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En Europa las leyes contra la incitación al odio se están utilizando para reprimir las críticas y los puntos de vista de la Izquierda

Por Glenn Greenwald, 29 de agosto de 2017

The Intercept

Los atentados terroristas, y las emociones que estos provocan, casi siempre fomentan llamamientos para que se recorten los derechos jurídicos fundamentales en nombre de la prevención de futuros ataques. La fórmula es ya rutinaria: las víctimas de una brutal violencia se presentan como prueba de que debe haber restricciones en la defensa de cualquier ideología que impulse a cometer dichas acciones violentas.

En 2006, después de una serie de ataques perpetrados por los musulmanes, el republicano Newt Gingrich pidió «un debate serio sobre la Primera Enmienda» para que «los que luchan sin atenerse a las leyes, los que usan armas de destrucción masiva y los que atacan a civiles estén, de hecho, sujetos a reglas totalmente diferentes«.

Sobre los radicales islámicos, el ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos argumentó que no creen en la Constitución ni en la libertad de expresión, y que Estados Unidos debería «usar toda la tecnología disponible para impedir su capacidad de usar Internet, su capacidad de usar la libertad de expresión y perseguir a las personas que quieren matarnos impidiendo que recluten a más seguidores». En un artículo que defiende sus comentarios, Gingrich argumentó que «la libertad de expresión no debe ser una opción aceptable para las personas que planean matar a otras que tienen unos derechos inalienables«, añadiendo que «lo cierto es que no todo discurso está permitido por la Constitución«.

La violencia nacionalista blanca en Charlottesville ha desembocado en argumentos similares. Si bien los datos de las encuestas y evidencias circunstanciales han mostrado desde hace mucho tiempo una pérdida de credibilidad en la libertad de expresión entre los estadounidenses más jóvenes, incluyendo a aquellos que se identifican como liberales o izquierdistas, Charlottesville ha provocado un debate a escala nacional sobre los beneficios de mantener el derecho a expresar «discursos de odio», sea cual fuere su definición.

Un excelente artículo de Julia Carrie Wong en de The Guardian, publicado el pasado lunes, examina las implicaciones del creciente interés de los liberales y de la izquierda para que se restrinja el «discurso de odio», ya sea por parte del Estado que ejerce el poder de aprobar leyes contra el «discurso de odio» o las plataformas tecnológicas para que prohíben el uso de las mismas para difundir lo que ellos consideran «ideas de odio». Como Wong señala correctamente,»Muchos estadounidenses están cada vez más a favor de las limitaciones al estilo europeo en el discurso del odio«. Numerosos artículos de opinión y blogs han hecho un llamamiento explícito a favor de tales restricciones. En consecuencia, vale la pena examinar cómo funcionan en la práctica esas «limitaciones de estilo europeo» y contra quiénes se aplican.

Muchos estadounidenses desean que las restricciones europeas a los discursos de incitación al odio sean asumidas por esas leyes y se utilicen para prohibir y castigar la expresión de ideas de intolerancia: racismo, homofobia, islamofobia, misoginia. A menudo, tales leyes se utilizan de esa manera. Hay numerosos casos en Europa occidental y Canadá de extremistas de extrema derecha arrestados, multados o incluso encarcelados por manifestar públicamente este tipo de intolerancia.

Sin embargo, en esos países se utilizan las restricciones en la difusión del discurso de odio para suprimir, prohibir y castigar algo más que la intolerancia de extrema derecha. Esas leyes se han utilizado con frecuencia para restringir y condenar una amplia gama de opiniones políticas que muchos defensores de este tipo de censura, incluso siendo de izquierdas, nunca pensarían que fueran consideradas «odiosas», e incluso contra opiniones que muchos de ellos probablemente comparten.

Francia es probablemente el caso más extremo de aprobación de leyes en contra de la incitación al odio en las que se abusa de esta manera. En 2015, el Tribunal Supremo de Francia confirmó la condena a 12 activistas pro palestinos por violar las restricciones contra las expresiones de odio. ¿Su crimen? Llevar camisetas que abogaban por un boicot a Israel – «Viva Palestina, boicot a Israel«, se podía leer en las camisetas – que, según sentenció el tribunal, violaba la ley francesa que «prescribe encarcelamiento o una multa de hasta 50.000 dólares para aquellos que provocan discriminación, odio o violencia hacia una persona o grupo de personas por su origen, pertenencia o no pertenencia a un grupo étnico, una nación, una raza o un grupo de personas por motivos de su origen, su pertenencia o su no pertenencia a un grupo étnico, una nación o una religión.«

Como ya dijimos en su momento, el uso por Francia de las leyes de incitación al odio para prohibir el activismo contra la política israelí -basándose en que constituye «antisemitismo» y odio contra las personas por su origen nacional- forma parte de una tendencia mundial. En mayo del año pasado, el entonces gobierno conservador de Canadá amenazó con utilizar las rigurosas leyes de incitación al odio de la nación para procesar a los defensores del boicot de Israel sobre la base de que tal activismo es «la nueva cara del antisemitismo» Como informó Haaretz acerca de los procesamientos franceses:»Activistas pro-israelíes en la vecina Bélgica están presionando por una ley similar a la de Lellouche, esperando que también pueda hacer mella en las actividades de BDS en ese país«. Otros activistas franceses han sido condenados por «incitar al odio racial» por colocar pegatinas de boicot a las verduras importadas de Israel.

No cabe duda de que si tal facultad de prohibir el «discurso de odio» estuviera en manos de responsables o tribunales estadounidenses, ocurriría lo mismo. Es un consenso bipartidista prácticamente incuestionable que abogar por un boicot a Israel constituye odio y antisemitismo. En su discurso de AIPAC en 2016, Hillary Clinton citó el movimiento de boicot como evidencia de que «el antisemitismo está aumentando en todo el mundo«. Un grupo de legisladores estadounidenses está actualmente promoviendo una legislación para que sea ilegal que las empresas participen en cualquier boicot internacional a Israel, un proyecto de ley que la Unión Americana de Libertades Civiles dice que puede ser utilizado para criminalizar la defensa de los boicots.

Los estudiantes pro-israelíes afirman a menudo que abogar por un boicot a Israel equivale a hostigamiento y antisemitismo. Sin embargo, se aplica una mayor censura en los campus universitarios de los Estados Unidos contra los grupos pro palestinos.

¿Alguien duda de que en la lista de «discursos de odio» para muchos responsables, jueces y funcionarios estadounidenses habría grupos como Black Lives Matter y antifascistas, grupos de extrema izquierda que luchan contra los supremacistas blancos? Más allá de lo que muchos dirigentes hablan del odio de estos grupos hacia los policías, también «señalan que esos grupos también acusan a Israel de llevar a cabo un genocidio contra los palestinos«.

