Entries from noviembre 2009 ↓

La SGAE entrega sus premios en una gala en Barcelona presidida por Maragall

Es una noticia antigua, en realidad toda noticia que sea del día anterior ya se dice antigua, de cuando todavía era Pascual Maragall presidente de la Generalitat. Lo curioso es la relación de premiados con la distinción ANTIPIRATERÍA de la SGAE, que pide hasta el diezmo a un peluquero por poner la radio, o por la música que se farfulla durante una boda por los altavoces de una iglesia o en el salón de baile, etc, etc.

Prohibido bajarse recetas de cocina de internet o copiarlas de la tele

La fuente es la sección Cultura y Espectáculos de Terra:

«MEDALLAS ANTIPIRATERIA.

La SGAE entregó también sus Medallas Antipiratería a diferentes personalidades de diferentes ámbitos por su defensa de los derechos de la propiedad intelectual.

Entre los galardonados están el ministro de Interior, José Antonio Alonso, como reconocimiento al trabajo de las fuerzas policiales; el ex ministro de Justicia José María Michavila, por su impulso en reformas legislativas para la protección de los derechos de autor; los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Santa Coloma de Gramenet; los diputados que formaron parte de la subcomisión del Congreso dedicada al estudio de medidas en defensa de la propiedad intelectual; los diputados José Antonio Labordeta y Carme Chacón, entre otros.

También reciben el galardón los periodistas y escritores María Teresa de Luis, Miguel Mora, Carmelo Encinas, Zoe Valdés, Manuel Hidalgo, Carlos Herrera, José Miguel López, Carlos del Amo, Fernando Rodríguez Lafuente y Domingo Malmierca Hernández.

Esta cena de gala es la antesala al III Encuentro Nacional de Creadores, que bajo el lema ‘La fuerza de la diversidad’, analizará durante tres días en Barcelona la situación actual del panorama cultural con la presencia de artistas, políticos y autores.

El III Encuentro de Creadores será inaugurado mañana por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y lo clausurará el jueves el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.»


Jeff Rubin, un economista con otra punto de vista

‘ He descubierto que el petróleo va a ponerse en 100 dólares en seis meses y que ese barril a tres dígitos acabará con la cultura low cost y demostrará que la globalización ha sido un sueño o una pesadilla, pero, en cualquier caso, económicamente insostenible en el futuro’

‘ Lo que puedo predecir es que se acabaron los vuelos de los londinenses a Barcelona para disfrutar de una noche de juerga’

Jeff Rubin es economista, uno de los mayores estrategas financieros y experto en energía de Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, ex-consejero del Ministerio de Finanzas de Ontario y ex-Director de economía y estrategia ha sido obligado a elegir entre el trabajo o su libro.

Finalmente fue despedido y todos podemos descubrir otro diagnóstico y pronóstico de la situación actual en su obra ‘ Por qué el mundo está a punto de hacerse mucho más pequeño’ que se basa en tres puntos principales:

  • El agotamiento del petróleo y de los recursos fósiles -y no las hipotecas basura- son la causa verdadera de la crisis actual. Nos han hecho confundir síntoma con enfermedad y aunque nadie sepa exactamente cuánto petróleo queda ni cuándo se acabará, Rubin afirma con rotundidad que el petróleo barato sí se ha acabado y desencadenará un dominó de consecuencias
  • Las energías alternativas no pueden sostener la globalización
  • En cuanto acabe la recesión, los precios del petróleo se dispararán y esto significará el fin de la economía global

Sus detractores le acusan de ‘ antimaterialismo’ y ‘ paranoia petrolera’ pero Jeff Rubin no retrocede y nos prepara para el mundo que se avecina en el que ya no comeremos cerezas en Navidad, ya no viajaremos a más lugares exóticos que cercanos y ya no saciaremos nuestra fiebre consumista con productos chinos baratos.

Muchas de sus tesis coinciden con las que defienden Santiago Niño Becerra en ‘ El crash del 2010‘ , Manuel Sampere en ‘ Mejor con menos‘ , Jodi Pigem en ‘ Buena crisis’ y todos los autores del decrecimiento.

Y en esta entrevista en La Contra de La Vanguardia del 24-11-2009, Jeff Robin explica muy claramente su radiografía de la economía actual y vaticina la vuelta del MUNDO LOCAL en el que ‘ lo local y artesano volverá a ser lo cotidiano como en nuestra infancia’ .

Fuente:

El Capitán de la Sardina

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Presidente de México: «Nos quedamos sin petróleo»

Afirmaciones del Presidente de México en un programa de Televisa: «Se nos está acabando el petróleo. Mexico dejó de producir 215 mil barriles de petróleo al día, al año perdimos como unos 5.300 millones de dólares en ingresos fiscales«,

Infobae: Calderón advierte que México se queda sin petróleo

Según el presidente mexicano, este país fue el más golpeado por la crisis económica debido a sus lazos comerciales con los EEUU y a la reducción de su producción petrolera y de los precios del crudo.

