Militaristas fervientes, empresarios con lazos en la industria armamentística y propagandistas se asocian para mantener una retórica agresiva que equipara antisionismo y antisemitismo y criminaliza a quienes se oponen al genocidio en Gaza.
Por Pablo Elorduy, 7 de octubre de 2024
El Tribunal Penal Internacional recibió el pasado 5 de agosto un informe amicus curiae —esto es, de un tercero no involucrado en el proceso— firmado por un grupo llamado High Level Military Group. El documento se dirigía a Karim Khan, el fiscal que en mayo de este año emitió un escrito en el que se pedían órdenes de persecución internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, primer ministro y ministro de Defensa de Israel. Después de exponer los detalles de una visita al campo de batalla de la mano de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI), este grupo de militares de alta graduación concluía que “la presentación de órdenes de arresto contra dirigentes nacionales israelíes no solo es, como mínimo, prematura, sino también injustificada desde el punto de vista fáctico”. Pedían de este modo carta blanca para el Tzahal, el ejército israelí, del que decían que había mitigado los riesgos sobre la población civil gazatí. En ese momento, las víctimas mortales después de diez meses de invasión en Gaza eran 39.623 personas.
Según su página web, High Level Military Group lo componen militares de países OTAN. Son cuatro generales, de los ejércitos de Canadá, Reino Unido, Alemania e Italia; tres tenientes generales —entre ellos uno de los responsables de la operación Tormenta del Desierto en 1991—, generales de brigada, coroneles y un almirante español, José María Terán, que en su día sonó para dirigir el Centro Nacional de Inteligencia. No obstante, la persona que firma la carta, que pretende disuadir al TPI de cualquier acción de control sobre las actuaciones del ejército israelí en Gaza, es un civil.
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