En el Reino Unido, el «discurso de odio» ha llegado a incluir a cualquiera que exprese una crítica vehemente contra los soldados británicos que luchan en la guerra. En 2012, un adolescente musulmán británico, Azhar Ahmed, fue arrestado por cometer un «delito de orden público agravado por motivos raciales«. Después de que soldados británicos muriesen en Afganistán, citó en su página de Facebook a los innumerables afganos inocentes asesinados por soldados británicos y escribió:»¡Todos los soldados deben morir e ir al INFIERNO!THE LOWLIFE F*****N SCUM! y desearles el infierno porque allí es donde deben ir

El portavoz de la policía que justificó el arresto del adolescente dijo:»No lo ha hecho muy bien y por eso se ha metido en problemas«, por lo que aquellos de ustedes que ansían las leyes europeas contra la incitación al odio quieren dar facultades a la policía -y luego a los jueces- para decidir cuándo algo es lo suficientemente inapropiado y ofensivo como para justificar el arresto. Ahmed evitó la pena de cárcel, y en última instancia recibió «unicamente una multa» y prestar servicios a la comunidad, pero sólo «porque rápidamente eliminó su comentario y trató de disculparse con los ofendidos«.


Al escribir sobre el caso de Ahmed en The Independent, el periodista Jerome Taylor documentó cómo las leyes contra la «incitación al odio» en el Reino Unido se han extendido rápidamente para incluir cualquier opinión que se considere molesta:

«En los últimos años hemos comenzado a criminalizar cada vez más la crítica, un precedente que debería ser profundamente preocupante para cualquiera que se preocupe por la importancia de la libertad de expresión«.»

En The Guardian, Richard Seymour fue más allá y dijo que «Ahmed es la última víctima de un esfuerzo coordinado para redefinir el racismo como’ cualquier cosa que pueda ofender a los blancos‘.»

Así es como se usan las leyes de incitación al odio en prácticamente todos los países en los que existen: no sólo para castigar la intolerancia de la extrema derecha que muchos defensores creen que será una forma de reprimirla, sino también una amplia gama de puntos de vista que muchos de la izquierda consideran que deberían ser permisibles, incluso directamente aceptados. Por supuesto, eso es cierto: en última instancia, lo que constituya «discurso de odio» será decidido por las mayorías, lo que significa que las opiniones minoritarias serán las más vulnerables a la represión.

En 2010, un ateo militante fue sentenciado a seis meses de prisión condicional por dejar a un piloto no cristiano y otro no islámico en una sala religiosa del aeropuerto de Liverpool; según la BBC, «los jurados lo declararon culpable acusando de hostigamiento religioso intencional agravado» En Singapur, «las leyes de incitación al odio» se utilizan habitualmente para castigar a los activistas de derechos humanos que critican el cristianismo, o a los musulmanes que han defendido o promovido a los musulmanes. En Turquía, son frecuentes los casos de ciudadanos que han sido enjuiciados con arreglo a las leyes de incitación al odio por criticar a los responsables del gobierno o al ejército. Los imanes radicales son enjuiciados en Europa si son demasiado enérgicos en su apoyo a la sharia o en su defensa de la violencia contra la agresión occidental.

En Francia, un activista de izquierdas fue condenado y multado por insultar al ex presidente francés Nicolas Sarkozy sosteniendo un cartel que decía «Desaparece, idiota». Irónicamente, esas fueron las mismas palabras que el propio Sarkozy pronunció cuando un ciudadano se negó a estrechar su mano en una feria pública (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló finalmente la condena). En 2013, como Salon’s Nico Lang señala, «los jueces multaron a Laure Pora, ex-jefa de la sección de París de ACT UP, por usar el término homófobo durante una manifestación de 2013 contra el grupo pro-vida Fundación Lejeune y La Manif Pour Tous«.

Un informe de 2015 de Freedom House informaba que «la libertad de Internet en todo el mundo ha disminuido por quinto año consecutivo, con más gobiernos censurando información de interés público«. Específicamente,»las autoridades estatales también han encarcelado a más usuarios por sus comentarios online» El informe indica que las protecciones de la libertad de expresión están disminuyendo en aproximadamente la mitad en los países en los que se realizó la encuesta. Las descensos más significativos se produjeron en Libia, Ucrania y Francia. En este país debido principalmente a las políticas controvertidas adoptadas tras el ataque terrorista de Charlie Hebdo, como las restricciones a los contenidos que podrían considerarse como «disculpas por el terrorismo», «el enjuiciamiento de los usuarios y un aumento significativo de la vigilancia».

A principios de esta semana, el gobierno alemán ordenó el cierre de un influyente sitio web de izquierdas porque «provocó» disturbios en la cumbre del G-20 en Hamburgo y se utilizó para incitar a la violencia. Al calificar el sitio como la «plataforma más influyente para los extremistas de izquierdas más violentos de Alemania«, los responsables políticos dijeron que «el sitio web se había referido a los agentes de policía como’ cerdos’ y’ asesinos’, y habían dado instrucciones para la fabricación de cócteles molotov«.


La clausura de este sitio de izquierdas forma parte de una larga tradición en Alemania, donde cualquier idea que se considere una amenaza para el orden dominante puede ser prohibida. En la década de 1950, un tribunal europeo confirmó la orden del gobierno alemán de disolver y prohibir al Partido Comunista y confiscar todos sus activos, alegando que se oponía a los principios en los que se basaba el gobierno alemán.

Incluso si las leyes de «incitación al odio» fueran aplicadas milagrosamente por las autoridades exactamente como lo desearían los defensores – por medio de las cuales sólo las ideas que uno odia serían silenciadas y castigadas mientras que las ideas que uno quiere podrían aflorar – todavía habría muy buenas razones para oponerse a tales leyes. Escribí extensamente sobre esas razones hace varios años en The Guardian y otra vez la semana pasada, y el director legal de ACLU David Cole escribió esta semana en el New York Review of Books acerca de por qué la ACLU defiende todos los discursos, incluso los más odiosos.

En particular, la suposición de que la censura debilitará a los grupos que fomentan el odio y los hará desaparecer es completamente contraproducente. Nada fortalece más a los grupos de odio que ser censurados, ya que los convierte en mártires de la libertad de expresión, alimenta su sentido del dolor y los obliga a buscar medios de activismo más destructivos.

Cuando yo representaba los derechos de libertad de expresión de grupos como abogado, no había otra cosa que les gustase más que se hiciese referencia a los intentos de censura, porque sabían que nada fortalecería más eficazmente su causa. Por el contrario, como lo ha demostrado la secuela de Charlottesville, dejando expresarse a estos grupos es como se expone su verdadera, y que por tanto los debilita.

Irónicamente, aquellos que abogan a favor de que los neonazis y otros grupos que fomentan el odio sean censurados por la fuerza están haciendo más para darles cancha que cualquier otra cosa. Como escribió Cole:

«Cuando los supremacistas blancos convocaron un mitin la semana siguiente en Boston, sólo reunieron a un puñado de seguidores. Fueron ampliamente superados en número por decenas de miles de contra-protestantes que marcharon pacíficamente por las calles para condenar la supremacía blanca, el racismo y el odio. Boston demostró una vez más que la respuesta más poderosa al discurso que odiamos no es la censura, sino más discurso «.

Pero lo más importante es que la aplicación ideal de la censura, que los defensores de los derechos humanos prevén, no es cómo se aplican tales leyes. Y nunca lo será. Si se faculta a las autoridades estatales para decidir qué ideas están permitidas y cuáles no, para evaluar qué ideas contienen suficiente «odio» como para justificar la prohibición, es probable que esas leyes se utilicen en última instancia para prohibir las ideas que no te gustan. Como dijo Cole,

«Es virtualmente imposible articular una norma de censura del discurso que no permita a los responsables del gobierno una discrecionalidad peligrosamente amplia e invite a la discriminación contra puntos de vista particulares«.

