por Stephen Soldz, 2 de mayo 2011
Siendo uno de los pocos profesionales que ha podido consultar los archivos sanitarios de los detenidos de Guantánamo, como consultor de la defensa y de los abogados en el procedimiento de habeas corpus, no estoy sorprendido por los hallazgos que se citan en un nuevo artículo en PLOS Medicine de Vicent Iacopino y Stephen N. Xenakis: Ha existido negligencia en las pruebas médicas de los torturados en la Bahía de Guantánamo, narrándose una serie de casos. Iacopino y Xenakis han consultado las historias clínicas y los informes de consultores médicos y psicológicos independientes de nuevo presos de Guantánamo. Encuentran, a pesar de las claras evidencias de que los prisioneros fueron sometidos a torturas, que los profesionales de la salud que los examinaron y los trataron no hicieron ningún intento para determinar si los detenidos habidos sufrido abusos y no cumplieron con su obligación ética de documentar y denunciar la tortura y los malos tratos.
Los resultados de este estudio demuestran que las denuncias de estos nueve detenidos y torturados, fueron corroborados por evaluaciones de expertos médicos forenses no gubernamentales y del Departamento de Defensa, cuyas evaluaciones no documentaron evidencias de daño físico o psicológico intencional.
Hemos revisado cada caso, las distintas formas de abuso que cometieron sobre los presos, que son muy consistentes con la tortura, tal y como la define la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, así como Estados Unidos hace una definición más restrictiva de la tortura, que está en vigor en este momento (12). La forma de planificar los interrogatorios y los resúmenes de los mismos, corrobora de forma precisa los métodos de tortura y los malos tratos que el detenido alega.
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La evaluaciones médicas evidenciaron casos de dolor físico y psicológico grave y prolongado, tal y como se estipula en la definición de tortura por Bybee. Pero, de acuerdo con la definición de tortura de Bybee, aunque el umbral de dolor se ha superado, la imposición de tal dolor debe ser un objetivo preciso por parte del que interroga para que constituya tortura.
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Los médicos y el personal de salud mental que atendieron a los detenidos en Guantánamo no investigaron las causas de las lesiones físicas y los síntomas psicológicos que observaron. Los síntomas psicológicos se atribuyen comúnmente a “trastornos de la personalidad” y “factores rutinarios de estrés”. Los síntomas psicóticos y las alucinaciones no se tuvieron en consideración como consecuencia de un trato abusivo.
La documentación de la tortura y los malos tratos recogida por las evaluaciones de los médicos y expertos no gubernamentales, indica que los detenidos siguen experimentando graves y prolongados síntomas de debilitamiento psicológico que puede persistir durante muchos años y, posiblemente, toda la vida.
El Departamento de Defensa ha emitido una respuesta a Iacopino Xenakis y, sin hacer mención de los principales cargos, se puede considerar incluso como una confirmación oficial de que los profesionales de la salud de Guantánamo no han investigado o documentado los terribles abusos que sufren los presos de allí:
El personal del Departamento de Defensa que trabaja en los centros de detención operan bajo un alto nivel de control y proporcionan de forma constante la atención más humana y adecuada a las personas que se encuentran bajo su control. El Programa Médico Conjunto está comprometido en proporcionar las adecuadas condiciones de atención médica integral a los detenidos, independientemente de su condición disciplinaria, de cooperación o de participación en una huelga de hambre. La asistencia sanitaria prestada a los detenidos en la Bahía de Guantánamo es semejante a la recibida por cualquier otra comunidad de los Estados Unidos. Los detenidos reciben al mismo tiempo asistencia sanitaria compasiva, teniendo acceso regular a la atención primaria y a médicos especialistas. La atención prestada a los detenidos es comparable a la ofrecida a los miembros de servicio activo. Todos los procedimientos médicos realizados están justificados y cumplen con las normas aceptadas de atención. Al detenido se le proporciona atención médica y un tratamiento basado en sus necesidades, y el nivel y tipo de tratamiento depende del protocolo establecido para el tratamiento de la enfermedad que padece. El diagnóstico de las condiciones y la atención médica y tratamiento no deben verse afectadas por la colaboración o no del detenido, durante la sesión de interrogatorio. Del mismo modo, la atención médica no se suministra a un detenido en función de su cumplimiento o no de las normas del campo de detención o su negativa a poner fin a una huelga de hambre. Las decisiones médicas y el tratamiento no se consideran como una forma de castigo. Además, el personal médico no participa en las decisiones disciplinarias del personal detenido.
