explaininghistory.org, 15 de junio de 2026
- La primera ola: la ley y la protesta
- La capa de ozono: el problema que se resolvió
- La crisis climática y su dimensión política
- La campaña de desinformación
- Kioto, París y la brecha
- El nuevo movimiento climático
- La política del futuro
En 1962, Rachel Carson publicó un libro sobre los plaguicidas. Primavera silenciosa estaba escrito en un estilo más propio de la poesía que de la literatura científica —su primer capítulo, «Una fábula para el mañana», describía una ciudad estadounidense imaginaria en la que la primavera se había silenciado porque las aves habían muerto— y sostenía que la aplicación generalizada de productos químicos sintéticos, en particular el DDT, en las tierras agrícolas y las vías fluviales estaba teniendo consecuencias para los ecosistemas, la fauna y la salud humana que nadie había previsto y que casi nadie había empezado aún a medir de forma sistemática. La industria química respondió con la furia que reservaba para cualquiera que amenazara sus intereses comerciales. Carson, una bióloga marina que había dedicado su carrera al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. redactando relatos accesibles sobre el mundo natural, fue tachada de solterona histérica cuyas credenciales científicas eran insuficientes para cuestionar la experiencia de las empresas cuyos productos criticaba. Le habían diagnosticado cáncer de mama antes de la publicación del libro y falleció a causa de esta enfermedad dieciocho meses después.
Primavera silenciosa marcó el inicio del ecologismo moderno, en el sentido de que fue la primera obra de divulgación científica que expuso ante un público masivo que la civilización industrial estaba generando consecuencias no deseadas y potencialmente catastróficas para el mundo natural que la sustentaba, y que dichas consecuencias no eran accidentales, sino estructurales, derivadas de la lógica básica de un sistema organizado en torno a la maximización de la producción económica a corto plazo sin tener en cuenta los costes ecológicos. El libro vendió más de medio millón de ejemplares en su primer año. Provocó directamente una revisión del uso de plaguicidas por parte de un comité asesor presidencial, contribuyó a la posterior prohibición del DDT en Estados Unidos en 1972 y creó el público lector para el movimiento ecologista que le seguiría. El presidente Kennedy lo citó públicamente; se publicó por entregas en la revista New Yorker antes de su lanzamiento, llegando a un público que quizá no habría buscado un texto científico. Su alcance cultural fue tan significativo como sus consecuencias legislativas, ya que estableció una nueva forma de pensar sobre la relación entre la actividad industrial y el mundo natural —una en la que la carga de la prueba había pasado de quienes alegaban el daño a quienes lo negaban—.
La primera ola: legislación y protestas
El movimiento ecologista que surgió a finales de la década de 1960 se nutrió de múltiples fuentes: la tradición de conservación de la naturaleza de John Muir y Aldo Leopold, las preocupaciones en materia de salud pública que Carson había puesto de manifiesto, la crítica más amplia de la Nueva Izquierda al capitalismo industrial y una serie de desastres medioambientales concretos que hicieron imposible ignorar los costes de la actividad industrial no regulada. El río Cuyahoga, en Ohio, tan contaminado por los vertidos industriales que literalmente se incendió en 1969, se convirtió en una imagen que pasó a formar parte del vocabulario político de la época. El vertido de petróleo de Santa Bárbara de ese mismo año —100 000 barriles de crudo que cubrieron treinta y cinco millas del litoral californiano y mataron a miles de aves marinas— fue presenciado por la audiencia televisiva que los defensores del medio ambiente habían aprendido a cultivar. No se trataba de incidentes aislados, sino de síntomas de una tendencia más amplia: en 1970, Estados Unidos producía el doble de residuos per cápita que en 1950, y los ríos, lagos y el aire urbano del país se estaban degradando de forma apreciable bajo la presión de la expansión industrial de la posguerra.