Como recientemente explicó Conor Friedersdorf en The Atlantic, hay mucha ironía en el corazón de estos nuevos deseos liberales a favor de la las leyes de censura del «discurso de odio»: las personas que las implementarán e interpretarán son aquellos que ostentan el poder, gente como Donald Trump, Jeff Sessions, gobernadores y legisladores republicanos y su letanía de jueces de derechas. Se necesita poca imaginación para ver cómo se aplicarían tales leyes, y contra quién. De hecho, la historia de los Estados Unidos al permitir tales restricciones es que han sido utilizadas exactamente contra los grupos que los defensores de la censura piensan que están protegiendo. Como escribió Cole:

Nuestra historia demuestra que, a menos que esté muy restringida, el poder de limitar la defensa de la violencia es una invitación a castigar al disidente político. A. Mitchell Palmer, J. Edgar Hoover y Joseph McCarthy usaron la defensa de la violencia como justificación para castigar a las personas que se asociaban con comunistas, socialistas o grupos de derechos civiles”.

De hecho, la ACLU surgió del intento del ex presidente Woodrow Wilson de criminalizar la crítica a su política de involucrar a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Luego pasó décadas luchando contra los intentos de censura dirigidos contra comunistas, socialistas, grupos de derechos civiles y activistas LGBT. Cuando se otorga a la sociedad el derecho a prohibir las ideas, el odio se afianza, volviéndose más vulnerable. Los abogados defensores de las libertades civiles lograron defender a esos grupos sólo defendiendo el principio de que la censura estatal de los puntos de vista políticos es siempre inadmisible.

Pero para ver cuáles son los efectos reales de las leyes de incitación al odio, no es necesario especular, ni tampoco es necesario escarbar en la historia de Estados Unidos en el siglo XX. Basta con ver cómo se están aplicando estas leyes en Europa, y contra quién. ¿Quién podría ver eso y verlo como aceptable?

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El uso de plaguicidas en los cultivos está relacionado con anomalías en el nacimiento, según un reciente estudio

El tamaño del estudio, y la meticulosa forma en que se ha llevado a cabo, sugieren que existe un riesgo ambiental para las madres residentes en las áreas donde se emplean pesticidas en grandes cantidades”

Por Ian Johston

independent.co.uk


La exposición a elevadas cantidades de pesticidas al vivir en las cercanías de los campos de cultivo donde se emplean, parece aumentar el riesgo de concebir un bebé con anomalías en un 9%, según un nuevo estudio.

Investigadores de la Universidad de California, Santa Bárbara, compararon 500.000 nacimientos registrados en el Valle de San Joaquín entre 1997 y 2011 y los niveles de herbicidas utilizados en esa área.

El uso medio de plaguicidas durante ese período fue de unos 975 kg por cada 2,6 km2 de superficie al año.

Sin embargo, en aquellas zonas donde se utilizaron 4.000 kg de herbicidas la probabilidad de un nacimiento prematuro aumentó en un 8% y la probabilidad de que se produjera una anomalía congénita fue de un 9% aproximadamente.

El estudio ha sido publicado en la revista Nature Communications, y en él los investigadores han realizado una comparación con el aumento en la aparición de anomalías de nacimiento debidas a la contaminación atmosférica o calor extremo, que se sitúa del 5% al 10%.

Desde hace ya tiempo persisten preocupaciones sobre los efectos de la exposición ambiental perjudicial y su relación con los defectos de nacimiento”, escribieron

Se han realizado grandes avances en nuestra comprensión de los efectos del tabaquismo y la contaminación del aire, entre otros, sin embargo la investigación sobre los efectos de los plaguicidas permanecen estancadas”.

Si bien los contaminantes ambientales comparten generalmente los problemas éticos y legales al evaluar las consecuencias sobre la salud en un entorno controlado y las dificultades asociadas con resultados inusuales, los herbicidas representan un desafío adicional”.

A diferencia del tabaquismo, algo que es observable, o incluso la contaminación atmosférica, para la cual existe una amplia red de monitores, faltan datos sobre el uso de los plaguicidas disponibles para el público en la mayor parte del mundo”.

También señalan que la exposición a los pesticidas varía mucho en unos lugares y otros del Valle de San Joaquín, con más de la mitad de los nacimientos que se producen en sitios donde no se usaban pesticidas.

La mayor parte de los nacimientos no tienen un impacto estadístico significativo en lo que se refiere a la exposición por pesticidas. Sin embargo, aquellas personas que sufren una exposición superior al 5% , tienen una probabilidad de entre el 5 al 9% de tener resultados adversos en el nacimiento”, apuntaron.

La magnitud de los efectos aumentó en 1% más cuando aumentaba la exposición (más de 11.000 kg durante el período de gestación), y un 11% mayor de probabilidades de un nacimiento prematuro, un 20% más de probabilidades de tener un peso bajo al nacer y una disminución de aproximadamente 30 g en el peso al nacimiento”.

En cuanto a las anormalidades congénitas, el hecho de pertenecer al grupo con una alta exposición a los plaguicidas, frente al grupo en que la exposición es baja, aumentó las probabilidades de una anomalía en el nacimiento en un 9% (un 5,8% de los nacimientos presenta una anomalía congénita en esta muestra)”.

La cantidad de herbicidas utilizados dependía en gran medida del tipo de cultivo.

Productos como las uvas reciben casi 50 kg de insecticidas al año en el Valle de San Joaquín, mientras que otros cultivos de alto valor como los pistachos apenas reciben un tercio de esa cantidad”, comentan los investigadores.

No fueron capaces de aislar la función de los diferentes productos químicos.

Hacer esto suponía un enorme desafío, porque muchos productos químicos se usan de manera conjunta o en períodos temporales o zonas determinadas”, dijeron a la revista.

Comentando el estudio, el profesor Alastair Hay, toxicólogo ambiental de la Universidad de Leeds, dijo que había sido “muy bien llevado”.

Este estudio deberá ser tenido en cuenta por las Agencias de Regulación, como debe ser”.

El tamaño del estudio y la meticulosa forma en que ha sido llevado a cabo, sugieren que existen riesgos para las madres residentes en las áreas donde se utilizan plaguicidas a gran escala y que investigaciones para mitigar los efectos de la exposición de los productos químicos son necesarias”.

Dijo que no estaba claro que pesticidas se estaban utilizando, pero agregó que el estudio “probablemente sea aplicable en vista del tipo de cultivos que son fumigados”.

Y dado que el riesgo se observa claramente en las áreas más expuestas, hay claros mensajes de que se necesitan medidas de mitigación”.

El Dr. Christopher Connolly, neurobiólogo de la Universidad de Dundee, dijo que el estudio informó “de un aumento significativo de los efectos adversos de nacimiento que están relacionados con el uso de gran cantidad de plaguicidas”.

Sin embargo, el diablo está en los detalles y esos detalles faltan: ¿qué plaguicidas son los responsables de estos efectos?”.

Esto hace que sea importante que el estudio se repita y se detallen los productos químicos utilizados en cada lugar y el impacto que tienen en los nacimientos por su aplicación individual o en cócteles”.

En el Reino Unido, el promedio de plaguicidas utilizados en los campos de cultivo es de aproximadamente 1,5 veces más alta que la cantidad que se indica en el estudio, pero es 10 veces menor que la cantidad correlacionada con los efectos adversos de nacimiento”.

