Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967

De la economía de la ocupación a la economía del genocidio

Francesca Albanese, septiembre de 2025

Resumen

En el presente informe, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 investiga la maquinaria corporativa que sustenta el proyecto colonialista israelí de desplazamiento y sustitución de los palestinos en el territorio ocupado. Mientras los líderes políticos y los gobiernos eluden sus obligaciones, son demasiadas las entidades corporativas que se han beneficiado de la economía israelí basada en la ocupación ilegal, el apartheid y, ahora, el genocidio. La complicidad que se pone de manifiesto en el informe es solo la punta del iceberg; no se pondrá fin a ella sin exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus ejecutivos. El derecho internacional reconoce distintos grados de responsabilidad, cada uno de los cuales requiere un escrutinio y una rendición de cuentas, especialmente en este caso, en el que están en juego la autodeterminación y la propia existencia de un pueblo. Se trata de un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema mundial que lo ha permitido.

I. Introducción

1. Los esfuerzos coloniales y los genocidios asociados a ellos han sido impulsados y facilitados históricamente por el sector empresarial (1).Los intereses comerciales han contribuido al despojo de las tierras de los pueblos indígenas 2, un modo de dominación conocido como «capitalismo racial colonial».3 Lo mismo ocurre con la colonización israelí de las tierras palestinas,4 su expansión en el territorio palestino ocupado y su institucionalización de un régimen de apartheid colonialista.5 Tras negar durante décadas la autodeterminación palestina, Israel está ahora poniendo en peligro la propia existencia del pueblo palestino en Palestina.

2. El papel de las entidades corporativas en el mantenimiento de la ocupación ilegal israelí y su actual campaña genocida en Gaza es el tema del presente informe de investigación, que se centra en cómo los intereses corporativos sustentan la doble lógica colonialista israelí de desplazamiento y sustitución, cuyo objetivo es despojar y borrar a los palestinos de sus tierras. El Relator Especial analiza las entidades corporativas de diversos sectores: fabricantes de armas, empresas tecnológicas, empresas de construcción, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas. Estas entidades permiten la negación de la autodeterminación y otras violaciones estructurales en el territorio palestino ocupado, incluida la ocupación, la anexión y los crímenes de apartheid y genocidio, así como una larga lista de crímenes auxiliares y violaciones de los derechos humanos, desde la discriminación, la destrucción indiscriminada, el desplazamiento forzoso y el saqueo hasta las ejecuciones extrajudiciales y la inanición.

3. Si se hubiera llevado a cabo una debida diligencia en materia de derechos humanos, las entidades corporativas se habrían desvinculado hace mucho tiempo de la ocupación israelí. En cambio, después de octubre de 2023, los actores corporativos han contribuido a la aceleración del proceso de desplazamiento y sustitución a lo largo de la campaña militar que ha pulverizado Gaza y desplazado al mayor número de palestinos en Cisjordania desde 1967. 6

4. Si bien es imposible captar plenamente la magnitud y el alcance de décadas de connivencia empresarial en la explotación del territorio palestino ocupado, el presente informe pone de manifiesto la integración de las economías de la ocupación colonial y el genocidio. En él, el Relator Especial pide que se exijan responsabilidades a las entidades empresariales y a sus ejecutivos, tanto a nivel nacional como internacional: deben cesar las actividades comerciales que permiten y se benefician de la aniquilación de vidas inocentes. Las entidades empresariales deben negarse a ser cómplices de violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales o rendir cuentas por ello.

II. Metodología

5. En el presente informe, el término «entidades corporativas» se refiere a empresas comerciales, corporaciones multinacionales, entidades con y sin ánimo de lucro, ya sean privadas, públicas o estatales 7. La responsabilidad corporativa se aplica independientemente del tamaño, el sector, el contexto operativo, la propiedad y la estructura de la entidad (8).

6. En el informe, la Relatora Especial se basa en una amplia bibliografía, especialmente de la sociedad civil9 y del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, sobre cómo Israel ha creado y mantenido su propia economía a través de la ocupación, y una economía cautiva para los palestinos.

7. La Relatora Especial también se basa en la base de datos creada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de conformidad con las resoluciones 31/36 y 53/25 del Consejo de Derechos Humanos, y la sitúa en el contexto más amplio de la ocupación ilegal israelí. La base de datos de la OACDH solo incluye a las empresas que «han permitido, facilitado y se han beneficiado directa e indirectamente de la construcción y el crecimiento de los asentamientos»(10).

8. La Relatora Especial elaboró una base de datos con aproximadamente 1000 entidades empresariales a partir del número sin precedentes de comunicaciones recibidas —más de 200— tras su solicitud de aportaciones durante la preparación de la investigación (11).Esto ayudó a trazar un mapa de cómo las entidades empresariales de todo el mundo han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales en el territorio palestino ocupado. Más de 45 entidades mencionadas en el informe han sido debidamente informadas de los hechos que llevaron a la Relatora Especial a formular una serie de alegaciones: 15 respondieron. La compleja red de estructuras corporativas —y los vínculos a menudo ocultos entre matrices y filiales, franquicias, empresas conjuntas, licenciatarios, etc.— implica a muchas más. La investigación en la que se basa el presente informe demuestra hasta dónde pueden llegar las empresas para ocultar su complicidad (12).

9. El informe se complementa con el anexo adjunto, que ofrece una visión general del marco jurídico pertinente.

III. Contexto jurídico

10. La ley que rige la responsabilidad corporativa tiene profundas raíces en la relación histórica entre la desposesión violenta y el poder privado, y el legado de la colusión corporativa con el colonialismo y la segregación racial.13

11. Las primeras compañías charter, a las que se concedieron amplios poderes similares a los del Estado, evolucionaron gradualmente hacia corporaciones privadas de «responsabilidad limitada» a medida que el comercio intercolonial se fue volviendo vital para las economías europeas.14 Las potencias coloniales siguieron apoyándose en estas relaciones para externalizar, ocultar y eludir la responsabilidad por el despojo y la esclavitud de los pueblos indígenas y la expropiación de sus recursos.15 Las empresas no solo han heredado los beneficios de este velo legal de separación, sino que también se han convertido en artífices del derecho internacional.16

12. Hoy en día, algunos conglomerados empresariales superan el producto interior bruto (PIB) de Estados soberanos enteros. 17 A veces, ejerciendo más poder —político, económico y discursivo— que los propios Estados, las empresas gozan de un reconocimiento cada vez mayor como titulares de derechos, sin que ello vaya acompañado de obligaciones correspondientes suficientes. La asimetría de un poder inmenso sin una responsabilidad suficientemente justiciable pone de manifiesto una laguna fundamental en la gobernanza mundial.

13. Las empresas y sus Estados de origen —principalmente Estados minoritarios a nivel mundial— siguen explotando las desigualdades estructurales arraigadas en la desposesión colonial.18 Mientras tanto, los sistemas reguladores más débiles de los antiguos Estados colonizados y las necesidades imperiosas de desarrollo e inversión hacen que las empresas a menudo eludan su responsabilidad.19

14. No obstante, existen precedentes importantes. Los juicios a los industriales tras el Holocausto, como el juicio a I.G. Farben, sentaron las bases para reconocer la responsabilidad penal internacional de los ejecutivos de las empresas por su participación en crímenes internacionales. (20)Al abordar la complicidad de las empresas en el apartheid, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica contribuyó a configurar la responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos. (21)El aumento de los litigios nacionales e internacionales indica una tendencia creciente hacia la rendición de cuentas de las empresas. (22)

15. El caso de Palestina pone a prueba aún más las normas internacionales.

16. Hoy en día, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen el marco normativo para el cumplimiento del derecho internacional por parte de los Estados y las entidades empresariales. Los Estados tienen la obligación primordial de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, y pueden incumplir sus obligaciones si no lo hacen. Los Principios Rectores cristalizan las normas de derechos humanos aplicables a la conducta empresarial, que se aplican independientemente de que los Estados cumplan con sus obligaciones primarias. El derecho internacional humanitario y el derecho penal también confieren obligaciones y responsabilidades específicas a los actores privados,(23) siendo las jurisdicciones nacionales las principales responsables de su aplicación.

17. Los Principios Rectores establecen una serie de responsabilidades, dependiendo de si las entidades corporativas causan, contribuyen o están directamente vinculadas con impactos adversos sobre los derechos humanos 24.En situaciones de conflicto, las empresas deben observar una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar los problemas y ajustar su conducta .

(25).La responsabilidad de las entidades corporativas se determinará en función de sus acciones y del impacto sobre los derechos humanos: la diligencia debida no es suficiente para eximir a las empresas de responsabilidad.26 Como mínimo, las entidades corporativas directamente vinculadas a los impactos sobre los derechos humanos deben ejercer su influencia o considerar la terminación de sus actividades o relaciones. El hecho de no actuar en consecuencia puede dar lugar a responsabilidad. Cuando las violaciones constituyen delitos, los ejecutivos de las empresas y, cada vez más, las propias entidades, pueden ser considerados responsables por su conocimiento y contribución material a los delitos.27

18. En el territorio palestino ocupado, tras décadas de violaciones y crímenes documentados contra los derechos humanos, los recientes acontecimientos judiciales no dejan lugar a dudas de que la participación de las empresas en cualquier componente de la ocupación está relacionada con violaciones de las normas imperativas del derecho internacional y con crímenes internacionales (véase el anexo). Citando la segregación racial y el apartheid, las violaciones del derecho a la libre determinación y la prohibición del uso de la fuerza, la Corte Internacional de Justicia afirmó de manera inequívoca la ilegalidad de la presencia de Israel, incluida su presencia militar, sus colonias y su control de las infraestructuras y los recursos (28).Además, las atrocidades cometidas desde octubre de 2023 dieron lugar a un proceso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, y por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel que deje de crear condiciones que destruyen la vida,29 y recientemente ha recordado a los Estados su obligación internacional de evitar la transferencia de armas que puedan utilizarse para violar las convenciones internacionales.30

19. Estas decisiones imponen a las entidades corporativas la responsabilidad prima facie de no participar y/o retirarse total e incondicionalmente de cualquier relación asociada, y de garantizar que cualquier compromiso con los palestinos permita su autodeterminación.

20. Cuando las entidades corporativas continúan sus actividades y relaciones con Israel —con su economía, su ejército y sus sectores público y privado vinculados al territorio palestino ocupado—, se puede considerar que han contribuido a sabiendas a:

(a) La violación del derecho palestino a la autodeterminación;

(b) La anexión del territorio palestino, el mantenimiento de una ocupación ilegal y, por lo tanto, el delito de agresión y las violaciones de los derechos humanos asociadas;

(c) Los crímenes de apartheid y genocidio;

(d) Otros delitos y violaciones conexos.

21. Se pueden invocar tanto las leyes penales como las civiles de diversas jurisdicciones para exigir responsabilidades a las entidades corporativas o a sus ejecutivos por violaciones de los derechos humanos y/o delitos contra el derecho internacional.

