Americanos políticamente activos sufren registros y vigilancia. Ya se inició esta táctica durante la era Bush, y sigue con Obama.
Kevin Zeese / 30 de septiembre de 2010
La semana pasado la Brigada de Investigación Criminal (FBI) asaltó seis casas de ocho activistas por la paz en Minneapolis y Chicago, así como una oficina en Minneapolis de un grupo pacifista. Los agentes derribaron puertas de las viviendas, rompieron mobiliario, confiscaron ordenadores, documentos, los teléfonos y otros materiales, sin realizar ninguna detención. Estos grupos no utilizan ni arma sin bombas, no son terroristas, sus armas son la información, los panfletos y otras demostraciones no violentas.
Los registros del FBI continúan una tendencia que ya se inició hace casi una década: vigilancia de activistas por la paz y otros. Hay que entender en qué contexto se producen estas incursiones, y poner freno a esta infracción de los derechos constitucionales.
Los asaltos ocurrieron sólo unos días después de que un informe del Inspector General del Ministerio de Justicia estadounidense examinara 8.000 páginas de documentos, de entre 2001 a 2006, y entrevistó a docenas de agentes del FBI. El informe ponía en entredicho las acciones del FBI contra grupos pacifistas, defensores de los derechos de los animales, ecologistas, considerándolas investigaciones impropias, irrazonables e inconsecuentes con la política del FBI. Entre los grupos espiados están el Centro Thomas Merton por la Paz, los Cuáqueros, Trabajadores Católicos, Greenpeace, Tratamiento Ético de los animales y un activista cuáquero, a nivel individual. Según el inspector general no había ninguna base para las investigaciones.
Otro informe encontró que el FBI utilizó la mentira para obtener ilegalmente miles de archivos, aprobaciones después de sustraídos los documentos, en un intento de encubrirlo. El informe vio la luz en enero de este año, y es el resultado de otra investigación del Ministerio de Justicia, que publicó un informe similar en 2007. El Inspector General centró sus críticas en la utilización ilegal por parte del FBI de las llamadas peticiones informales, que son inconstitucionales, también conocidas como “cartas exigentes”, para solicitar la información, que sabían de antemano ilegal. El informe señala como completamente injustificados los procedimientos del FBI, que violó la ley durante años, registrando llamadas telefónicas: los agentes han violado repetidamente la ley invocando inexistentes urgencias de seguridad, para de este modo acceder a la información que de otros modos no estarían autorizados a consultar.
Otro informe de otro Inspector descubrió que cientos de agentes del FBI utilizaron la mentira en los exámenes sobre vigilancia doméstica. Se describe como consultaron con terceros las respuestas, aun sabiendo que eso está prohibido. Se distribuyeron hojas con las respuestas o guías de estudio que proporcionaban las respuestas de la prueba. Otro más aprovechó un fallo en el sistema informático para conocer las respuestas. Los agentes están siendo examinados desde el año 2008 para saber cómo se deben conducir en las investigaciones internas.
Los informes conocidos no hablan de la frecuencia con que se produce la vigilancia de activistas. Antiguos agentes del FBI y Colleen Rowley, relatan que en 2008 averiguamos que por medio de una Freedom of Information existen 300 páginas de… agentes que seguían a un grupo de estudiante de Iowa en los parques, bibliotecas, bares y restaurantes. Los documentos solicitados por David Goodner, un antiguo miembros del Comité Pacifista de la Universidad de Iowa, a través de la Freedom of Information (Libertad de Información), muestran que el espionaje de la actividad de grupos pacifistas en Iowa implicaba señalar viviendas, fotografiar de forma secreta, grabaciones de vídeo, registrar la basura o incluso infiltrar topos para conocer las actividades de estos grupos.
Conocidos como Wild Rose Rebellion, los activistas fueron descritos por el FBI como un colectivo anarquista. En una entrevista con The Des Moines Register, el FBI se defendió de sus actuaciones señalando que estas personas tenían la intención de cometer actividades criminales con el objeto de interrumpir las convenciones nacionales de algunos partidos políticos importantes. Los proyectos del grupo eran los de ayudar en la organización de actos no violentos de resistencia pasiva, como bloqueos de las calles, en la convención RNC de 2008.