De nuevo, sin los detalles sobre el uso real de pesticidas a escala local, posiblemente el diablo permanezca oculto”.

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Utilización de plaguicidas en España en el año 2015 según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

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Los fabricantes de vacunas y las Agencias de Regulación utilizaron trucos estadísticos para ocultar los riesgos de las vacunas contra el VPH

Por Robert F. Kennedy, Jr. , 11 de agosto de 2017

worldmercuryproject.org


Un nuevo estudio publicado en la revista Clinical Rheumatology describe cómo los fabricantes de vacunas utilizaron falsos placebos en los ensayos clínicos para ocultar la gran cantidad de efectos adversos asociados con las vacunas contra el VPH. En lugar de usar placebos inertes y comparar el impacto en la salud durante varios años, como se requiere para la aprobación de la mayoría de los nuevos fármacos, Merck y GlaxoSmithKline añadieron a sus placebos un adyuvante neurotóxico y redujeron los períodos de observación a unos pocos meses.

Investigadores del Instituto Nacional de Cardiología de México revisaron más de 28 estudios publicados hasta enero de 2017, 16 de ellos son ensayos aleatorizados y 12 estudios de casos aparecidos en el período posterior a la comercialización, relacionados con las tres vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) que actualmente se utilizan a nivel mundial. Los autores, Manuel Martínez-Lavín y Luis Amezcua-Guerra, revelaron la presencia de numerosos efectos adversos, incluyendo lesiones que ponen en riesgo la vida, discapacidades permanentes, hospitalizaciones y muertes, después de la administración de la vacuna bivalente Cervarix de GlaxoSmithKline y las vacunas tetravalente y de nueve valencias de la farmacéutica Merck (Gardasil y Gardasil 9). Los científicos de las empresas farmacéuticas descartan de forma rutinaria, ocultan o minimizan estas lesiones utilizando trucos estadísticos y comparaciones no válidas, diseñadas para disminuir la importancia de las mismas.

De los 16 ensayos aleatorizados sobre las vacunas

contra el VPH, sólo en 2 de ellos se utilizaron

placebos inertes. 10 de los 16 ensayos compararon la vacuna

contra el VPH con un coadyuvante de aluminio,

que es neurotóxico, y 4 de los ensayos utilizaron

una vacuna ya aprobada que contenía

aluminio para su comparación.

Los investigadores científicos consideran que los ensayos a doble ciego con placebo son el estándar de oro para probar nuevos fármacos. Para minimizar una tendencia sesgada, los investigadores asignan aleatoriamente los pacientes a un grupo de tratamiento o a un grupo de control (placebo) y luego comparan los efectos sobre la salud. La práctica habitual es comparar el nuevo fármaco con un placebo que sea farmacológicamente inerte. Para minimizar el sesgo, ni los pacientes ni los investigadores saben qué individuos recibieron el fármaco y cuáles el placebo. Sin embargo, en los ensayos clínicos de las diversas vacunas contra el VPH, los investigadores farmacéuticos evitaron estas medidas de rigor y en su lugar emplearon diversas argucias para enmascarar la gravedad de las lesiones provocadas por la vacuna.

De los 16 ensayos aleatorizados sobre las vacunas contra el VPH, sólo en 2 de ellos se utilizaron placebos inertes. 10 de los 16 ensayos compararon la vacuna contra el VPH con un coadyuvante de aluminio, que es neurotóxico, y 4 de los ensayos utilizaron una vacuna ya aprobada que contenía aluminio para su comparación. No hay que ser científico para entender que el uso de placebos que contienen aluminio es probable que interfieran en la comparación entre los grupos de tratamiento y los grupos de control. Los críticos de la vacuna contra el VPH han señalado que los coadyuvantes de aluminio sean la causa más probable de las reacciones adversas y algunos investigadores han cuestionado la seguridad de usar coadyuvantes de aluminio en las vacunas, debido a su probable papel en la aparición de enfermedades crónicas. Los placebos que contenían aluminio parecían provocar numerosas reacciones adversas ente los pacientes que presuntamente los recibieron sin su conocimiento, permitiendo a los investigadores farmacológicos enmascarar la numerosas reacciones adversas similares entre los grupos que recibieron las vacunas. Aunque los grupos que recibieron el placebo y de tratamiento tuvieron gran cantidad de efectos adversos en estos estudios, las diferencias fueron mínimas entre los dos grupos. Los resultados adversos similares en ambos grupos permitieron a los investigadores de la Industria y las Agencias de Regulación gubernamentales afirmar que las vacunas era perfectamente seguras, a pesar de las múltiples reacciones adversas. La meta-revisión de los investigadores mexicanos confirma la dificultad de determinar las diferencias atribuibles a la vacuna. Los investigadores identificaron sólo un pequeño “aumento significativo de los efectos adversos sistémicos en el grupo que recibió la vacuna del VPH frente al grupo de control en los 16 ensayos previos a las autorización”.

A los fabricantes de las vacunas contra el VPH les resultó más difícil emplear métodos engañosos en las 12 revisiones de seguridad posteriores al período de comercialización, y los autores mexicanos resumen algunos de sus hallazgos más notables. En España, encontraron que las incidencias de efectos adversos relacionadas con las vacunas contra el VPH fueron 10 veces más altas en comparación con otros tipos de vacunas. En Canadá, encontraron una elevada tasa de visitas a los servicios de urgencias hospitalarias entre los individuos vacunados contra el VPH en los 42 días posteriores a la administración de la vacuna. Sin embargo, los investigadores de la Industria hicieron lo que pudieron para minimizar estas lesiones. Los investigadores mexicanos critican a los autores de los diversos estudios posteriores a la comercialización por no hacerse importantes preguntas, no evaluar los muchos y graves efectos adversos o elaborar sus descubrimientos, a menudo preocupantes.

Recorte en la duración de los ensayos clínicos

Por lo general, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) requiere de las Empresas farmacéuticas que solicitan la aprobación de un nuevo fármaco la realización de estudios que determinen las diferencias en el estado de salud de los grupos a los que se administró un placebo y aquellos que recibieron el medicamento, con una duración de 4 a 5 años. Los fabricantes de las vacunas aprovechan las lagunas legales que permiten períodos más cortos, incluso de unas pocas semanas o unos pocos días. Esto quiere decir que las lesiones que se manifiestan, o se diagnostican, más tarde, como por ejemplo trastornos en el desarrollo neurológico, no se tengan en cuenta.

Más cortinas de humo

Martínez-Lavín y Amezcua-Guerra hacen referencia a los datos de los ensayos clínicos publicados en la página web de la FDA sobre la vacuna tetravalente Gardasil, aprobada en 2006. Estos ensayos clínicos desplegaron una amplia panoplia de estratagemas por parte de la Industria y los investigadores del Gobierno. A diferencia de otros muchos ensayos clínicos de la vacuna contra el VPH, estos estudios clínicos emplearon un verdadero placebo salino.

En los estudios clínicos de Gardasil, un grupo de 15.706 mujeres de edades comprendidas entre los 9 y los 45 años de edad y varones entre los 9 y los 26 años recibieron la vacuna tetravalente Gardasil. Un grupo de control formado por 594 personas recibió un placebo inerte. Los investigadores de la Industria nunca explican por qué utilizan un tamaño relativamente pequeño del grupo de control, es decir, aquel grupo de recibe el placebo con solución salina. Es de destacar que un grupo tan pequeño lo que consigue es que los efectos adversos que aparezcan tengan poca relevancia. Sin embargo, un segundo grupo de control formado por 13.023 personas recibió un placebo sazonado con un adyuvante de aluminio (sulfato de hidroxifosfato de aluminio amorfo o AAHS). El mayor tamaño de este grupo que recibió este placebo sugiere que la idea de mantener un grupo pequeño en los que recibieron un placebo salino fue una estrategia.

