por Robert D. Bullard / 09 de febrero 2011
Se ha prestado mucha atención en los últimos años a la denominada energía verde con objeto de reducir la huella de carbono producida por el hombre y así combatir el calentamiento global y la amenaza del cambio climático. Según la Agencia de Información de la Energía de Estados Unidos, el sector de la energía eléctrica es el que produce la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono, representando en el conjunto de los distintos sectores energéticos el 40,6% de todas las emisiones de CO2, seguido por el transporte (33,1%) y el sector residencial y comercial (26.3%)
Las energías renovables forman parte de la principal estrategia energética de los Estados Unidos, un mercado de energía limpia que está creciendo. Durante el año 2010 se invirtieron en este sector más de 243 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2009, la cuota de mercado de la energía renovable sólo alcanzó el 8% del consumo energético total de los Estados Unidos. Cabe destacar que la generación de energía proveniente de la biomasa supone el 50% de la energía renovable, en 2009.
La producción de energía mediante la incineración de biomasa se está promoviendo como una energía limpia y como una estrategia para combatir el cambio climático. Sin embargo, la quema de biomasa para generar electricidad produce gases tóxicos, nada de verdes ni limpios. En general, las instalaciones de biomasa emiten más CO2 por megawatio/hora que por la quema de combustibles fósiles, desprendiendo también óxidos de nitrógeno, partículas y otros peligrosos contaminantes al aire y al agua, amenazando la salud humana y el entorno. Las instalaciones de biomasa realizan una serie de operaciones como la quema de residuos sólidos urbanos (basura), neumáticos, madera procedente de la construcción o de demoliciones, residuos de cultivos y animales, cultivos energéticos, árboles, gas procedentes de la combustión de los lodos de las depuradoras o de residuos animales, y otros gases de relleno. La biomasa puede incluir cualquier combustible no fósil que sea orgánico.
Desgraciadamente el término verde aplicado a la biomasa ( como los cultivos energéticos) abren la puerta a la producción de más residuos tóxicos. La American Lung Association de Nueva Inglaterra ( ALANE ) describió que entre los problemas ambientales ocupa una de las primeras posiciones la biomasa.
Las emisiones procedentes de la quema de la biomasa contienen partículas muy finas, óxidos de azufre, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, y varios gases irritantes, como óxidos de nitrógeno, que pueden producir cicatrices en los pulmones. Al igual que los cigarrillos, las emisiones de la biomasa, también contienen productos químicos que se sabe o sospecha que son carcinógenos, como los hidrocarburos policíclicos (PAH) y dioxinas.
ALANE cree que “no podemos darnos el lujo de comerciar con nuestra salud para satisfacer nuestras necesidades energéticas”.
Los chips de madera limpia pueden sustituir a los combustibles más contaminantes que se queman en las plantas de biomasa ( puede ser más barato o incluso gratis), o se les debe pagar para que recojan los residuos más contaminantes o los neumáticos. La oposición pública a las instalaciones de biomasa ha llevada a que éstas se instalen en los lugares de menor resistencia, es decir en Estados donde las regulaciones medioambientales son más laxas y las empresas tienen grandes incentivos fiscales para construir este tipo de incineradoras, y los inversores se encuentran con una población local desinformada o apática. A menudo se les vende como energía verde.
Las leyes de zonificación han desplegado armas legales para facilitar el apartheid en el terreno de la energía. El uso del suelo y las políticas de zonificación están en la raíz que permite desproporcionadas cargas ambientales y para la salud a las que se somete a las personas de bajos ingresos, los negros y otros colectivos excluidos. Las Juntas de Zonificación tienen el poder para recalificar la tierra en favor de un determinado uso del suelo a nivel local, incluso pese a las objeciones de los residentes locales. En el informe de 2003 de Administración Pública Nacional (NAPA) se habla de “hacer frente a las preocupaciones de la comunidad”. ¿Cómo se puede hablar de Justicia Ambiental cuando la planificación de la zonificación está formada en su mayoría por hombres, 9 de cada diez son blancos, de más de 40 años de edad, en su mayoría profesionales, y algunos no representan a la comunidad?
A menudo, una parte desproporcionada de barrios con personas de bajos ingresos se consideran compatibles con el uso industrial, mintiendo en cuanto a su preocupación por la protección de las personas. Ninguna zonificación de las establecidas ha evitado de los impactos negativos de la contaminación industrial a las comunidades de afro-americanos. La lucha por desmantelar este apartheid energético y el aumento de la igualdad, se ha convertido en una nueva búsqueda por la justicia ambiental y para que se ponga fin a esta política de contaminación.