«México fue el más afectado por la crisis o uno de los más afectados por una razón muy poderosa: es el país del mundo que más depende de los Estados Unidos, donde se inició la crisis económica internacional», señaló Felipe Calderón.

Además México, con una fuerte dependencia del petróleo, también vio sus ingresos mermados debido a la caída de la producción de crudo, que se redujo en 215 mil barriles diarios. «Se nos está acabando el petróleo. Mexico dejó de producir 215 mil barriles de petróleo al día, al año perdimos como unos 5.300 millones de dólares en ingresos fiscales», añadió al subrayar que esa disminuición debe ser compensada con un «mayor esfuerzo de recaudación«, según la entrevista que se transmitió anoche por Televisa. «Tenemos un problema muy serio. El problema más preocupante ahora está en las finanzas públicas», aseguró. Calderón añadió que «las decisiones que se tomaron apenas el año pasado con la reforma en materia de energéticos se debieron haber tomado hace 10 ó 20 años. La verdad es que el petróleo se está acabando por no haber tomado las decisiones a tiempo«. El presidente mexicano dijo, sin embargo: «Estoy seguro de que el año próximo vamos a poder estabilizar la plataforma de producción petrolera«. Calderón cumple el 1 de diciembre tres años en la presidencia de México, que estuvieron marcados por la lucha contra el narcotráfico y la crisis internacional.

Crisis Energética

¡De cómo los africanos no se hacen la manicura!

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(O de como explicar el uso del preservativo por los hermanos Marx. Información racista de Tv Intereconomía, la voz del fundamentalismo religioso)

Los medios de comunicación de izquierdas han atizado en las últimas semanas al Papa por sus declaraciones sobre el uso del preservativo en África, sin embargo el Sumo Pontífice no hizo otra cosa que denunciar la realidad. En aquellos países de Fe Católica la enfermedad se expande menos que en aquellas regiones donde se reparte el profiláctico.

¿Cuál es la efectividad real de los preservativos en África?

Si nos atenemos al prospecto de una caja de profilácticos vemos que da las siguientes instrucciones:

  • Mantener en un lugar fresco y seco, algo imposible con el clima del Continente.
  • Tener cuidado y no rasgar el producto con las manos, en fin la manicura de África no destaca por su cuidado.
  • Si a esto añadimos que los ciudadanos del 3º mundo no saben leer, el preservativo puede ser un peligro.

El preservativo no es una medida 100% fiable, existe entre el 2 al 5% de usuarios del preservativo que podrían contraer igualmente la enfermedad del VIH. Si nos centramos en África, la funda elástica puede ser una auténtica trampa para contraer la enfermedad, que afecta ya a 40.000.000 de personas en todo el mundo. Para una correcta conservación de los profilácticos se requieren lugares frescos y secos, cuando la mayor cantidad de poblaciones se encuentra en el desierto, un lugar seco aunque cálido. El clima del continente es generalmente uniforme y predominan los tipos cálidos por su posición en la región tropical, el impacto de ciertas corrientes oceánicas y la ausencia de cadenas montañosas que sirvan de barrera climática.

Prácticamente toda la población de África se encuentra en zonas donde el clima es predominantemente caluroso, lo que hace difícil la conservación de los preservativos. Además, en el mundo occidental lo normal antes de hacer uso del condón es leer las instrucciones convenientes, pero si tenemos en cuenta que África tiene el índice de alfabetización más bajo del mundo, difícil es que sus ciudadanos comprendan el texto y puedan aplicar correctamente el producto. Aun entendiendo esto, es difícil que los africanos puedan tener cuidado al desplegar la funda: muchos habitantes de zonas rurales pueden tener las manos que pueden ser no aptas para la manipulación del preservativo, lo que hace evidente el peligro a los que se enfrentan los países que utilizan el preservativo como medio de prevención de enfermedades.

La Doctrina de la Iglesia sigue clara y segura, no a la promiscuidad, y que en toda relación primen los sentimientos.

Tv Intereconomía,

Pedro J., Esperanzita y Sanofi-Pasteur, caldo para un cocido


Sanofi Pasteur MSD patrocina el V Premio Periodismo de la FAPE

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha entregado el V Premio que concede la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Este año el galardonado es el periodista Pedro J. Ramírez, por “su defensa permanente de la libertad de expresión, su labor ininterrumpida como director de periódicos durante veinticinco años y sus esfuerzos en la creación de empleo para periodistas”.

Redacción Médica: 24 de noviembre de 2006

 

¡Como para mear y no echar ni gota!