Dejando de lado la espinosa cuestión ética de si a los participantes en el estudio se les dijo que se les estaba administrando una neurotoxina que tiene una probable asociación con el Alzheimer, demencias y otras enfermedades cerebrales, la inclusión de grupos de control que recibieron un placebo salino y un placebo con aluminio, proporcionó a estos investigadores la oportunidad de hacer verdadera ciencia. Pero la página web de la FDA muestra un inquietante truco que luego fue empleado por la FDA y la empresa farmacéutica Merck, algo que parece deliberadamente diseñado para desenfocar el conjunto de datos y así enmascarar los efectos adversos observados durante los ensayos clínicos. La Tabla 1 muestra las reacciones adversas relativamente pequeñas en el período posterior, de 1 a 5 días, de administración de la vacuna. Aparecen tres columnas distintas para los tres grupos: los que recibieron Gardasil, los receptores de un placebo con aluminio y los receptores del placebo salino. En la tabla “se observan diferencias entre los distintos grupos”, según palabras de los investigadores mexicanos. Por ejemplo, aproximadamente tres veces y media más de niñas/mujeres experimentaron hinchazón en el lugar de la inyección en el grupo que recibió Gardasil en comparación con los del grupo del placebo salino (25,4% frente al 7,3%). De hecho, tanto los receptores de Gardasil como del placebo con aluminio tuvieron de 2 a 3 veces más efectos adversos que los receptores de la solución salina.


Cuando llegó el momento de que Merck informara sobre la aparición de reacciones adversas más graves, “Reacciones Adversas Sistémicas” y “Trastornos Autoinmunes Sistémicos”, por ejemplo, los científicos de la Empresa cambiaron a un formato muy diferente. En estas tablas, la tercera columna que informaba de los resultados de los receptores del placebo con la solución salina, desaparece. En su lugar, Merck combinó los grupos que recibieron el placebo con aluminio y los grupos que recibieron la solución salina en una sola columna (véase más adelante). La fusión de los dos grupos de control hace imposible que se puedan comparar los resultados de Gardasil y el placebo salino, o el placebo salino frente al placebo de aluminio. De esta manera, los investigadores de Merck dieron al traste con cualquier esperanza de poder realizar una comparación significativa en cuanto a la seguridad.


Riesgos y beneficios

Dada la neurotoxicidad del aluminio y su relación con la aparición de condiciones autoinmunes debilitantes, no sorprende que no haya diferencias destacadas entre los grupos que recibieron Gardasil y AHHS/solución salina. Pero a pesar de los esfuerzos de los investigadores de minimizar los efectos adversos, no fueron capaces de ocultar las lesiones provocadas en sus cobayas humanos. La conclusión de estos ensayos revela una verdad sorprendente: ¡un 2,3% de sus grupos de estudios y de control presentaba síntomas de enfermedades autoinmunes! Estos datos son aún más alarmantes cuando se considera que el período de observación se redujo a sólo 6 meses. Con este nivel de riesgo, parece que ningún padre amoroso permitiría que su hija recibiera esta vacuna, especialmente teniendo en cuenta el riesgo comparativamente bajo que representa el VPH en países donde se realizan las pruebas de detección del cáncer cervical. Incluso en países como la India, donde la mortalidad por cáncer de cuello uterino es alta debido a su tardía detección, los médicos indios sostienen que la realización de las pruebas de detección debe ser la principal prioridad del país, en lugar de la panacea de la vacunación contra el VPH.

Considere este datos: de acuerdo con los Institutos Nacional de Salud (NIH) se estima que 2,4 mujeres de cada 100.000 mueren de cáncer cervical en los Estados Unidos cada año. Por otro lado, la Tabla 2 de la FDA muestra que el 2,3% de las niñas y mujeres desarrollaron una “condición potencialmente indicativa de un trastorno autoinmune sistémico” después de participar en el ensayo clínico de Gardasil. Es difícil entender que una Agencia de Regulación permita que más de 2 de cada 100 niñas corran el riesgo de padecer un trastorno autoinmune durante toda su vida, particularmente cuando los frotis de Papanicolaou están realizando un trabajo efectivo de identificación de anormalidades en el cuelo del útero. Los NIH observan que la incidencia y las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino en los Estados Unidos se redujeron en más de un 60% después de la introducción de las pruebas de Papanicolaou.

Basándose en los resultados numéricos de este estudio,

los investigadores mexicanos calcularon

las probabilidades de los beneficios

o los perjuicios por la administración

de la vacuna contra el VPH de 9 valencias.

Su hallazgo es preocupante: el número

necesario para provocar daño es de sólo 140,

mientras que deberían recibir la vacuna

1757 mujeres para que una sola

de ellas tuviese un beneficio”.

Martínez-Lavín y Amezcua-Guerra hacen un esfuerzo para ilustrar los riesgos y los beneficios asociados a estas vacunas al discutir los resultados de uno de los 16 ensayos clínicos. Ese estudio comparó aproximadamente 14.ooo mujeres que recibieron Gardasil de 9 valencias o el Gardasil tetravalente. Basándose en los resultados numéricos de este estudio, los investigadores mexicanos calcularon las probabilidades de los beneficios o los perjuicios por la administración de la vacuna contra el VPH de 9 valencias. Su hallazgo es preocupante: el número necesario para provocar daño es de sólo 140, mientras que deberían recibir la vacuna 1757 mujeres para que una sola de ellas tuviese un beneficio.

Implicaciones en relación con los coadyuvantes de aluminio

Merck observó que el número de efectos adversos eran los mismos entre los que habían recibido la vacuna Gardasil y el placebo con aluminio. La conclusión inevitable es que los adyuvantes con aluminio pueden ser los principales culpables de las lesiones provocadas por las diversas vacunas contra el VPH. Esta conclusión, de ser cierta, requiere de la reevaluación del uso de coadyuvantes de aluminio en varias vacunas, incluyendo algunas de las administradas a los lactantes. Los niveles de adyuvantes de aluminio se han multiplicado desde que se eliminó el timerosal en el año 2003 de tres vacunas pediátricas. La Tabla 3, preparada por el Dr. Sherri Tenpenny, ilustra la impresionante cantidad de aluminio que está presente en las vacunas.

Diversos estudios revisados por pares han establecido una relación entre la exposición al aluminio con diferentes trastornos autoinmunes y neurológicos, incluyendo demencia y la enfermedad de Alzheimer, que se han convertido en una epidemia coetánea a estas exposiciones al aluminio. Una revisión publicada en la Revista Europea de Nutrición Clínica advierte de la peligrosa acumulación de aluminio en el cerebro, como ocurre con la vacunación, señalando que “los mecanismos gastrointestinales son pasados por alto”. Es hora de volver a reconsiderar las vacunas contra el VPH y los adyuvantes de aluminio. Y lo que es más importante, la FDA debe volver a requerir las mismas pruebas de seguridad que están previstas en la concesión de licencias para las vacunas que hace mucho tiempo ya se requieren para otros fármacos. Todas las vacunas, y en particular aquellas que contienen aluminio, deben revisarse de acuerdo con las normas más estrictas de seguridad.


