Por Evaggelos Vallianatos, 8 de abril de 2017
Supongamos que usted muestra preocupación por la salud pública y ambiental. Supongamos que accidentalmente entra en un enorme laboratorio situado en alguna área suburbana de los Estados Unidos. El que le recibe es un químico . Él le informa que el laboratorio ha estado probando todo tipo de productos químicos, entre ellos pesticidas y medicamentos para asegurarse de que estas sustancias químicas no provocan un daño ni en las personas ni el medio ambiente. Usted pregunta al que le ha recibido por el promotor de dicho laboratorio y le responde que fue un distinguido bioquímico de una importante universidad que atendió a las solicitudes del Gobierno sobre la seguridad de los productos químicos. Después, el que le recibe le deja solo, diciéndole que espere a otro científico que sabe más acerca del laboratorio.
Espera, pero nadie aparece. Así decide explorar por su cuenta. Entra en una gran sala en la que se puede observar la infraestructura del laboratorio: mesas en las que hay bisturíes, tubos de vidrio, productos químicos y equipos de operaciones para estudios de patología. Inmediatamente reacciona, deseando salir de aquella sala. Un enorme hedor llena el ambiente. Un sistema de rociado de agua está pulverizando agua sobre las jaulas con ratones, ratas y perros. Las ratas se encuentran en un charco: agua mezclada con excrementos de animales que cubren el suelo. Entonces, usted descubre que un técnico que sostiene un envase con gas adormecedor corre detrás de las ratas. Usted sale de la sala y vuelve a entrar en el espacio de recepción, donde el que le recibió con anterioridad está telefoneando a la policía diciendo que hay un intruso en el laboratorio, usted.
Esto podría ser el comienzo de una novela de ciencia ficción: locos que manejan un peligroso laboratorio financiado por el Gobierno y la Industria.
Pero no se trata de ciencia ficción, en absoluto. Ocurrió en una de las instalaciones de Industrial Biotest, con sede en Northbrook, Illinois. La mayor parte de este sucio trabajo lo hizo sobre todo desde los años 1950 a los años 1970.
En 1953, Joseph Calandra, profesor de bioquímica de la Universidad de Northwestern, fundo IBT. Quería ser un hombre rico e influyente. El laboratorio se convirtió en un instrumento que le dio dinero y poder.
Calandra probó cientos de fármacos y pesticidas para las Empresas, Instituciones privadas y departamentos gubernamentales, tanto estatales como federales. Cuando los agentes federales entraron en IBT, en 1976, el laboratorio había probado alrededor del 40% de todos los pesticidas del país.
Pero resulta que todas esas pruebas de pesticidas y productos químicos realizadas en IBT fueron un fraude. El laboratorio tenía la apariencia de una instalación en las que realizaban estudios científicos. Pero en realidad era una ciénaga llena de inmundicias y corrupción. Nada que ver con el conocimiento científico. Los animales eran un pretexto. Los científicos, algo accesorio.
Los animales eran alimentados con el producto tóxico del que se realizaba la evaluación de riesgos. Sin embargo, no importaba lo que estos productos tóxicos produjeran en los animales. Los científicos que hacía tales pruebas simplemente destrozaban a los animales que desarrollaban tumores, cáncer y otras enfermedades. Luego los técnicos apañaban los estudios aportando datos.
Así fue como funcionó IBT. El patólogo que reveló el secreto fue Adrian Gross. En 1976, Gross hizo una inspección y descubrió que el gran laboratorio era una enorme fábrica de fraudes. Gross trabajó para la FDA estadounidense. En 1979, entró en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), donde también trabajé yo. Durante varios años Gross y yo fuimos buenos amigos y colegas. Hablamos mucho de IBT.
Gross no tenía dudas de que los gerentes de IBT eran unos criminales. Su único interés era el de escribir sofisticados informes sobre lo benignos que eran los productos químicos probados. Dedico un capítulo a la corrupción en IBT en mi libro “Primavera Tóxica”.
Esta historia de estudios fraudulentos explica la falta de fiabilidad de las pruebas realizadas en la evaluación de riesgos de los plaguicidas. Esta tradición de la ciénaga en la aprobación de los pesticidas continúa hoy en día.
La EPA clausuró en laboratorio IBT en 1983. La EPA también cerró otros varios laboratorios del tipo de IBT. Pero no que la EPA no clausuró fue el fraude que había detrás de IBT.
La fuente de corrupción es la propia Ley de plaguicidas, que los contaminadores redactaron. Esta ley permite a las empresas hacer ensayos de sus propios productos, lo cual fomenta el engaño para ocultar los riesgos. En tercer lugar, la Agroindustria obligó a la EPA a defender las regulaciones defendidas por la Industria. La EPA ha dado más importancia a la comercialización de los pesticidas que a la salud pública y ambiental.
Por ejemplo, Roundup, el herbicida más vendido de Monsanto, salió de la ciénaga de IBT. Esto es algo que no supe mientras trabajaba en la EPA. Me enteré de ello a través de una serie de documentos que han visto la luz porque se ha presentado una demanda contra Monsanto por el cáncer provocado por la exposición al glifosato.
El 17 de marzo de 2015, William F. Heydens, un científico de Monsanto, envió un correo electrónico a su colega Josh Monken, en el que decía que Roundup tenía bajos niveles de formadehídos carcinógenos y compuestos carcinógenos N-nitrosos. Además, Heydens dijo que
“muchos estudios toxicológicos sobre el glifosato se habían realizado en un laboratorio (IBT-Industrial Biotest) en el que la FDA y la EPA habían descubierto la utilización de datos fraudulentos durante la década de 1970”.
Este hecho por sí solo, que muchos estudios encargados por el Gobierno para aprobar el glifosato procedieran de IBT, es suficiente motivo como para prohibir el glifosato.
Sin embargo, Monsanto dispone de unos mecanismos muy sofisticados de Ciencia y Poder. La Empresa no ahorra dinero en compara la influencia de políticos de una u otra ideología. Su personal escribe artículos fantasma para aquellos científicos dispuestos a demostrar que el glifosato no es carcinógeno.
Monsanto ha ganado mucho dinero con el glifosato, entrando en una defensa paranoica e inmoral del glifosato. Sin embargo, a veces la lucidez prevalece y la verdad sale a la luz.
Eso sucedió el 22 de noviembre de 2003. En un correo electrónico a un colega, una toxicóloga de Monsanto, Donna R. Farmer, dijo:
“No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”.
Tiene razón. Roundup es carcinógeno. Incluye glifosato, carcinógenos como el formaldehído y otros productos químicos, algunos de los cuales pueden ser incluso más tóxicos que el glifosato probado por IBT. La ley de plaguicidas clasifica a estos productos tóxicos como “inertes”.
Sequemos esa ciénaga de corrupción. Basta de engaños, encubrimientos y colusiones.
Los documentos publicados sobre Monsanto y el Gobierno complementan un cuadro que algunos de nosotros hemos relacionado con la corrupción que existe en torno al glifosato, Roundup y otros pesticidas de este negocio.
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