IV. De la economía de la ocupación colonialista a la economía del genocidio.

22. El colonialismo implica la extracción y el lucro de la tierra, así como su colonización, mediante la expulsión de sus propietarios 31.En Palestina, históricamente, las empresas han impulsado y facilitado el proceso de desplazamiento y sustitución de la población árabe, fundamental para la lógica de la eliminación colonial.32 El Fondo Nacional Judío, una entidad corporativa dedicada a la compra de tierras fundada en 1901, ayudó a planificar y llevar a cabo la expulsión gradual de los palestinos árabes, que se intensificó con la Nakba 33 y ha continuado desde entonces. 34

23. Con la ayuda cada vez mayor de entidades corporativas, Israel ha proseguido con el despojo y el desplazamiento de los palestinos, especialmente después de 1967.35 El sector empresarial ha contribuido materialmente a este esfuerzo proporcionando a Israel las armas y la maquinaria necesarias para destruir viviendas, escuelas, hospitales, lugares de ocio y culto, medios de vida y activos productivos, como olivares y huertos, con el fin de segregar y controlar a las comunidades y restringir el acceso a los recursos naturales. 36Al contribuir a militarizar e incentivar la presencia ilegal israelí en el territorio palestino ocupado, el sector empresarial ha contribuido a crear las condiciones para la limpieza étnica palestina. 37

24. Las entidades empresariales han desempeñado un papel clave en la asfixia de la economía palestina,38 sosteniendo la expansión israelí en los territorios ocupados y facilitando al mismo tiempo la sustitución de los palestinos. Las draconianas restricciones —al comercio y la inversión, la plantación de árboles, la pesca y el agua para las colonias— han debilitado la agricultura y la industria (39)y han convertido el territorio palestino ocupado en un mercado cautivo (40);las empresas se han lucrado explotando la mano de obra y los recursos palestinos, degradando y desviando los recursos naturales, construyendo y abasteciendo de energía a las colonias y vendiendo y comercializando los bienes y servicios derivados en Israel, el territorio palestino ocupado y en todo el mundo.41 El Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre Cisjordania y la Franja de Gaza (Acuerdos de Oslo II) afianzó esta explotación,42 institucionalizando de facto el monopolio de Israel sobre el 61 % de Cisjordania (Área C), rica en recursos. Israel se beneficia de esta explotación, mientras que a la economía palestina le cuesta al menos el 35 % de su PIB.43

25. Las instituciones financieras y académicas también han propiciado las condiciones para el desplazamiento y la sustitución de los palestinos. Los bancos, las empresas de gestión de activos, los fondos de pensiones y las aseguradoras han canalizado financiación hacia la ocupación ilegal. Las universidades, centros de crecimiento y poder intelectual, han sostenido la ideología política que sustenta la colonización de los territorios palestinos,44 han desarrollado armamento y han pasado por alto o incluso respaldado la violencia sistémica,45 mientras que las colaboraciones internacionales en materia de investigación han ocultado la desaparición de los palestinos tras un velo de neutralidad académica.

26. Después de octubre de 2023, los sistemas de control, explotación y despojo que existían desde hacía mucho tiempo se transformaron en infraestructuras económicas, tecnológicas y políticas movilizadas para infligir violencia masiva y una destrucción inmensa 46.Las entidades que anteriormente permitían y se beneficiaban de la eliminación y el borrado de los palestinos dentro de la economía de la ocupación, en lugar de desvincularse, ahora participan en la economía del genocidio.

27. Las siguientes secciones ilustran cómo ocho sectores clave, que operan de forma separada e interdependiente a través de los pilares fundamentales de la economía colonialista de desplazamiento y sustitución, se han adaptado a sus prácticas genocidas.

A. Desplazamiento

28. Después de octubre de 2023, las armas y las tecnologías militares utilizadas para promover la expulsión de los palestinos se han convertido en herramientas de matanza y destrucción masivas, lo que ha dejado Gaza y partes de Cisjordania inhabitables. Las tecnologías de vigilancia y encarcelamiento, que normalmente se utilizan para imponer la segregación/apartheid, se han convertido en herramientas para atacar indiscriminadamente a la población palestina. La maquinaria pesada que antes se utilizaba para demoler viviendas, destruir infraestructuras y confiscar recursos en Cisjordania se ha reutilizado para arrasar el paisaje urbano de Gaza, impidiendo que las poblaciones desplazadas regresen y se reconstituyan como comunidad.

Sector militar: el negocio de la eliminación

29. La violencia militarizada creó el Estado de Israel y sigue siendo el motor de su proyecto colonialista.47 Los fabricantes de armas israelíes e internacionales han desarrollado sistemas cada vez más eficaces para expulsar a los palestinos de sus tierras. Mediante la colaboración y la competencia, han perfeccionado tecnologías que permiten a Israel intensificar la opresión, la represión y la destrucción.48

30. La ocupación prolongada y las repetidas campañas militares han proporcionado un campo de pruebas para capacidades militares de vanguardia: plataformas de defensa aérea, drones, herramientas de localización de objetivos impulsadas por inteligencia artificial e incluso el programa F-35 liderado por los Estados Unidos de América. Estas tecnologías se comercializan luego como «probadas en combate».49

31. El complejo militar-industrial se ha convertido en la columna vertebral económica del Estado. 50 Entre 2020 y 2024, Israel fue el octavo mayor exportador de armas del mundo. 51 Las dos empresas de armas israelíes más destacadas —Elbit Systems, creada como una asociación públicoprivada y posteriormente privatizada, e Israel Aerospace Industries, de propiedad estatal— se encuentran entre los 50 principales fabricantes de armas a nivel mundial.52 Desde 2023, Elbit Systems ha cooperado estrechamente en las operaciones militares israelíes,53 incorporando personal clave en el Ministerio de Defensa,54 y fue galardonada con el Premio de Defensa de Israel 2024. Elbit Systems e Israel Aerospace Industries proporcionan un suministro interno fundamental de armamento,55 y refuerzan las alianzas militares israelíes mediante la exportación de armas56 y el desarrollo conjunto de tecnología militar.

32. Las asociaciones internacionales que proporcionan armamento y apoyo técnico han mejorado la capacidad de Israel para perpetuar el apartheid y, recientemente, para mantener su asalto a Gaza. Israel se beneficia del mayor programa de adquisición de defensa de la historia, el del avión de combate F-35,57 liderado por la empresa estadounidense Lockheed Martin,58 junto con al menos otras 1650 empresas entre ellos el fabricante italiano Leonardo S.p.A,59 y ocho Estados. Los componentes y piezas fabricados a nivel mundial contribuyen a la flota israelí de F-35, que Israel personaliza y mantiene en colaboración con Lockheed Martin y empresas nacionales.60 Israel fue el primero en volar el F-35 en combate, en 2018, y en utilizarlo en «modo bestia», en 2025.61 Los aviones de combate F-35 y F-16 de Lockheed Martin, fundamentales para la fuerza aérea israelí,62 tienen una importante capacidad de carga y fuego, incluyendo municiones de ataque directo conjunto (JDAM) GBU-31 y bombas no guiadas MK-84 de 2000 libras; un F-35 puede transportar más de 18 000 libras de bombas.63 Después de octubre de 2023, los F-35 y los F-16 han sido fundamentales para dotar a Israel de un poder aéreo sin precedentes para lanzar unas 85 000 toneladas de bombas,64 en su mayoría no guiadas,65 con las que matar y herir a más de 179 411 palestinos66 y arrasar Gaza.67

33. Los drones, hexacópteros y cuadricópteros también han sido máquinas de matar omnipresentes en los cielos de Gaza.68 Los drones, desarrollados y suministrados en gran medida por Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, llevan mucho tiempo volando junto a aviones de combate, vigilando a los palestinos y proporcionando información sobre objetivos.69 En las últimas dos décadas, con el apoyo de estas empresas y la colaboración de instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts,70 los drones utilizados por Israel han adquirido sistemas de armas automatizados y la capacidad de volar en formación de enjambre.71

34. Para suministrar estas armas a Israel y facilitar las transacciones de exportación e importación de armas, los fabricantes dependen de una red de intermediarios, entre los que se incluyen servicios jurídicos, de auditoría y empresas consultoras, así como traficantes de armas, agentes y corredores.72 Proveedores como la empresa japonesa FANUC Corporation suministran maquinaria robótica para líneas de producción de armas, entre otras, a Israel Aerospace Industries, Elbit Systems y Lockheed Martin.73 Empresas navieras como la danesa A.P. Moller – Maersk A/S transportan componentes, piezas, armas y materias primas, lo que mantiene un flujo constante de equipo militar suministrado por Estados Unidos desde octubre de 2023.74

35. Para empresas israelíes como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, el genocidio en curso ha sido una empresa rentable. El aumento del 65 % en el gasto militar israelí entre 2023 y 2024, que asciende a 46 500 millones de dólares,(75) uno de los más altos per cápita del mundo, generó un fuerte aumento de sus beneficios anuales.(76) Las empresas armamentísticas extranjeras, especialmente las productoras de municiones y artillería, también se benefician.(77)

Vigilancia y encarcelamiento: el lado oscuro de la «nación start-up»

36. La represión de los palestinos se ha automatizado progresivamente, con empresas tecnológicas que proporcionan infraestructura de doble uso78 para integrar la recopilación masiva de datos y la vigilancia, al tiempo que se benefician del singular campo de pruebas para la tecnología militar que ofrece el territorio palestino ocupado.79 Impulsadas por los gigantes tecnológicos estadounidenses que establecen filiales y centros de investigación y desarrollo en Israel,80 las afirmaciones de Israel sobre sus necesidades de seguridad han impulsado un desarrollo sin precedentes de los servicios penitenciarios y de vigilancia, desde redes de circuito cerrado de televisión (CCTV), vigilancia biométrica, redes de puestos de control con tecnología avanzada, «muros inteligentes» y vigilancia con drones, hasta la computación en la nube, la inteligencia artificial y el análisis de datos que dan apoyo al personal militar sobre el terreno.81

37. Las empresas tecnológicas israelíes suelen surgir de la infraestructura y la estrategia militares,82 como ocurrió con NSO Group, fundada por antiguos miembros de la Unidad 8200.83 Su software espía Pegasus, diseñado para el espionaje encubierto La vigilancia mediante teléfonos inteligentes se ha utilizado contra activistas palestinos 84 y se ha autorizado a nivel mundial para perseguir a líderes, periodistas y defensores de los derechos humanos (85). Exportada en virtud de la Ley de Control de las Exportaciones de Defensa, la tecnología de vigilancia de NSO Group permite la «diplomacia del spyware» al tiempo que refuerza la impunidad del Estado (86).

38. IBM opera en Israel desde 1972, formando a personal militar y de inteligencia — especialmente de la Unidad 8200— para el sector tecnológico y el ámbito de las empresas emergentes 87.Desde 2019, IBM Israel gestiona y actualiza la base de datos central de la Autoridad de Población e Inmigración (88),lo que permite la recopilación, el almacenamiento y el uso gubernamental de datos biométricos sobre palestinos, y respalda el régimen discriminatorio de permisos de Israel.89 Antes de IBM, Hewlett Packard Enterprises (HPE) mantenía la base de datos y su filial israelí sigue proporcionando servidores.90 Hewlett Packard (HP) lleva mucho tiempo facilitando los sistemas de apartheid de Israel, suministrando tecnología a la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), al servicio penitenciario y a la policía.91 Desde la división de la empresa en 2015 en Hewlett Packard Enterprises y HP Inc., las opacas estructuras empresariales han ocultado las funciones de sus siete filiales israelíes restantes. 92

39. Microsoft lleva operando en Israel93 desde 1991, donde ha desarrollado su mayor centro fuera de Estados Unidos. Sus tecnologías están integradas en los servicios penitenciarios, la policía, las universidades y las escuelas, incluidas las colonias.94 Microsoft lleva integrando sus sistemas y tecnología civil en el ejército israelí95 desde 2003, al tiempo que adquiere empresas emergentes israelíes de ciberseguridad y vigilancia.96

40. A medida que el apartheid israelí y los sistemas militares y de control de la población generan volúmenes cada vez mayores de datos, ha aumentado su dependencia del almacenamiento y la computación en la nube. En 2021, Israel adjudicó a Alphabet Inc. (Google) y Amazon.com, Inc. Un contrato de 1200 millones de dólares (Proyecto Nimbus) 97, financiado en gran parte con fondos del Ministerio de Defensa 98, para proporcionar infraestructura tecnológica básica.

