Las operaciones encubiertas de las Corporaciones

Compañías energéticas, empresas de Biotecnología, asociaciones empresariales, emplean a detectives, policías y mercenarios para controlar a activistas e impedir sus actividades. Los métodos que emplean incluyen la infiltración, registros ilegales, robos, piratería informática, creación de identidades falsas y documentación falsa para desprestigiar a los sindicatos, grupos ecologistas y otros grupos críticos. Greenpeace, Common Cause y Protect Our Elections se están defendiendo de aquellas actuaciones mediante demandas judiciales.

Por Peter Huck, 6 de marzo de 2011

New Zeland Herald

La primera vez que Greenpeace USA informó de que había tenido un problema de seguridad fue en abril de 2008, cuando Mark Floegel, investigador de la organización ecologista, recibió la llamada de un colega. “Me dijo Jim Ridgeway, periodista de Mother Jones, que estaba escribiendo un artículo y que me llamaría para que hiciese algunos comentarios. No sabía de qué estaba hablando”, dijo Floegel. Ridgeway reveló que Greenpeace había sido controlado por una empresa de seguridad privada y que un tesoro de documentos sensibles estaban escondidos en un armario de Maryland.

Greenpeace no es ajeno a estas operaciones negras (o encubiertas), muchas veces ilícitas operaciones encubiertas, pero estábamos a punto de establecer un nexo entre las grandes corporaciones y las empresas de seguridad privada. Los documentos habían sido almacenados por John Dodd, un millonario propietario de una distribuidora de cerveza y principal inversionista en una desaparecida empresa de seguridad, Beckett Brown International (BBI).

La empresa fue creada en 1995, después de un encuentro casual en un bar de Maryland entre Dodd y varios ex agentes del Servicio Secreto que querían entrar en el negocio de la seguridad privada. Dodd les proporcionó 700.000 dólares con la condición de que BBI fuese de su propiedad hasta que el dinero le fuese devuelto. En poco tiempo, el negocio estaba en auge.

En 2001, las relaciones entre Dodd y BBI se habían deteriorado. Cuando se enteró de que estaban destruyendo los registros antes de cerrar el negocio, Dodd cogió un camión en dirección a la empresa de Maryland y recuperó gran cantidad de documentación. Dodd empezó a leer los documentos y, según Floegel, comenzó a sospechar de actividades criminales y se puso en contacto con las víctimas.

Greenpeace recuperó 20 cajas con documentación. En ellos se incluye información confidencial de los empleados, tales como contraseñas de correo electrónico, número de la Seguridad Social, donaciones recibidas, conversaciones entre abogados y clientes y los planes estratégicos para combatir el cambio climático, la contaminación de los océanos, la Ingeniería Genética y otras campañas.

Las cajas también contenían información de los registros realizados por la BBI, además de documentos enviados a los acusados y clientes, como Wal-Mart, Halliburton, la Asociación Nacional del Rifle, el Grupo Carlyle y Monsanto. Los documentos, muchos de ellos publicados en la página web de Greenpeace USA, supone una lectura fascinante.

Entre los objetivos del BBI estaban Amigos de la Tierra, el Centro de Seguridad Alimentaria y la National Environment Trust//GE Food Alert, y varios científicos y personas, así como Greenpeace, incluyendo notas manuscritas de direcciones y números de teléfono.

Estas son las pruebas que Greenpeace ha presentado en un juicio contra los ex-empleados de BBI. Los acusados también trabajaban para dos empresas de relaciones públicas, Dezenhall Resources y Ketchum, y dos multinacionales, Dow Chemical y Sasol America.. Greenpeace ha presentado una denuncia detallada ante un Tribunal de Washington DC.

Nos llevó varios meses filtrar toda la información contenida en los documentos”, dice Floegel, “que revelan la actividad del BBI, incluidos informes de asesoramiento a sus clientes, Greenpeace ha hecho esto, o va a hacer lo otro”.