Artículo relacionado, en el que se incluye una entrevista con el Dr. Manuel Martínez-Lavín:

http://www.migueljara.com/2017/09/22/los-graves-danos-de-la-vacuna-del-papiloma-fueron-obviados-desde-las-primeras-investigaciones/

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La ciénaga

Por Evaggelos Vallianatos, 8 de abril de 2017

huffingtonpost.com

Presencia de los carcinógenos del DDT en la sangre de blancos y no blancos en los Estados Unidos, 1968. Extraído de “Los plaguicidas y su relación con la salud ambiental”. Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Washington, DC, 1969.

Supongamos que usted muestra preocupación por la salud pública y ambiental. Supongamos que accidentalmente entra en un enorme laboratorio situado en alguna área suburbana de los Estados Unidos. El que le recibe es un químico . Él le informa que el laboratorio ha estado probando todo tipo de productos químicos, entre ellos pesticidas y medicamentos para asegurarse de que estas sustancias químicas no provocan un daño ni en las personas ni el medio ambiente. Usted pregunta al que le ha recibido por el promotor de dicho laboratorio y le responde que fue un distinguido bioquímico de una importante universidad que atendió a las solicitudes del Gobierno sobre la seguridad de los productos químicos. Después, el que le recibe le deja solo, diciéndole que espere a otro científico que sabe más acerca del laboratorio.

Espera, pero nadie aparece. Así decide explorar por su cuenta. Entra en una gran sala en la que se puede observar la infraestructura del laboratorio: mesas en las que hay bisturíes, tubos de vidrio, productos químicos y equipos de operaciones para estudios de patología. Inmediatamente reacciona, deseando salir de aquella sala. Un enorme hedor llena el ambiente. Un sistema de rociado de agua está pulverizando agua sobre las jaulas con ratones, ratas y perros. Las ratas se encuentran en un charco: agua mezclada con excrementos de animales que cubren el suelo. Entonces, usted descubre que un técnico que sostiene un envase con gas adormecedor corre detrás de las ratas. Usted sale de la sala y vuelve a entrar en el espacio de recepción, donde el que le recibió con anterioridad está telefoneando a la policía diciendo que hay un intruso en el laboratorio, usted.

Esto podría ser el comienzo de una novela de ciencia ficción: locos que manejan un peligroso laboratorio financiado por el Gobierno y la Industria.

Pero no se trata de ciencia ficción, en absoluto. Ocurrió en una de las instalaciones de  Industrial Biotest, con sede en Northbrook, Illinois. La mayor parte de este sucio trabajo lo hizo sobre todo desde los años 1950 a los años 1970.

En 1953, Joseph Calandra, profesor de bioquímica de la Universidad de Northwestern, fundo IBT. Quería ser un hombre rico e influyente. El laboratorio se convirtió en un instrumento que le dio dinero y poder.

Calandra probó cientos de fármacos y pesticidas para las Empresas, Instituciones privadas y departamentos gubernamentales, tanto estatales como federales. Cuando los agentes federales entraron en IBT, en 1976, el laboratorio había probado alrededor del 40% de todos los pesticidas del país.

Pero resulta que todas esas pruebas de pesticidas y productos químicos realizadas en IBT fueron un fraude. El laboratorio tenía la apariencia de una instalación en las que realizaban estudios científicos. Pero en realidad era una ciénaga llena de inmundicias y corrupción. Nada que ver con el conocimiento científico. Los animales eran un pretexto. Los científicos, algo accesorio.

Los animales eran alimentados con el producto tóxico del que se realizaba la evaluación de riesgos. Sin embargo, no importaba lo que estos productos tóxicos produjeran en los animales. Los científicos que hacía tales pruebas simplemente destrozaban a los animales que desarrollaban tumores, cáncer y otras enfermedades. Luego los técnicos apañaban los estudios aportando datos.

Así fue como funcionó IBT. El patólogo que reveló el secreto fue Adrian Gross. En 1976, Gross hizo una inspección y descubrió que el gran laboratorio era una enorme fábrica de fraudes. Gross trabajó para la FDA estadounidense. En 1979, entró en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), donde también trabajé yo. Durante varios años Gross y yo fuimos buenos amigos y colegas. Hablamos mucho de IBT.

Gross no tenía dudas de que los gerentes de IBT eran unos criminales. Su único interés era el de escribir sofisticados informes sobre lo benignos que eran los productos químicos probados. Dedico un capítulo a la corrupción en IBT en mi libro “Primavera Tóxica”.

Esta historia de estudios fraudulentos explica la falta de fiabilidad de las pruebas realizadas en la evaluación de riesgos de los plaguicidas. Esta tradición de la ciénaga en la aprobación de los pesticidas continúa hoy en día.

La EPA clausuró en laboratorio IBT en 1983. La EPA también cerró otros varios laboratorios del tipo de IBT. Pero no que la EPA no clausuró fue el fraude que había detrás de IBT.

La fuente de corrupción es la propia Ley de plaguicidas, que los contaminadores redactaron. Esta ley permite a las empresas hacer ensayos de sus propios productos, lo cual fomenta el engaño para ocultar los riesgos. En tercer lugar, la Agroindustria obligó a la EPA a defender las regulaciones defendidas por la Industria. La EPA ha dado más importancia a la comercialización de los pesticidas que a la salud pública y ambiental.

Por ejemplo, Roundup, el herbicida más vendido de Monsanto, salió de la ciénaga de IBT. Esto es algo que no supe mientras trabajaba en la EPA. Me enteré de ello a través de una serie de documentos que han visto la luz porque se ha presentado una demanda contra Monsanto por el cáncer provocado por la exposición al glifosato.

El 17 de marzo de 2015, William F. Heydens, un científico de Monsanto, envió un correo electrónico a su colega Josh Monken, en el que decía que Roundup tenía bajos niveles de formadehídos carcinógenos y compuestos carcinógenos N-nitrosos. Además, Heydens dijo que

muchos estudios toxicológicos sobre el glifosato se habían realizado en un laboratorio (IBT-Industrial Biotest) en el que la FDA y la EPA habían descubierto la utilización de datos fraudulentos durante la década de 1970”.

Este hecho por sí solo, que muchos estudios encargados por el Gobierno para aprobar el glifosato procedieran de IBT, es suficiente motivo como para prohibir el glifosato.

Sin embargo, Monsanto dispone de unos mecanismos muy sofisticados de Ciencia y Poder. La Empresa no ahorra dinero en compara la influencia de políticos de una u otra ideología. Su personal escribe artículos fantasma para aquellos científicos dispuestos a demostrar que el glifosato no es carcinógeno.

Monsanto ha ganado mucho dinero con el glifosato, entrando en una defensa paranoica e inmoral del glifosato. Sin embargo, a veces la lucidez prevalece y la verdad sale a la luz.

Eso sucedió el 22 de noviembre de 2003. En un correo electrónico a un colega, una toxicóloga de Monsanto, Donna R. Farmer, dijo:

No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”.

Tiene razón. Roundup es carcinógeno. Incluye glifosato, carcinógenos como el formaldehído y otros productos químicos, algunos de los cuales pueden ser incluso más tóxicos que el glifosato probado por IBT. La ley de plaguicidas clasifica a estos productos tóxicos como “inertes”.

