Por Colin Todhunter, 20 de diciembre de 2024
Bryce Martínez, un niño de 18 años de Pensilvania, se ha enfrentado con valentía a algunas de las mayores empresas alimentarias del mundo. Martínez ha presentado una innovadora demanda contra 11 grandes empresas alimentarias, entre las que se encuentran nombres tan conocidos como Coca-Cola, Nestlé y Kraft Heinz, alegando que sus alimentos altamente procesados (AAP) le provocaron diabetes de tipo 2 y hepatopatía grasa a la edad de 16 años.
Esta acción legal saca a la luz la creciente preocupación por los AAP, que son alimentos que han sido sometidos a múltiples etapas de procesado y a menudo contienen aditivos, conservantes e ingredientes artificiales. Estos productos, que van desde cereales azucarados a aperitivos envasados y refrescos, se han convertido en alimentos básicos en muchos hogares, especialmente atractivos para niños y adolescentes.
La demanda de Martínez sostiene que estas empresas han incurrido en prácticas que recuerdan a la industria tabacalera, dando prioridad a los beneficios frente a la salud de los jóvenes consumidores. Su equipo jurídico sostiene que los gigantes de la alimentación se han aprovechado de la vulnerabilidad de los niños al marketing y de su preferencia natural por los sabores dulces y salados. Sostiene que estas empresas han diseñado deliberadamente sus productos para desencadenar respuestas adictivas, dificultando a los jóvenes consumidores resistirse o moderar su consumo.
El caso detalla la historia personal de Martínez, que describe cómo consumió regularmente los populares AAP durante toda su infancia, sin ser consciente de las posibles consecuencias a largo plazo para su salud. Su diagnóstico de diabetes de tipo 2 y hepatopatía grasa a los 16 años fue un shock que le impulsó a investigar las causas profundas de sus problemas de salud.
Esta demanda plantea importantes cuestiones sobre el sistema alimentario ante el aumento de las tasas de obesidad y diabetes infantiles. Pone en tela de juicio la antigua defensa de la industria alimentaria de que los consumidores tienen libertad de elección en sus decisiones dietéticas. Los abogados de Martínez sostienen que, cuando se trata de niños, esta noción de libre elección se ve comprometida por las agresivas tácticas de marketing y la naturaleza adictiva de estos productos.
El caso también pone de relieve la creciente concienciación sobre la relación entre la dieta y la salud a largo plazo. Los defensores de la salud pública llevan mucho tiempo advirtiendo de los peligros potenciales de una dieta rica en AAP, pero esta demanda lleva estas preocupaciones al terreno jurídico de una forma sin precedentes.
El caso guarda paralelismos con las demandas históricas contra el tabaco, que dieron lugar a cambios significativos en la comercialización y venta de cigarrillos. Si prospera, la demanda de Martínez podría tener repercusiones similares en la industria alimentaria, lo que podría dar lugar a normas más estrictas sobre la comercialización de alimentos, prácticas de etiquetado más transparentes y un cambio en la percepción pública de los AAP.
Además, este caso puede inspirar a otras personas o grupos a emprender acciones legales similares, abriendo potencialmente las compuertas a una oleada de demandas contra empresas alimentarias. Esto podría obligar a los gobiernos cooptados y a la industria a reconocer su papel en la epidemia mundial de obesidad y otros problemas de salud relacionados con la dieta.
Aunque la demanda de Martínez se centra en las repercusiones directas de los AAP sobre la salud de las personas, es fundamental entender este caso en el contexto más amplio del sistema alimentario mundial. Esto es algo sobre lo que he estado llamando la atención durante muchos años, ofreciendo una lente crítica a través de la cual examinar cómo el sistema alimentario industrial, impulsado por el afán de lucro, perpetúa las crisis sanitarias, la degradación medioambiental y los perjuicios socioeconómicos.
El auge de los AAP es emblemático de un sistema alimentario moldeado por imperativos capitalistas. Estos alimentos, a menudo impregnados de sustancias químicas nocivas y producidos con agroquímicos tóxicos, no sólo son perjudiciales para la salud, sino también muy rentables para las empresas. Las mismas empresas que dominan el mercado de los AAP están profundamente entrelazadas con firmas de inversión como BlackRock y Vanguard, que también tienen participaciones en la industria farmacéutica. Esta doble inversión crea un ciclo en el que las empresas se benefician tanto de la venta de alimentos nocivos como del tratamiento de las enfermedades causadas por estos productos: un escenario en el que todos ganan, pero devastador para la salud pública.
Una compleja red de influencias determina las políticas alimentarias mundiales y la investigación científica. Cuando se habla de la influencia de las empresas y de los grupos de presión hay que incluir el papel del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI). A pesar de pretender ser una organización científica independiente, el ILSI funciona como un poderoso grupo de presión para la industria alimentaria.
El ILSI desempeña un papel crucial en la promoción de narrativas que benefician a sus financiadores corporativos, a menudo a expensas de la salud pública. Tenemos un sistema alimentario en el que los grupos de presión empresariales ejercen una influencia significativa sobre las políticas y garantizan que las prácticas nocivas permanezcan en gran medida sin control.
La proliferación de los AAP se ha relacionado con el aumento de las tasas de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y las cardiopatías. En países de renta alta como Estados Unidos y el Reino Unido, los AAP representan más de la mitad de la ingesta calórica total, lo que agrava estos problemas de salud. Sin embargo, las narrativas respaldadas por las empresas a menudo restan importancia a estos riesgos o los enmarcan como cuestiones de responsabilidad personal y no como problemas sistémicos.
Los «expertos» de alto nivel y los científicos vinculados a las grandes corporaciones alimentarias se han opuesto a la demonización de los AAP, a pesar de las abrumadoras pruebas que las relacionan con los malos resultados para la salud.
Abordar los daños causados por los AAP requiere algo más que demandas individuales: exige un replanteamiento de cómo se producen, comercializan y regulan los alimentos.
La demanda de Bryce Martínez contra las corporaciones alimentarias representa un desafío crítico a un sistema que se nutre de «beneficios enfermizos». Este caso forma parte de una lucha más amplia contra un sistema alimentario mundial que prioriza la riqueza y el poder de las empresas sobre la salud y la soberanía alimentaria. Ya sea a través de acciones legales o del trabajo de los movimientos de base, desmantelar y rechazar este sistema dañino es esencial para crear un futuro más sano y equitativo.
Colin Todhunter es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización y se interesa por cuestiones de alimentación, agricultura y desarrollo.
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