41. Microsoft, Alphabet y Amazon conceden a Israel acceso prácticamente a toda la administración pública a sus tecnologías de nube e inteligencia artificial, lo que mejora el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis 99.En octubre de 2023, cuando la nube militar interna israelí se sobrecargó (100),Microsoft, con su plataforma Azure, y el consorcio Project Nimbus intervinieron con infraestructura crítica de nube e inteligencia artificial.101 Sus servidores ubicados en Israel garantizan la soberanía de los datos y un escudo frente a la rendición de cuentas,102 en virtud de contratos favorables que ofrecen restricciones o supervisión mínimas.103 En julio de 2024, un coronel israelí describió la tecnología en la nube como un arma en todos los sentidos de la palabra, citando a estas empresas.104

42. El ejército israelí ha desarrollado sistemas de inteligencia artificial, como «Lavender», «Gospel» y «Where’s Daddy?», para procesar datos y generar listas de objetivos,105 remodelando la guerra moderna e ilustrando la naturaleza de doble uso de la inteligencia artificial. Palantir Technologies Inc., cuya colaboración tecnológica con Israel es muy anterior a octubre de 2023, amplió su apoyo al ejército israelí después de octubre de 2023.(106) Hay motivos razonables para creer que Palantir ha proporcionado tecnología de vigilancia policial predictiva automática, infraestructura de defensa básica para la construcción y el despliegue rápido y a gran escala de software militar, y su plataforma de inteligencia artificial, que permite la integración de datos del campo de batalla en tiempo real para la toma de decisiones automatizada.107 En enero de 2024, Palantir anunció una nueva asociación estratégica con Israel y celebró una reunión de la junta directiva en Tel Aviv «en solidaridad»;108 en abril de 2025, el director ejecutivo de Palantir respondió a las acusaciones de que Palantir había matado a palestinos en Gaza diciendo: «en su mayoría terroristas, eso es cierto».109 Ambos incidentes son indicativos del conocimiento y la intención a nivel ejecutivo con respecto al uso ilegal de la fuerza por parte de Israel, y de la incapacidad de prevenir tales actos o retirar su participación. 110

43. Israel, como «nación emergente», incentivada por el auge de la securitización global tras el 11-S, ha recibido un importante impulso gracias al genocidio. Ocupó el primer lugar a nivel mundial en cuanto a Número de empresas emergentes per cápita, con un crecimiento del 143 % en las empresas emergentes de tecnología militar en 2024, y con la tecnología representando el 64 % de las exportaciones israelíes a lo largo del genocidio. 111

Tecnología civil: maquinaria pesada al servicio de la destrucción colonialista

44. Las tecnologías civiles han servido durante mucho tiempo como herramientas de doble uso para la ocupación colonialista.112 Las operaciones militares israelíes dependen en gran medida de equipos de los principales fabricantes mundiales para «desarraigar» a los palestinos de sus tierras,113 demoliendo viviendas, edificios públicos, tierras de cultivo, carreteras y otras infraestructuras vitales. Desde octubre de 2023, esta maquinaria ha sido fundamental para dañar y destruir el 70 % de las estructuras y el 81 % de las tierras de cultivo en Gaza. (114)

45. Durante décadas, Caterpillar Inc.115 ha suministrado a Israel equipos utilizados para demoler viviendas e infraestructuras palestinas,116 tanto a través del programa de financiación militar exterior de Estados Unidos117 como de una licencia exclusiva requerida por la legislación israelí para el ejército.118 En colaboración con empresas como Israel Aerospace Industries,119 Elbit Systems 120 y RADA Electronic Industries, propiedad de Leonardo DRS, Inc. (121) , Israel ha convertido la excavadora D9 de Caterpillar en un arma básica automatizada y controlada a distancia del ejército 122 , desplegada en casi todas las actividades militares desde 2000, despejando líneas de incursión, «neutralizando» el territorio y matando a palestinos.123 Desde octubre de 2023, se ha documentado el uso de equipos Caterpillar para llevar a cabo demoliciones masivas124 —incluidas viviendas,125 mezquitas126 e infraestructuras vitales127 —, asaltar hospitales128 y enterrar palestinos heridos vivos.129 En 2025, Caterpillar consiguió otro contrato multimillonario con Israel.130

46. La empresa coreana HD Hyundai 131 y su filial parcialmente propiedad de Doosan 132 ,junto con el grupo sueco Volvo 133 y otros importantes fabricantes de maquinaria pesada, llevan mucho tiempo vinculados a la destrucción de propiedades palestinas, ya que cada uno de ellos suministra equipos a través de distribuidores israelíes con licencia exclusiva.134 El concesionario de Volvo es una empresa que figura en la base de datos de la OACDH y, juntos, son propietarios de Merkavim Transportation Technologies Ltd., que produce autobuses blindados que se venden para dar servicio a las colonias. 135 Desde al menos 2007, la maquinaria de Volvo se ha utilizado para arrasar zonas palestinas, entre ellas Jerusalén Este 136 y Masafer Yatta.137 Durante más de una década, la maquinaria de HD Hyundai se ha utilizado para demoler viviendas palestinas 138 y arrasar tierras de cultivo, incluidos olivares.139 Después de octubre de 2023, Israel aumentó el uso de los equipos de esas empresas en la destrucción urbana de Gaza,140 incluida la arrasada de Rafah141 y Jabalia,142 tras lo cual el ejército ocultó sus logotipos.143

47. Estas empresas han seguido suministrando al mercado israelí a pesar de las abundantes pruebas del uso criminal de esta maquinaria por parte de Israel y de los repetidos llamamientos de los grupos de derechos humanos para que se rompan los lazos. 144 Los proveedores pasivos se convierten en colaboradores deliberados de un sistema de desplazamiento.

B. Sustitución

48. Así como los actores corporativos han contribuido a la destrucción de la vida palestina en los territorios palestinos ocupados, también han ayudado a la construcción de lo que la reemplaza: construcción de colonias y su infraestructura, extracción y comercio de materiales, energía y productos agrícolas, y atraer visitantes a las colonias como si se tratara de un destino vacacional habitual. Después de octubre de 2023, estas actividades han sostenido un crecimiento sin precedentes en la empresa de los asentamientos, y las entidades corporativas siguen impulsando y beneficiándose de la creación de condiciones de vida calculadas para destruir a la población palestina, incluso mediante el corte casi total del suministro de agua, electricidad y combustible.

Construcción: hogares en tierras robadas

49. Se han construido más de 371 colonias y asentamientos ilegales, que han sido abastecidos y comercializados por empresas que facilitan la sustitución por parte de Israel de la población indígena en el territorio palestino ocupado 145.En 2024, esta situación se intensificó después de que la administración de las colonias pasara del ejército al Gobierno civil y se duplicara el presupuesto del Ministerio de Construcción y Vivienda, con 200 millones de dólares asignados a la construcción de colonias.146 Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, Israel estableció 57 nuevas colonias y asentamientos, 147 con empresas israelíes e internacionales que suministraron maquinaria, materias primas y apoyo logístico.

50. Las excavadoras y la maquinaria pesada de Caterpillar, HD Hyundai y Volvo se han utilizado en la construcción de colonias ilegales durante al menos diez años 148.La empresa alemana Heidelberg Materials AG 149,a través de su filial Hanson Israel, ha contribuido al saqueo de millones de toneladas de roca dolomítica de la cantera de Nahal Raba, situada en terrenos confiscados a pueblos palestinos de Cisjordania.150 En 2018, Hanson Israel ganó una licitación pública para suministrar materiales de esa cantera para la construcción de colonias,151 y desde entonces ha agotado casi por completo la cantera, lo que ha dado lugar a continuas solicitudes de ampliación.152

51. Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias, y conectarlas con Israel, al tiempo que se excluía y segregaba a los palestinos.153 La empresa española/vasca Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles 154 se unió a un consorcio con una empresa incluida en la base de datos de la OACDH para mantener y ampliar la línea roja del tren ligero de Jerusalén y construir la nueva línea verde 155,en un momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional.156 Estas líneas incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Occidental.157 Se han utilizado excavadoras y maquinaria de Doosan y Volvo,158 y la filial de Heidelberg suministró materiales para un puente de tren ligero.159

52. Las empresas inmobiliarias venden propiedades en los asentamientos a compradores israelíes e internacionales. El grupo inmobiliario mundial Keller Williams Realty LLC, a través de su franquiciado israelí KW Israel,160 ha tenido sucursales con sede en los asentamientos.161 En marzo de 2024, Keller Williams, a través de otra franquicia, Home in Israel,162 organizó una gira inmobiliaria en Canadá y Estados Unidos,163 patrocinada conjuntamente con varias empresas que desarrollan y comercializan miles de apartamentos en las colonias.164 El control de los recursos naturales: la incubadora de condiciones de vida calculadas para destruir 53. Desde 1967, Israel ha ejercido un control sistemático sobre los recursos naturales palestinos, construyendo infraestructuras que integraban sus colonias en los sistemas nacionales israelíes y afianzaban la dependencia palestina de ellas.

54. Cuando el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ordenó un «asedio completo» sobre Gaza el El 9 de octubre de 2023, cortando instantáneamente el agua, la electricidad y el combustible,165 esta dependencia artificial —diseñada para desplazar y controlar la vida— se puso en práctica con fines genocidas. Esos suministros nunca se han restablecido por completo, lo que ha contribuido a la creación deliberada de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos como grupo (166).Por eso tampoco se puede considerar el control de los recursos en Cisjordania — reforzado después de octubre de 2023— de forma aislada de la destrucción que se está produciendo en Gaza (167).

Agua

55. Israel obliga a los palestinos a comprar agua procedente de dos importantes acuíferos situados en su propio territorio, a precios inflados y con un suministro intermitente 168. La empresa nacional israelí de agua Mekorot tiene el monopolio del agua en los territorios palestinos ocupados.169 En Gaza, más del 97 % del agua del acuífero costero no cumple las normas de calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud, lo que hace que los residentes dependan de las tuberías de Mekorot para la mayor parte de su agua potable.170 Durante al menos los primeros seis meses después de octubre de 2023, Mekorot operó sus tuberías de Gaza al 22 % de su capacidad, dejando sin agua durante el 95 % del tiempo a zonas como la ciudad de Gaza,171 contribuyendo activamente a la transformación del agua en una herramienta de genocidio.172

Electricidad, gas y combustible

56. Las empresas energéticas internacionales han alimentado el genocidio israelí, que consume mucha energía. Dependiente de las importaciones de combustible y carbón,173 Israel mantiene una infraestructura energética integrada que abastece tanto a Israel como al territorio palestino ocupado, suministrando energía sin interrupciones a los colonos ilegales, al tiempo que controla y obstaculiza el acceso de los palestinos 174. La central eléctrica de Gaza solo cubría entre el 10 % y el 20 % de las necesidades eléctricas de Gaza, lo que la hacía muy dependiente del combustible para los generadores y de diez líneas de suministro israelíes 175.Desde octubre de 2023, Israel ha cortado el suministro energético a la mayor parte de Gaza.176 Sin electricidad ni combustible, la mayoría de las bombas de agua,177 los hospitales178 y el transporte llegaron al borde del colapso total;179 el colapso de los sistemas de saneamiento ha contribuido al resurgimiento de la poliomielitis;180 y las plantas desalinizadoras, de vital importancia, se vieron obligadas a cerrar.181

57. El carbón destinado a la producción de electricidad en Israel procede principalmente de Colombia (60 % de las importaciones israelíes de carbón en 2023-24);182 Drummond Company, Inc., con sede en Estados Unidos, y Glencore PLC, con sede en Suiza, son los principales proveedores. Sus respectivas filiales (183)son propietarias de las minas y los tres puertos implicados en la entrega de 15 envíos de carbón a Israel desde octubre de 2023, incluidos seis envíos después de que Colombia suspendiera las exportaciones de carbón a Israel en agosto de 2024.184 Glencore también participó en envíos desde Sudáfrica;185 estos envíos representaron el 15 % de las importaciones de carbón de Israel en 2023 y 2024.186

58. La empresa estadounidense Chevron Corporation, en consorcio con la israelí NewMed Energy (una filial del Grupo Delek, que figura en la base de datos de la OACDH), extrae gas natural de los yacimientos Leviathan y Tamar 187; en 2023 pagó al Gobierno de Israel 453 millones de dólares en concepto de regalías e impuestos.188 El consorcio de Chevron suministra más del 70 % del consumo energético de Israel.189 Chevron también obtiene beneficios de su participación en el gasoducto del Mediterráneo Oriental,190 que atraviesa el territorio marítimo palestino, y de las ventas de gas a Egipto y Jordania.191 El bloqueo naval de Gaza está relacionado con la seguridad de Israel en el suministro del gas de Tamar y el gasoducto del Mediterráneo Oriental.192 En un momento de creciente brutalidad, la empresa británica BP PLC está ampliando su participación en la economía israelí, con licencias de exploración confirmadas en marzo de 2025, que permiten a BP explorar extensiones marítimas palestinas explotadas ilegalmente por Israel.193

59. BP y Chevron son también los mayores contribuyentes a las importaciones israelíes de petróleo crudo, como principales propietarios del estratégico oleoducto Azeri Baku-Tbilisi-Ceyhan 194 y del Consorcio del Oleoducto Caspio de Kazajistán 195, respectivamente, y de sus yacimientos petrolíferos asociados.196Cada conglomerado suministró efectivamente el 8 % del crudo israelí entre octubre de 2023 y julio de 2024,197 complementado con envíos de crudo procedentes de yacimientos petrolíferos brasileños, en los que Petrobras tiene la mayor participación,198y combustible para aviones militares.199El petróleo de estas empresas abastece a dos refinerías en Israel. Desde la refinería de Haifa, dos empresas que figuran en la base de datos de la OACDH abastecen a sus gasolineras en todo Israel y el territorio palestino ocupado, incluidas las colonias (200),y al ejército, mediante contratos adjudicados por el Gobierno (201).Desde la refinería de Ashdod, una filial de la empresa Paz Retail and Energy Ltd., que figura en la base de datos de la OACDH, suministra combustible para aviones a la Fuerza Aérea Israelí (202)que opera en Gaza.

