Haití: oleada de desalojos ilegales y violentos en Puerto Príncipe

Por Bill Quigley, 24 de agosto de 2011

Unas 600.000 personas todavían viven en Haití en campos de desplazados en condiciones infrahumanas

Mathias O tiene 34 años. Es una de las aproximadamente 600.000 personas que todavía no tienen hogar después del terremoto de enero de 2010 en Haití. Vive con su esposa y su hijo de 2 años de edad en un refugio hecho con varias lonas, durmiendo sobre un suelo rocoso. Las paredes de lona las ha reforzado con varias piezas de cartón. Sólo disponen durante la noche de la luz de las velas. No tienen agua corriente, ni electricidad. Viven cerca de un canal y el aire se llena de mosquitos. Se encuentra al lado de cientos de familias que viven en condiciones similares. Es el tercer asentamiento de tiendas de campaña en el que vive desde el terremoto.

El terremoto dejó a Mathias sin hogar cuando se derrumbó el piso en el que vivía, matando a su primo y a su hermano menor. Al principio se quedaron junto al parque que se encuentra al lado de la Iglesia Católica de Santa Anne, pero luego se trasladaron a los que consideraron un lugar más seguro, el estadio Sylvio Cator. Colocaron una tienda de campaña sobre el césped del estadio y se quedaron allí durante varios meses. Las autoridades los desalojaron alegando que el equipo de fútbol tenía que entrenar. Así que se trasladaron fuera del estadio junto a otras 514 familias, donde estuvieron durante más de un año, hasta que les obligaron a marcharse en julio de 2011. Les dijeron que tenían que irse, dándoles un pequeña cantidad de dinero, 10.000 goudes (aproximadamente unos 250 dólares) para facilitar su traslado. ¿Dónde se fueron estas 514 familias? Nadie lo sabe con seguridad. Aproximadamente unas 150 familias permanecieron juntas y viven en refugios de lona junto al de Mathias. Algunos usaron el dinero para construir nuevos refugios de lona en otra parte y otros lo usaron para adquirir comida. ¿El resto? Nadie lo sabe. Nadie ha seguido su pista.

Cuando le pregunté a Mathias lo que gustaría comunicar a las Organizaciones de Derechos Humanos, me contestó:

La vida de la gente que vive en tiendas de campaña no es un vida que se pueda calificar de humana. Nuestros derechos humanos no son respetados. Ninguna institución se ocupa de nosotros; estamos olvidados. Queremos que la gente nos ayude a recuperar la vida humana que debiéramos tener. No queremos seguir viviendo en estas condiciones. La situación no ha avocado a vivir así. Esperamos vivir de una forma normal, pero nuestras esperanzas están todavía muy lejos de poder alcanzarlo.

La Organización Internacional para la Migración (OIM) señaló el pasado 19 de agosto que todavía hay unas 594.800 personas que viven en unos 1000 campos de desplazados en Haití. La mayoría quiere marcharse, pero no saben dónde ir. Casi 8000 personas han sido desalojados en los últimos tres meses. En el informe se concluye: “ Son casi 600.000 personas que todavía permanecen en campos de desplazados, un problema que todavía queda por resolver en Haití”.

El problema se complica con el creciente número de desalojos forzados que se están produciendo en Haití. Estos desalojos se producen sin intervención judicial, a menudo realizados por la policía, y con frecuencia se utiliza la violencia.

Los terratenientes usan los servicios de seguridad y la policía para realizar los desalojos y así echar a la gente. Raras veces acuden a los tribunales, porque no pueden demostrar que son los dueños de las tierras. Recurren a la violencia para hacer ceder a las familias. Los servicios privados de seguridad y la policía utilizan armas, machetes y excavadoras para realizar los desalojos.

La Administración del Presidente Michel Martelly ha dado luz verde a la demolición violenta de muchos campos de refugiados sin ninguna orden judicial. Aunque la Administración anunció el proyecto de trasladar a las familias de seis campos, nada de esto se ha hecho.

La Bureau des Avocats Internationaux, un bufete de abogados que trabajan en favor de los derechos humanos (BAI), declaró que se habían recibido varias amenazas de desalojos forzados al mes. Desde junio, las amenazas han aumentado a varias por semana, y actualmente se reciben varias al día.

Defensores de los derechos humanos pidieron que las Naciones Unidas condenaran estos desalojos ilegales y se estableciera en Haití una moratoria de los mismos, hasta que existan proyectos consistentes para realojar a las familias desplazadas.