El que conozca algo de la Historia de los negros de Estados Unidos sabrá muy bien que los afro-americanos nunca ha sido los mejor tratados. En el terreno de la energía limpia y los empleos verdes ocurre lo mismo. Está política energética de apartheid en lo referente a las energías verdes, ha actuando de forma sucia, golpeando con dureza a los afroamericanos y otras personas de color.
No debería ser una sorpresa para cualquiera que conozca algo de normativa ambiental que las primeras instalaciones nocivas de los Estados Unidos se ubicaron en Texas. La incineradora de Aspen no se programó para comunidad de los ricos de Houston River Oaks, sino para los negros y pobres de la comunidad de Lufkin. La planta está siendo construida al norte de Lufkin, que ya tiene una larga historia como vertedero de contaminantes industriales. Más del 77,4% de los residentes en un radio de dos millas en torno a la planta son afroamericanos. Estos hallazgos aparecen en un estudio del año 2005 publicado por The Associated Press, que muestra que los afroamericanos son “más propensos a vivir” en barrios que son sospechosos de presentar más riesgos para la salud.
Los afroamericanos residentes en Lufkin soportan la mayor carga por la instalación de la incineradora, que los negros sólo representan el 26,6% del total de la población de la ciudad. Los afroamericanos constituyen el 14,8 % de la población del condado de Angelina y el 12% de la población de Texas. En el año 2007, la comisión de Zonificación y Planificación propuso la instalación de esta planta en la zona norte, donde se encuentra la comunidad negra. Las autoridades municipales no notificaron este plan a los residentes del Norte de Lufkin. Sin embargo,, el Ayuntamiento de Lufkin aprobó un cambio en la zonificación en agosto de 2007 para permitir que la planta se construyera en esta parte de la ciudad.
La planta Aspen en Lufkin está financiada con fondos públicos y privados. Recibió 750.000 dólares por parte del Estado de Texas para carreteras, aparcamientos, servicios de ingeniería y administrativos. Akeida Capital Management (ACM), una empresa de gestión de activos sobre el medio ambiente realizó la inversión en la infraestructura de energía renovable a condición de que se proporcionase un préstamo por valor de 14.100.000 de dólares a Aspen, para completar la construcción de la planta, que comenzó a finales de 2008. Angelina Fuels, la empresa hermana de Aspen, va a proveer a la planta aproximadamente con 1500 toneladas de biomasa por día, procedente de de la madera, bien de aserraderos o de las labores de limpieza de la ciudad o alrededores de Lufkin. Por la instalación de esta planta se han comprometido la creación de unos 50 nuevos puestos de trabajo. La oposición pública y las batallas legales contra la planta de Aspen han obligado a un gasto adicional de 10 millones de dólares para realizar un control adicional de la calidad del aire.
Georgia es otro Estado donde la incineración de biomasa ha sido “bienvenida”. Según Energy Justice Network, Georgia cuenta con 12 instalaciones de biomasa en funcionamiento, 4 están en construcción y 5 en fase de propuesta. El censo de 2009 sitúa a la población de Georgia con un 30,2% de afroamericanos. Las incineradoras tienden a instalarse en los condados de Georgia donde los afroamericanos tienen una mayor representación. Por ejemplo, 7 de las 12 (58,3%) de las plantas incineradoras de biomasa se encuentran en condados negros, cuya población supera el porcentaje de negros a los blancos, desde el 40% al 58,5%; 3 de las 4 (75%) incineradoras que están en construcción se sitúan en condados negros, donde estos representan desde el 53,7% al 65,3% de la población; 3 de las 5 de las propuestas (60%) o en proyecto se encuentran en los condados en los que la población negra supera la media estatal, con porcentajes que van desde el 33,6% al 65,3%.
Los residentes en Valdosta, Georgia, están luchando para bloquear la construcción de una incineradora de 40 megawatios, situada en 22 acres pertenecientes al municipio. El municipio ya está sobrecargado con industrias contaminantes y por el tráfico de camiones pesados. La planta de biomasa de Valdosta Wiregrass va a ser construida junto a una planta de tratamiento de lodos y a dos millas de otra incineradora, con dos escuelas primarias con niños mayoritariamente negros y una escuela elemental con niños mayoritariamente blancos, donde se lleva a cabo el programa Head que atiende a más de 165 niños de entre 3 a 5 años. Ocho de cada diez residentes (82%) que viven en un radio de una milla en torno a la planta son negros, más de las tres cuartas partes (79%) de los residentes en un radio de dos millas alrededor de la plantas son afroamericanos.
Lectura del artículo completo (en inglés):
http://dissidentvoice.org/2011/02/dismantling-energy-apartheid-in-the-united-states/