60. Al suministrar carbón, gas, petróleo y combustible a Israel, las empresas contribuyen a las infraestructuras civiles que Israel utiliza para afianzar la anexión permanente y que ahora utiliza como arma para destruir la vida palestina en Gaza (203).Las mismas infraestructuras a las que estas empresas suministran recursos han prestado servicio al ejército israelí y a su destrucción de Gaza, impulsada por la tecnología y con un alto consumo energético. La naturaleza aparentemente civil de dichas infraestructuras no exime a las empresas de su responsabilidad (204).

Comercializar los frutos de la ilegalidad

Agroindustria

61. La agroindustria ha prosperado gracias al extractivismo y al acaparamiento de tierras liderados por Israel, produciendo bienes y tecnologías que sirven a los intereses coloniales de los colonos israelíes, ampliando el dominio del mercado y atrayendo inversiones globales, al tiempo que se borran los sistemas alimentarios palestinos y se acelera el desplazamiento. 205

62. Tnuva, el mayor conglomerado alimentario de Israel, ahora propiedad mayoritaria de la empresa china Bright Food (Group) Co., Ltd.,206 ha impulsado y se ha beneficiado de la expropiación de tierras. El presidente de Tnuva reconoció que «la agricultura… en general, y la ganadería lechera en particular, son un recurso estratégico y un pilar importante en la empresa de los asentamientos».(207) Israel ha utilizado los kibutzim y los puestos agrícolas avanzados para apoderarse de tierras palestinas y sustituir a los palestinos.208 Empresas como Tnuva contribuyen a ello al abastecerse de productos de estas colonias,209para luego explotar el mercado palestino cautivo resultante210 y construir su dominio del mercado.211 La dependencia palestina de la industria láctea israelí ha aumentado un 160 % en la década posterior a la destrucción causada por Israel a la industria láctea de Gaza en 2014, lo que supone unas pérdidas estimadas para el sector de 43 millones de dólares.212 Tnuva ha absorbido la pérdida del mercado de Gaza,213 sin utilizar su considerable influencia para cambiar la situación.

63. Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, ahora propiedad en un 80 % de la empresa mexicana Orbia Advance Corporation,214 ha diseñado su tecnología agrícola en consonancia con las necesidades de expansión de Israel.215 Aunque mantiene una imagen global de sostenibilidad,216 la tecnología de Netafim ha permitido la explotación intensiva del agua y la tierra en Cisjordania,217 agotando aún más los recursos naturales palestinos, al tiempo que se perfecciona gracias a la colaboración con empresas israelíes de tecnología militar.(218) En el valle del Jordán, los sistemas de riego asistidos por Netafim han facilitado la expansión de los cultivos israelíes,(219) mientras que los agricultores palestinos —a quienes se les niega el agua(220) y cuyo 93 % de las tierras no están irrigadas(221) — se ven expulsados, incapaces de competir con la producción israelí.(222) Además, estas técnicas de riego amenazan con agotar el río Jordán y el mar Muerto.(223)

64. Empresas como Tnuva y Netafim siguen garantizando la seguridad alimentaria de los israelíes,224 mientras que el sistema alimentario al que pertenecen provoca inseguridad alimentaria, e incluso hambrunas, para otros. Netafim se autodenomina innovadora sostenible, al tiempo que perfecciona técnicas ancestrales de explotación colonial.

Venta minorista global

65. Los productos israelíes, incluidos los procedentes de los asentamientos, inundan los mercados mundiales a través de los principales minoristas,225 a menudo sin ningún tipo de control. Para eludir la creciente reacción negativa, las empresas ocultan el origen mediante etiquetas engañosas, códigos de barras y la mezcla de la cadena de suministro,226 lo que, en la práctica, hace que la ocupación esté lista para salir a la venta 66. Los gigantes logísticos mundiales como A.P. Moller – Maersk A/S son parte integral de este ecosistema; durante años han enviado mercancías desde las colonias y las empresas que figuran en la base de datos de la OACDH directamente a los Estados Unidos 227 y otros mercados (228).

67. En muchos países no se distingue entre los productos procedentes de Israel y los procedentes de sus colonias. Incluso en la Unión Europea, donde se exige el etiquetado,229 estos productos siguen estando permitidos en el mercado,230 y la responsabilidad recae en los consumidores desinformados. Dada la ilegalidad de las colonias según el derecho internacional, estos productos no deberían comercializarse en absoluto.

68. Las cadenas de supermercados 231,incluidas muchas de las que figuran en la base de datos de la OACDH, y las plataformas de comercio electrónico como Amazon.com 232 operan directamente en las colonias, lo que sostiene su economía, permite su expansión y participa en el apartheid mediante la prestación de servicios discriminatorios.

Turismo de ocupación

69. Las principales plataformas de viajes en línea, utilizadas por millones de personas para reservar alojamiento, se benefician de la ocupación vendiendo un turismo que sostiene las colonias, excluye a los palestinos, promueve las narrativas de los colonos y legitima la anexión. 70. Booking Holdings Inc. y Airbnb, Inc. incluyen propiedades y habitaciones de hotel en las colonias israelíes. Booking.com ha duplicado con creces sus anuncios en Cisjordania, pasando de 26 en 2018 (233) a 70 en mayo de 2023 (234), y ha triplicado sus anuncios en Jerusalén Este hasta alcanzar los 39 en el año posterior a octubre de 2023 (235) .Airbnb también ha ampliado su especulación colonial, pasando de 139 anuncios en 2016 236 a 350 en 2025 237 cobrando hasta un 23 % de comisión 238.Estos anuncios están relacionados con la restricción del acceso de los palestinos a la tierra y ponen en peligro a las aldeas cercanas.239 En Tekoa, Airbnb permite a los colonos promover una «comunidad cálida y acogedora»,240 encubriendo la violencia de los colonos contra la aldea palestina vecina de Tuqu‘.241

71. Booking.com y Airbnb figuran en la base de datos de la OACDH desde 2020. Booking.com puede etiquetar las propiedades como «territorio palestino, asentamiento israelí», pero sigue obteniendo beneficios de las colonias y se enfrenta a denuncias penales en el Reino de los Países Bajos por blanqueo de capitales.242 Airbnb retiró brevemente de su lista las propiedades coloniales ilegales en 2018243,pero cambió de rumbo bajo presión,(244) yahora dona sus beneficios a causas «humanitarias» y convierte la especulación colonial en lavado humanitario.245

C. Facilitadores

72. Una lista de facilitadores —empresas financieras, de investigación, jurídicas, de consultoría, de medios de comunicación y de publicidad 246— que llevan mucho tiempo participando en el mantenimiento de la ocupación colonial mediante conocimientos, narrativas, habilidades e inversiones, han seguido apoyando, beneficiándose y normalizando una economía que funciona en modo genocida. La presente sección se centra únicamente en dos facilitadores clave: los sectores financiero y académico.

Financiación de las violaciones

73. El sector financiero canaliza fondos críticos tanto a los actores estatales como a los corporativos que están detrás de la ocupación y el apartheid israelíes, a pesar de que muchas empresas del sector se han comprometido con los Principios para la Inversión Responsable 247 y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (248) .

74. Como principal fuente de financiación del presupuesto estatal israelí, los bonos del Tesoro han desempeñado un papel fundamental en la financiación del actual asalto a Gaza. Entre 2022 y 2024, el presupuesto militar israelí pasó del 4,2 % al 8,3 % del PIB, lo que provocó un déficit del 6,8 % en el presupuesto público.249 Israel financió este presupuesto en expansión aumentando la emisión de bonos, incluidos 8000 millones de dólares en marzo de 2024 250 y 5000 millones de dólares en febrero de 2025 251,junto con emisiones en su mercado nacional del nuevo shekel 252.Algunos de los bancos más grandes del mundo, entre ellos BNP Paribas 253 y Barclays 254 intervinieron para reforzar la confianza del mercado suscribiendo estos bonos del Tesoro internacionales y nacionales, lo que permitió a Israel contener la prima de interés, a pesar de la rebaja de la calificación crediticia.255 Las empresas de gestión de activos, entre las que se encuentran Blackrock (68 millones de dólares), Vanguard (546 millones de dólares) y la filial de gestión de activos de Allianz, PIMCO (960 millones de dólares)256, se encontraban entre los al menos 400 inversores de 36 países que los compraron.257 Por su parte, la Corporación de Desarrollo de Israel (es decir, Israel Bonds)258 presta un servicio de solicitud de bonos para el Gobierno de Israel a particulares y otros inversores extranjeros.259 La Corporación de Desarrollo de Israel triplicó sus ventas anuales de bonos para canalizar casi 5000 millones de dólares a Israel desde octubre de 2023,260 al tiempo que ofrecía a los inversores la opción de enviar el rendimiento de las inversiones en bonos a organizaciones benéficas que apoyan al ejército israelí261 y a las colonias.262

75. Estas entidades financieras canalizan miles de millones de dólares hacia bonos del Tesoro y empresas directamente involucradas en la ocupación y el genocidio israelíes. Blackrock (y su filial, iShares263 ) y Vanguard se encuentran entre los mayores inversores institucionales de muchas empresas, y mantienen estas acciones para distribuirlas entre sus índices de fondos de inversión y fondos cotizados en bolsa (ETF). Blackrock es el segundo mayor inversor institucional en Palantir (8,6 %), Microsoft (7,8 %), Amazon.com (6,6 %), Alphabet (6,6 %) e IBM (8,6 %), y el tercero en Lockheed Martin (7,2 %) y Caterpillar (7,5 %). Vanguard es el mayor inversor institucional en Caterpillar (9,8 %), Chevron (8,9 %) y Palantir (9,1 %), y el segundo mayor en Lockheed Martin (9,2 %) y Elbit Systems (2,0 %).(264)A través de su gestión de activos, implican a universidades, fondos de pensiones y personas comunes que invierten pasivamente sus ahorros mediante la compra de sus fondos y fondos negociados electrónicamente. (265) Para sus decisiones de inversión, estas empresas suelen basarse en índices de referencia, como el FTSE All-World ex-US, el J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS y el MSCI ACWI UCITS, (266)desarrollados por empresas de servicios financieros.