Esta respuesta del Departamento de Defensa elude de manera cuidadosa las reclamaciones presentadas por Iacopino y Xenakis, ya que el texto está redactado en presente y por lo tanto se refiere a las prácticas actuales. Sin embargo, Iacopino y Xenakis, del examen de los expedientes médicos, se refieren a prácticas anteriores. El Departamento de Defensa no responde de la idoneidad de las prácticas del pasado. Por lo tanto, parece probable que aquellas prácticas eran indefendibles, incluso sabiendo que las declaraciones de los portavoces del Departamento de Defensa no destacan por su veracidad.
Los resultados de Iacopino y Xenakis son totalmente coherentes con mi experiencia basada en la lectura de los informes médicos de los prisioneros de Guantánamo que he consultado. Pese a las afirmaciones de que habían sido objetos de abusos, y los síntomas mentales estaban en consonancia con dichos abusos, no había ninguna indicación de ello en los cientos de páginas leídas, de modo que ningún profesional de la salud ha realizado ningún intento de averiguar si habían sido objetos de abusos y de documentar dichos posibles abusos. Más bien, lo único que preocupaba al personal de salud mental es de si el preso puede intentar suicidarse o no. Más allá de esto, su angustia, obvia en estas circunstancias, no parece de ningún interés para los psicólogos y demás personal de salud mental.
Además, la unidad médica de Guantánamo y el Departamento de Justicia de Obama lucharon con uñas y dientes para evitar un examen independiente de estos informes, y mucho menos del propio preso. Los abogados del prisionero solicitaron, mediante un habeas corpus ordenado por el juez, que los informes estén a disposición para un examen psicológico independiente, para determinar si cabe la posibilidad de que la salud mental del detenido pueda interferir en la colaboración con sus abogados. El personal médico de Guantánamo presentó una declaración negando cualquier necesidad de una evaluación independiente. Y el Departamento de Justicia apeló una y otra vez. Primero se opuso al acceso a los informes; luego permitió el acceso a los informes más recientes. Parecían oponerse a cualquier control, lo que parece ser señal de falta de transparencia en una institución dirigida por un Gobierno Democrático. No podemos aceptar la palabra de los funcionarios de una institución que se niega a una evaluación por personal independiente para comprobar si se han producido abusos o deficiencias éticas.
El artículo de Iacopino y Xenakis revelan varias evidencias, incluso el uso cuestionable de medicamentos contra la malaria, o que la asistencia sanitaria de Guantánamo no fue la adecuada y merece una evaluación independiente. Mientras que la Administración de Bush y Obama han hecho todo lo posible para mantener en secreto los informes, los profesionales de la salud debieran cuestionar este secretismo. Debemos exigir que los informes médicos de Guantánamo sean accesibles, con el consentimiento de los prisioneros, a una inspección independiente. Además, todos los detenidos que lo deseen deben poder someterse a un examen médico independiente.
Además, independientemente de los posibles abusos, los informes médicos completos de los presos liberados deben estar a disposición de los presos o del personal sanitario que los trate actualmente. Negar los informes médicos de varios años de una persona no es ético, ya que interfiere en la posibilidad de obtener una atención sanitaria adecuada en el presente y en el futuro. Los profesionales de la salud deben dejar claro que la denegación del acceso a los informes de los presos liberados es completamente inaceptable.
Stephen Soldz es psicoanalista, psicólogo, investigador de la salud pública y miembro de la facultad en la Escuela de Psicoanálisis de Boston . Es uno de los fundadores de la Coalición por una Psicología Ética, una de las principales organizaciones que lucha por cambiar la política de la Asociación Americana de Psicología en la participación en los interrogatorios abusivos. Es presidente de Psicólogos por la Responsabilidad Social y asesor de Médicos por los Derechos Humanos .
http://dissidentvoice.org/2011/05/guantanamo-docs-fail-to-document-torture/#more-32426