El primer Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril de 1970, fue la mayor manifestación pública de la historia de Estados Unidos hasta ese momento: se calcula que 20 millones de personas participaron en actos por todo el país, una movilización que se apoyó en la infraestructura organizativa y la retórica política del movimiento contra la guerra y del movimiento por los derechos civiles. Su magnitud demostró que la preocupación por el medio ambiente había pasado de ser una inquietud minoritaria a convertirse en un valor político mayoritario con una rapidez asombrosa. La administración Nixon, interpretando el panorama político con su habitual precisión —aunque sin ningún compromiso filosófico particular con la causa—, creó la Agencia de Protección Ambiental en diciembre de 1970 y firmó, en rápida sucesión, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y la Ley de Especies en Peligro de Extinción. No se trataba de medidas cosméticas: la Ley de Aire Limpio impuso por primera vez a la industria normas de emisiones de obligado cumplimiento; la Ley de Agua Limpia estableció como objetivo nacional que, para 1983, todas las aguas navegables fueran aptas para la pesca y la natación. Los logros legislativos de aquellos años representaron la expansión más significativa de la regulación medioambiental federal en la historia de Estados Unidos y produjeron mejoras cuantificables en la calidad del aire y del agua a lo largo de las décadas siguientes.
En esos mismos años surgieron organizaciones ecologistas de carácter explícitamente político —el Fondo de Defensa del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Amigos de la Tierra y Greenpeace— que entendían como instrumentos de protección medioambiental los grupos de presión, los litigios y la acción directa, en lugar del romanticismo naturalista que había definido al movimiento conservacionista anterior. Greenpeace, fundada en Vancouver en 1971, aportó al activismo medioambiental las tácticas de acción directa del movimiento antinuclear, muy eficaces ante los medios de comunicación: navegar con barcos de vela hacia zonas de pruebas nucleares, situar a activistas entre los arpones y las ballenas, crear imágenes que la televisión pudiera transmitir a audiencias de todo el mundo que nunca habían visto lo que se estaba destruyendo. La dimensión internacional del ecologismo se hizo patente con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, la primera gran reunión internacional dedicada a abordar cuestiones medioambientales, que dio lugar a la Declaración de Estocolmo y estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
La capa de ozono: el problema que se resolvió
La crisis del agotamiento de la capa de ozono de la década de los 80 es el ejemplo más instructivo de la historia moderna de cómo se puede abordar con éxito un problema medioambiental global, y el contraste con la crisis climática que le siguió es tan revelador como el propio logro. El descubrimiento, a mediados de la década de 1970, por parte de los químicos F. Sherwood Rowland y Mario Molina, de que los clorofluorocarbonos (CFC) —sustancias químicas utilizadas en refrigerantes, aerosoles y embalajes de espuma— se estaban acumulando en la estratosfera y destruyendo la capa de ozono que protegía la superficie terrestre de la radiación ultravioleta fue recibido con una mezcla de interés científico y oposición industrial que se convertiría en algo habitual. La industria química, encabezada por DuPont, argumentó inicialmente que los datos científicos eran inciertos y que los costes económicos de sustituir los CFC serían prohibitivos.
Lo que cambió la dinámica política fue el descubrimiento, anunciado en 1985 por científicos británicos que medían los niveles de ozono sobre la Antártida, de un agujero en la capa de ozono de dimensiones dramáticas: un agotamiento estacional del 40 al 50 por ciento sobre el continente antártico. Las imágenes eran inequívocas, los datos científicos no se cuestionaban seriamente y las consecuencias —el aumento de las tasas de cáncer de piel y el daño a los ecosistemas marinos— eran comprensibles para quienes no eran científicos. Ronald Reagan, quien en una ocasión había bromeado diciendo que los árboles causaban más contaminación que los automóviles, firmó el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono en 1985 y, posteriormente, apoyó las negociaciones que dieron lugar al Protocolo de Montreal. El cambio de postura de DuPont fue decisivo: tras haberse opuesto inicialmente a la regulación, la empresa anunció en 1988 que había desarrollado sustancias químicas sustitutivas y que apoyaría la eliminación gradual de los CFC.
