Ángeles Maestro
La crisis actual: guerra social en el cuerpo de la clase obrera
El reflejo de las desigualdades sociales en la mortalidad no ha hecho más que intensificarse desde la implantación de las políticas neoliberales en la década del 70. Según el informe de 2009 de la Comisión de Determinantes sociales de la OMS (que analiza datos anteriores a la crisis iniciada en 2007) citado por Vicente Navarro : “En Glasgow, un obrero no cualificado tiene una esperanza de vida 28 años menor que la de un hombre de negocios en el peldaño superior en la escala de ingresos” y añade el autor citado: “En Baltimore, un joven negro desempleado tiene una esperanza de vida de 32 años menos que un abogado blanco de un gran bufete”.
Frente al discurso posmoderno, que tanto ha contribuido a legitimar y a potenciar la traición de clase de la izquierda institucional y de las burocracias sindicales, que hablaba de la globalización como el fin del Estado y de la clase obrera (y por tanto de la obsolescencia de que esta última se planteara como objetivo la toma del poder político) los datos indican exactamente lo contrario. El gasto público global ha aumentado como % del PIB en EE.UU. y en la UE desde los años 70, pero ha cambiado su estructura: han disminuido los gastos sociales y se han incrementado los gastos militares y de policía y el apoyo a la banca y a las empresas privadas; todo ello antes de la crisis actual. Mientras tanto los beneficios empresariales en la UE (1999 a 2006) se incrementaban un 36%.
Pero las escuetas cifras macroeconómicas, las únicas que ilustran los pulcros informes políticos, chorrean sangre en la calle. Estudios basados en datos económicos y de protección social de la OCDE entre 1980 y 2003
concluyen que cada aumento de la Tasa de Desempleo en 1%, se asocia con incrementos del 0,8% en la Tasa de Mortalidad por Suicidio y del mismo % en la Tasa de Mortalidad por Homicidio.
No obstante, tal vinculación expresa promedios que esconden realidades
interesantes. Los gráficos muestran que mientras en Suecia, con un gasto en
protección socio-laboral per cápita de 362 dólares, el aumento del desempleo no
afecta a la Tasa de Suicidio, en el Estado español con un gasto de 88 dólares el ascenso en la tasa de Desempleo se acompaña con ascensos que se ajustan
como un guante mortal de la tasa de Mortalidad por Suicidio.
Por el contrario, cada 100$ de aumento del gasto en protección social (excluyendo el gasto en salud) está asociado a una disminución de 1,19% en la mortalidad por todas las causas en un estudio reciente realizado en 15 países de la Unión Europea. Hay que insistir en que la salud de la población no está determinada por los gastos en el sistema sanitario, sino por otros factores como el tener o no empleo, las condiciones de trabajo, la calidad de la vivienda, de la educación, etc. Además las condiciones más saludables de vida disminuyen el riesgo de hábitos poco saludables.
No se ha encontrado efecto alguno sobre la mejora en la mortalidad, ni en la salud de la población, de aumentos del gasto público en asuntos militares, prisiones, policía, etc.
Las Tasa de Mortalidad por Suicidio primer sensor de las dimensiones de la crisis
A pesar del escaso tiempo transcurrido para que las consecuencias acumuladas del conjunto de factores que acompañan a la crisis estructural en curso se desarrollen en el tiempo y muestren las dimensiones más duras de su impacto sobre la salud, los datos que van apareciendo son suficientemente ilustrativos:
En un estudio que analiza datos de la OMS y de la OCDE entre 1970 y 2007, muestra que cada aumento del 1% en la tasa de desempleo se asocia con incrementos del 0,8 % en las Tasas de Mortalidad por Suicidio, y otro tanto en las correspondientes a muertes por homicidio. Si el aumento del desempleo es del 3% el incremento de la mortalidad por suicidio en menores de 65 años es del 4,5 % y la mortalidad por enfermedades relacionadas con el abuso del alcohol se incrementa el 28%. El riesgo de morir por suicidios de una persona desempleada es el doble del de una persona empleada.
En el informe se advierte que los datos sobre los que se ha trabajado se refieren a poblaciones enteras, por lo que no se tiene en cuenta el hecho de que grupos más vulnerables como emigrantes o refugiados tienen un sufrimiento mucho mayor. Como señala uno de los investigadores: “Los suicidios son como la punta del iceberg. El aumento de la tasa de suicidios incluyen muchos suicidios fallidos y altos niveles de alteraciones de la salud mental de los trabajadores y sus familias”.
En Japón, según un informe de la Agencia de la Policía Nacional, se produjeron 32.845 suicidios, un 1,85% más que el año anterior. Aumentó en un 65,3 el % de personas que, según documentación escrita, explicaron su muerte directamente por la pérdida del empleo, y en un 34,3 el % de aquellas que justificaban su suicidio por un empeoramiento general de sus condiciones de vida. En cuanto a la edad, los mayores incrementos de las cifras de suicidios se produjeron entre los 20 y los 40 años de edad.
El sindicato de los ferroviarios de Japón ha denunciado que durante la privatización iniciada en los años 80 y que causó el despidos de 200.000 de los 400.000 trabajadores y trabajadoras del sector, se produjeron más de 200 suicidios directamente relacionados con la pérdida del puesto de trabajo11.
En Grecia todo indica que los datos de suicidio para 2009 duplicarán con creces los de 2008. Los psiquiatras indican que casi se han cuadruplicado los avisos por intento de suicidio. La tasa de paro en el país heleno se incrementó en un 50% y el gasto social cayó drásticamente para cumplir los objetivos de reducción del déficit público impuestos por el FMI y la UE como condición para obtener el préstamo de 110.000 millones de euros
La Mortalidad por Accidentes de Trabajo y el delito flagrante del sub-registro de la Mortalidad por Enfermedades Laborales.
