negros y los hispanos ya llevan un período muy largo de depresión económica y de marginación, y la menor tasa de muertes por la prescripción de medicamentos entre sus poblaciones puede indicar una mayor capacidad de recuperación. Sin duda refleja que tienen menor acceso al sector médico privado y a su sobreprescripción, lo cual no deja de ser una paradoja: una desatención médica puede resultar en un beneficio.
Quizás haya pocos estudios que tengan en cuenta las tendencias comparativas de las muertes por sobredosis entre las minorías urbanas y en los pequeños núcleos rurales desde el punto de vista sociológico, por parte de los departamentos universitarios o los organismos de salud pública, pero la observación informal o personal me sugiere que las poblaciones urbanas minoritarias son más proclives a proporcionar asistencia a un vecino con sobredosis o a un amigo que entre la comunicad blanca, donde los adictos son más propensos a hacerlo de manera aislada y lejos de los miembros de su familia que se avergonzaría de su debilidad. Incluso la práctica de dejar a un amigo con sobredosis en la entrada de los servicios de urgencias y luego irse ha salvado muchas vidas. Las minorías urbanas frecuentan con mayor asiduidad los caóticos servicios de urgencia de las grandes ciudades, donde el personal médico ya es experto en el reconocimiento y tratamiento de las sobredosis. Después de décadas de lucha por los derechos civiles, las minorías posiblemente se muestren más dispuestas a hacer valer sus derechos en relación con el uso de los servicios públicos. Incluso tienen una cultura relativamente más fuerte de solidaridad entres las minorías marginadas en la prestación de asistencia o la toma en consideración de las consecuencias de no llevar al vecino a los servicios de urgencia. Estos mecanismos de supervivencia urbana están prácticamente ausentes de las zonas rurales blancas.
A nivel nacional, los médicos estadounidenses se muestran reacios desde hace mucho tiempo a prescribir opioides sintéticos a los pacientes de las minorías, incluso aunque tuvieran un dolor persistente. Son varios los factores de esta actitud, pero la comunidad médica no es inmune a los estereotipos del adicto o del traficante urbano hispano o negro. Tal vez este generalizado racismo médico en el contexto de una epidemia por la prescripción de opioides haya tenido, paradójicamente, algún beneficio.
Cualesquiera que sean las razones, los adictos de las minorías urbanas que presentan una sobredosis son más propensos a sobrevivir a una sobredosis de opiáceos que los habitantes blancos de las zonas rurales o ciudades pequeñas, ya que no están familiarizados con los estupefacientes y sus efectos.
En las zonas rurales y desindustrializadas de la zona central de los Estados Unidos, se ha producido una enorme ruptura en la comunidad y en la solidaridad familiar. Esto se ha unido a la pérdida de estabilidad en el empleo, que ya tenía un siglo, especialmente en los sectores agrícola, fabricación de productos y la minería. Sólo la Rusia postsoviética experimentó un patrón semejante de disminución de la esperanza de vida debido al “envenenamiento” (alcohol y drogas) en todo el país después de la destrucción del sistema socializado de pleno empleo y el desmoronamiento de todos los servicios sociales. Además de la desaparición del aparato policial soviético y el crecimiento de una oligarquimafia, el país se vio inundado por la heroína procedente de Afganistán.
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James Petras, ex profesor de Sociología de la Universidad de Binghamton, Nueva York, lleva 50 años en el asunto de la lucha de clases; es asesor de los Campesinos sin Tierra y sin trabajo en Brasil y Argentina, y coautor de Globalización desenmascarada (Zed Books), siendo su libro más reciente Sionismo, Militarismo y la Decadencia del Poder estadounidense (Clarity Press, 2008).Robert Eastman-Abaya es un médico defensor de los derechos humanos en Filipinas durante últimos 29 años.
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Procedencia del artículo:
http://dissidentvoice.org/2016/07/genocide-by-prescription/
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