por James Petras, 1 de septiembre de 2012
“ No se puede excluir ninguna hipótesis… Es prácticamente imposbile que en una instalación de este tipo, totalmente automatizada, con miles de trabajadores, tanto civiles como militares, se produzca una fuga durante 3 o 4 días y nadie se entere. Es imposible.
El Presidente Chávez ha respondido a Estados Unidos y a los medios de comunicación de l as acusaciones de la oposición de que la explosión e incendio de la refinería de petróleo se debió a una negligencia del Gobierno”. 26 de agosto de 2012
A falta sólo de 43 días para las elecciones presidenciales en Venezuela y con una ventaja de 20 puntos porcentuales por parte del Presidente Chávez, se ha producido una explosión y posterior incendio en la refinería de Amuay, donde murieron al menos 48 personas, la mitad de ellas pertenecían a la Guardia Nacional, destruyendo unas instalaciones petrolíferas que producían 645.000 barriles de petróleo por día.
Inmediatamente después de la explosión y el fuego, todos los medios de comunicación de Estados Unidos y Gran Bretaña, junto con la oposición venezolana, lanzaron una condena general al Gobierno como autor del desastre, acusándole de grave negligencia e incumplimiento de las normas de seguridad.
Sin embargo, hay razones de peso para rechazar estas acusaciones y formular una hipótesis más plausible, a saber, que la explosión fue un acto de sabotaje, planificado y ejecutado por un grupo terrorista de especialistas que actuaron en nombre del Gobierno de Estados Unidos. Hay argumentos de peso para sostener esta línea de investigación.
Argumentos para el sabotaje
La primera pregunta que se hace en cualquier investigación es ¿ quién se beneficia y quién pierde con la destrucción de vidas y la paralización en la producción de petróleo?
Estados Unidos gana en varios frentes cruciales. En primer lugar, por las pérdidas económicas para la economía venezolana, 2,5 millones de barriles en los primeros 5 días, pérdidas que pueden repercutir en los gastos sociales y retrasar las inversiones productivas, al mismo tiempo que se desacredita a Chávez durante la campaña electoral. En segundo lugar, el candidato a la presidencia, Henrique Capriles Radonski, lanzó enseguida una campaña de propaganda dirigida a desacreditar al Gobierno y poner en tela de juicio su capacidad para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de la principal fuente de riqueza del país. En tercer lugar, la explosión crea inseguirdad y miedo entre algunos sectores del electorado y podría influir en su voto en las elecciones presidenciales de octubre. En cuarto lugar, los Estados Unidos pueden estar poniendo a prueba una camapaña de desestabilización más amplia y la capacidad del Gobierno para responde a cualquier amenaza adicional de seguridad.
Según documentos oficiales del Gobierno de Estados Unidos, existen Fuerzas de Operaciones Especiales en más de setenta y cinco países, entre ellos Venezuela, que está considerado como un adversario. Esto significa que los Estados Unidos tiene fuerzas operativas clandestinas muy capacitadas en Venezuela. La captura de un infante de la marina de los Estados Unidos por haber entrado ilegalmente en Venezuela, con experiencia previa en las guerras de Irak y Afganistán, nos pueden dar una orientación.
Estados Unidos tiene un largo historial de participación en actividades violentas de desestabilización en Venezuela, por ejemplo, con el apoyo al golpe militar de 2002 y el paro patronal de la Industria Petrolífera en 2003. Estados Unidos focaliza el sabotaje a la industria petrolífera atacando los sistemas informatizados e intentando dañar las refinerías.
Estados Unidos también tiene un largo hsitorial de sabotaje y violencia contra los regímenes que considera como adversarios. En Cuba, en 1960, la CIA incendió unos grandes almacenes y plantaciones de azúcar, y sembró bombas en los principales centros turísticos del país, con el objetivo de socavar los sectores estratégicos de la economía. En Chile, tras la elección del socialista Salvador Allende, la CIA respaldó el secuestro y asesinato del agregado militar de Presidente socialista, intentando provocar un golpe militar. Así mismo, en Jamaica, a finales de 1970, durante la presidencia del socialista Manley, la CIA organizó una campaña de desestabilización violenta poco antes de las elecciones. El sabotaje y la desestabilización es una arma común si preveen una derrota electoral ( como es el caso de Venezuela) o donde un Gobierno popular está firmemente arraigado.