La documentación abre una ventana a un mundo oscuro, donde el BBI, entre cuyo personal se incluyen ex agentes de la CIA y del Servicio Secreto, informó a Dezenball Ketchum y a su vez transmitió el material confidencial, presuntamente robado a Greenpeace, a Dow Chemical y Sasol America.

La denuncia acusa de actividades clandestinas e ilegales, alegando que robaron documentos confidenciales, llevando a cabo una vigilancia ilegal, a veces con policías fuera de servicio, y con toda probabilidad irrumpieron en las oficina de Greenpeace y otros lugares entre los años 1998 a 2000. Se citan al menos 200 acciones ilegales durante este periodo.

Un correo electrónico, que se encuentra en el apartado “Ketchum Dow, correos y documentos”, dirigido a Timothy Ward, director de los servicios de investigación del BBI, revela la dimensión generalizada de las actividades del BBI, que se describen como “ un esfuerzo por recoger información de todas las fuentes sensibles” de los “verdes” extranjeros.

Los acusados dice Greenpeace que “tenían el objetivo de irrumpir en las campañas que se realizaban contra las empresas que perjudicaban el medio ambiente”, incluyendo el impacto que para el medio tenían las toxinas de la planta de Sasol America en Luisiana y la producción de dioxinas por parte de Dow Chemical y de organismos modificados genéticamente.

Floegel dice que las empresas de relaciones públicas actuaban de intermediario entre el BBI y sus clientes corporativos. “Por lo que hemos podido comprobar, las empresas de relaciones públicas serían las encargadas de ponerse en contacto con las empresas químicas y decirles que Greenpeace viene tras ustedes. Si usted nos contrata podemos hacer cambiar esos planes y hacer otras cosas que quizás usted no quiera saber”.

Al decir otras cosas se están refiriendo a otras preocupaciones de los demandados. La denuncia es una especie de modelo de las operaciones negras: robar documentos, infiltrarse en los grupos y en las campañas de los activistas, haciéndose pasar por otras personas, ganándose la confianza de la gente, hackeando correos electrónicos.

Unos de los empleados del BBI. Mary Lou Sapone, llevaba una doble vida. Estaba comprometida con el control de armas y era una activista ecológica, al estilo de Mary McFate. Por otro lado, trabajaba para la Asociación Nacional del Rifle y ayudó a infiltrase en CLEAN, un grupo de ciudadanos que trabajaban con Greenpeace en Luisiana, entregando material confidencial al BBI.

El negocio de la Seguridad Privada

El negocio de la seguridad privada está en rápido crecimiento. Según Wikipedia, este negocio tendría un valor en los Estados Unidos en torno a los 200 billones de dólares en 2010. Las corporaciones actúan frente a las amenazas aumentando su sistema de seguridad. Esto no es tan fácil para los grupos críticos que tienden a ser más porosos, confiando en voluntarios y, en el caso de Greenpeace, empleando rutinariamente a internos. La denuncia alega que la nuera de Sapone envió cuenta al BBI en un trabajo para Ketchum, después de que hubiera visitado las oficinas de Greenpeace buscando un trabajo interno.

Somos un grupo abierto” dice Floegel, “ si tenemos la intención de colgar una pancarta en una chimenea no se lo decimos a la gente el día anterior”. Pero mientras Greenpeace toma precauciones, el grupo “se puede centrar demasiado en la seguridad y entonces no nos ocupamos en nuestras actividades”. Lo que los opositores quieren saber es dónde planea Greenpeace emplear su dinero para así diseñar una estrategia contra las mismas.

Las empresas de seguridad privada también se han utilizado para espiar a los manifestantes sobre el medio ambiente en Nueva Zelanda

En respuesta a una campaña, Save Happy Valley, para evitar la extracción de carbón cerca de Waimangaroa en las Isla Sur de la Costa Oeste, Solid Energy contrató los servicios de Thompson y Clark Investigations.

En el año 2007, el periodista Nicky Hagger reveló que Thompson y Clark Investigations contrató a dos jóvenes informantes que formaban parte de la campaña. Solid Energy insiste en que actuó legalmente, tanto ético como moralmente. La firma de seguridad también se puso en contacto con Rob Gilchrist, que más tarde fue informante del Grupo Especial de Investigación, una unidad de la policía para la lucha contra el terrorismo, cuando su entonces novia, una activista por los derechos de los animales, Rochelle Rees, encontrase pruebas incriminatorias de enlaces al SIG en su ordenador.

