Por Rebecak Wilce
Los análisis químicos independientes pueden colocarse una medalla: la gente puede sentirse segura de que los productos químicos a los que están expuestos diariamente estén certificados por técnicos de bata blanca inmaculada, que realizan cuidadosos estudios científicos, incluso con animales colocados en jaulas en fila.
Pero una investigación federal que se conoció durante un juicio terminó en una condena a principios de la década de 1980: el Laboratorio Industrial Bio-Test (IBT), el mayor laboratorio de los Estados Unidos, realizó un ensayo con ratones que se ahogaban en sus comederos con bastante frecuencia. Los animales muertos se descomponían tan rápidamente que sus cuerpos se licuaban y dejaban un charco de color púrpura en la bandeja que cubría el fondo de la jaula. IBT incluso inventó un acrónimo, “TBD/TDA” , para dar cuenta de ello en sus datos de seguridad, que más tarde se supo significaba “en avanzado estado de descomposición”.
Pero sólo se trata de uno de los muchos problemas descubiertos en IBT, que llevó a cabo entre el 35 al 40% de todas las evaluaciones toxicológicas realizadas en los Estados Unidos, incluyendo los productos regulados por la FDA y plaguicidas y herbicidas regulados por la EPA. Científicos de la EPA fueron los primeros en detectar el fraude y las malas prácticas de IBT, informando de esta situación en las audiencias del Senado a finales de los años 1970. Poco después, la EPA se vio obligada a revisar los datos y calculó que cerca del 80% de los datos que proporcionaban para el registro de sustancias químicas procedentes de IBT o no existían, eran falsos o no válidos.
El escándalo de IBT provocó una enorme crisis en la EPA. Al saber que casi todos los ensayos de IBT que habían examinado eras defectuosos y presuntamente falsos, eso podía traer como consecuencia la revocación de todos y cada uno de los productos químicos aprobados en base a los datos aportados por IBT. Esta forma de actuar habría estado plenamente justificada desde el punto de vista científico. Pero habría tenido unos efectos desastrosos sobre la Industria Química, la confianza del público y en la recién creada EPA.
Lo que la EPA hizo en su lugar se sabe por la transcripción de una reunión que tuvo lugar en el Hotel Howard Johnson Motor Inn, en Arlington, Virginia, el 3 de octubre de 1978. A esta reunión secreta acudieron altos cargos de la EPA, de la Industria Química, y tenía como intención resolver el problema de IBT.
Esta transcripción forma parte de los más de 20.000 documentos, con un peso de tres toneladas, que acaba de ser publicado por Proyecto de Recursos de Biociencia y el Centro de Medios y Democracia (CMD), en el sitio web de “Poison Papers”. La mayor parte de los Poison Papers fueron recopilados por la autora y activista Carol Van Strum, que archivó los documentos obtenidos en las numerosas demandas de interés público y solicitudes de acceso a la información para investigar la contaminación química y luego digitalizados por el periodista Peter von Stackelberg. La historia de Van Strum viene recogida esta semana en The Intercept.
Una conversación sobre colusión
Los “Poison Papers” representan un vasto tesoro documental y de correspondencia de la Industria Química y de las Agencias de Regulación, documentos que se remontan a los años 1920. Los papeles revelan, con las mismas palabras incriminatorias utilizadas por los participantes, un universo plagado de engaños, que rodea a muchos pesticidas y productos químicos sintéticos.
La transcripción de la reunión celebrada en el Howard Johnson es un ejemplo de los documentos atesorados. Nos permite “escuchar” la conversación que tuvo lugar hace décadas, pero que todavía tiene su importancia hoy en día.
La transcripción es un
“ejemplo, como otros muchos de estos documentos, de una historia de fracasos en la regulación de productos cotidianos y la complicidad de la Agencia, una historia poco conocida de la EPA y su permanente colusión con la Industria Química y cuyo resultado es un fracaso del sistema para proteger a las personas de los peligros de los productos químicos”, dice el Dr. Jonathan Lathan, Director del Proyecto de Recursos de Biocencia.
No hay ni un solo estudio de IBT que esté libre de errores
La reunión en el Howard Johnson fue convocada para discutir el escándalo de IBT y planear la manera de salir del atolladero. No asistieron ni grupos de consumidores, ni grupos ecologistas u otras personas a ese reunión en Arlington, bajo el alegre tejado naranja del Howard Johnson, cuando se discutió el asunto de los animales muertos, y los datos falsos y amañados.
Al inicio de la reunión, Fred Arnold, Jefe Adjunto de Análisis Regulatorios y Auditorías del Laboratorio de la EPA, aseguró a los representantes de las Empresas Químicas que no se retirarían del mercado los productos químicos implicados, a pesar de que los estudios sobre los que se habían basado las aprobaciones habían resultado ser un fraude:
“Determinamos que no está en el ánimo de la EPA, ni es de interés público o es de interés para los solicitantes de registro [para sustituir todos los datos de IBT], porque muchos de los estudios realizados en IBT se realizaron de manera satisfactoria”, dijo Arnold (Página 6).
Sin embargo, la afirmación de Arnold de que algunos estudios si son “satisfactorios” se vio contradicha varias veces en dicha reunión. Por ejemplo, más tarde se dijo que ninguno de la estudios de IBT estaba exento de errores (página 16). El Dr. Arthur Pallotta, Consultor de la División de Revisión Especial de Plaguicidas de la Oficina de Programa de Plaguicidas de la EPA, declaró que:
“Había pocos estudios que no presentaran discrepancias, errores y omisiones” (página 27).
En otra parte de la transcripción, la EPA aceptó que más del 80% de los resultados de los ensayos realizados por IBT no eran válidos (página 123).