Vioxx: cuando la ciencia se hace marketing

Historia de un acuerdo

Laurence Nassif dedicó tres años de su vida al caso Vioxx. Para lograr el acuerdo, reconoce que su sistema judicial tiene una ventaja: “En EEUU podemos solicitar la documentación de la propia empresa, que tiene obligación de facilitárnosla; esos documentos, que ya tenemos, son los que usaremos también en España”.

A pesar de haber demostrado que Merck ocultó deliberadamente que su fármaco estrella publicitado como el antiinflamatorio que, al contrario que los clásicos, no provocaba daños estomacales

incrementaba el riesgo de eventos cardiovasculares, Nassif no generaliza su crítica a Merck: “Nunca dijimos que fuera una mala empresa o que no tuvieran que haber puesto a la venta el medicamento; sólo que tenían que haber advertido de que tenía riesgos”.

Para Nassif, la clave está en el que por entonces era consejero delegado de la compañía, Raymond V. Gilmartin: “Fue la primera vez que pusieron a un ejecutivo al frente del negocio, en vez de a un científico; el interés económico superó al de la ciencia”. El abogado cree que las farmacéuticas “están muy presionadas por Wall Street” y que el enorme éxito de Vioxx fue como “un tren que se pone en marcha y ya no puedes pararlo, sobre todo si te está haciendo ganar millones de dólares al año”.

No es que pensaran: vamos a matar a toda esta gente. Pero manejaron muy mal la situación. Ahora, de nuevo, la empresa está dirigida por un científico y creo que ellos mismos saben que llevaron el negocio demasiado lejos”, añade. Nassif recuerda con especial cariño el caso de Frederick

Humeston, por el que pasó tres meses viviendo en un hotel: “Fue especialmente emocionante

porque perdimos el primer juicio pero solicitamos otro más, y conseguimos no sólo ganar, sino que el juez reconociera en la sentencia la mala fe de la empresa. Ahora mismo, la indemnización está apelada y puede que lleguemos a un acuerdo inferior, porque, si no, quizá el cliente tarde mucho en recibir el dinero”.

Culpabilidad no asumida

Este abogado no da ninguna importancia al hecho de que Merck no haya reconocido su culpabilidad al ofrecer el acuerdo a los demandantes. Para él, “el dinero habla” y, si no han aceptado su culpa es porque sus abogados “son inteligentes y saben que tienen muchas demandas internacionales pendientes”. Nassif no cree que los miles de médicos que recetaron el fármaco sean culpables de los efectos secundarios sufridos por algunos pacientes: “Durante el juicio accedimos a documentos que demostraban el acoso del laboratorio hacia los pocos médicos críticos, amenazándoles incluso con quitar becas a las universidades donde trabajaban. Pero la mayoría no sabía nada e incluso muchos tomaban Vioxx; otra cosas son los que cedieron su nombre para firmar estudios hechos por Merck, lo que se ha demostrado recientemente”. Una vez que el caso Merck está cerrado –Nassif adelanta que en septiembre se hará el primer depósito que se irá repartiendo a los afectados– es hora de

plantearse si este caso ha servido de algo. El abogado Dennis Reich, que también asesora al despacho español, cree que sí: “Está claro que ahora se conocen más los detalles de los ensayos clínicos; de hecho, la FDA ha obligado a que se cuelguen en una página web del Gobierno, por lo que se pueden analizar todos los datos. El proceso regulatorio de los fármacos es ahora más abierto que antes”.

Y concluye: “Creo que Vioxx abrió los ojos a mucha gente: a la sociedad, al gobierno, a los médicos… Cuando los laboratorios se preocupan más por hacer fármacos para el estilo de vida que para curar enfermedades y pesa más el marketing que la ciencia, sin duda algo va mal”.

Diario Público, 3 de mayo de 2008

Véase también:

http://iniciativaciudadanaii.blogspot.com/2009/11/vioxx-las-practicas-inconfesables-de.html

donde se dan más detalles del asunto Vioxx, de laboratorios Merck

El PSOE impone el internamiento de 60 días en la reforma de la Ley de Extranjería

El Gobierno ha conseguido que su propuesta de aumentar a dos meses la reclusión en los Centros de Internamiento de Extranjeros se mantenga, pese a la presión de grupos contrarios a los CIE y por los derechos humanos.
Diego Sanz Paratcha / Redacción
Viernes 27 de noviembre de 2009.  Número 114

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MATILDE FERNÁNDEZ La senadora del PSOE defendió la idea de que los dos meses de encierro en el CIE por estancia irregular suponen una “garantía” para los internos.

Al final no pudo ser. La presentación de enmiendas en el Senado a la nueva Ley de Extranjería era la última esperanza para que una de sus medidas más polémicas, el aumento de 40 a 60 días del plazo de encierro en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), quedara fuera del proyecto de reforma de la Ley.

