Javier Sánchez – Tercera Información | 05-04-2012 |
Anteriormente Consejero de Instalaza, una fábrica zaragozana de bombas de racimo que , después de que España prohibiese este tipo de armamento especialmente criminal , presentó una demanda contra el Estado; Instalanza pide 40 millones de euros de indemnización “ por daño emergente y lucro cesante “ Ilustración procedente de Diagonal
Morenés, ministro de «Defensa» fue consejero de la empresa de armamento bélico Instalaza entre 2005 y 2007. Después ocupó el puesto de representante hasta el 4 de octubre de 2011 según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Sólo dos semanas antes de las elecciones.
La empresa de armamento de guerra Instalaza fabricaba (entre otras) bombas de racimo, una de las últimas partidas se le vendió, por ejemplo, al gobierno de Gadafi. Los dueños de la empresa decidieron demandar al estado en mayo del año pasado (estando el PSOE en el gobierno) por aprobar una ley en 2008 en base al Tratado de Dublín contra las bombas de racimo. Alegaban que esta prohibición les haría perder dinero. Es decir, una empresa de armamento pide una indemnización al estado porque ha prohibido el uso de bombas que ya habían sido vetadas por la ONU por su peligro.
Hoy sabemos que Instalaza venderá la deuda a una tercera empresa que a su vez la revenderá y finalmente el Gobierno pagará alegando que no es una empresa de armas la que cobra. El dinero saldrá de los impuestos de todos.
Nuestro dinero servirá para pagar bombas que mutilan a niños: las sub-municiones esparcidas por las bombas (de la hasta hace 5 meses fábrica de Pedro Morenés) tienen un rango de fallo de entre el 5% y el 30% por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar siendo peligrosas tiempo después de terminada la guerra, tal que las minas antipersonas. Son especialmente peligrosas para los niños por sus formas llamativas, como «pelotitas de tenis o latas de refrescos». Era así como las camuflaba la empresa del ministro.
¿Por qué pagar a una empresa una cantidad astronómica (estipulada por la propia empresa) sólo porque no pueden vender sus armas? ¿Por qué ceder a este chantaje? ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Qué hará la empresa de armamento con esa millonada de dinero público? ¿Sigue teniendo Pedro Morenés acciones de la empresa? ¿Hay que indemnizar por hacer cumplir la ley a una empresa que incumple una resolución sobre armas prohibidas por la ONU?
La semana pasada se descubrió que el Rey impuso a Rajoy que Pedro Morenés fuera el ministro de Defensa. Rajoy, como ya había anunciado, quería a Alberto Ruiz Gallardón para ese cargo. Todos los ministros de Defensa, fueran del PSOE o del PP, han conseguido el puesto gracias a Juan Carlos de Borbón (que ocupa un cargo militar de honor, no se olvide). Así sucedió, entre otros, con José Bono, Antonio Alonso e incluso Carme Chacó, que tiene lazos muy estrechos con la monarquía, especialmente con Felipe de Borbón.
Hay que recordar que ayer, 4 de abril fue el día contra las minas antipersonas, que tienen objetivos tan arbitrarios al explotar como las bombas de racimo (que explotan en el aire).
La «carrera» de Pedro Morenés ha estado desde siempre metida de lleno en el negocio del armamento militar. Además de ser representante de Instalaza, ha sido presidente ejecutivo en España de MBDA (uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo); presidente de Segur Ibérica, una empresa de seguridad privada con varios contratos con el Ministerio de defensa; presidente de Kuitber, una consultora de defensa; consejero de Aritex, una constructora de diseño industrial con contratos militares; etc Pese a las buenas relaciones que mantiene con Rajoy, Morenés nació en el mundo de la política de la mano de José María Aznar. Y concretamente, como secretario de Estado de Defensa y Seguridad (en el año 2000). Desde marzo de 2005 preside el Círculo de Empresarios.
Fuentes: Red Antimilitarista Andaluza http://redantimilitarista.wordpress.com/