La siniestralidad laboral en el Estado español ha sido históricamente y continúa siendo en la actualidad la más alta de la UE. Los datos son abrumadores12: Las tasas de mortalidad por lesiones traumáticas son dos veces y media más elevadas entre trabajadores temporales que entre trabajadores indefinidos. El riesgo de morir por accidente de trabajo en función de la edad es mayor entre los trabajadores mayores de 54 años.
Es el patético resultado de los millones de euros pagados por el estado a patronal y sindicatos en concepto de “cursos de formación”, que a su vez tienen como consecuencia engrasar a las burocracias sindicales que han callado ante la generalización de la precariedad laboral, factor estructural determinante de los accidentes laborales.
El hecho de que el riesgo de morir por esta causa se concentre en trabajadores mayores, indica que prevalece el factor desgaste, intensificado por los destajos y las interminables jornadas de trabajo, por encima de la experiencia como elemento protector. Que en estas condiciones se esté planteando alargar la vida laboral a los 67 años es un acto criminal pero no exento de ventajas, calcularán ellos: los trabajadores de este grupo de edad que acaban aplastados contra el suelo contribuyen a rejuvenecer la plantilla y además la Seguridad Social se ahorra su pensión.
A pesar de las elevadísimas cifras de siniestralidad general y de mortalidad por accidentes laborales en particular, hay que tener en cuenta que los datos reales son, con toda seguridad, mucho mayores. Hay una ocultación sistemática, sobre todo en el caso de los trabajadores sin papeles – que algunas veces ha saltado a los periódicos – y en el de los llamados autónomos, auténticos trabajadores sobre-explotados y sin derechos, cuya muerte o accidente no llega a los registros.
El escándalo alcanza proporciones monstruosas en el caso de los trabajadores y trabajadoras que enferman o mueren por causas relacionadas con el trabajo. Es incontestable que las altísimas cifras de accidentes laborales en nuestro país, son la expresión de unas pésimas condiciones de trabajo y de una falta de aplicación generalizada de medidas de prevención de riesgos laborales. Estas condiciones necesariamente deben dar lugar, también y en mayor proporción si cabe, a unas elevadas cifras de enfermos y muertos por causas laborales.
El crimen es ocultado sistemáticamente
. Mientras en el Estado español apenas hay algún muerto al año por enfermedades laborales (0 muertos en 2000, 2001, 2002 y 2003, 2 en 2004 y 3 en 2005), los cálculos más rigurosos estiman que no menos de 14.000 trabajadores y 2.000 trabajadoras mueren al año por enfermedades producidas por las condiciones de trabajo. Según el Observatorio Laboral de la Universidad Pompeu Fabra14, el subregistro general de enfermedades laborales es del 64%, pero asciende al 100% en el caso de las enfermedades más graves, como el cáncer ocupacional. A pesar de haber aumentado la población laboral entre 2000 y 2005 de 15 a 17 millones de personas, el registro de enfermedades graves, ya de por sí ridículo, ha disminuido: 191 casos en el año 2000 y 120 en 2005.
Las causas de este escándalo tan bien ocultado son de lucha de clases en sentido estricto. Son económicas: las mutuas patronales se ahorran, miles de millones de euros que dejan de pagar en concepto de pensión (más elevada que la de la Seguridad Social) al trabajador o a su familia, en caso de muerte o invalidez, y el pago de los costosos tratamientos de la enfermedad que en su lugar asume la sanidad pública15. Pero sobre todo, intentan ocultar un poderosísimo factor de conciencia social: el capital no sólo roba en el salario, y con él en las condiciones de vida, vampiriza la vida y la salud de los trabajadores y de sus familias.
Se entiende así que el consumo de tabaco o alcohol, analizados como hábitos individuales y despojados del enorme componente de ansiedad que subyace y que en muchas ocasiones está relacionado con las condiciones o la pérdida del trabajo, sean objeto de campañas de publicidad exhiben datos estremecedores y culpabilizan al sujeto, mientras los miles de crímenes perpetrados en aras de los beneficios patronales ni siquiera son contabilizados como tales. Por no hablar de las victimas del terrorismo, exhibidas homenaje tras homenaje, aunque no haya habido desde hace varios años muerto alguno.
Valgan estos datos para ilustrar las dimensiones del atropello y de su ocultamiento, así como para denunciar a sus responsables: patronal, gobiernos del estado y de las comunidades autónomas, políticos, profesionales y medios de comunicación. Pero ninguno de ellos hubiera podido consumar el crimen sin la complicidad de las direcciones sindicales de CC.OO. y UGT. Ambos sindicatos tienen importantes gabinetes de salud laboral, donde seguramente trabaja gente honrada que emite informes y hace ruedas de prensa.
Pero ellos y sus direcciones saben que, en el desigual campo de batalla de la lucha de clases, la clase obrera sólo puede hacer oír su voz mediante la resistencia y la conciencia organizada. Que cada muerto, cada enferma o inválido – que la clase obrera no debe perdonar, ni aunque pagaran todo el oro del mundo – son víctimas del crimen organizado de la patronal – frente al que sólo cabe la lucha y la fuerza obrera – , de la extensión de la precariedad frente a la que han callado, de la destrucción consciente de sus propias organizaciones y de la persecución de los y las sindicalistas más combativos. Por eso las burocracias sindicales son responsables de colaboración necesaria en el crimen que, sin duda, tomará proporciones gigantescas en el transcurso de esta crisis. Es necesario y urgente, sustituirles por un sindicalismo de clase y de combate, o simplemente, decente.
Escrito para El Otro País, 27 de agosto de 2010