¿Hasta dónde llegará la política de Sarkozy?
Las políticas sociales y sanitarias, las recientes leyes que vienen a transformar nuestras representaciones: los cuidados también entran en el mercado competitivo y la «locura» es representada como un estado forzosamente peligroso.
¡Es doloroso para nosotros, y SIN embargo fundamental en el período en EL que vivimos, tener que recordar que a quien llamamos «loco», es primero un hombre!
Después de la ley » HPST « que organiza la competencia entre lo público y lo privado que se lucra en su misión de servicio público, viene el «Proyecto de ley relativo a los derechos y a la protección de las personas objeto de cuidados psiquiátricos y a sus modalidades de atención», que es la aplicación esperada después del discurso del presidente de la República del 2 de diciembre de 2008.
Este proyecto hace del «cuidado sin consentimiento» el modelo del cuidado psiquiátrico. Mantiene la excepción en Europa por una ley específica para el tratamiento bajo coacción en psiquiatría, sin que un juez intervenga en la autorización de esta privación de libertad. Coloca el principio del cuidado bajo coacción tanto en el hospital como en el domicilio del paciente, añadiendo a eso la intromisión en su intimidad. Así, los pacientes, fichados y forzados, se verían encerrados en una verdadera trampa psiquiátrica: considerados de por vida como enfermos mentales potencialmente peligrosos.
El ingreso es anunciado de hecho como una detención provisional psiquiátrica de 72 horas, durante la cual toda acción de tratamiento forzado sería autorizado. Es un régimen de libertad vigilada, ya que se autoriza toda intrusión en la intimidad y en el cuerpo del paciente.
También nos oponemos a los cuidados sin consentimiento en «ambulatorio «. Es la parte oculta de una psiquiatría aplicada como seguridad pública, autoritaria y paternalista. Tanto para los profesionales como para los usuarios habría que aceptar la obligación de poner medios por parte del Estado con vista a una Psiquiatría de acogida y cuidado, es decir, lo contrario de una política actualizada de encierro. ¡Desde diciembre de 2008, el Estado encontró el dinero para construir 4 unidades para enfermos difíciles, para instalar o renovar habitaciones de aislamiento e instalar la videovigilancia! No olvidemos que tal disposición entra también en el ámbito de la nueva gobernanza: esto costaría menos caro y esto podría dar lugar al desarrollo de servicios con un fin más lucrativo.
A la vista de la aplicación de medidas en otros ámbitos (que denunciamos), este proyecto abre la posibilidad de fichar a todo persona que está sujeta a cuidados especializados. Esta disposición lleva a no distinguir entre «locura» y «Peligrosidad», confusión que condenamos. Todos los estudios sobre el tema demuestran la falsedad. Insistiendo en la figura del loco, el poder justifica su política del miedo y la sociedad vigilante se coloca en su lugar. Éste es el verdadero sentido del «cuidado sin consentimiento» previsto en este texto;
Ciudadanos, políticos, usuarios, profesionales, debemos resistir. El cuidado psíquico se refiere a los «estados agudos», «confusiones del comportamiento», en los cuales la respuesta única sería simplemente médica, medicamentosa y normalizadora. El cuidado psíquico exige aproximaciones complejas, disponibilidades de acogida, de escucha, de acompañamiento, de hospitalidad, prácticas de negociación con el paciente y su entorno, con a menudo numerosos participantes y respondiendo a los diferentes intereses. Esto implica que las «confusiones psíquicas » seas pensadas y vividas como un todo, una subjetividad singular, una persona, un individuo social, y un tema de derecho. Tal perspectiva ética se hizo ilustre en prácticas concretas. El Estado debe favorecerlo.
Comprenderemos entonces la llamada por una movilización pública contra tal proyecto que « condena a los pacientes», y contra este proyecto político que se promueve. Si una obligación de cuidados debe imponerse, debe ser respetuosa para asegurar la articulación del derecho que garantiza la preservación de la integridad de la persona y el derecho a los recursos efectivos. La puesta en marcha de tal obligación puede realizarse sólo por una duración limitada y bajo el control de la justicia, en un lugar especializado de cuidados aceptado y asegurando cuidados las 24 horas. Sostenemos que es posible en lo esencial disponer de espacios y tiempos de acogida, tratamiento activo por la petición de terceros, negociación y consentimiento de la persona que presenta un determinado estado psíquico, no obligándole a un tratamiento forzado.
Hay que acabar con la excepción psiquiátrica; el derecho común debe aplicarse. Hay que acabar con el poder del Prefecto, que siempre significa medidas de policía y de seguridad. Hace falta medidas de protección de la persona, que se proponga recomendaciones médicas y una obligación de ocuparse los servicios psiquiátricos respetando la dignidad de la persona y de su palabra, tanto en la autorización y del control a instancias de un juez.
Este proyecto de ley es una añagaza demagógica con respecto a las familias, vecinos, con el orden público. Aprobado, tendría consecuencias ominosas contra las libertades individuales, los derechos colectivos y el cuidado psiquiátrico. Les pedimos insistentemente a los parlamentarios rechazar tal proyecto. Invitamos a profesionales, a elegidos, a usuarios, a ciudadanos a discutir por todas partes y a hacer valer la alternativa esbozada aquí para responder a la situación.
http://www.jacques-lacaze.com/article-un-appel-urgent-a-signer-massivement-56546583.html
Traducido del francés por Zenón