Un sólo voto, el que otorga mayoría absoluta al PSOE en el Senado, permitirá que una simple falta administrativa equiparable a una multa de tráfico pueda ser castigada con dos meses de privación de libertad en los CIE, centros definidos por grupos de juristas y activistas contrarios a su existencia como “agujeros negros del Estado de Derecho”.

La senadora Matilde Fernández fue la encargada de defender este aspecto de la reforma de la Ley de Extranjería. La antigua ministra de Asuntos Sociales y miembro del ala izquierda del PSOE se refirió al aumento del encierro como “una garantía” que permitirá “resolver un problema”, en referencia a las dificultades que encuentra el Ministerio de Interior para poder expulsar a las personas que cumplen el plazo de internamiento en el CIE sin que se les haya asignado un vuelo de repatriación.

La ex ministra continuó sus argumentos el 12 de noviembre en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado. “Yo estoy garantizando más seguridad ciudadana, más calidad de vida y más seguridad a la persona, a la que le dejo el mensaje claro de que si viene de forma regular su permanencia en el país tendrá muchísimas más posibilidades que si viene de forma irregular y vive condenado a estar entrando y saliendo de los CIE cada equis días”.

Al cierre de esta edición, la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Extranjería estaba prevista para el 26 de noviembre. Desde el grupo Inmigración y Sistema Penal, muy activo en la labor de información y asesoramiento a los grupos parlamentarios más sensibles a las críticas, se hacía un llamamiento para continuar con el envío de correos electrónicos a los diputados. “Explicarles (algunos todavía no lo saben) qué es lo que están votando. Para expresar indignación, perplejidad, tristeza, para que quienes voten a favor se sientan avergonzados…”, invitaban en un llamamiento que no ocultaba la indignación ante el empecinamiento del PSOE por hacer pasar en solitario esta parte del proyecto de ley.

“La punta del iceberg”
Dos días antes de la votación en el Senado se presentaba el informe Para quien quiera oír: Voces desde y contra el CIE de Aluche. Ante preguntas de la prensa por la inminente votación en el Senado, Cristina Martín, miembro de la red Ferrocarril Clandestino, echaba por tierra los argumentos como el de la senadora socialista: “Sólo al 16% de las personas se les llega a ejecutar la orden de expulsión. Esto se debe a la falta de acuerdos con otros países, no al tiempo de internamiento en el CIE”.

“El CIE no es solamente el CIE, sino el miedo a entrar en él”, continuaba Martín, una de las activistas que ha preparado el informe, en el que también han participado SOS Racismo y Médicos del Mundo, “el CIE es un fantasma del miedo que tienen estas personas, es la punta del iceberg de un sistema inhumano y erróneo de control de las fronteras”.

En 2008, toda la estructura jurídica y policial dirigida al control interno de fronteras logró expulsar a apenas 10.000 personas, según datos del Ministerio del Interior. Pese a que la cifra supone un aumento del 12% con respecto al año anterior, resulta irrisoria comparada con los recursos destinados a controles policiales y al posible desgaste político que supone para el Gobierno la propuesta de aumentar el internamiento.

Su impacto cuantitativo en la reducción de personas sin regularizar resulta escaso tanto si se tiene en cuenta el medio millón de irregulares que estima públicamente el Gobierno como si se toman de referencia los datos del Barómetro Social de España, que apuntan a la existencia de un millón y medio de ‘sin papeles’.

La poca operatividad del sistema de expulsiones ha abierto un debate dentro del movimiento migrante sobre la verdadera naturaleza de las medidas que se pondrán en marcha y que se reforzarán con la próxima Ley de Extranjería. En el encuentro europeo contra los CIE celebrado en Málaga se puso en marcha una propuesta de campaña estatal para reforzar las denuncias y luchas locales contra unas medidas que, si bien no tienen un impacto significativo sobre los flujos migratorios, sí están creando las condiciones para una mayor exclusión social (ver artículo en la página siguiente).

Actualmente existen en territorio español diez Centros de Internamiento de Extranjeros, además de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla. El Ministerio del Interior prevé la construcción de un nuevo centro de internamiento de 200 plazas en Zaragoza.