Estos desalojos se realizan a pesar del fallo de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que aprobó medidas que impedían que en Haití se realizasen desalojos ilegales. El 18 de noviembre de 2010, la IACHR expresó su preocupación por los desalojos forzados con el uso de la fuerza y la violencia sexual ejercida contra las mujeres y las muchachas. La IACHR pidió expresamente al Gobierno que “ofreciera a aquellos que han sido expulsados de forma ilegal un lugar con unas mínimas condiciones de salubridad y seguridad; que se garantizase a las personas desplazadas la posibilidad de recurrir ante los tribunales y las autoridades competentes; poner en práctica medidas eficaces para salvaguardar la integridad física de los habitantes de los campos de refugiados, garantizando sobre todo la protección de mujeres y niños; que las fuerzas de seguridad garantizasen los derechos de las personas desplazadas, sobre todo su derecho a no ser expulsados por la fuerza; y asegurarse que las agencia de Cooperación Internacional tienen acceso a estos campos”.

Los desplazados que han sido recientemente visitados por BAI y la Universidad de San Francisco dijeron que el dinero ofrecido para el desalojo era insuficiente para realizar el traslado o pagar un alquiler. Las pequeñas ayudas de 250 dólares no son suficientes para la construcción de un refugio, incluso el más elemental, con paredes de contrachapado, laminas metálicas y suelo de hormigón – siendo la única posibilidad de los desalojados la de acudir a otro campo de desplazados y seguir viviendo en refugios de lona. No es de extrañar que el 35% de estos desplazados dijera que han sido objeto de violencia y amenazas físicas.

A continuación exponemos algunos ejemplos de recientes desalojos forzosos e ilegales, todos ellos han ocurrido desde que Martelly asumió la Presidencia.

– El 27 de mayo de 2011, a las 6 de la mañana, la Policía Nacional Hiatiana con machetes y cuchillos asaltó el campo en Delmas 3, destruyendo aproximadamente 200 tiendas de campaña, obligando a la gente a huir, según asegura Jacqueline Charles del Miami Herald. No existía ninguna orden judicial de desalojo.

– A principios de junio, en otro campo en Delmas 3, descendieron de varios camiones agentes armados con machetes y desmontaron el campo. Después de destruir las tiendas de campaña, una excavadora se llevó lo que quedaba. Esto se realizó sin una autorización legal.

– En la medianoche del 3 de julio de 2011, agentes de seguridad privado y la policía destruyeron las tiendas de campaña de unos 30 familias en Camp Eric Jean-Baptiste en Puerto Príncipe, un suburbio de Carrefour.

– El 18 de julio de 2011, la Policía Nacional haitiana entró en el campo de desplazados situado en la zona del aparcamiento de vehículos de estadio de deportes Sylvio Cator, destruyendo las tiendas de campaña y las pertenencias de 514 familias. No existía ningún proceso judicial. Dieron a la gente unos 250 dólares para que se hiciesen otro refugio. Muchos defensores de los derechos humanos dijeron que la gente no quería el dinero, sino que preferían quedarse, pero finalmente aceptaron el dinero porque no tenían otra opción. Estos desalojos ilegales fueron condenados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

– El 27 de julio de 2011, miembros de la Policía Nacional Haitiana detuvieron y agredieron a las personas que protestaban contra los desalojos ilegales de docenas de familias en el Campo Django. Dieron aproximadamente 125 dólares a los refugiados.

¿Qué se debería hacer?

La Comisión de Recuperación de Haití, copresidida por el expresidente estadounidense Bill Clinton, sólo prometió 78 millones de dólares para financiar un plan de realojamiento en los 16 distritos de Haití. Pero el Haiti Grassroots Watch informa que de todas las reconstrucciones planeadas, unas 68.025 unidades, sólo representan el 22% de lo que se necesita, ya que hay más de 300.000 familias y 600.000 refugiados que viven en campos.

Es hora de que la Comisión de Recuperación de Haití, las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la Comunidad Internacional defiendan los derechos humanos de cientos de miles de personas como Mathias. El derecho al alojamiento es un derecho humano. Aplicar la fuerzas para realizar los desalojos a los sobrevivientes del terremoto de Haití y dejarlos sin hogar es ilegal, insensato y violento. Mathias y su familia se merecen algo mejor que esto.

  • Agradezco la ayuda de Vladimir Laguerre para redactar este artículo.

Bill Quigley es director jurídico del Centro de Derechos Constitucionales, profesor de la Universidad Loyola de Nueva Orleans y un defensor de Haití desde hace mucho tiempo. Jeena Shah es abogado que presta servicios en Puerto Príncipe, formando parte de una red de cooperantes de la Bureau des Avocats Internationaux y el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití.

http://dissidentvoice.org/2011/08/wave-of-illegal-senseless-and-violent-evictions-swells-in-port-au-prince-2/#more-36295

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