Sequemos esa ciénaga de corrupción. Basta de engaños, encubrimientos y colusiones.

Los documentos publicados sobre Monsanto y el Gobierno complementan un cuadro que algunos de nosotros hemos relacionado con la corrupción que existe en torno al glifosato, Roundup y otros pesticidas de este negocio.

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Monsanto participó activamente en la retractación del estudio de Séralini

Por Claire Robinson, 2 de agosto de 2017

GMWatch


Documentos obtenidos en la demanda presentada en los Estados Unidos descubren los intentos desesperados de Monsanto para que se retirase el estudio que mostraba los efectos adversos del herbicida Roundup, y el editor de la revista que accedió a la retractación tenía una relación contractual con la Empresa.

Los documentos internos de Monsanto publicados por los abogados que llevan la demanda en los Estados Unidos de los afectados que dicen que el herbicida Roundup les ha provocado cáncer, muestran que al empresa respaldó una campaña para forzar la retracción de un estudio que revelaba los efectos tóxicos de Roundup. Los documentos también muestran que el editor de la revista que publicó por primera vez el estudio firmó un contrato con Monsanto poco antes de comenzara la campaña a favor de la retractación.

El estudio a largo plazo, dirigido por el profesor G.E. Séralini, demostró que dosis muy bajas del herbicida Roundup de Monsanto tienen efectos tóxicos en las ratas, incluyendo daños en el hígado y los riñones. Observaciones adicionales del aumento de la tasa de tumores en las ratas expuestas al herbicida tendrían que ser confirmadas por un estudio de carcinogenicidad a mayor escala.

Estos documentos recientemente publicados demuestran que durante la campaña para forzar la retractación, Monsanto intentó evitar que se notase su participación en la misma. En cambio, el científico de Monsanto, David Saltmiras, admitió que se preparó una campaña utilizando “terceras personas” que aparentemente no mantenían ninguna relación con Monsanto, exigiendo al editor de la revista Food and Chemical Toxicology (FCT), A. Wallace Hayes, la retractación del estudio publicado por la revista.

La utilización de “terceras personas” es una táctica clásica de relaciones públicas que perfeccionó la Industria del Tabaco. Esta táctica consiste en poner mensajes en bocas de expertos que supuestamente son independientes, ya que nadie creería las afirmaciones de la Industria al defender sus propios productos. En 2012, el fundador de GMWatch, Jonatahan Matthews, expuso los vínculos de la Industria con científicos supuestamente independientes, los cuales presionaron al editor de la revista para que se retirase el estudio de Séralini. Ahora tenemos pruebas de primera mano que demuestran la participación directa de Monsanto.

En un documento, Saltmiras revisa sus logros dentro de la Empresa, alardeando de que

gracias a él se enviaron numerosas cartas firmadas por terceras personas al editor de la revista, que posteriormente fueron publicadas, reflejando las numerosas deficiencias del estudio, lo sesgado de su informe y los métodos estadísticos empleados por Séralini. Además, aparecen como coautores de una carta enviada a Monsanto Dan Goldstein y Bruce Hammond (empleados de Monsanto)”.

Saltmiras escribe además sobre cómo

la publicación del estudio de Séralini sobre la aparición de tumores en las ratas a finales de 2012 y la posterior campaña en los medios de comunicación, he aprovechado mi relación con el Editor Jefe de la revista… siendo el único punto de contacto entre Monsanto y la revista”.

Otro empleado de Monsanto, Eric Sachs, escribe un corre electrónico acerca de sus esfuerzos para organizar entre varios científicos una campaña de envío de cartas. Sachs hace referencia a Bruce Chassy, un científico que administra un sitio web a favor de los transgénico, Pro-GMO Academics Review. Sachs escribe:

Hablé con Bruce Chassy y dice que enviará una carta directamente a Wally Hayes y pedirá a otros científicos que han enviado cartas que hagan lo mismo. Él entiende la urgencia… sigo convencido de que Monsanto no debe jugar un papel en proporcionar un análisis crítico para forzar a los editores de la revista a retirar el artículo”.

En respuesta a la petición de Monsanto, Chassy urgió a Hayes a que retirase el estudio de Séralini:

Mi intención es que se dé marcha atrás, que se produzca una retractación del estudio y se reinicie el proceso de revisión”

Chassy fue también el primer firmante de una petición que exigía la retractación del estudio de Séralini y es coautor de un artículo publicado en la revista Forbes en la que acusaba de fraudulento el estudio de Séralini. En ninguno de los dos artículos mencionaba su relación con Monsanto. Pero en el año 2016 se descubrió que había recibido más de 57.000 dólares de Monsanto para que realizase viajes, escribiese y hablase a favor de los transgénicos.

Sachs ha intentado que M0nsanto no se considere públicamente como impulsor de la campaña para forzar la retracción del estudio, aunque es precisamente lo que ha estado haciendo. Sachs escribe al empleado de Monsanto William Heydens:

Hay diferencia entre defender los descubrimientos científicos y participar en un proceso formal para intentar la retractación en la publicación de un estudio que desafía la seguridad de nuestros productos. No debemos dar munición a Séralini, los críticos de los transgénicos y a los medios de comunicación para acusar a Monsanto de que está interviniendo en el proceso de retirada del estudio. La información que proporcionemos debe explicar claramente las deficiencias del estudio y señalar que tal estudio no ha debido pasar la revisión por pares”.

Otro ejemplo de cómo se ha intentado que Monsanto no aparezca como partícipe en la campaña de retractación aparece en la correspondencia mediante correo electrónico entre los empleados de Monsanto Daniel Goldstein y Erich Sachs. Goldstein afirma:

Me sentía incómodo sólo de pensar que los accionistas son conscientes de esta LTE (¿Letter to the editor?: quizás se refiera a Carta al Editor)… Eso implica que algo teníamos que ver con ello, de lo contrario ¿cómo hemos tenido conocimiento del tal cosa?”.

A lo que Sachs responde:

Mantenemos un contacto pero no redactamos la carta ni alentamos a nadie a que la firme”.

Wallace Hayes recibió dinero de Monsanto

Pero la revelación más destacada de los documentos publicados es que el editor de Food and Chemical Toxicology, A. Wallace Hayes, firmó un acuerdo de consultoría con Monsanto poco antes de la participación de Hayes en la retractación del estudio de Séralini. Es decir, claramente se observa que Hayes tenía un conflicto de interés al actuar como consultor para Monsanto y por su labor como editor de la revista que retractó un estudio que determinaba que el glifosato tiene efectos tóxicos. El estudio fue publicado el 19 de septiembre de 2012. El acuerdo de consultoría entre Hayes y Monsanto tiene fecha del 21 de agosto de 2012 y Hayes es contratado para prestar sus servicios desde el 7 de septiembre de 2012.

Los documentos también revelan que Monsanto pagó a Hayes 400 dólares a la hora por sus servicios y que a cambio Hayes debía

Ayudar en el establecimiento de una red de expertos toxicólogos, epidemiólogos y otros científicos de América del Sur y participar en la reunión inicial que se celebrase en la región. La preparación y redacción de un seminario abordando temas regionales relacionados con al toxicología del glifosato es una cuestión clave de la reunión inaugural de 2013”.