La vigilancia a activistas no es nueva. Además de las operaciones de la policía en el Reino Unido, reveladas por The Guardian, el FBI ha sido duramente criticado por incluir dentro de los grupos terroristas relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 a grupos de izquierda.

Pero la situación se enturbia cuando los policías, o ex policías, actúan para el ámbito privado.

Es el caso del año 2001, la operación encubierta de Hakluyt, una empresa de seguridad con vínculos muy estrechos con los servicios de inteligencia del Reino Unido, contra la campañas de sabotaje de Greenpeace a BP y Shell, y que plantea la posibilidad de que Hakluyt actuase con el M16.

En el caso de la Unidad de Inteligencia y Orden Público, un policía de alto rango dijo a The Guardian que “actúan de forma desenfrenada en el sector privado”, y que era una fuente de preocupaciones. Tal vez. Pero los informes indican que Mark Kennedy trabajó para la policía y para clientes corporativos, lo que sugiere que la línea que separa a los responsables públicos y las corporaciones es cada vez más borrosa.

Es un hecho preocupante para la Democracia. “La desigualdad económica en todo el mundo es cada vez mayor”, dice Floegel. “Las empresas tienen cada vez más dinero, más poder, alimentando una política que aumenta todavía más las desigualdades. No nos extraña que tengan sus propias fuerzas policiales, sus agencias de espionaje propio”.

Se espera que la demanda suponga un impedimento a estas prácticas. “Se trata de la Democracia. Cuando una Corporación subvierte este proceso, todos perdemos”.

Vigilando al vigilante

Las operaciones encubiertas contra los críticos de la globalización y grupos ecologistas están bajo una mayor vigilancia. En Alemania se ha descubierto que cinco policías encubiertos actuaron durante las protestas contra el G8, pertenecientes a la Unidad de Inteligencia de Orden Público del Reino Unido. Se trata del último giro de una operación clandestina que salió a la luz pública cuando Mark Kennedy, un hombre del NPOIU, fue identificado como un agente provocador que se había infiltrado en los grupos de protesta.

En la vigilancia también participa Vericola, una empresa de seguridad que es descrita por su directora general, Rebecca Todd, como “una sociedad de gestión del riesgo empresarial”. Empresas energéticas como Scottish Resources Group, Scottish Power y E.ON, están entre sus clientes. EON dijo que utilizaba los servicios de Vericola y de otra empresa, Global Open, para conocer por anticipado los problemas y las manifestaciones.

Todd se hizo pasar por una activista en sus correos electrónicos, espió en las reuniones de protesta e introdujo otros espías en las campañas. Su identidad fue descubierta cuando por error envió por correo electrónico el nombre de sus clientes a los manifestantes contra el cambio climático.

El colectivo de hackers Anonymus, irrumpió en los servidores de HB Gary Federal, alegando que la empresa de seguridad de California había lanzado la propuesta de sabotear Wikileaks y desacreditar a los periodistas que simpatizaban con ellos. La firma de abogados Hunton y Wlliams, que actúa para el Bank Of America, se rumorea que está en la mira de Wikileaks.

Hunton y Williams, que representan a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, está también en el epicentro de otro episodio. El blog Centre for American Progress alega que el bufete de abogados trabajó en “una campaña de sabotaje subrepticio” en colaboración con empresas privadas, incluida HB Gary Federal, para “desarrollar tácticas que dañasen a los grupos progresistas y a los sindicatos”.

Y en Francia, dos empleados de la empresa estatal de energía Electricité de France, y un investigador de Kargus Consultor, una empresa de seguridad privada, fueron acusados en el año 2009 de realizar una intrusión en el sistema informático de Greenpeace.

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H / T GMWatch

http://foodfreedom.wordpress.com/2011/03/06/black-ops-corpogov/#more-6833

 

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