Pensilvania concedió un contrato sin oferta pública de 125.000 dólares a una empresa de consultoría americano-israelí, Institute of Terrorism Research and Response, para espiar a grupos pacifistas, ciudadanos activistas, grupos cívicos y críticos con la administración Rendell. Se suponían potenciales amenazas terroristas, pero el contratista privado, pagado por el Department of Homeland Security, espiaba a grupos religiosos, abogados, protestantes contra BP, objetores fiscales, o sea, cualquiera que criticase al gobierno estatal.
En Maryland, Homeland Security and Intelligence Division of the Maryland State Police iniciaron operaciones secretas para espiar a la gente que apoya puntos de vista progesistas. Los policías del estado de Maryland espiaron en secreto a pacifistas, grupos que oponían a la pena de muerte. Clasificó a 53 activistas no violentos como terroristas e introdujo sus nombres e información personal en las bases de datos estatales y federales, que rastrear posibles sospechosos de terrorismo, como reconoció el jefe de la policía estatal en 2008.
En el año 2009, la policía estatal reconoció que había realizado una vigilancia más amplia, indicando cómo los policías espiaban – y marcaron como terroristas- a una gran cantidad de activistas. Espiaron a activistas que protestaban contra la fabricación de armas por la empresa Lockheed Martin. Controlaron a dos monjas católicas de Baltimore, CODE PINK y a DC Anti-War Network, que fue erróneamente tachado de grupo por la supremacía blanca. Este programa de vigilancia se hizo público gracias a los documentos entregados durante un proceso de entrada ilegal del activista por la paz, Max Obuszewski, las monjas y otro activistas detenido durante la reunión pacifista en la Agencia de Seguridad Nacional. Los documentos mostraron que los agentes de inteligencia de Baltimore los seguían.
Este tipo de vigilancia por parte del FBI, NorthCom y policía estatal y local ha sido señalada en muchas partes del país, entre ellas Alaska, California, Colorado, Florida, Massachussetts, Nueva York y Washington.
Esta intensificación de la vigilancia a ciudadanos estadounidenses comenzó bajo la presidencia de Bush y ha continuado bajo la de Obama. En todo momento de la historia de Estados Unidos se ha producido una constante batalla entre los derechos constitucionales y la vigilancia de activistas políticos, sobre todo pacifistas. El FBI tiene una larga historia de este tipo de actividades que manchan su nombre. Si no se actúa para reducir este tipo de acciones, nos ponemos en peligro de ser puestos sin más en una lista de terroristas, simplemente por acudir a una reunión, firmar una petición o cualquier protesta.
Es urgente llevar a cabo las siguientes acciones:
• el Presidente Obama tiene que hablar claramente contra la vigilancia de americanos que ejercen simplemente sus derechos constitucionales. Como antiguo profesor de derecho, sabe la larga historia de tales abusos y qué importante es contener esta intromisión.
• Cese del director de Brigada de Investigación Criminal Robert Mueller. Ejerce su cargo desde 2001, y su actuación ha estado manchada con abusos de espionaje interior. El Inspector General ha concluido que el Director Mueller proporcionó “ información inexacta y engañosa” al Congreso. Mueller no actuó contra los procedimientos inadecuados para asegurar que se respetasen las leyes y asegurarse que los agentes son conscientes de las leyes en cuanto a la vigilancia interior.
• El Congreso tiene que investigar el grado de espionaje realizado a americanos que ejercen simplemente los derechos al libre discurso, de reunión, y presentar una solicitud al gobierno. Estos derechos políticos fundamentales tienen que ser protegidos asumiendo las leyes en cuanto a vigilancia interior que fueron dictadas por la PATRIOT Act.
La intensificación de las guerras en el exterior por la administración Obama avanza, y también contra los activistas que actúan dentro del país. Es paradójico que los recientes asaltos de Illinois y Minnesota contra personas de ideología marxista, pongan de manifiesto que habían apoyado la elección del Presidente Obama. El Informe político resaltaba que la elección de Obama representaba un rechazo de las políticas de la administración Bush y del deseo de la gente de tener un gobierno progresista. Ahora sabemos que la administración Obama continúa con la política de Bush, apuntando a un desacuerdo con su política y las guerras que todavía mantiene Obama.
Kevin Zeese es el director ejecutivo de Votantes por la Paz.
http://dissidentvoice.org/2010/09/politically-active-americans-facing-searches-and-surveillance/