El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, comprometía a los signatarios a eliminar progresivamente la producción de CFC y otras sustancias que agotan la capa de ozono. Posteriormente se reforzó en múltiples ocasiones y, finalmente, fue ratificado por todas las naciones del mundo —el único tratado internacional que ha logrado la ratificación universal—. La capa de ozono comenzó a recuperarse, de forma lenta pero apreciable, en las décadas siguientes. Se espera que vuelva a los niveles de 1980 aproximadamente en 2060. Las condiciones que hicieron posible el Protocolo de Montreal eran específicas: la crisis del ozono tenía una única causa bien definida, un pequeño número de industrias identificables responsables de la misma, sustancias químicas sustitutivas disponibles que podían reemplazar a los CFC a un coste asumible, y un plazo en el que el daño era visible y la solución demostrable. La crisis climática no comparte ninguna de estas características, y su trayectoria política ha sido, en consecuencia, diferente.
La crisis climática y su dimensión política
La ciencia del efecto invernadero —el mecanismo por el cual el dióxido de carbono y otros gases retienen el calor en la atmósfera— se conoce desde el siglo XIX. El químico sueco Svante Arrhenius calculó en 1896 que duplicar el CO₂ atmosférico elevaría las temperaturas globales entre 5 y 6 grados Celsius. El científico estadounidense Roger Revelle advirtió en un artículo de 1957 que la humanidad estaba llevando a cabo un «experimento geofísico a gran escala» al añadir CO₂ a la atmósfera, y encargó el seguimiento sistemático de las concentraciones atmosféricas de CO₂, que David Keeling comenzó en el Observatorio de Mauna Loa, en Hawái, en 1958. La «curva de Keeling» —el gráfico que muestra el aumento constante de las concentraciones de CO₂ a partir de las mediciones de Keeling— se convirtió en uno de los conjuntos de datos más significativos de la historia de la ciencia.
James Hansen, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, testificó ante el Senado de los Estados Unidos en junio de 1988, durante una sofocante ola de calor en Washington, y afirmó —con una seguridad que él mismo reconoció que era inusual para un científico en público— que el efecto invernadero era real y que ya se estaba detectando en los registros de temperatura. La declaración ocupó la portada del New York Times y se introdujo en el debate político de una forma que el lenguaje científico más cauteloso de años anteriores no había logrado. El testimonio de Hansen supuso el inicio político del debate sobre el clima en Estados Unidos: el momento en el que una cuestión científica se convirtió en un asunto de interés público y de controversia política.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial en 1988, reunió a los principales científicos climáticos del mundo para evaluar el estado de los conocimientos y sus implicaciones para las políticas. Sus informes de evaluación —publicados en 1990, 1995, 2001, 2007, 2013 y 2021— documentaron sistemáticamente las pruebas acumuladas y reforzaron progresivamente la confianza con la que la comunidad científica atribuía el calentamiento observado a la actividad humana. En el momento de la publicación del cuarto informe de evaluación, en 2007, el IPCC afirmó que el calentamiento del sistema climático era «inequívoco» y que era «muy probable» —definido como una probabilidad superior al 90 %— que fuera consecuencia de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. El sexto informe de evaluación, publicado en 2021, afirmaba que era «inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la tierra». El consenso científico era tan sólido y estaba tan claramente expresado como cualquier otro en la historia de la ciencia medioambiental.
La campaña de desinformación
La respuesta política a este consenso se vio marcada por una de las campañas de desinformación más sofisticadas y mejor financiadas de la historia moderna, llevada a cabo por la industria de los combustibles fósiles y los actores políticos a los que apoyaba. Los mecanismos de la campaña fueron documentados en detalle por los historiadores Naomi Oreskes y Erik Conway en su libro de 2010 Mercaderes de la duda, que demostró que la misma red de científicos y defensores de políticas que anteriormente había trabajado para sembrar dudas sobre la ciencia que relacionaba el tabaquismo con el cáncer y los CFC con el agotamiento de la capa de ozono se había movilizado para crear la apariencia de una controversia científica sobre el cambio climático. Documentos internos de Exxon revelaron que los propios científicos de la empresa conocían los riesgos climáticos de la combustión de combustibles fósiles desde finales de la década de 1970 y que la empresa había optado por financiar la desinformación pública en lugar de actuar en base a su conocimiento interno. Un memorándum de 1998 del Instituto Americano del Petróleo (API) establecía una estrategia cuyo objetivo explícito era convencer al público de que las pruebas científicas del cambio climático eran inciertas.