40 testimonios directos contra el CIE de Aluche

 

El CIE de Aluche (Madrid) ha vuelto a ser cuestionado por un nuevo informe. La red Ferrocarril Clandestino, junto con SOS Racismo Madrid y Médicos del Mundo Madrid, presentó Para quien quiera oír: voces desde y contra el CIE de Aluche. El documento recoge 40 testimonios de personas internas, recogidos a lo largo de casi dos años de trabajo a pie de calle. Detalles como los seis teléfonos disponibles para casi 300 internos, la imposibilidad de salir de las celdas para ir al baño entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, la ausencia de intérpretes o la posibilidad de denunciar los problemas sólo ante el director y el jefe de seguridad del centro, dan una idea de cómo es la vida cotidiana de este centro, de carácter penitenciario según estas organizaciones. El documento, de 190 páginas y descargable en www.transfronterizo. net, también recoge casos de abuso de poder como la existencia de celdas de castigo o el uso arbitrario de la calefacción y el régimen de salidas al patio como formas de presión a los internos, e incluso denuncias concretas de torturas físicas y maltrato psicológico. El informe pide “el cierre inmediato y definitivo” de todos los CIE del Estado español y exige la apertura de una investigación exhaustiva mediante la que se depuren responsabilidades, con el posible cese de la Dirección del centro.


El calvario de Eduardo Medina

 

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se ha hecho eco de la denuncia de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga sobre el caso del boliviano Eduardo Medina, que fue interno del CIE de Capuchinos (Málaga) pese a encontrarse con serios problemas de salud mental. El Defensor del Pueblo considera que existe una relación entre la muerte de Medina en diciembre de 2008 por inanición en Santa Cruz (Bolivia) y su expulsión de España después de haber estado internado en Capuchinos. La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga sacó a la luz en diciembre de 2008 el intento de suicidio de Medina, que trató de ahorcarse en el patio de Capuchinos el 25 de septiembre. Tan sólo dos semanas después era expulsado a Bolivia. “Debido a su estado de salud tan precario, la expulsión no debió haberse materializado hasta comprobarse y cerciorarse de una mejoría”, ha dictaminado el Defensor. Múgica señala que, “como consecuencia del impacto de la repatriación en su delicado estado psíquico […], falleció el 4 de diciembre” de 2008.

Diagonal nº 114

Demagogo, ¡qué fuerte!

En el capitulo de las demagogias sanitarias, que no podían faltar, están implicados casi los mismos. Ayer se ponía en los hospitales madrileños, por personal de paisano (no trabajan) y afiliados a CNT, CGT y Solidaridad Obrera, carteles que decían que el PP destruye la sanidad publica madrileña y, en letra más pequeñita, que los ocho nuevos hospitales modelo concesión, son más caros, privados y de peor calidad. Acaban diciendo: “Defiende la sanidad pública no permitas la privatización de nuestros hospitales”. Impresionante la demagogia de estos trabajadores de pegar carteles (no de hospital) al expresar tanta falsedad en tan poco espacio.

José Mª Pino

Redacción Médica: 25 de mayo de 2006

Miles de personas marchan por el centro de Madrid contra la privatización de la sanidad

Más de setenta asociaciones, partidos políticos y sindicatos renovaron en la tarde de ayer la reivindicación sobre el derecho a una sanidad pública, de calidad y en igualdad para todos los ciudadanos, denunciando la entrada “salvaje” del capital especulativo privado para hacer negocio a costa de un derecho fundamental.

La manifestación que reunió unas 12.000 personas, transcurrió por el centro de Madrid y se cerró en la Puerta del Sol, donde se dio lectura a un manifiesto en el que quedó claro el éxito conseguido a través de la presión ciudadana, que ha llevado al Parlamento a la revisión de las condiciones de la Ley 15/97, algo que parecía impensable cuando comenzamos la lucha a favor de la SANIDAD PUBLICA y la exclusión del negocio a través de la salud de los ciudadanos, allá por el año 2004.

No obstante, las afirmaciones de algún dirigente del PSOE, defendiendo ciertas formas de entrada del capital privado en la sanidad, deben de ponernos en alerta a todos, en primer lugar a las propias agrupaciones y militantes socialistas, que tienen claro que la sanidad no puede convertirse en un negocio de los de siempre, a costa de la salud de todos.

¿Cómo algunos políticos pretenden sostener lo insostenible? ¿Es que alguien medianamente inteligente se va a creer que constructoras, bancos, aseguradoras, etc, etc, van a entrar en alguna actividad sin que les vaya a reportar pingües beneficios –por supuesto a costa de los pacientes y los profesionales-?. Por tanto, las propuestas de ese tipo hacen de nuestra salud y la de los nuestros UN NEGOCIO de enormes proporciones.