76. Las compañías de seguros globales, entre ellas Allianz y AXA, también invierten grandes sumas en acciones y bonos relacionados con la ocupación y el genocidio, en parte como reservas de capital para las reclamaciones de los asegurados y los requisitos reglamentarios, pero principalmente para generar rendimientos. Allianz posee al menos 7300 millones de dólares 267 y AXA, a pesar de algunas decisiones de desinversión 268, sigue invirtiendo al menos 4090 millones de dólares 269 en empresas rastreadas que se mencionan en el presente informe. Sus pólizas de seguro también cubren los riesgos que otras empresas asumen necesariamente al operar en Israel y los territorios palestinos ocupados, lo que permite la comisión de abusos contra los derechos humanos (270) y «elimina el riesgo» del entorno operativo (271).

77. Los fondos soberanos y los fondos de pensiones también son importantes financiadores. El fondo soberano más grande del mundo, el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, afirma que cuenta con las directrices éticas más completas del mundo (272).Después de octubre de 2023, el Fondo aumentó su inversión en empresas israelíes en un 32 %, hasta alcanzar los 1900 millones de dólares. A finales de 2024, el Fondo tenía 121 500 millones de dólares —el 6,9 % de su valor total— invertidos solo en las empresas mencionadas en el presente informe (273).La Caisse de dépôt et placement du Québec, que gestiona 473 300 millones de dólares canadienses (328 900 millones de dólares estadounidenses) (274) en fondos de pensiones para seis millones decanadienses, tiene casi 10 000 millones de dólares canadienses (8700 millones de dólares 473 300 millones de dólares canadienses (328 900 millones de dólares estadounidenses)274 en fondos de pensiones para seis millones de canadienses, tiene casi 9600 millones de dólares canadienses 9600 millones de dólares canadienses (6670 millones de dólares estadounidenses) en empresas mencionadas en el presente informe,275 a pesar de su política de inversión sostenible y su política de derechos humanos.276 Entre 2023 y 2024, casi triplicó su inversión en Lockheed Martin, cuadruplicó su inversión en Caterpillar y multiplicó por diez su inversión en HD Hyundai.277

78. El sector financiero también permite a las empresas acceder a fondos mediante préstamos y suscribiendo su deuda para que puedan venderla en el mercado privado de bonos. Entre 2021 y 2023, BNP Paribas fue uno de los principales financiadores europeos de la industria armamentística que abastece a Israel, proporcionando 410 millones de dólares en préstamos a Leonardo, entre otros,278 además de 5200 millones de dólares en préstamos y suscripciones a empresas incluidas en la base de datos de la OACDH.279 Del mismo modo, en 2024, Barclays proporcionó 2000 millones de dólares en préstamos y suscripciones a empresas incluidas en la base de datos de la OACDH,280 862 millones de dólares a Lockheed Martin y 228 millones de dólares a Leonardo.281

79. Esta inversión directa se ve reforzada por la decisión de las empresas de asesoramiento financiero y las asociaciones de inversión responsable de no tener en cuenta las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados en su evaluación de las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).282 Esto permite que los fondos de inversión responsables/éticos sigan siendo medioambientales, social y de gobernanza, a pesar de invertir en bonos del Gobierno israelí y en acciones de empresas implicadas en violaciones en los territorios palestinos ocupados (283).

80. Todo este entorno ha facilitado un aumento récord del 179 % en el precio de las acciones equivalentes en dólares estadounidenses de las empresas que cotizan en la bolsa de Tel Aviv desde el inicio del asalto a Gaza, lo que se traduce en una ganancia de 157 900 millones de dólares.284

81. Las organizaciones benéficas religiosas también se han convertido en importantes facilitadoras financieras de proyectos ilegales, incluso en los territorios palestinos ocupados, y a menudo se benefician de deducciones fiscales en el extranjero a pesar de los estrictos marcos normativos que regulan las actividades benéficas 285.El Fondo Nacional Judío (KKL-JNF) y sus más de 20 filiales financian la expansión de los asentamientos y proyectos relacionados con el ejército.286 Desde octubre de 2023, plataformas como Israel Gives han permitido la financiación colectiva deducible de impuestos en 32 países para unidades militares y colonos israelíes.287 La organización estadounidense Christian Friends of Israeli Communities (Amigos Cristianos de las Comunidades Israelíes),288 Dutch Christians for Israel Cristianos Holandeses por Israel)(289 y sus filiales en todo el mundo,290 enviaron más de 12,25 millones de dólares en 2023291 a diversos proyectos que apoyan a las colonias, incluidos algunos que forman a colonos extremistas.292

Producción de conocimiento y legitimación de las violaciones

82. En Israel, las universidades —en particular las facultades de derecho,293 arqueología294 y los departamentos de estudios sobre Oriente Medio295 — contribuyen al andamiaje ideológico del apartheid, cultivando narrativas alineadas con el Estado,296 que borran la historia palestina y justifican las prácticas de ocupación.297 Mientras tanto, los departamentos de ciencia y tecnología sirven como centros de investigación y desarrollo para la colaboración entre el ejército israelí y los contratistas de armas, entre los que se encuentran Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, IBM y Lockheed Martin, y contribuyen así a la producción de herramientas de vigilancia, control de multitudes, guerra urbana, reconocimiento facial y asesinatos selectivos,herramientas que se prueban de forma efectiva con los palestinos. 298

83. Las principales universidades, especialmente las de países con minorías globales, se asocian con instituciones israelíes en áreas que perjudican directamente a los palestinos. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los laboratorios llevan a cabo investigaciones sobre armas y vigilancia financiadas por el Ministerio de Defensa israelí, el único organismo militar extranjero que financia la investigación en el Instituto (299). Entre los proyectos más destacados del Ministerio de Defensa israelí se encuentran el control de enjambres de drones (300)—una característica distintiva del asalto israelí a Gaza desde octubre de 2023—, los algoritmos de persecución (301)y la vigilancia submarina.302 Entre 2019 y 2024, el Instituto gestionó un fondo semilla de Lockheed Martin que conectaba a los estudiantes con equipos de Israel 303. Entre 2017 y 2025, Elbit Systems pagó la membresía al Programa de Enlace Industrial del Instituto, lo que le permitió acceder a la investigación y al talento 304 .

84. El programa Horizonte Europa de la Comisión Europea facilita activamente la colaboración con instituciones israelíes, incluidas aquellas cómplices del apartheid y el genocidio. Desde 2014, la Comisión Europea ha concedido más de 2120 millones de euros (2400 millones de dólares) a entidades israelíes,305 incluido el Ministerio de Defensa,306 mientras que las instituciones académicas europeas se benefician de este entramado y lo refuerzan. La Universidad Técnica de Múnich recibe 198,5 millones de euros (218 millones de dólares) en financiación del programa Horizonte de la CE,307 incluidos 11,47 millones de euros (12,6 millones de dólares) para 22 colaboraciones con socios israelíes, empresas militares y tecnológicas.308 La Universidad y Israel Aerospace Industries reciben 792 795,75 euros (868 416 dólares) para desarrollar conjuntamente, con otros participantes, tecnología de repostaje de hidrógeno verde 309 relevante para Israel Aerospace Industries Drones militares utilizados en Gaza.310 La Universidad colabora con IBM Israel —que gestiona el discriminatorio Registro de Población israelí— en sistemas de inteligencia artificial y en la nube, como parte de los 7,75 millones de euros (8,52 millones de dólares) que IBM Israel recibe en fondos Horizon.311 La universidad también colabora en un proyecto de 10,76 millones de euros (11,71 millones de dólares) sobre «movilidad urbana compartida sin fisuras» en el que participa el Ayuntamiento de Jerusalén,312 una ciudad que afianza la anexión a través del transporte urbano. Es imposible separar los conocimientos técnicos que los socios israelíes aportan a estas colaboraciones de los que han adquirido y utilizado en las violaciones con las que están relacionados.

85. Muchas universidades han mantenido sus vínculos con Israel a pesar de la escalada posterior a octubre de 2023. Uno de los muchos ejemplos británicos 313es el de la Universidad de Edimburgo, que posee casi 25,5 millones de libras esterlinas (31,72 millones de dólares) (el 2,5 % de su dotación) en cuatro gigantes tecnológicos —Alphabet, Amazon, Microsoft e IBM 314— fundamentales para el aparato de vigilancia israelí y la destrucción en curso de Gaza. Con inversiones tanto directas como indexadas, la Universidad se encuentra entre las instituciones con mayor implicación financiera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Universidad también colabora con empresas que prestan apoyo a las operaciones militares israelíes, entre ellas Leonardo S.p.A.(315) y la Universidad Ben-Gurión, a través del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Universidad Ben-Gurión,(316) compartiendo investigaciones que la vinculan directamente con los ataques contra los palestinos.

86. El análisis que figura en el presente informe solo aborda superficialmente la información recibida por la Relatora Especial, quien reconoce la labor fundamental que realizan los estudiantes y el personal universitario para exigir responsabilidades a las universidades. Arroja nueva luz sobre la represión mundial contra los manifestantes en los campus: proteger a Israel y salvaguardar los intereses financieros institucionales parece una motivación más probable que la lucha contra el supuesto antisemitismo. 317

V. Conclusiones

87. Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania sufre ataques cada vez más intensos, el presente informe muestra por qué continúa el genocidio perpetrado por Israel: porque es lucrativo para muchos. Al arrojar luz sobre la economía política de una ocupación convertida en genocidio, el informe revela cómo la ocupación perpetua se ha convertido en el campo de pruebas ideal para los fabricantes de armas y las grandes empresas tecnológicas, proporcionando una oferta y una demanda ilimitadas, poca supervisión y cero rendición de cuentas, mientras que los inversores y las instituciones privadas y públicas se benefician libremente. Demasiadas entidades corporativas influyentes siguen estando inextricablemente vinculadas financieramente al apartheid y al militarismo israelíes.

88. Después de octubre de 2023, cuando el presupuesto de defensa israelí se duplicó y en un momento de caída de la demanda, la producción y la confianza de los consumidores, una red internacional de empresas ha sostenido la economía israelí. Blackrock y Vanguard se encuentran entre los mayores inversores en empresas de armas fundamentales para el arsenal genocida de Israel. Los principales bancos mundiales han suscrito bonos del Tesoro israelí, que han financiado la devastación, y los mayores fondos soberanos y de pensiones han invertido fondos públicos y ahorros privados en la economía genocida, al tiempo que afirman respetar las directrices éticas.

89. Las empresas armamentísticas han obtenido beneficios casi récord al equipar a Israel con armamento de última generación que ha devastado a una población civil prácticamente indefensa. La maquinaria de los gigantes mundiales de la construcción ha sido fundamental para arrasar Gaza, impidiendo el retorno y la reconstitución de la vida palestina. Los conglomerados extractivos de energía y minería, al tiempo que proporcionan fuentes de energía civil, han alimentado las infraestructuras militares y energéticas de Israel, ambas utilizadas para crear condiciones de vida calculadas para destruir al pueblo palestino.

90. Y mientras el genocidio continúa, prosigue el inexorable proceso de anexión violenta en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. La agroindustria sigue sosteniendo la expansión de la empresa de los asentamientos. Las mayores plataformas turísticas en línea siguen normalizando la ilegalidad de las colonias israelíes. Los supermercados mundiales siguen almacenando productos de los asentamientos israelíes. Y las universidades de todo el mundo, bajo el pretexto de la neutralidad de la investigación, siguen beneficiándose de una economía que ahora funciona en modo genocida. De hecho, dependen estructuralmente de la colaboración y la financiación de los colonos.

91. Los negocios continúan como de costumbre, pero nada en este sistema, del que las empresas forman parte integral, es neutral. El motor ideológico, político y económico perdurable del capitalismo racial ha transformado la economía israelí de ocupación, basada en el desplazamiento y la sustitución, en una economía de genocidio. Se trata de una «empresa criminal conjunta» 318,en la que los actos de uno contribuyen en última instancia a toda una economía que impulsa, abastece y permite este genocidio.