Campañas violentas y de desestabilización en contra de regímenes en el poder se han convertido en una procedimiento operativo estándar en la actual política de los Estados Unidos. Estados Unidos ha financiado y armado a grupos terroristas en Libia, Siria, Líbano, Irán y Cheechenia, y además está bombardeando Pakistán, Yemen, Somalia y Afganistán. En otras palabras, la política exterior de Estados Unidos está militarizada y se opone a cualquier solución negociada de los conflictos mediante el diálogo diplomático con los regímenes que considera adversarios. Sabotear una refinería de petróleo en Venezuela entra dentro de las prácticas de la actual política mundial exterior de Estados Unidos .
La política nacional en los Estados Unidos ha tomado un giro hacia la extrema derecha, tanto en política interior como exterior. El Partido Republicano ha acusado a los Demócratas de ser complacientes con Irán, Venezuela, Cuba y Siria, y de no iniciar una guerra.
El régimen de Obama ha respondido con una escalada militar en sus políticas, buques de guerra y misiles están dirigidos contra Irán. Ha apoyado la demanda de Miami para un “cambio de régimen” en Cuba, como un preludio a las negociaciones. Washington está canalizando millones de dólares a través de las ONG a la oposición venezolana, buscando la desestabilización electoral. Sin duda, entre la oposición se incluya a trabajadores, ingenieros y otras personas que tienen acceso a la Industria petrolera. Obama ha optado por las acciones violentas y la escalada militar para mostrar que él es tan militarista como los Republicanos. En medio de una muy importante campaña electoral, especialmente reñida en Florida, el sabotaje de la refinería venezolana juega a favor de Obama.
Cuando falta poco más de un mes para las elecciones, el Presidente Chávez muestra en las encuestas una ventaja de 20 puntos porcentuales, la economía presenta una recuperación sostenida, los programas de viviendas sociales y otros programas de bienestar están consolidando un gran apoyo por parte de las familias con bajos ingresos, por encima del 80%. Venezuela ha sido admitido en el MERCOSUR, un programa de integración de América Latina; Colombia ha firmado un acuerdo de defensa mutua con Venezuela; Venezuela está diversificando sus mercados de ultramar y sus proveedores. Lo que indican estos datos es que Washington no tiene ninguna posiblidad de derrotar a Chávez, ni la posibilidad de usar a sus vecinos latinos como un trampolín en las incursiones territoriales, o propiciar una guerra para el cambio de régimen, ni tiene ninguna oportunidad de imponer un boicot económico.
Dada la enemistad declarada de Washington y la calificación de Chávez como “una amenaza para seguridad en el hemisferio”, y ante el fracaso de las herramientas políticas, el recurso a la violencia, y en este caso específico al sabotaje del un sector estratégico, surge como otra opción. Washington, empleando el terrorismo clandestino, representa un claro peligro para el actual orden constitucional en Venezuela, una amenaza para los recursos esenciales de su economía y del proceso electoral democrático. Esperemos que el Gobierno de Chávez, apoyado por buena parte de sus ciudadanos y de las fuerzas armadas constitucionales, tomen las medidas necesarias para la seguridad integral, de modo que no se repita otro sabotaje al sector petrolífero u otros sectores, como la red eléctrica.
La debilidad en la cara pública del imperialismo sólo alienta nuevas agresiones. Sin duda que el aumento de la seguridad pública en defensa del orden constitucional será denunciado por los Estados Unidos como medias autoritarias y afirmará que la protección del patrimonio nacional atenta contra las libertades democráticas. No hay duda de que prefieren un sistema débil de seguridad para extender sus violentas provocaciones. Todo esto es previsible, pero la gran mayoría de los electores debatirán y emitirán su voto sintiéndose seguros y esperamos otros cuatro años de paz y prosperidad, libres de terrorismo y sabotajes.
James Petras, ex profesor de Sociología de la Universidad de Binghamton, Nueva York, lleva 50 años en el asunto de la lucha de clases; es asesor de los Campesinos sin Tierra y sin trabajo en Brasil y Argentina, y coautor de Globalización desenmascarada (Zed Books), siendo su libro más reciente Sionismo, Militarismo y la Decadencia del Poder estadounidense (Clarity Press, 2008). Se le puede escribir a la siguiente dirección: jpetras@binghamton.edu. Otros artículos de James Petras