Quedó claro el rechazo de los grupos convocantes a las posturas de partidos y sindicatos que llevan consintiendo y guardando silencio años, mientras Esperanza Aguirre desmantela el sistema público, al tiempo que se pusieron también de manifiesto las coincidencias entre la privatización en el sector de la Enseñanza, a través de los conciertos, y los que se fraguan en Sanidad y que tienen como consecuencia el deterioro de los centros públicos , a través de la falta de inversiones, la masificación, la falta de personal…

SOLO UNIENDO A LOS DIFERENTES SECTORES PUBLICOS, TRABAJADORES Y ESTUDIANTES PODREMOS HACER FRENTE A LA PRIVATIZACION CONSTANTE Y AL DETERIORO DE LA ENSEÑANZA Y LA SANIDAD, COORDINANDO LA LUCHA CON EL RESTO DE COMUNIDADES

Madrid 27 noviembre 2009

Fuente:Indymedia

Dinero… y más dinero

Los riesgos cardiovasculares de Vioxx estaban claros 4 años antes de retirarse del mercado



WASHINGTON, noviembre 23, 2009 Agencia de Información France Presse. —

Los riesgos cardiovasculares y muertes vinculadas al antiinflamatorio Vioxx de MERCK, un laboratorio de EE.UU, pudo ser detectado casi 4 años antes de su retirada voluntaria del mercado mundial, según un análisis de los resultados obtenidos de 30 ensayos clínicos.

A esta misma conclusión llegó la revista médica británica The Lancet, que sostuvo que Vioxx debía  haberse retirado del mercado hace años, cuando los riesgos cardiovasculares que producía este medicamento eran evidentes.

The Lancet publicó un editorial en el que arremetía contra la FDA, que es la agencia de reglamentación de medicamentos de EE.UU, y los laboratorios Merck. La agencia dio el visto bueno a la comercialización de Vioxx en el año 1999.

Según la propia FDA, Vioxx ha sido el responsable de entre 88.000 a 139.000 ataques al corazón, de los cuales de entre el 30 al 40% habían sido mortales durante los cinco años en los que se comercializó el antiinflamatorio.
Los últimos análisis publicados el lunes, 23 de noviembre de 2009, se realizaron con 20.152 personas en total.

El antiinflamatorio tuvo una gran difusión, gracias al cual Merck obtuvo dos mil millones de dólares en ganancias… al año.

SITEL: Un sistema de escuchas, control y vigilancia

Con la excusa de la prevención de... ponen el ojo en el ajeno

SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones) es un avanzado sistema informático desarrollado por la multinacional Ericsson, que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tengan lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger un paquete de datos conocido como “información asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía, Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI.

Los orígenes de este sistema informático se sitúan en el año 2001 cuando el gobierno de Aznar inició el proyecto. En el año 2002, mediante un concurso secreto, adjudicado a Ericsson, se decide invertir 2300 millones hasta 2003, para luchar contra la utilización de telecomunicaciones por parte de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, terrorismo y otras formas de crimen organizado. El proyecto pretendía, mediante reformas legales y soluciones tecnológicas, dar respuesta a la necesidad de interceptación de las comunicaciones.

Con el sofisticado software desarrollado, los Agentes podían pinchar directamente los teléfonos sin tener que contar con las operadoras telefónicas y podían tener acceso tanto a las conversaciones como a la identidad de los comunicantes, el lugar desde donde están hablando, el operador telefónico e incluso el contrato de servicio suscrito con ese operador. Y todo eso en tiempo real. El software se implantaría en las operadores de telecomunicaciones y de ahí se dirigiría la información a los centros de interceptación de las comunicaciones dependientes del Ministerio del Interior y del CSI que a su vez los distribuirían a la red SITEL.

Aun cuando se disponía de este avanzado sistema informático de detección, el gobierno del Partido Popular, al analizar los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal, decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal.

Nadie discutía en aquél momento la bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia de modo eficaz. Lo que se discutía era que el sistema afectaba a derechos constitucionales de los ciudadanos y que no había establecido un control judicial eficaz. El problema en definitiva era que no había desarrollado un adecuado sistema de garantías jurídicas.

En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entiende que “Los avances tecnológicos deben servir para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta diciembre de ese año que es cuando, según parece, entra oficialmente en servicio.

En el año 2005 el Secretario de Estado de Seguridad hablaba de SITEL y decía que “aunque es obvio que la tecnología no tiene soluciones mágicas y definitivas para nuestras necesidades, sí ofrece instrumentos esenciales para reforzar las prácticas policiales y optimizar sus metodologías detrabajo”.
En ese momento el PSOE era conocedor de los informes negativos que existían, y por ello decide enfocar la cuestión como un asunto meramente técnico y encarga el desarrollo legal al Ministerio de Industria que, utilizando el texto abandonado por el Gobierno de Aznar, lo introduce sibilinamente en el Capítulo II, Título 5º del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones de 15.4.2005.). Se decidió ignorar los problemas jurídicos que generaba la privacidad y la conservación de datos personales.

Es aquí donde empiezan a surgir las dudas y preocupaciones en la Administración de Justicia, ya que con los grandes avances tecnológicos, crecían las amenazas a los derechos civiles y a las libertades políticas provenientes del uso inadecuado de las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, en Junio de 2006, la Fiscalía de Madrid eleva un informe al Fiscal General del Estado, advirtiendo que SITEL estaba siendo utilizado sin cobertura jurídica adecuada y que el Reglamento de 2005 no tenía rango suficiente para dar garantías constitucionales, puesto que, conforme a la Constitución, este debería de ser regulado mediante Ley Orgánica.