92. Las entidades mencionadas en el presente informe constituyen una fracción de una estructura mucho más profunda de participación empresarial, que se beneficia y permite las violaciones y los crímenes en el territorio palestino ocupado. Si hubieran actuado con la debida diligencia, las entidades empresariales habrían dejado de participar en Israel hace mucho tiempo. Hoy en día, la exigencia de rendición de cuentas es aún más urgente: cualquier inversión sostiene un sistema de graves crímenes internacionales.

93. Las obligaciones empresariales y en materia de derechos humanos no pueden aislarse de la empresa colonialista ilegal israelí en los territorios palestinos ocupados, que ahora funciona como una máquina genocida, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia haya ordenado su desmantelamiento total e incondicional. Las relaciones empresariales con Israel deben cesar hasta que finalicen la ocupación y el apartheid y se indemnice a las víctimas. El sector empresarial, incluidos sus ejecutivos, debe rendir cuentas, como paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global de capitalismo racializado que lo sustenta.

VI. Recomendaciones

94. El Relator Especial insta a los Estados Miembros a:

(a) A que impongan sanciones y un embargo total de armas a Israel, incluidos todos los acuerdos existentes y los artículos de doble uso, como la tecnología y la maquinaria pesada civil;

(b) Suspender o impedir todos los acuerdos comerciales y relaciones de inversión, e imponer sanciones, incluida la congelación de activos, a las entidades y personas involucradas en actividades que puedan poner en peligro a los palestinos.

(c) Hacer cumplir la rendición de cuentas, garantizando que las entidades

corporativas se enfrenten a consecuencias legales por su participación en violaciones graves del derecho internacional.

95. El Relator Especial insta a las entidades corporativas a:

(a) Que cesen de inmediato todas las actividades comerciales y pongan fin a las relaciones directamente vinculadas con las violaciones de los derechos humanos, que contribuyen a ellas y las causan, y crímenes internacionales contra el pueblo palestino, de conformidad con las responsabilidades internacionales de las empresas y el derecho a la libre determinación;

(b) Pagar indemnizaciones al pueblo palestino, incluso en forma de un impuesto sobre el patrimonio del apartheid, siguiendo el modelo de la Sudáfrica posterior al apartheid.

96. El Relator Especial insta a la Corte Penal Internacional y a los poderes judiciales nacionales a que investiguen y enjuicien a los ejecutivos y/o entidades corporativas por su participación en la comisión de crímenes internacionales y el blanqueo de los productos de esos crímenes.

97. El Relator Especial insta a las Naciones Unidas a:

(a) Para cumplir con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024;

(b) Incluir a todas las entidades implicadas en la ocupación ilegal israelí en la base de datos de la OACDH (que será debidamente accesible en el sitio web de la OACDH).

98. El Relator Especial insta a los sindicatos, los abogados, la sociedad civil y los ciudadanos de a pie a que presionen para que se apliquen boicots, desinversiones, sanciones, justicia para Palestina y rendición de cuentas a nivel internacional y nacional; juntos, los pueblos del mundo pueden poner fin a estos crímenes atroces.

99. El presente informe se redacta en un momento de profunda y tumultuosa

transformación. Las atrocidades presenciadas a nivel mundial requieren una rendición de cuentas y una justicia urgentes, lo que exige medidas diplomáticas, económicas y legales contra quienes han mantenido y se han beneficiado de una economía de ocupación convertida en genocida. Lo que suceda a continuación depende de todos.

Anexo

Resumen del marco jurídico que regula la responsabilidad jurídica de las

personas jurídicas en el territorio palestino ocupado

1. Introducción

1. El presente anexo expone el marco jurídico internacional ampliamente aplicable al sector empresarial implicado en el territorio palestino ocupado (TPO). Su objetivo es ofrecer orientación sobre la interpretación y aplicación de los conceptos jurídicos y las conclusiones fácticas presentados en el informe principal. Sin pretender ser una exposición exhaustiva del derecho internacional en este ámbito, presenta los principios generales de la responsabilidad corporativa, en particular los aplicables cuando las entidades corporativas(1) están implicadas en el desplazamiento de palestinos de sus tierras y su sustitución por colonias ilegales, en contravención del derecho internacional. Las entidades empresariales corren el riesgo de ser consideradas responsables de conductas explotadoras, abusivas e incluso delictivas. Aunque la responsabilidad empresarial y la complicidad delictiva en las violaciones eran claramente identificables en los TPO antes de octubre de 2023, los acontecimientos fácticos y jurídicos posteriores podrían implicar a las empresas en la ocupación ilegal y el genocidio.

2. Responsabilidad corporativa en virtud del derecho internacional

2. La responsabilidad corporativa por violaciones de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los crímenes según el derecho internacional se rige por instrumentos jurídicos a nivel nacional, regional e internacional.

3. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPs) constituyen el marco normativo a nivel internacional para la regulación de la conducta empresarial en materia de derechos humanos.2 Establecen lo que los Estados y las entidades

empresariales deben hacer para cumplir con las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y ya están teniendo un impacto significativo en la legislación y las políticas nacionales. De hecho, los UNGP proporcionan la lente normativa a través de la cual se puede evaluar la conducta empresarial con el fin de establecer hechos jurídicamente relevantes en los litigios en los que se aborda la responsabilidad empresarial. Se ocupan tanto de prevenir los efectos adversos sobre los derechos humanos como de garantizar que se adopten medidas correctivas cuando la conducta de una empresa cause, contribuya o esté directamente relacionada con dichos efectos.(3) Es fundamental señalar que se aplican requisitos normativos más estrictos en contextos de conflicto, ocupación y vulnerabilidad estructural, especialmente cuando la aplicación nacional del derecho internacional de los derechos humanos puede ser débil o estar comprometida, lo que hace necesaria la supervisión internacional.(4)

4. Otras áreas del derecho internacional establecen obligaciones jurídicas específicas para las empresas, especialmente el derecho internacional humanitario —que es vinculante para los actores no estatales involucrados en conflictos armados5 — y el derecho penal internacional, en virtud del cual se puede considerar penalmente responsables a personas físicas, como los ejecutivos de empresas, y, cada vez más, a las propias entidades empresariales.6 Los tribunales nacionales son la jurisdicción principal para hacer cumplir la responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos y los crímenes internacionales.

2.1. Los Estados como principales responsables

5. El derecho internacional otorga a los Estados la función primordial de garantizar que las entidades corporativas no violen el derecho internacional y respeten los derechos humanos, como parte de su obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, confirmado por el UNGPs, los Estados pueden incurrir en incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando no adoptan las medidas adecuadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por agentes privados cuando se producen violaciones de los derechos humanos. 7 Los Estados tienen la obligación de extender esta regulación y supervisión a las operaciones de las empresas que se realizan fuera de su territorio, de conformidad con las obligaciones generales extraterritoriales en materia de derechos humanos. 8

6. Además, según las normas sobre la responsabilidad del Estado, las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes privados se atribuirán al Estado cuando una entidad corporativa actúe siguiendo instrucciones del Estado o bajo su control o dirección, esté facultada por la legislación estatal para ejercer elementos de la autoridad gubernamental o cuando el Estado reconozca y adopte la conducta como propia.9 En consecuencia, los Principios Rectores exigen a los Estados que adopten medidas adicionales para proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de entidades corporativas que sean propiedad del Estado, estén controladas por él o reciban un apoyo sustancial de él. 10

2.2. Responsabilidades de las entidades corporativas

7. Los Principios Rectores se aplican a todas las empresas, «independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura».11 La responsabilidad de las entidades corporativas por las violaciones de los derechos humanos y los delitos contra el derecho internacional existe independientemente de la responsabilidad de los Estados y con independencia de las medidas que estos adopten o no para garantizar el respeto de los derechos humanos. Por consiguiente, las empresas deben respetar los derechos humanos incluso si el Estado en el que operan no lo hace, y pueden ser consideradas responsables incluso si han cumplido con las leyes nacionales del lugar en el que operan.(12) En otras palabras, el cumplimiento de las leyes nacionales no excluye ni constituye una defensa frente a la responsabilidad.

8. Las entidades corporativas están obligadas tanto a evitar violar los derechos humanos como a abordar las violaciones de los derechos humanos que se deriven de sus propias actividades o de sus relaciones comerciales con terceros. Para lograrlo, los Principios Rectores establecen un «continuo de implicación» y las responsabilidades asociadas. Estos reflejan la complejidad de las estructuras corporativas y las cadenas de valor económicas, así como el hecho de que la naturaleza de la implicación de una empresa en un impacto concreto sobre los derechos humanos puede cambiar con el tiempo, de modo que, si no toma las medidas adecuadas, podría ascender en ese continuo. Las actividades de una entidad corporativa y sus relaciones pueden considerarse parte de un ecosistema que, en su conjunto (al perpetrar, facilitar, permitir y/o beneficiarse), puede afectar negativamente a los derechos humanos y dar lugar a violaciones. (13)

9. La responsabilidad de una entidad corporativa depende principalmente de si sus actividades o relaciones a lo largo de su cadena de suministro/valor 14 suponen un riesgo o, de hecho,

(a) causan violaciones de los derechos humanos 15 , debido a que sus propias actividades son esenciales para que se produzcan abusos de los derechos humanos 16

(b) contribuyen a las violaciones a través de sus propias actividades, ya sea directamente o a través de alguna entidad externa (gobierno, empresa u otra). Esto incluye cualquier actividad o relación en la que se pueda establecer un vínculo causal entre las acciones de la entidad corporativa y la violación resultante. 17 Se considerará que existe causalidad entre las acciones de la entidad y el abuso resultante cuando esta haya facilitado o permitido el abuso, haya creado fuertes incentivos para que un tercero incumpla el derecho internacional de los derechos humanos o haya emprendido actividades «en paralelo con un tercero, lo que ha dado lugar a impactos acumulativos». 18

(c) directamente vinculada a las violaciones a través de sus operaciones, productos, servicios o relaciones corporativas, aunque no sea necesario que ella misma contribuya a los abusos. 19

10. Las UNGP esperan que las entidades corporativas se aseguren de no estar implicadas en violaciones de los derechos humanos mediante la realización de una diligencia debida periódica en materia de derechos humanos (HRDD) para identificar los problemas y ajustar su conducta.20 Además, en situaciones de conflicto armado, ocupación y otros casos de violencia generalizada, se espera que las entidades corporativas apliquen una diligencia debida reforzada en materia de derechos humanos durante todo el período del conflicto.21

11. Como parte de este proceso reforzado, que es imprescindible en los territorios palestinos ocupados, las entidades empresariales deben plantearse tres preguntas sobre sus acciones y omisiones:

(a) ¿Existe un impacto adverso real o potencial sobre los derechos humanos o el conflicto está relacionado con las actividades, los productos o los servicios de la entidad empresarial?

(b) En caso afirmativo, ¿las actividades de la entidad corporativa aumentan el riesgo de ese impacto?

(c) En tal caso, ¿serían suficientes las actividades de la entidad corporativa en sí mismas para generar ese impacto?22

12. Para responder a estas preguntas, las entidades corporativas deben tener en cuenta lo siguiente:

● Los conflictos siempre generan impactos negativos en los derechos humanos, por lo que una entidad corporativa que opera en un conflicto siempre causará, contribuirá o estará directamente relacionada con impactos en los derechos humanos.

● Las actividades empresariales en una zona afectada por un conflicto nunca pueden ser «neutrales»; incluso cuando una entidad corporativa no toma partido en un conflicto, sus actividades afectarán inevitablemente a la dinámica del conflicto.