Pero la afirmación de Arnold de que no era de interés de nadie el exigir nuevos estudios tenía unas sorprendentes consecuencias: servía de base para no retirar del mercado ningún producto químico, tranquilizando a la gente, y dando por resuelto el lío armado por IBT. En 1983, la EPA determinó que más del 90% de los estudios realizados por IBT tenían serios problemas de invalidación.
Una operación de salvamento: ignorando los controles científicos
Al principio de la reunión, la EPA presentó una lista con los errores detectados en los ensayos realizados por IBT, los cuales planeaba ignorar para que la tarea de dar por válidos los estudios de IBT fuese manejable.
Planeaba ignorar aquellos animales que parecían haber desaparecido o que de repente se habían agregado a los estudios. No se realizó ninguna estadística, ni tampoco lo hace ahora, para compensar tales irregularidades; esto fue pasado por alto por la EPA.
Igualmente, muchos estudios de IBT parecían ser mucho más cortos de lo que requerían los protocolos. Como explicó David Clegg, de la Dirección de Protección de la Salud de Canadá, presente en la reunión:
“Hemos encontrado algo en los estudios a 90 días. Supongamos, por ejemplo, que un estudio debía comenzar el 1 de junio, la factura para el envío de material de ensayo se firma el 9 de junio, y las hojas de preparación de las dietas se fijan el 12 de junio. En otras palabras, cuando estuvo preparada la dieta, de acuerdo con los datos en bruto, el estudio ha tardado en ponerse en marcha 12 días, para un estudio de 90 días de duración. Esto no invalida necesariamente el estudio, por supuesto. Aún así, se puede obtener información detallada, pero la base misma del estudio, sobre la que se está trabajando, debe modificarse al tratarse de un estudio de 88 días o de la longitud que sea y se deben extraer las conclusiones pertinentes” (páginas 34-35).
La EPA también señaló que IBT tenía muchos problemas con los grupos de control. Trabajaba con un sistema conocido como “controles comunes”. Estos grupos de control a menudo se encontraban en cuartos diferentes o colocados en otros sitios durante varias horas, a veces con ratas de otros lotes. La EPA propuso juntar todos estos experimentos y, por lo tanto, hacer uso de estos grupos de control. Clegg habló en tono de disculpa:
“No puedo decir que me sienta contento, por razones científicas, pero estamos tratando de efectuar una operación de salvamento y poder llegar a algo que nos dé una base razonable para que los grupos de control puedan servir para una serie de estudios, entonces, cuando no dispongamos de grupos de control, podamos utilizar esos otros” (página 41).
La EPA aprueba estudios sin firmar
Arnold también admitió en la reunión que parecía existir un fraude histórico en la EPA. Al revisar los datos originales que IBT les envió, los fabricantes podrían descubrir que en el pasado la EPA parecía haber examinado tejidos y determinado que no había encontrado “hallazgos significativos”, cuando “la verdad es que los tejidos y los órganos nunca fueron examinados” (Arnold, página 102).
En el momento en el que la FDA y la EPA mostraron un gran interés en el laboratorio de ensayos, la IBT había determinado una “política de no firmar” sus propios informes, de acuerdo con la transcripción, indicando con ello que el personal no estaba dispuesto a apoyar los resultados.
Como dijo Fred Arnold a los asistentes:
“Un cierto número de científicos, que pudieron haber participado en las primeras fases de un estudio, ya no están allí y nadie puede afirmar categóricamente que todo lo reflejado en el informe se pueda confirmar con los datos en bruto” (página 63-64).
Arnold admitió que la EPA a veces aceptaba estudios sin firmar. Para resolver dicho problema la solución era aceptar tales estudios sin firmar para no “crear ahora un doble rasero” (página 64), aceptando estas prácticas sin precedentes de la IBT como propias.
Más tarde se supo, a través de procedimientos judiciales, que IBT también falsificó firmas.
Lo que queda del Howard Johnson
Tres responsables de IBT fueron a la cárcel, cerrándose así un capítulo sobre un enorme fraude científico, pero el libro nunca se cerró.
“Como revela la transcripción de la reunión en el Howard Johnson, la mayoría de los estudios de IBT nunca fueron rehechos, y son los que mantienen el actual sistema de regulación de los productos químicos en los Estados Unidos”, dijo Latham.
La autora Carol Van Strum comentó la importancia de la transcripción:
“La transcripción de la reunión de 1978 celebrada en el Howard Johnson, una reunión crucial de la EPA, en la que se juntaron responsables de Canadá y de la Industria de los Plaguicidas, sirvió para dar una respuesta al enorme fraude en las evaluaciones de seguridad en la aprobación de pesticidas. En la reunión, Fred T. Arnold, Jefe de Análisis Regulatorio y Auditorías de Laboratorio de la EPA, aseguró a la Industria que el descubrimiento por parte de la EPA de las irregularidades en las evaluaciones de seguridad, inválidas o inexistentes, no interfería en la capacidad de comercialización de herbicidas y plagucidas. Este documento fue el eje de mi libro “A Bitter Fog: Herbicides and Human Rights”, documentando la aceptación por parte de Agencias gubernamentales de estudios falsos realizados por la Industria, mientras descarta informes de daños en los seres humanos, las muertes, los abortos involuntarios, los defectos de nacimiento y otros efectos de la exposición a pesticidas”.
El sitio web de Poison Papers y el archivado de documentos son un proyecto de Bioscience Resource Project, Ithaca, Nueva York, y del Centro de Medios y Democracia, Madison, Wisconsin. Puede consultar los documentos de Poison Papers en PoisonPapers.org. Puede leer el manuscrito de la reunión en el Howard Johnson aquí.
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