En Octubre de 2007 aparece la Ley 25/2007 de conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. En su Disposición Final primera da nueva redacción al artículo 33 de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, y en esencia, incorpora el Capítulo II del Reglamento, elevando, por así decirlo, el rango de buena parte de su contenido material. Con ello desaparece el déficit de cobertura legal que tenía el Reglamento. Desde este momento se puede decir que con esta Ley, en gran medida, queda introducido el control del ciudadano por parte del Estado.

La Ley Orgánica 2/2002, reguladora del control judicial del CNI en su artículo único sí somete a la autorización judicial la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Pero, por el contrario, el Reglamento General de Telecomunicaciones, y la Ley 25/2007 dejan a medio camino la necesidad de esta previa autorización judicial.

El Tribunal Supremo, resolviendo un recurso formulado por la Asociación de Internautas contra el Reglamento en cuestión, dicta la sentencia de fecha 5 de Febrero de 2008, en la que argumenta que cualquier afectado puede recurrir al Tribunal Constitucional, pero en cambio no decidió plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Recoge la sentencia que el Reglamento recurrido era insuficiente, pero que antes de dictar la sentencia, el legislador ya había aprobado la Ley 25/2007 incorporando gran parte del Reglamento, con lo que había quedado validada la norma objeto del recurso y que esta adquiría rango de ley.

Un voto particular en el referido fallo sostuvo que debía de haberse planteado al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que no hay suficiente rango normativo para regular el derecho fundamental previsto en el artículo 18.3 de la Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. De otra parte el artículo 33 de la reformada Ley General de Telecomunicaciones impone la obligación de facilitar al Agente facultado, con carácter previo a la ejecución de la orden judicial (por tanto con desconocimiento del Juez competente), toda una serie de información que no puede estar incluida en la orden de interceptación, tal como la identificación de la persona, su domicilio, el número del titular del servicio, el número de cuenta asignada por el proveedor de internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal, etc.etc. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que estas informaciones afectan a la intimidad personal y por lo tanto no pueden ser revelados sin autorización judicial.

A mi juicio, este fallo del Tribunal Supremo es muy discutible, ya que cuando se trata de derechos constitucionales, necesariamente se precisa de una Ley Orgánica y no de una ley ordinaria. De hecho, el voto particular de uno de los Magistrados comentado antes, así lo indica. Un sistema informático de esta naturaleza precisa de rigurosos controles judiciales. Se precisaría primero un debate parlamentario y en segundo lugar de un control judicial efectivo que impida la existencia de más datos o informaciones de los que expresamente sean admitidos en un procedimiento.

Por lo que se ha visto hasta ahora, el gran problema que se plantea con la norma que regula SITEL (La Ley 25/2007 de conservación de los datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones), es que los Agentes facultados pueden a acceder a una serie de datos que afectan directamente a la intimidad personal, sin ninguna autorización judicial previa.

Veamos aquí las opiniones de algunos Constitucionalistas en cuanto a las garantías constitucionales:

El Catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Torres Muro, entiende que “esos datos son tan secretos como las mismas conversaciones, de modo que para obtenerlos debiera hacer falta la autorización judicial prevista en el artículo 18.3 de la Constitución”. Este problema, añade, “se ha planteado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en uno de los casos clásicos, Malone v. UK en 1981, condenó al Reino Unido por establecer en sus seguimientos al señor Malone un sistema que informaba automáticamente sobre cuáles eran los números de teléfono a los que llamaba“ .Reafirmo mi temor a la violación de derechos fundamentales de las personas”

Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente del Tribunal Constitucional
, se muestra categórico a este respecto: “Me parece preocupante el acceso, sin previa autorización judicial, al tráfico telefónico de una persona, y reafirmo mi temor a la violación de derechos fundamentales y al ataque a la dignidad de las personas”.

Pedro González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y rector de la Universidad Rey Juan Carlos, se muestra contrario a dicho artículo, subrayando que “en un Estado de Derecho los garantes de los derechos fundamentales son los órganos judiciales y, en consecuencia, parece razonable exigir, con carácter general, que los órganos judiciales conozcan con carácter previo la ejecución de la orden de la interceptación”.“Se debe exigir que los jueces conozcan previamente la ejecución de la orden”

Veamos ahora los problemas que plantea SINTEL:

Además de la necesaria autorización judicial nos encontramos con un problema añadido y es que desde que el sistema informático empezó a funcionar en 2004, la gran mayoría de los Jueces lo desconocen, ya que no han recibido ningún tipo de información y menos formación sobre el mismo. Parece lógico pensar que los Jueces deberían de conocer cómo funciona, qué informaciones y datos se recogen, cómo se almacena esta información, cómo se destruye cuando él lo ordene, que tipo de Agentes están facultados para acceder al sistema, quienes son los responsables de los centros de interceptación, etc. . Es obvio que si un Juez no sabe cómo funciona un sistema, difícilmente lo va a poder controlar.

