Por Nadia Kayyali y Katitza Rodríguez
Riseup, una organización que proporciona seguridad en las comunicaciones de activistas de todo el mundo, dio la voz de alarma cuando un juez de España declaró que su servicio de correo electrónico, según este juez, está asociado a actividades terroristas.
Javier Gómez Bermúdez, es juez de la Audiencia Nacional, un Tribunal «para juzgar delitos de terrorismo y otros de ámbito estatal». Según informaciones de la prensa, este juez ordenó la detención el pasado 16 diciembre de 2014 de los presuntos miembros de un grupo anarquista. Fue la llamada Operación Pandora, destinada contra la actividad anarquista, lo que se considera un intento de criminalizar los movimientos sociales anarquistas. La policía se incautó de libros, teléfonos móviles y ordenadores, y 11 personas fueron arrestadas. Pocos detalles se conocen sobre su situación, ya que el juez ha decretado el secreto del sumario.
Un legislador, David Companyon, ha señalado que estas redadas pueden ser una añagaza para obtener apoyo a la recién estrenada Ley Mordaza, que restringe de forma severa las manifestaciones, aplica severas multas por insultar a un policía (600 euros), por quemar la bandera nacional ( hasta 30.000 euros), o realizar manifestaciones ante edificios como el Parlamento u otros considerados clave ( hasta 600.000 euros). Teniendo en cuenta las disposiciones recogidas en la Ley, no es de extrañar que se vea como un ataque en contra de otras ideas políticas que el Gobierno considera una amenaza.
En su comunicado, Riseup señaló:
“Cuatro de las detenidos han sido puestos en libertad, pero siete han sido encarcelados pendientes de juicio. Las razones que ha dado el juez para su detención prolongada incluye la posesión de ciertos libros, “la producción de publicaciones y formas de comunicación”, y el hecho que los defendidos “usan correos con medidas de seguridad extremas, como el servidor de Riseup” (2).
No está claro qué significa para este juez “medidas de seguridad extremas”. Como se dice en el comunicado de Riseup: “muchas de las medidas de seguridad utilizadas por Riseup son las mejores y las prácticas más comunes para la seguridad en la red”. Pareciera como si la utilización de medidas de seguridad fuese para el juez una conducta sospechosa. Esto va claramente en contra de la presunción de inocencia, un requisito fundamental recogido en el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos. Pero es más, la utilización de medidas de seguridad es la mejor forma para que las personas puedan ejercer su derecho a la privacidad de las comunicaciones de una forma segura en la era digital. Cada vez que ocurre una filtración o robo de datos se nos recuerda las medidas de precaución que hay que tomar.
Resulta muy inquietante que el empleo de esas medidas sean consideradas extremas y sospechosas. Pero no es algo de lo que tengamos que extrañarnos. Ya en la década de 1990, el Gobierno de Estados Unidos difundió la idea de que la encriptación de datos debía considerarse como un arma. Tomar mayores medidas de seguridad supone para las Agencias de Seguridad, como la NSA estadounidense, que sea más difícil reprimir a aquellos grupos con unas ideas políticas que amenazan su status quo. No hay duda de que los anarquistas entran dentro de esta categoría, y tal vez sean las motivaciones que están movimiento al Gobierno español.
En la declaración de Risup se explica que:
“Riseup, como cualquier proveedor de correo, tiene la obligación de proteger la privacidad de sus usuarias. Muchas de las “medidas de seguridad extremas” usadas por Riseup son buenas prácticas comunes para la seguridad online y son usadas a su vez por proveedores como hotmail, Gmail o Facebook. Sin embargo, a diferencia de estos proveedores, Riseup no está dispuesto a permitir puertas traseras ilegales o vender los datos de sus usuarias a terceras partes”.
Hay muchos indicios de que la NSA ha colocado puertas traseras en muchos productos y servicios. Organizaciones como Riseup quieren proporcionar a los usuarios unos servicios confiables y seguros, incluso cuando se trata de solicitudes realizadas en aplicación de la Ley para entregar información privada del usuario y los registros. Han desarrollo unas políticas para protegerse de las responsabilidades legales, pues lo más importante es proteger la seguridad y las privacidad de sus usuarios.
La privacidad y la seguridad no debe ser considerado algo extremo. En su Informe de Referencia del 23º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el organismo de control de la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue dejó claro que las comunicaciones seguras son fundamentales para una sociedad abierta:
“Las personas deben tener la libertad de usar cualquier tecnología que permita asegurar las comunicaciones y los Estados no deben interferir en el uso de dichas tecnologías de cifrado. Sin una adecuada protección de la privacidad y de su seguridad, nadie puede estar seguro de que sus comunicaciones no estén siendo sometidas al escrutinio de los Estados”.
La privacidad es una característica esencial de toda sociedad libre. Junto a la Ley Mordaza, se están reprimiendo las comunicaciones privadas, una preocupante señal sobre las intenciones del Gobierno español. Pero todavía hay tiempo de que el Tribunal corrija esta decisión. Si la razón por la que están detenidos es porque aseguran sus propias comunicaciones, entonces debieran ser puestos en libertad de forma inmediata.
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Procedencia del artículo:
http://www.activistpost.com/2015/01/security-is-not-crimeunless-youre.html#more
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