La campaña resultó extraordinariamente eficaz. En 1988, cuando Hansen testificó y la cuestión alcanzó por primera vez gran relevancia pública, las encuestas mostraban que la mayoría de los estadounidenses apoyaba la adopción de medidas gubernamentales contra el cambio climático. A lo largo de las décadas de los noventa y los 2000, a medida que las pruebas científicas se reforzaban y la «industria de la incertidumbre», financiada por las empresas, producía su contraargumento, la confianza del público en el cambio climático se mantuvo prácticamente estable en Estados Unidos, incluso cuando aumentaba en otras democracias desarrolladas. La polarización partidista del tema —que no era inherente a las pruebas, sino una construcción política, ya que los mecanismos del efecto invernadero son tan indiferentes a la afiliación partidista como la rotación de la Tierra— supuso que, a principios de la década de 2010, la aceptación de la ciencia climática se hubiera convertido en un indicador fiable de identidad política de una forma que no tenía parangón en ninguna otra democracia avanzada.
Kioto, París y la brecha
El Protocolo de Kioto de 1997 fue el primer acuerdo internacional vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En él se comprometía a los países desarrollados a reducir sus emisiones, para 2012, en un promedio del 5,2 % por debajo de los niveles de 1990. El Senado de Estados Unidos votó de forma preventiva, por 95 votos a favor y ninguno en contra, en contra de la ratificación de cualquier acuerdo que no incluyera compromisos vinculantes por parte de los países en desarrollo, en particular China e India. La Administración Clinton firmó el Protocolo de Kioto, pero nunca lo presentó para su ratificación. La Administración de George W. Bush se retiró formalmente del protocolo en 2001. Entre los principales emisores, solo la Unión Europea consideró que sus compromisos eran verdaderamente vinculantes.
El Acuerdo de París de 2015 fue el marco sucesor: un acuerdo verdaderamente universal, firmado por 196 partes, incluidos tanto Estados Unidos como China, en el que cada país presentó «contribuciones determinadas a nivel nacional» —objetivos de reducción de emisiones fijados por sí mismos— sin mecanismos de cumplimiento vinculantes. La ambición del acuerdo era limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior a 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, con esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. Las contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas en el marco del Acuerdo de París resultaron, en conjunto, insuficientes para alcanzar cualquiera de los dos objetivos: los análisis realizados en el momento de la firma sugerían que la plena aplicación de todos los compromisos presentados daría lugar a un calentamiento de aproximadamente 3 grados para 2100. El problema estructural radicaba en que los costes de la acción climática se concentraban en el presente, mientras que los beneficios de evitar un calentamiento catastrófico se distribuían a lo largo del futuro, beneficiando de manera desproporcionada a personas que aún no habían nacido. Los sistemas políticos democráticos, que responden ante los electores actuales más que ante los futuros, descartaban sistemáticamente los beneficios futuros frente a los costes presentes.
El nuevo movimiento climático
El rostro visible del nuevo activismo climático que surgió a finales de la década de 2010 fue Greta Thunberg, una adolescente sueca que comenzó a hacer huelga escolar todos los viernes de agosto de 2018 para exigir al Gobierno sueco que redujera las emisiones de acuerdo con el Acuerdo de París. Su «Huelga escolar por el clima» se extendió por todo el mundo a una velocidad que ninguna campaña organizada por adultos había logrado: en septiembre de 2019, se calcula que cuatro millones de personas participaron en una única huelga global coordinada. Su discurso en la Cumbre de Acción Climática de la ONU celebrada en Nueva York en septiembre de 2019 —«¿Cómo os atrevéis?», pronunciado con una ira que incomodó visiblemente a los políticos— articuló una acusación generacional: que los adultos responsables de la política climática llevaban décadas conociendo el problema y no habían hecho prácticamente nada adecuado al respecto.