Tenemos que tener en cuenta que en este momento, cuando se facilitan estos datos a un Juez, este debe de validarlos sólo apelando a la buena fe, ya que con la gran cantidad de instrumentos técnicos que permiten su manipulación, no va a saber si lo que recibe es auténtico y además es completo.

Debe de tenerse en cuenta también que no se están utilizando certificaciones digitales que permitan identificar al responsable de la información, que certifiquen que lo que contiene el archivo es auténtico. Tampoco se están utilizando técnicas de encriptación para proteger la información y con ello se está permitiendo que, como ya ha ocurrido, estas informaciones lleguen a terceros (medios de comunicación)

Otro gran problema es que los archivos que almacena SITEL, quedan guardados sine die y no se destruyen con lo que nos encontramos con un serio problema de seguridad ante robos o fugas de información, máxime cuando esta función ha sido adjudicada a una empresa externa. Pese a que pocos meses antes, Gran Bretaña estaba en alerta máxima tras el robo de bases de datos de escuchas telefónicas de la policía por casos de terrorismo y crimen organizado ( Este robo se había producido en la sede de la Empresa informática que tenía adjudicados estos servicios y esto generó una dura polémica acerca de si un Gobierno debía de contratar estos servicios de investigación y custodia de datos, a empresas privadas), el BOE de 25.10.2007 publica la adjudicación del servicio de mantenimiento plurianual del entorno de alta disponibilidad y de la plataforma de almacenamiento, archivo/back up de SITEL, ubicado en el complejo policial de Canillas, a la empresa Fujitsu España Services S.A.

Hemos de añadir igualmente que el artículo 33.9 de la Ley 32/2003 establece que las operadoras deben “tener preparadas una o más interfaces” a través de las cuales se transmitirán las conversaciones interceptadas y los datos asociados. “Las características de estas interfaces y el formato para la transmisión estarán sujetas a las especificaciones técnicas que reglamentariamente establezca el Ministerio de Industria”. Es decir, que Industria debe aprobar un reglamento que regule la interfaz, lo cual requiere un dictamen preceptivo al Consejo de Estado. Hasta ahora, se ha hecho.

Para terminar y como conclusión podemos decir que nadie discute las grandes ventajas de un sistema informático que permite la eficaz persecución de la delincuencia organizada, pero que por el contrario se discuten las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa.

Guillermo Díaz Bermejo.
Abogado.

Publicado en: Noticias jurídicas

El arzobispado de Toledo reclama 30.000 euros a un sindicalista por hablar de los crímenes de la Iglesia

Mar, 24/11/2009 – 18:56 — SOV-Toledo

El hecho de anunciar una conferencia sobre los crímenes cometidos por esta institución a lo largo de la Historia ha sido suficiente para que el Arzobispado de Toledo haya denunciado ante el juzgado al sindicalista de CNT, Julio Reyero, que figuraba como conferenciante.

A Julio Reyero le piden mediante querella judicial 30.000 euros de fianza por un «delito de provocación para la discriminación en conjunción ideal con un delito de escarnio de los sentimientos religiosos». El arzobispado de Toledo pretende hacer uso del Código Penal para castigar la parodia, el sarcasmo, la burla o simplemente la divulgación de las tropelias de este poder fáctico.

El 27 de junio de 2008 la CNT de Toledo organizó una conferencia que llevaba por título: «Fundamentos, actitudes y comportamientos de una organización criminal: la Iglesia católica». Habiendo hablado de este tema otras veces sin problema, incluso en la misma ciudad, se esperaba una exposición histórica y un análisis de la realidad actual con un coloquio posterior.

La sola convocatoria del acto provocó que los medios locales y las autoridades políticas toledanas se escandalizaran. En Portada del periódico local El Día de Toledo, durante los días 26 y 27 de aquel mes, aparecía que «PSOE y PP dicen que la charla de CNT podría ser un delito», y que IU «critica las formas en que se ha organizado». Y a página entera en el interior, además de decir que «el propio título de la conferencia puede ser constitutivo de delito», el portavoz del PSOE afirmaba que «el contenido y el título de la conferencia no corresponde al sentir de casi nadie en la ciudad de Toledo».

CNT considera esta denuncia un atropello a la libertad de expresión y una demostración de que en pleno siglo XXI la Iglesia Católica sigue siendo ‘intocable’.

Sindicato de Oficios Varios de CNT Toledo.