● Las entidades corporativas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y la obligación de prevenir el genocidio, además de los derechos humanos. 23

13. Sobre la base de la evaluación anterior, una entidad corporativa tiene responsabilidades legales específicas:

(a) Cuando causa violaciones de los derechos humanos (responde «sí» a las tres preguntas), tiene la responsabilidad de cesar la acción y proporcionar soluciones y reparaciones por el daño causado.24

(b) Cuando contribuye a violaciones de los derechos humanos (responde «sí» a las preguntas 1 y 2, «no» a la 3), tiene la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para cesar o prevenir su propia contribución a las violaciones de los derechos humanos (incluida la terminación de relaciones), mitigar cualquier impacto restante a través de su influencia y cooperar en la reparación del daño. 25

(c) Cuando esté directamente vinculada a violaciones de los derechos humanos (respuesta «sí» solo a la pregunta 1), se le exige que utilice su influencia, incluso de forma colaborativa, para prevenir o mitigar el impacto sobre los derechos humanos. 26Si dicha influencia resultara ineficaz, deberá considerar la posibilidad de poner fin a las relaciones. 27El hecho de no desvincularse de un contexto de alto riesgo (a pesar de la debida diligencia) aumentará la responsabilidad de la entidad corporativa por la violación.28

14. Un aspecto crucial y a menudo malinterpretado del marco es que, al evaluar las acciones corporativas, lo que importa es el impacto material de dichas acciones en la protección actual y potencial de los derechos humanos y en el propio contexto afectado por el conflicto,(29) y no el grado de diligencia ejercido o el grado de negligencia.30 En otras palabras, llevar a cabo esta diligencia debida no eximirá a la entidad corporativa de su responsabilidad.31Lo que importa son los impactos sobre los derechos humanos y las medidas adoptadas para evitar o abordar el riesgo.

15. Por lo tanto, es fundamental identificar correctamente la violación en cuestión. Esto significa que las entidades corporativas deben considerar si las violaciones específicas de los derechos humanos también pueden constituir violaciones más estructurales y sistémicas del derecho internacional.32 Según los Principios Rectores de las Naciones Unidas, la gravedad de los impactos

sobre los derechos humanos determinará sus responsabilidades y la suficiencia de las medidas adoptadas para prevenir, cesar y remediar las violaciones graves.33 Por ejemplo, una entidad corporativa puede estar contribuyendo a la demolición de viviendas y al desplazamiento forzoso. Sin embargo, en un contexto de expansión de los asentamientos, o de delitos más estructurales, las acciones de la entidad corporativa también pueden estar directamente relacionadas con el mantenimiento del apartheid, la discriminación racial y el genocidio, o contribuir a esas violaciones, cuando el desplazamiento forzoso sistemático es un componente constitutivo de estos delitos a medida que se desarrollan. También contribuyen de manera inherente a la violación del derecho a la libre determinación.

16. Además, la complejidad de los procesos de HRDD previstos y la urgencia con la que deben actuar las entidades corporativas es proporcional a la escala, el alcance y la irremediabilidad de las violaciones que se producen. 34En situaciones en las que hay pruebas claras de violaciones continuadas y generalizadas de los derechos humanos, la entidad corporativa debe tratar el riesgo de implicación como una cuestión de cumplimiento legal y, en las circunstancias más extremas, cesar sus operaciones en el Estado en cuestión. El aumento de la HRDD permite a las entidades corporativas anticiparse a la escalada de las violaciones y tomar las medidas necesarias antes de que estas se materialicen.(35) No hacerlo afecta al grado de implicación y al alcance de sus acciones, lo que repercute en la evaluación de la responsabilidad. Por lo tanto, una entidad corporativa directamente vinculada a su país de origen y no poner fin a sus relaciones se verá contribuyendo a esa violación, asumiendo mayores responsabilidades. 36

2.3. Cuando la responsabilidad puede implicar responsabilidad penal

17. El hecho de no actuar de manera responsable de conformidad con el derecho internacional puede implicar a las entidades corporativas en violaciones más graves que den lugar a responsabilidad penal, tanto para la entidad corporativa como para sus ejecutivos.

18. A partir del legado de los juicios a los industriales en Nuremberg,37 la responsabilidad de las empresas por los crímenes internacionales se basa en el reconocimiento del papel fundamental que desempeña la economía en tiempos de guerra y conflicto,38 y en el hecho de que las entidades corporativas pueden estar involucradas en violaciones atroces del derecho internacional que constituyen crímenes internacionales.

19. Los ejecutivos individuales pueden ser considerados penalmente responsables de las acciones de sus entidades corporativas, incluso ante la Corte Penal Internacional 39. Al mismo tiempo, cada vez más, las propias entidades corporativas también podrían enfrentarse a responsabilidad penal como resultado de la cristalización emergente de los principios jurídicos internacionales consuetudinarios.40 Esto incluye algunas jurisdicciones nacionales que atribuyen responsabilidad penal a las empresas,41 y un número cada vez mayor de tratados que consagran la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que significa que, en virtud del derecho internacional, las empresas pueden ser penalmente responsables de delitos específicos, como el genocidio,42 el apartheid,43 la financiación del terrorismo,44 la delincuencia organizada45 y la corrupción.46

20. La conducta de las empresas y sus ejecutivos puede acarrear responsabilidad penal directa, pero más comúnmente constituye complicidad o responsabilidad por encubrimiento. Esto puede implicar la instigación, el apoyo moral (47) o la incitación, la prestación de ayuda o asistencia o la obtención de los medios para cometer un delito (48) o la creación de las condiciones necesarias para que se produzcan crímenes atroces (49). Los tribunales internacionales han determinado en general que la responsabilidad penal por estas formas de complicidad: a) puede establecerse cuando la ayuda o la asistencia tienen un efecto material sobre la comisión del delito,50 y b) depende del conocimiento que tenga la entidad o el ejecutivo sobre cómo se utilizarán sus servicios o actividades, y del efecto que ello tenga en la comisión del delito.51

21. En otras palabras, no es necesario demostrar que la entidad o la persona tenían la intención de causar ese daño concreto; basta con que, al proporcionar apoyo logístico, financiero u operativo, tuvieran conocimiento real o constructivo de que los autores principales estaban cometiendo un delito determinado,52 o, en el caso de los enjuiciamientos ante la CPI, actuaran «con el fin de facilitar la comisión de dicho delito».53 El control financiero y administrativo sobre una entidad corporativa involucrada en el delito es suficiente para establecer la base de la responsabilidad penal individual.54 La jurisprudencia ha confirmado que los actores corporativos no pueden eludir su responsabilidad alegando que simplemente estaban cumpliendo contratos comerciales.55

2.4. Mecanismos de aplicación

22. Este marco internacional es aplicable a través de una serie de mecanismos —especialmente a nivel nacional y regional— establecidos por los Estados con el fin de cumplir las obligaciones jurídicas descritas en la sección 2.1.

23. Para muchos actores corporativos, un incentivo clave para mantener prácticas que respeten los derechos humanos es el riesgo de daño a su reputación derivado de su participación en violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales. La base de datos de las Naciones Unidas (véase el apartado 3.1 más adelante),56 por ejemplo, ha promovido significativamente la concienciación sobre la responsabilidad corporativa en los territorios palestinos ocupados y ha contribuido a las decisiones de desinversión.

24. El examen de todos los mecanismos legislativos y políticos adoptados por los Estados excede el alcance del presente informe. En muchas jurisdicciones, las violaciones por parte de las empresas de las normas de jus cogens, el derecho internacional consuetudinario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos son susceptibles de ser sancionadas por los tribunales, mientras que en otras, las leyes penales nacionales, las leyes sobre responsabilidad civil y negligencia y las leyes sobre contratos proporcionan mecanismos útiles para las víctimas. Las Directrices de las Naciones Unidas pueden y deben utilizarse de manera coherente para proporcionar una perspectiva normativa que permita evaluar la conducta de las empresas y establecer hechos jurídicamente relevantes.

25. Entre los ejemplos de responsabilidad empresarial por violaciones del derecho internacional figuran: en el Reino Unido, por las emisiones tóxicas de una mina de cobre gestionada por una filial,(57) en los Países Bajos, por el suministro de gas nervioso a Irak,58 en Francia, por los pagos a grupos armados para mantener una fábrica de cemento59 y en Suecia por utilizar al ejército para proteger los yacimientos petrolíferos en Sudán.60 En los Estados Unidos, una demanda civil en virtud de la Ley de reclamaciones por agravios contra extranjeros, en virtud de la cual los tribunales estadounidenses pueden exigir responsabilidades a las empresas estadounidenses por «violaciones del derecho de gentes»,61 dio lugar a un acuerdo con una empresa petrolera estadounidense por su complicidad en violaciones en Myanmar.62

26. Cuando una entidad corporativa se beneficia de acciones que constituyen un delito internacional (por ejemplo, un crimen de guerra, genocidio, apartheid o un acto de agresión), esto también puede constituir el delito determinante para un delito en virtud de la legislación sobre blanqueo de capitales y productos del delito que existe en muchas jurisdicciones nacionales,63 lo que, si se demuestra con éxito, puede afectar a todas las transacciones corporativas a lo largo de la cadena de suministro, como la prestación de servicios de seguros, servicios tecnológicos, contabilidad jurídica y servicios bancarios.64

27. En la actualidad, existen leyes nacionales sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos en varios Estados, entre ellos Francia,65 Alemania,66 Noruega67 y Suiza,68 y es de esperar que su número aumente en todos los Estados de la UE tras la adopción de la Directiva de la UE sobre la debida diligencia empresarial en materia de sostenibilidad en julio de 2024,69 sujeta a las enmiendas propuestas.70Estas leyes establecen mecanismos de supervisión y ejecución mediante órdenes judiciales y sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.71A menudo se complementan con reglamentos aplicables a sectores concretos, como los artículos de cibervigilancia de doble uso,72 el trabajo forzoso73 y las entidades de información no financiera.74

28. Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable han abierto nuevas oportunidades para el escrutinio.75 Estas exigen a los 51 Estados adheridos, incluido Israel,76 que establezcan Puntos Nacionales de Contacto (PNC) para promover las directrices y crear un mecanismo de reclamación no judicial que permita a las ONG, los sindicatos, las personas y las comunidades afectadas presentar denuncias sobre las operaciones directas o las cadenas de suministro de empresas que operan en o desde un país de la OCDE,77 y recibir un resultado mediado o una resolución definitiva con recomendaciones.78

29. Cuando no se disponga de recursos directos contra las personas jurídicas, es posible que se pueda responsabilizar a los Estados por el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a las personas jurídicas dentro de su jurisdicción (79).

3. Aplicación del marco al territorio palestino ocupado

30. En el caso del territorio palestino ocupado, las entidades corporativas llevan décadas siendo conscientes del carácter generalizado y sistemático de las violaciones de los derechos humanos que se cometen allí. Una diligencia debida adecuada en materia de derechos humanos habría identificado el riesgo de que las entidades corporativas incurrieran en responsabilidad por tales violaciones mucho antes de los catastróficos acontecimientos que se han producido desde octubre de 2023, sobre todo si se hubieran seguido los procesos reforzados necesarios.

3.1. Un contexto intrínsecamente ilegal, gradualmente expuesto

31. Desde 1967, grupos palestinos e israelíes de derechos humanos,80 los principales órganos de las Naciones Unidas81 así como los órganos creados en virtud de tratados de la ONU,82 los relatores especiales,83 las comisiones de investigación84 y las principales ONG internacionales —entre ellas Human Rights Watch,85 Amnistía Internacional,86 Save the Children 87 y Oxfam88 —han documentado sistemáticamente las numerosas violaciones de la ocupación israelí, incluidas las estructuras económicas que la sustentan.