Extinction Rebellion, fundada en el Reino Unido en 2018, adoptó una estrategia de desobediencia civil deliberada —bloqueo de puentes, interrupción del tráfico, pegado de activistas a edificios— destinada a crear una crisis de gobernabilidad que obligara a los gobiernos a actuar. Sus tácticas resultaban más polémicas que las huelgas escolares de Thunberg, y su relación con la legitimidad democrática fue cuestionada por críticos que señalaban que las perturbaciones recaían de forma desproporcionada sobre los ciudadanos de a pie, en lugar de sobre los actores políticos y empresariales responsables de las políticas contra las que se protestaba. La transición hacia las energías renovables, que había ido cobrando impulso desde principios de la década de 2010, ofrecía motivos para un optimismo de otro tipo: el coste de los paneles solares fotovoltaicos se redujo en más de un 90 % entre 2010 y 2020, y a principios de la década de 2020 las energías renovables se habían convertido en la fuente más barata de nueva generación eléctrica en la mayor parte del mundo. La cuestión ya no era si la energía limpia era asequible, sino si los cambios políticos e institucionales necesarios para implantarla a una escala suficiente podrían lograrse con la rapidez necesaria.
Las políticas del futuro
La crisis climática es, en el fondo, una crisis de tiempo político. La política democrática funciona con ciclos electorales de cuatro o cinco años; las consecuencias más graves de las emisiones actuales se notarán a lo largo de décadas y siglos, sobre todo para las personas que ahora son niños o que aún no han nacido. Los costes de la descarbonización son inmediatos y visibles, y recaen sobre los trabajadores de las industrias de combustibles fósiles, las comunidades que dependen de los ingresos del carbón o el petróleo, y los consumidores a los que se les pide que paguen más por la energía durante un período de transición. Los beneficios son difusos, a largo plazo y se distribuyen entre la población mundial y a lo largo de generaciones de formas que no se corresponden con ningún electorado. Ningún político que haya llegado al poder ha sido elegido por futuros votantes.
Esta asimetría temporal se ve agravada por la geografía de la vulnerabilidad. Los países que corren un riesgo más inmediato por el aumento del nivel del mar, la intensificación de las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos se encuentran predominantemente en el Sur Global: naciones insulares de baja altitud, países del África subsahariana que dependen de la agricultura de secano y ciudades costeras del sur de Asia. Estos países son los que menos han contribuido a las emisiones históricas de gases de efecto invernadero; Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido son responsables de la mayor parte de las emisiones acumuladas que han provocado los actuales niveles de calentamiento. La dimensión de justicia de la crisis climática —el hecho de que quienes tienen la menor responsabilidad en su origen sean los que sufren el mayor perjuicio por sus efectos— se reconoce en las negociaciones internacionales, pero rara vez se aborda de forma adecuada en ellas.
Lo que el movimiento ecologista había logrado, a lo largo de sesenta años desde Carson hasta la actualidad, era notable: la transformación de la preocupación medioambiental de una inquietud científica minoritaria a un valor político de masas; la creación de marcos normativos que habían mejorado genuinamente la calidad del aire y del agua en el mundo desarrollado; la resolución satisfactoria de la crisis del ozono; y el establecimiento de un consenso científico sobre el cambio climático tan claro y bien fundamentado como cualquier hallazgo en la historia de las ciencias de la Tierra. Lo que no había logrado era la transformación estructural de la economía energética que exigía la ciencia del clima. Esa brecha —entre la claridad del análisis científico y la insuficiencia de la respuesta política— no es un fracaso del conocimiento, ni de la preocupación pública, ni de la capacidad tecnológica. Se trata de un fracaso de la voluntad política, condicionado por los intereses específicos de una industria de los combustibles fósiles que cuenta con los recursos y los incentivos para obstaculizar el cambio, por las características estructurales de los sistemas democráticos que menosprecian el futuro, y por la distribución desigual de los costes y beneficios entre la población mundial actual. La lenta emergencia continuó —no porque la humanidad no supiera lo que estaba ocurriendo, sino porque los sistemas políticos a través de los cuales la humanidad podría responder a lo que sabía no estaban diseñados para el tipo de problema al que se enfrentaba—.
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