Hayes debiera de haberse mantenido al margen en la cuestión del estudio de Séralini desde el momento en que firmó el acuerdo. Pero continuó supervisando una segunda revisión del estudio por parte de personas anónimas cuyos conflictos de interés, si es que los tenían, nunca fueron declarados, resultando en una decisión a favor de la retracción en la publicación del estudio por la razón sin precedentes de que algunos resultados no eran concluyentes.

Hayes le dijo a Danny Hakim del New York Times en una entrevista que él no estaba sometido a ningún tipo de contrato con Monsanto en el momento de producirse la retractación y que recibió el pago sólo después de abandonar la revista. Pero se tardó más de un año es hacerse firme la retirada del estudio después de la segunda revisión, que Hayes supervisó, lo cual deja claro que tenía conflictos de interés no revelados desde el mismo momento que firmó el contrato con Monsanto y durante el proceso de revisión. Parece que las declaraciones que hizo al New York Times no eran ciertas.

Las fechas del contrato también plantean la pregunta de si Monsanto sabía de antemano que se iba a publicar dicho estudio. De ser así, pueden haberse alegrado de iniciar la relación con Hayes en ese momento.

Un correo electrónico interno de Monsanto confirma la estrecha relación de la Empresa con Hayes. Saltmiras escribe sobre la reciente publicación del estudio de Séralini:

Wally Hayes, ahora Editor Jefe de FCT, m3e envió un correo electrónico de cortesía esta misma mañana. Espero que pronto podamos tener una discusión antes de considerar si la visión y estrategia de FCT era la cuestión principal en el proceso de revisión por pares”.

En otro correo electrónico entre varios empleados de Monsanto, Daniel Goldstein escribe lo siguiente en relación al estudio de Séralini:

Retractación. Tanto Dan Jenkins (de Asuntos del Gobierno de los Estados Unidos) como Harvey Glick están a favor de la retirada del estudio. Sobre la misma base se podrían poner en duda otros estudios publicados en la revista, y eso permitiría un mayor margen de maniobra a Séralini. Todos somos conscientes de que la decisión final depende del editor y de la dirección de la revista, y que quizás no tengamos la oportunidad de que se retire, pero creo que valía la pena intentarlo”.

Monsanto siguió su camino, aunque el estudio fue reeditado posteriormente por otra revista con mayor dignidad, y presumiblemente su consejo editorial no estaba bajo contrato con Monsanto.

Por qué Monsanto participó en la retirada del estudio de Séralini

Resulta obvio que Monsanto tenía un gran interés en la revocación del estudio de Séralini. La razón más inmediata es que el estudio mostraba que dosis muy bajas del herbicida Roundup utilizado en un maíz modificado genéticamente tenía efectos nocivos. Pero había otra razón de mayor peso como muestran los documentos: que de admitir que el estudio tenía alguna validez eso podía abrir las puertas para que las Agencias de Regulación para exigiesen la realización de otros estudios a largo plazo sobre los cultivos transgénicos y sus herbicidas asociados.

Un peligroso nexo para Monsanto, como señala Goldstein, es que

otros científicos obtengan financiación para verificar las observaciones de Séralini, ya sea a través de una Agencia gubernamental o de aquellos que financian los estudios en contra de los transgénicos y del uso de sus pesticidas asociados”.

Los documentos muestran que Monsanto celebró una serie de teleconferencias internacionales para discutir cómo anticiparse ante acontecimientos que suponían una amenaza.

Resumiendo los asuntos tratados en las teleconferencias, Daniel Goldstein escribe que

desafortunadamente tres son los problemas potenciales que han surgido respecto a los estudios a largo plazo y será necesaria alguna consideración y probablemente un Libro Blanco de algún tipo (interno o externo)”.

Estos son los problemas potenciales:

– Estudios a largo plazo (2 años) en ratas y posible toxicidad reproductiva provocada por los cultivos transgénicos.

– Estudios de 2 años de duración sobre los daños crónicos provocados por las formulaciones de los pesticidas, además de los estudios sobre el ingrediente activo, que actualmente solicitan las Agencias de Regulación.

– Estudios de 2 años de duración en ratas sobre los daños crónicos provocados por las formulaciones de pesticidas utilizados en los cultivos transgénicos.

En respuesta al primer punto, Goldstein escribe que el estudio de Séralini

no encontró otra cosa que unos efectos ya conocidos en las ratas SD (Sprague-Dawley), y como tal no hay razón para cuestionar la recientes orientaciones de la EFSA de que tales estudios no son necesarios en los cultivos sustancialmente equivalentes”.

Los lectores de GMWatch no se sorprenderán al ver que Monsanto recibe el apoyo de la EFSA en su empeño en no realizar estudios a largo plazo en la evaluación de riesgos de los cultivos transgénicos.

En respuesta al segundo punto, Goldstein reitera que el estudio de Séralini

en realidad no encuentra nada, por lo tanto no hay necesidad de sacar ningún tipo de conclusiones, pero esta cuestión ha sido puesta sobre la mesa. Necesitamos estar bien preparados para responder de manera adecuada”.

Y sobre el tercer punto, Goldstein ignora la naturaleza de la ingeniería genética y argumenta con sentido práctico, no científico:

Este enfoque sugiere que esto mismo podría plantearse sobre los cultivos convencionales y que cada formulación individual utilizada en un cultivo necesitaría de un estudio sobre cronicidad (como mínimo) y probablemente cada variedad de cultivo (ya que sabemos que presentan mayor variación genética que los transgénicos vs sus congéneres convencionales) y se plantea la posibilidad de un número ilimitado de pruebas”.

Y agrega:

También necesitamos un argumento coherente para hacer frente a este problema”.

Las Agencias de Regulación de la UE respaldan a Monsanto

En contra de la opinión pública, algunas Agencias de Regulación han respaldado a Monsanto en lugar de responder al interés público y han rechazado la idea de que son necesarios estudios a largo plazo sobre los cultivos transgénicos. De hecho, la UE incluso está considerando eliminar los estudios a corto plazo de alimentación animal con una duración de 90 días que actualmente se requieren de acuerdo con la legislación europea sobre transgénicos. Esto se debe en parte a los resultados de un proyecto de alimentación animal, el proyecto GRACE, financiado por la UE, un estudio que ha sido criticado por algunos científicos que han participado en el proyecto por supuesta manipulación de los datos sobre los efectos adversos en ratas alimentadas con el maíz transgénico MON810.

Es necesaria una rectificación

A. Wallace Hayes ya no es Editor Jefe de la revista FCT, pero ha sido nombrado editor emérito. Del mismo modo, Richard E. Goodman, ex empleado de Monsanto, que fue lanzado en paracaídas al Consejo Editorial de la revista poco después de la publicación del estudio de Séralini, ya no forma parte de la revista.

Pero a pesar de estar al margen, su legado continúa en la historia de la revista donde fue publicado en primera instancia el estudio de Séralini.

Ahora que es evidente la participación de Monsanto en la retractación del estudio de Séralini publicado en la revista, FCT y Hayes deberían hacer lo correcto y disculparse públicamente, tanto al profesor Séralini como a su equipo. FCT no puede restablecer ese estudio, porque ahora ha sido publicado por otra revista. Pero tiene que establecer unas líneas rojas que no puede sobrepasar a raíz de este episodio vergonzoso, y admitir que actuó mal, y declarar su apoy9 a la independencia y objetividad científicas.

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