32. En su Opinión Consultiva de 2004, la CIJ determinó que la construcción por parte de Israel del muro en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, violaba normas imperativas del derecho internacional, entre ellas el derecho a la libre determinación, la prohibición de la anexión y las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, incluido el delito de desplazamiento forzoso.89

33. La Opinión Consultiva de 2004 sentó las bases para las respuestas de la sociedad civil, como la campaña BDS 90 y las iniciativas de otros actores 91 que se han movilizado en torno al principio de que quienes se benefician de la ocupación deben rendir cuentas. En respuesta a la creciente presión, así como a las evaluaciones de riesgos internas y a consideraciones estratégicas, varias empresas han tomado medidas. Algunas corporaciones han desinvertido, por ejemplo, KLP de Caterpillar 92. El Fondo Estratégico de Inversión Irlandés de seis empresas israelíes 93 y AXA de cinco bancos israelíes y Elbit Systems 94 , o han retirado sus operaciones del mercado israelí, como han hecho Veolia 95 , CRH 96 ,General Mills 97G4S,(98) Yokohama(99) y Pret a Manger,(100) y Ben & Jerrys sigue luchando por aplicar su decisión de retirar las ventas a las colonias contra los esfuerzos de su empresa matriz Unilever.(101) Enel sector deportivo, la defensa sostenida llevó a Adidas, PUMA y Erreà a poner fin a su patrocinio de la Asociación de Fútbol de Israel.(102)

34. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/HRC/RES/31/36, en virtud de la cual la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos creó en 2020 una base de datos («base de datos de las Naciones Unidas») en la que se enumeran las empresas que «han permitido, facilitado y se han beneficiado directa e indirectamente de la construcción y el crecimiento de los asentamientos», identificando diez tipos específicos de actividades.103 Su versión más reciente, actualizada en 2023, incluye 97 empresas. 104 Aunque no abarca toda la gama de actividades pertinentes, la base de datos recoge componentes críticos de la compleja matriz de entidades corporativas involucradas en el desplazamiento y la sustitución de los palestinos.

3.2. Cambio radical: procedimientos judiciales internacionales

35. Los recientes avances jurídicos relativos a los territorios palestinos ocupados han modificado significativamente la evaluación de la responsabilidad corporativa y la posible responsabilidad civil.

36. Lo más significativo es la Opinión Consultiva de la CIJ del 19 de julio de 2024, que abordó la legalidad de la propia presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados. La Corte declaró ilegal105—como ilegal(106) ensu totalidad, basándose en las violaciones continuadas de dos normas imperativas del derecho internacional: el derecho a la libre determinación del pueblo palestino y la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza (anexión)(107).El Tribunal también reconoció, entre otras cosas, la violación de la norma inderogable que prohíbe la segregación racial y el apartheid(108) .

37. La conclusión de la CIJ de que se ha violado la prohibición del uso de la fuerza califica efectivamente la ocupación como un acto de agresión.109 En consecuencia, cualquier acto que apoye o sostenga la ocupación y su aparato asociado puede constituir complicidad en un delito internacional según el Estatuto de Roma.110 Si bien Israel, como potencia ocupante de facto, sigue estando obligado por el derecho internacional humanitario, la ilegalidad de la ocupación significa que todas las acciones administrativas y militares que lleva a cabo en los territorios palestinos ocupados —desde el control de visados y permisos y el movimiento, hasta el encarcelamiento y la regulación económica, carecen de autoridad legítima en virtud del derecho internacional y deben considerarse inválidos.111

38. En segundo lugar, el reconocimiento por parte de la CIJ de la violación del derecho a la libre determinación, a su vez, influye en la interpretación de todos los derechos humanos y otras obligaciones legales que se derivan de él. Como afirmó la Corte, el derecho a la libre determinación es el derecho más fundamental y existencial de todos los seres humanos, ya que se refiere a la capacidad inherente de un pueblo para existir y determinarse como tal en un territorio determinado, libre del control y la ocupación extranjeros. (112) Sin este derecho, un pueblo no puede ejercer control sobre su vida y sus recursos en el territorio reconocido por el derecho internacional como propio. (113)

39. Sobre la base de la Opinión Consultiva de la CIJ, la Asamblea General de las Naciones Unidas exigió a Israel que pusiera fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados antes del 17 de septiembre de 2025.114 Hasta que eso ocurra, los Estados no deben proporcionar ayuda ni asistencia ni entablar relaciones económicas o comerciales, y deben tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan a mantener la situación ilegal creada por Israel en los territorios palestinos ocupados. 115 Cabe destacar que el hecho de que los Estados no actúen de conformidad con la sentencia de la CIJ no exime a las entidades corporativas de sus responsabilidades en virtud del derecho internacional y los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

3.3. Crímenes atroces

40. Esta situación prolongada de ilegalidad con impunidad, con las violaciones del derecho internacional y los crímenes internacionales que conlleva, ha dado lugar, como era de esperar, a nuevas violaciones atroces, que constituyen crímenes atroces, cometidos desde octubre de 2023. A su vez, estas violaciones han precipitado la apertura de procedimientos contra Israel por parte de la CIJ y la CPI: el primero en relación con el genocidio y el segundo en relación con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

41. El 26 de enero de 2024, tras el procedimiento Sudáfrica contra Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio, la CIJ ordenó a Israel que tomara «todas las medidas» a su alcance para impedir actos genocidas contra los palestinos 116 y, en mayo de 2024, el Tribunal ordenó a Israel que «detuviera inmediatamente» las operaciones militares que pudieran provocar condiciones de vida destinadas a la destrucción.117 En un procedimiento separado, Nicaragua contra Alemania, la CIJ recordó a todos los Estados «sus obligaciones internacionales relativas a la transferencia de armas 118 a las partes en un conflicto armado, a fin de evitar el riesgo de que dichas armas puedan utilizarse para violar» el derecho internacional (119).

42. Al advertir explícitamente a los Estados sobre este riesgo de genocidio, la CIJ ordenó el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 1 de la Convención sobre el Genocidio de «prevenir y sancionar» el genocidio, exponiendo así a todos aquellos que continúan ayudando, incitando o asistiendo a Israel en la comisión de tales actos a una posible responsabilidad internacional por complicidad en el genocidio.

43. En noviembre de 2024, la CPI dictó órdenes de detención en la situación del Estado de Palestina contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, basándose en que existen motivos razonables para creer que son penalmente responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

3.4. Consecuencias para las personas jurídicas

44. Los acontecimientos jurídicos mencionados anteriormente han modificado significativamente la evaluación de la responsabilidad corporativa y la responsabilidad potencial, que ahora deben interpretarse a la luz de estas órdenes y decisiones de los tribunales internacionales.

45. La magnitud y la gravedad de las violaciones cometidas a lo largo de décadas de ocupación militar israelí —que ha contribuido a afianzar un régimen colonialista de apartheid— ya deberían haber alertado a las empresas sobre su responsabilidad de evitar causar, contribuir o estar directamente vinculadas a las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, así como sobre la posibilidad de que hayan sido cómplices en la comisión de crímenes internacionales, por ejemplo, al prestarse ayuda y facilidades para su comisión. La economía política de la ocupación israelí que se expone en el informe ilustra el entrelazamiento de todo tipo de actividades empresariales con el desplazamiento y la sustitución de palestinos en los territorios palestinos ocupados. Como mínimo, esto vinculaba directamente estas actividades empresariales con un conjunto arraigado y estructural de violaciones que, con toda seguridad, ya habían activado la responsabilidad de las entidades empresariales de cesar su participación en los territorios palestinos ocupados en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, sobre la base de su capacidad limitada para ejercer influencia con el fin de prevenir o mitigar los efectos adversos. Sin embargo, los recientes y actuales procedimientos ante la CIJ y la CPI han disipado cualquier posible duda y han puesto claramente en aviso a las entidades corporativas —ya sean filiales, empresas matrices o actores directos e inversores— del grave riesgo de verse implicadas en violaciones muy graves del derecho internacional, incluidas violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales, y de que sus acciones hayan contribuido o se hayan convertido en cómplices penales de estas violaciones y crímenes.

46. La ocupación ilegal que Israel mantiene sobre los territorios palestinos ocupados crea una situación insostenible para que las entidades corporativas sigan simplemente con sus actividades como si nada. La conclusión de que la ocupación es ilegal per se y que se pueden haber cometido crímenes internacionales, incluido el genocidio y, posiblemente, el crimen de agresión, va mucho más allá de un «riesgo elevado» de impacto negativo sobre los derechos humanos. El sector privado debe, en su propio interés, reconsiderar urgentemente toda participación relacionada con la economía de ocupación y ahora genocidio de Israel.

47. Una consecuencia de la Opinión Consultiva de la CIJ es la exigencia de una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las entidades corporativas, que ahora deben abordar la ilegalidad fundamental que subyace a la empresa israelí. Ya no pueden limitar sus evaluaciones jurídicas y medidas de mitigación a cuestiones relacionadas con la conducta específica de Israel y con el respeto de determinados derechos humanos (por ejemplo, los derechos medioambientales, laborales o de los niños, o la falta de garantías de un juicio justo) y los marcos humanitarios.120 Por ejemplo, el encarcelamiento de miles de palestinos, ya sea en detención administrativa o tras haber sido condenados por tribunales militares, es ilegal debido a la falta de autoridad legal y porque forma parte de un sistema de gobierno que utiliza el encarcelamiento masivo de palestinos como herramienta de represión sistémica y desplazamiento forzoso, y no solo por la ausencia de garantías de un juicio justo. La Opinión Consultiva también señala que las entidades corporativas deben reconocer la primacía del derecho a la libre determinación y su función interpretativa en la construcción de todas las demás protecciones de los derechos humanos.121 Esto significa que las políticas de derechos humanos y los marcos ambientales, sociales y de gobernanza no pueden seguir pasando por alto el derecho a la libre determinación, que está firmemente arraigado en la legislación sobre derechos humanos,122 reconocido como un derecho fundamental de todos los pueblos y como requisito previo para todos los demás derechos.123

48. También significa reconocer que cualquier compromiso con el pueblo palestino y en los territorios palestinos ocupados debe respetar su derecho a la autodeterminación. Esto sustituye las justificaciones paternalistas basadas en las obligaciones fiduciarias de la potencia ocupante en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, e invalida las justificaciones engañosas de las entidades corporativas, como que una inversión a través de Israel como ocupante puede beneficiar eventualmente también a los palestinos, o que la desinversión tendría efectos adversos sobre los derechos humanos.124

49. La Opinión Consultiva de la CIJ, respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, impone a las entidades corporativas la responsabilidad prima facie de no participar y/o retirarse total e incondicionalmente de cualquier relación con cualquier componente de la ocupación. Cuando las entidades corporativas ignoran este aviso, incumplen sus responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y continúan participando a través de sus actividades y relaciones con Israel, su economía, su ejército y el sector privado vinculado a los territorios palestinos ocupados, contribuyen o causan a sabiendas violaciones, incluida la negación del derecho de los palestinos a la autodeterminación, la anexión permanente del territorio palestino o el mantenimiento de la ocupación ilegal de Israel del territorio palestino. La escalada de la responsabilidad jurídica se debe también a que el mantenimiento de cualquier relación y actividad en un contexto tan grave contribuye a legitimar la conducta de Israel y a fomentar la impunidad, lo que a su vez conduce a una conducta aún más atroz. La normalización de lo ilegal es esencial para la supervivencia de la empresa colonialista de Israel.

50. Ahora bien, se trata de una economía política que siempre ha sido eliminatoria y que se ha convertido en genocida. Confirmando esto, las medidas provisionales de la CIJ y las órdenes de detención de la CPI señalan el riesgo de que las entidades corporativas —y sus ejecutivos— que participan en los territorios palestinos ocupados estén implicadas en graves crímenes internacionales. Por lo tanto, cualquier decisión de seguir participando en la economía de Israel se toma con conocimiento de los delitos que pueden estar cometiéndose y del hecho de que pueden proporcionar apoyo material a Israel para que continúe cometiendo esos delitos.

51. Las entidades corporativas y sus ejecutivos pueden, y de hecho deben, ser considerados responsables ante la justicia civil o penal por tales conductas, además de por la multitud de otros delitos y violaciones de los derechos humanos que forman parte de la economía de la ocupación. Las medidas que las entidades y los ejecutivos tomen o dejen de tomar de conformidad con sus responsabilidades, en relación con estos avances jurídicos y los Principios Rectores de las Naciones Unidas, tienen una relevancia material para las cuestiones probatorias clave que se plantearían en el curso de la determinación de su responsabilidad civil y/o penal.

Referencias: en el informe original en inglés

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